A no ser que haya gente en la actual administración gubernamental actuando con premeditación para socavar el trabajo del gobernador Luis Fortuño Bursed, el pueblo no acierta a comprender el porqué se ha desatado una estrategia de persecución contra pequeños comerciantes, ciudadanos que pagan pensiones alimentarias y envejecientes que pudieran estar en riesgo de perder sus casas ante el abuso de los bancos e instituciones financieras. Hoy sábado advinimos a conocimiento de la acción tomada por ASUME contra un joven alimentante a quien le reclaman $25 mil en pagos atrasados, a pesar de que el cliente siempre ha tenido ese compromiso al día.
Bajo amenaza de iniciar acción legal contra la persona, cuya identidad reservamos, ASUME le exige pagar esa fuerte cantidad, so pena solicitar que sea hallado incurso en desacato, lo que equivale a terminar en la cárcel. Estos no son los únicos casos de alimentantes que han dormido en prisión por error o la carencia de humanismo que impera en ASUME. Si bien es cierto que todo padre tiene que responder por la pensión de sus hijos, eso no debe constituirse en argumento para destruir al ciudadano ante la opinión pública.
Y como las amenazas son la orden del día en el presente gobierno, de las mismas no escapan vendedores de Lotería tradicional que a diario reciben cartas donde se les obliga a cobrar el IVU, o se arriesgan a multas de $20 mil. A los señores de Hacienda no les importa si se trata de padres de familia que solo dependen de la venta de billetes para generar algunos ingresos, el plan es ponerlos en contra del partido que está en el poder. Ah, y de la Prensa ni se diga, si denunciamos atropellos también somos blanco de la persecución institucionalizada.
De otra parte, el estado y las agencias obligadas a investigar estos asuntos, se hacen de la vista larga ante el abuso que una poderosa entidad bancaria de la isla, que ha ordenado imponer seguros a la trágala, aduciendo que es para cumplir con leyes federales relacionadas a casos de inundaciones. De un día para otro suben los pagos mensuales de hipotecas en más de un 30 por ciento, solo para beneficiar a compañías de seguros y a los mismos bancos. Ningún compatriota que pierda su casa por los motivos antes expuestos habrá de validar con su voto la permanencia de un gobierno que no defiende a la clase media.
Una recomendación respetuosa al gobernador Fortuño Bursed, averigüe ya, quienes son los funcionarios que dicen trabajar para usted, aparentemente, con la forma de proceder están jugando para el equipo contrario.
Por entender que es la persona con mayor experiencia para sustituir al renunciante Héctor Ferrer Ríos, allegados al Partido Popular Democrático, están pidiendo que el licenciado Héctor Luis Acevedo, asuma la candidatura a alcalde de San Juan, por gozar de la confianza de la mayoría del electorado de la pava en la capital. Tras la decisión del representante Ferrer Ríos de dimitir a su escaño y a todas las posiciones en el PPD, el presidente de la colectividad decretó una moratoria para evaluar a los posibles candidatos a la alcaldía y a los cargos dejados vacantes por el licenciado Ferrer.
Esta aparenta ser la decisión del alto liderato del Partido Nuevo Progresista, luego de que en corte el abogado del partido se allanara el jueves a la certificación de José Luis Rivera Guerra, como candidato a representante por el Distrito 17 de Aguadilla-Moca. Se da por descontado, que independiente a lo que decida el juez superior Isidro García, para que Rivera Guerra, sea finalmente certificado por la Comisión Estatal de Elecciones, en la palma presentarán otro recurso para sacarlo de la candidatura.
El Partido Nuevo Progresista tiene dos aspirantes para competir en las primarias de marzo próximo para representante por el distrito Aguadilla-Moca, pero ninguno de ellos ha sido certificado de manera oficial por la Comisión Estatal de Elecciones, lo que hace presumir que al presente dicha candidatura está desierta. Estos son los casos del actual incumbente José Luis Rivera Guerra, candidato impugnado por su propio partido y el ex legislador municipal Ernesto Robledo, quien exige se le incluya en la papeleta primarista.
En lo que fue descrito como un voto confianza a la posición del gobernador Luis Fortuño, el directorio del Partido Nuevo Progresista, votó en la tarde de hoy para no permitir que el representante José Luis Rivera Guerra, vuelva a figurar en la papeleta electoral de noviembre próximo. La mayoría de los integrantes del directorio pareció más encaminada a demostrar su lealtad al lider máximo del PNP, que a defender los derechos que cobijan al querellado Rivera Guerra.
