Ley 7

La columna de Iván: Vance Thomas, el enemigo de los trabajadores

26 julio, 2016 8:32 am by Redaccion y comunicados

Lcdo. Vance Thomas, secretario del Trabajo (Archivo).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

Poco antes de iniciar su mandato, el gobernador Alejandro García Padilla nombró al licenciado Vance Thomas, como secretario del Departamento del Trabajo. Un nombramiento que les dio esperanzas a muchos trabajadores del país, ya que el mismo parecía ser una persona afín con la lucha obrera y con garantizar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la historia ha sido otra.

El puesto de secretario del Trabajo fue creado como una herramienta para dirimir distintos asuntos relacionados con los trabajadores, como son arbitraje, conciliación y mediación. Es el secretario el llamado a velar que no se violen los derechos de los trabajadores, así como velar porque se cumplan los acuerdos entre patronos y empleados.

Sin embargo, hace ya dos cuatrienios que esto cambió. Bajo la pasada administración, el exgobernador Fortuño nombró al licenciado Miguel Romero al puesto de secretario del Trabajo, quien poco tiempo después se convirtió en el portavoz de los despidos bajo la Ley 7 de Emergencia Fiscal. Defendió con vehemencia la congelación de convenios colectivos así como el despido de miles de empleados públicos.

Pero contrario a Miguel Romero y Vance Thomas, bajo Sila Calderón quien ocupó esa silla lo fue el licenciado Frank Zorrilla.

Recordaba yo en días pasados, que el licenciado Zorrilla se vio obligado a presentar su renuncia al cargo, porque defendía que los empleados a tiempo parcial tuvieran mayores beneficios, como lo son licencias por vacaciones y enfermedad, solo por mencionar algunos. Esta defensa le costó un regaño público de la gobernadora por atreverse a sugerir un leve aumento en la nómina de las megatiendas y de las cadenas de comidas rápidas, para beneficiar al trabajador. Poco después decidió que sus principios iban por encima de su trabajo y renunció.

Vance ha asumido una postura tal vez peor que la de Miguel Romero y ha iniciado una serie de sanciones injustas contra trabajadores del Departamento, que incluso, hasta los árbitros del Negociado de Conciliación y Arbitraje han sentido los efectos de dicha postura, ya que recientemente fueron suspendidos de empleo y sueldo por varios días.

Recordemos también el incidente donde líderes de la Unión Independiente de Empleados de Acueductos, se encadenaron frente a las instalaciones del Departamento y el propio secretario pretendía radicar un recurso legal para sacarlos de allí, en vez de ir al lugar a buscarle solución a la disputa obrero patronal que denunciaban los líderes obreros.

No cabe duda que su paso por el Departamento del Trabajo será uno con más penas que glorias, al menos para los trabajadores, quienes son los que han tenido que sufrir los embates de la ineptitud de Thomas al frente de dicha agencia.

Me atrevería a recomendar, que el puesto de secretario sea evaluado por un comité, donde patronos y trabajadores tengan representación en el mismo, para que el que sea recomendado por dicho comité tenga la obligación de actuar conforme a las facultades que le otorga la ley y que no sea otro lastre jurídico-laboral del gobernador de turno.

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Iván comenta: Medidas aprobadas reducen nuestro salario sin darnos cuenta

30 junio, 2015 7:47 am by Redaccion y comunicados

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA/AAA

Durante la pasada campaña política, el hoy gobernador Alejandro García Padilla le hizo muchas promesas al pueblo. Que reduciría las tarifas de agua y luz, que crearía 50,000 empleos en 18 meses, que bajaría las contribuciones y que reduciría el IVU, entre muchas otras. Hoy, pasando revista de lo que verdaderamente han sido las ejecutorías de Alejandro García Padilla como gobernador, la historia es totalmente distinta a como fue el candidato.

Esta administración en sus comienzos, intentó echarse al bolsillo a los empleados públicos, al firmar la ley 9 de la Asociación de Empleados del ELA, la cual sacó del panorama la intervención de políticos en una institución privada, creada por servidores públicos. Esta ley le devolvió a los servidores públicos la gobernanza de dicha institución y eliminó el peligro de que nuestros ahorros depositados en la misma, fueran pasados al gobierno. Sin embargo, ese fue el único momento en que actuó en favor de los trabajadores.

El resto de sus acciones hasta el presente han sido totalmente contraria a los intereses del pueblo y de los trabajadores y que su efecto ha provocado una reducción sustancial de los salarios, no solo de los empleados públicos, sino también en el resto del país.

Primero, la aprobación de la nueva ley de Retiro de los empleados públicos le redujo las pensiones a los que estaban recibiendo ya su pensión, al eliminarle las leyes especiales como bono de verano y reducir o eliminar el bono de navidad. En el caso de los empleados públicos, sintieron su salario reducirse por el aumento de su aportación al sistema, además de poner el retiro por incapacidad en una aseguradora privada y que se les descuenta aparte de su aportación a Retiro.

