Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

El pasado miércoles el gobernador de Puerto Rico presentó al país el Plan de Ajuste Fiscal y Recuperación Económica con el cual, el gobierno alega que lograran estabilizar la situación económica y reactivar el desarrollo económico. Aunque el gobernador Alejandro García Padilla ofreció un mensaje grabado difundido a través de televisión, radio y medios electrónicos, lo cierto es que el mismo fue uno muy general y tratando de sensibilizar al pueblo con su cara de tragedia que mostró durante todo su mensaje.

Ahora bien, el panorama que se presenta en este plan, tanto para el pueblo como para los trabajadores, es uno en el cual se pretende llevar al trabajador a tener los mismos derechos que los trabajadores de los años 1930 y 40, así como empobrecer aún más al pueblo. Además, este plan viola al menos, el Artículo 2, sección 16 de nuestra Constitución.

En cuanto a los derechos de los trabajadores, me parece inaceptable que se pretenda eliminar de un plumazo conquistas laborales que han costado hasta la muerte de trabajadores que lucharon por obtener mejores condiciones de trabajo y mayores derechos frente al patrono. Tal es el caso de la jornada de ocho horas que el gobierno pretende eliminar, alegando una flexibilización del horario de trabajo. Además se pretende eliminar la disposición de «justa causa» que está en la Ley 80, eliminar la penalidad que hay que pagarle al empleado si no se permite un descanso mínimo de 12 horas, el derecho de antigüedad o “seniority” como llaman algunos, pagarle menos del salario mínimo federal a empleados menores de 25 años de edad entre otros.

Sin embargo, en cuanto a las violaciones constitucionales se destacan varias de estas propuestas. Primero, se habla de flexibilizar la jornada de trabajo para reducir horas extras, lo que llevaría a una jornada de cerca de 10 o 12 horas de trabajo.

La Constitución de Puerto Rico, en su Artículo 2 sección 16 dice:

«Derechos de los empleados.

Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo. Sólo podrá trabajarse en exceso de este límite diario, mediante compensación extraordinaria que nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según se disponga por ley.»

O sea, que cualquier ley que disponga una jornada de más de ocho horas, viola tajantemente esta disposición.

Además, el hecho de tan siquiera insinuar que a los empleados menores de 25 años de edad se les pagará menos salario solamente por su edad, viola también la disposición constitucional de discrimen, así como eliminar la disposición de «justa causa» ya que viola el derecho constitucional a igual protección de las leyes.

Pero hay algo mucho más dramático que el pueblo debe conocer. Se pretende reducir el periodo de maternidad a las mujeres trabajadoras que den luz. Esto fue una lucha de años y que ahora se pretende restringir, con el agravante que si una mujer es menor de 25 años de edad, generaría menores ingresos según la propuesta del gobernador.

Tal vez pueda seguir enumerando detalles de cómo se afecta el país con estas propuestas, pero necesitaría muchas páginas para detallarlas. Sin embargo es importante que el pueblo comience a dejarse sentir en contra de estas y otras medidas que le afecten. Ya los sindicatos iniciaron su lucha en la que la participación de todos los sectores del país es importante para lograr que este plan no se apruebe y que se tomen en cuenta sus propuestas que ayudaran a lograr, no solo mejorar las finanzas sino también reactivar el desarrollo económico y la creación de empleos.