Jorge Estévez, alcalde de Añasco (Archivo).
SAN JUAN: El más reciente informe de auditoría de la Contralora de Puerto Rico, realizada en el Municipio de Añasco, reveló posibles violaciones a la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo relacionadas con la autorización y la acumulación de tiempo compensatorio, tiempo compensatorio pagado a funcionarios que no tenían derecho al mismo, desembolso de fondos en equipo pesado sin utilidad y compra efectuada a un proveedor distinto al favorecido en una subasta.
El periodo de la auditoria, que tiene el número M-15-28, cubre la incumbencia del actual alcalde Jorge Estévez, entre el 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2013.
Sin embargo, de acuerdo con el informe, de enero de 2012 a enero de 2014 no se le pagó $46,701 en tiempo compensatorio a 112 empleados por 4,390 horas extras trabajadas. Se indicó en un comunicado de prensa que esta situación fue determinada en una investigación realizada por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.
No obstante, desde agosto de 2012 a julio de 2013, el Municipio pago $38,140 a cuatro exfuncionarios por 3,928 horas en tiempo compensatorio en un periodo en que ocuparon puestos de confianza del alcalde Estévez. Estos desembolsos son contrarios a lo estipulado en la ley federal y la reglamentación interna del Municipio.
El informe indica además que en 2008 se pagó $11,250 para la reparación del motor de un rolo para el bacheo de asfalto y en noviembre de 2013 dicho motor no se había instalado en el equipo mencionado. Por otro lado, se realizó una compra de aceite y lubricantes en abril de 2011 a un proveedor distinto al que se le había adjudicado la subasta.
Otros de los 13 hallazgos destacan cheques firmados por dos funcionarios sin estar facultados para ello, contratación de servicios de mecánica contrario a la ley y deficiencias relacionadas con las conciliaciones bancarias y los cheques.
La auditoría comenta tres situaciones significativas para la operación del Municipio que son atender las recomendaciones no atendidas en auditorías anteriores como el recobrar $70,308 que ya se había planteado en tres informes del 2006 y 2009; la multa por $64,428 que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos le impuso al Municipio; y las demandas por $9 millones pendientes de resolución por los tribunales.