Los empleados públicos somos los que hemos recibido un embate, tal vez mucho mayor que el resto del país. Recordemos que en la pasada administración se aprobó la Ley 7 para despedir empleados públicos y reducirles beneficios, ley que fue altamente criticada por todos los sectores, incluyendo al actual gobernador. Sin embargo, durante esta administración se legisló y se firmó la Ley 66, cuyo efecto agravó la situación de los empleados públicos, que aunque la misma no contempló despidos, su efecto fue idéntico, o tal vez mayor, al de la pasada Ley 7.

La Ley 66, no congeló los convenios como pasó con la Ley 7, sino que los dejó sin efecto y obligó a los trabajadores representados por sus sindicatos, a renegociar los mismos. Pero los empleados no sindicados se quedaron sin sus beneficios ya al no tener sindicatos, no se les permitió establecer algún mecanismo para negociar. Esta Ley 66 les redujo hasta un 20 por ciento el salario de los empleados públicos. Les redujo el Bono de Navidad, eliminó el Bono de Verano, las bonificaciones especiales, el pago de exceso de licencias por enfermedad y les aumentó el pago de deducibles en los planes médicos. Obviamente todas estas medidas han incidido en el salario, provocando una drástica e inmediata reducción del mismo.

Como si esto no fuera suficiente, se han aprobado incremento en los impuestos de consumo que inciden también en el salario de la gente. Podemos mencionar los varios aumentos que se han legislado para los derivados del petróleo y que conocemos como la «Crudita 1 y 2», aumento a los peajes, aumento de agua y luz, aumento en el IVU entre muchos otros, tienen el efecto de reducir el salario de los empleados, no importa si son públicos o privados.

¿Cómo vamos a levantar la economía de un país si le quitamos parte del salario a la gente con el aumento de los impuestos al consumo? ¿Cómo logramos que el que más tiene, pague más, si se le aumenta la misma cantidad a todos, ricos y pobres?

Ya hemos visto el efecto de todas estas medidas. El Departamento de Hacienda nos ha estado informando por varios meses, que no ha logrado recaudar lo estimado. Las medidas impositivas aprobadas, en vez de hacerle llegar más dinero al fisco han tenido un efecto contrario. Hoy, miles de contribuyentes no saben si su reintegro llegará. De hecho el propio secretario de Hacienda ha dicho que pagará los intereses que otorga la ley, pero que por el momento no vislumbra enviar los reintegros, así que tenemos ante nosotros otro renglón que afecta los ingresos de la gente.

Toda esta situación que hoy padece el gobierno con los recaudos, había sido advertida por los líderes obreros. Se le dijo al gobierno que menos dinero en el bolsillo de la gente, era menos dinero en el bolsillo del gobierno, porque el gasto personal se reduciría, pero no nos hicieron caso.

Hoy, estamos a ley de horas para que inicie el aumento del IVU y que desde ya, podemos decir que provocará que se agudice la crisis económica que padece el país. Lamentablemente la falta de sentido de lucha de este pueblo, es cómplice indirecto de toda esta situación, por mantenerse callados y no unirse a los grupos que levantaron su voz en contra de todo esto. ¿Hasta cuándo durará este silencio?

Ya veremos.

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Casas acreditadoras: Verdaderas administradoras del Gobierno

24 febrero, 2015 8:30 am by Redaccion y comunicados

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA/AAA

Durante los pasados años, hemos visto como las casas acreditadoras han incrementado la presión sobre el gobierno para implementar sus políticas neoliberales y antiobreras. La pasada administración trabajó abiertamente implementando esas políticas desde su primer día de administración.

Así lo hicieron al legislar y firmar la nefasta Ley 7 que provocó el despido de casi 30,000 empleados públicos, congeló los convenios colectivos, aumento las contribuciones sobre la propiedad, entre otros efectos. También, legislaron y aprobaron enmiendas a la ley de la Asociación de Empleados que provocó que el gobierno insertara nueve personas no electas, a la Asamblea de Delegados de AEELA y casi incitaba a la institución a colocar sus ahorros en el banco del gobierno y permitía que se le prestara dinero a este.

También atentaron contra los empleados privados al quitarle la paga doble de los domingos a quienes trabajan en el comercio.

Recordemos que también se aprobó la Ley de las APP’s, cuyo fin principal era privatizar la AAA y la AEE. Poco a poco el efecto de esas medidas, junto con la implementación del IVU por la administración de Aníbal Acevedo Vilá, fueron provocando que el pueblo fuera perdiendo capacidad económica para invertir en el país.

A todo ese escenario se le sumó el aumento súbito del precio de la gasolina, que en algunos casos llegó a costar más de un dólar el litro de gasolina.

Al llegar esta administración el país sintió, solo por unos segundos, que se dejaría a un lado a las casas acreditadoras, y se trabajaría para el pueblo. Digo solo unos segundos, porque eso fue lo que le tomó al actual gobernador decir el famoso «me vale» en referencia a las políticas que pretendía implantar las casas acreditadoras en el país.

Sin embargo, lo único que no se ha implementado de esas políticas neoliberales es el despido de empleados públicos. Vimos cómo sus primeras medidas fueron contra los retirados a quienes se les redujo las pensiones, eliminando los bonos especiales, se aumentó la edad de retiro a los empleados públicos, así como las aportaciones que estos realizan al sistema, y se redujo la cantidad a la que un trabajador tendría derecho de recibir por este concepto. Lo mismo pasó con los maestros, a quienes el Tribunal les devolvió parte de sus derechos.

Por otro lado, vimos la aprobación de la famosa Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal, que su propósito principal es eliminar derechos adquiridos, reducir los bonos de navidad y congelar los convenios colectivos, tal y como lo hizo la Ley 7 de Fortuño, pero con efectos mayores sobre el empleado público. De hecho, el liderato sindical la ha catalogado como una Reforma Laboral disfrazada, ya que enmienda gran parte de los estatutos laborales existentes.

Pero la aprobación de todas estas medidas por parte de tres gobernadores, no han sido suficiente para los bonistas, quienes pretenden que se privatice todo, y así darle paso a sus inversionistas para que se queden con el capital económico que se genera aquí. Ya vemos los avisos de «huracán» que está provocando la discusión de la reforma contributiva, se acerca un nuevo ataque al empleado público en lo relacionado al pago de horas extras entre otras medidas, que me imagino deben estar preparando. Lo triste de todo esto es que, a pesar de todas estas medidas, el pueblo no se levanta a protestar, a menos que seamos los trabajadores o grupos que generalmente levantan su voz, no vemos que el país esté dispuesto a protestar en contra de las medidas que le afectan.

No cabe duda que la presión de estas casas acreditadoras va a continuar sobre el gobierno, hasta lograr sus objetivos. Qué pena que quienes una vez prometieron no trabajar para ellos, hoy es exactamente para los que ha estado trabajando legislando y aprobando medidas que van directamente en contra del pueblo.

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Columna: Sin esperanzas el pueblo trabajador

7 enero, 2015 11:59 am by Redaccion y comunicados

Ivan Vargas Muñiz, líder obrero de la region Oeste.

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del oeste y miembro de la UIA-AAA

No hay duda que los políticos durante sus campañas políticas hacen promesas que en la inmensa mayoría de ellas no van a poder cumplir. Pavimentar tal o cual carretera, crear empleos, no más impuestos, son algunas de las promesas que elección tras elección hacen los políticos para atraer el voto de la mayoría de los electores.

Sin embargo luego de salir electos, se les “olvida” lo que prometieron y se dejan llevar solamente por lo que ellos llaman programa de gobierno del partido, que en muchas ocasiones es distinto al paquete de ofertas que le hicieron al país.

Recordamos por ejemplo cuándo para la campaña para las elecciones del 2008, el Lcdo. Luis Fortuño Burset quien era en aquel entonces candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) repetía una y otra vez «al único que voy a despedir es a Aníbal Acevedo Vila, a más nadie», pero un mes después de ser gobernador empezó a hablar que había que despedir 30,000 empleados públicos.

Se crea entonces la Ley 7 que tuvo como fin principal, despedir empleados públicos (los 30,000 anunciados) y eliminarle derechos al pueblo trabajador, imponerle arbitrios al pueblo, etc. Luego vimos que se creó la Ley de las Alianzas Público-Privadas, que lejos de ser para crear empleos, su fin primordial era privatizar agencias. Lo vimos en el fallido intento de privatizar la AAA con una empresa colombiana.

El actual gobernador por el Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla no ha sido la excepción. Durante su pasada campaña prometió no reducir las pensiones de los empleados públicos, firmar el Convenio Colectivo de la UTIER, no más impuestos, pero sobre todo no gobernar para los bonistas.

La luna de miel de Alejandro García Padilla con los trabajadores no duró mucho tiempo. Una de las primeras leyes que firmó fue reducirles las pensiones a los empleados públicos y a los que ya están retirados. Continuó con el Retiro de Maestros, la Ley 66 que les reduce el Bono de Navidad a los empleados del gobierno y les elimina derechos adquiridos, se ha negado en todo momento a negociar con la UTIER, así como la imposición de aproximadamente 78 nuevos impuestos entre ellos la llamada “Crudita”, la cual ha sido impuesta en dos ocasiones en esta administración, encareciendo el precio del combustible.

Por las razones aquí mencionadas, este nuevo año el movimiento obrero debe comenzar a unirse, no en reuniones de salón, no en una u otra actividad, sino que hay que comenzar a crear un movimiento obrero robusto y fuerte que, no solamente vele por sus propios intereses, sino que comience a luchar por las necesidades del pueblo en general del cual somos parte, de lo contrario estaremos destinados a desaparecer como movimiento organizado.

Por otro lado, lo que vemos para las próximas elecciones, no es distinto a lo que hemos visto en el pasado. Ya las promesas han empezado a fluir, pero como siempre las mismas están cimentadas en ver que hace el otro, para yo prometer lo contrario. Por lo tanto, el pueblo trabajador no tiene esperanzas de ser tomado en cuenta, si no se unen.