Gilberto Pérez Valentín, alcalde de Maricao.

MARICAO: El presidente del Comité Municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Maricao, Maximino Rivera López, denunció el sábado lo que calificó como “la incompetencia e ineptitud” de las agencias de fiscalización del Estado en el caso del alcalde de esta municipalidad Gilberto Pérez Valentín.

Según Rivera López, al alcalde maricaeño se le ha permitido “una casi total impunidad ante los graves actos de corrupción pública cometidos por el funcionario y claramente documentados por las mismas agencias”.

En declaraciones escritas, señaló directamente al panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), la Oficina del Contralor, el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.

“(Éstas) han resultado ser claramente incompetentes al momento de hacer al cumplir las leyes que juró cumplir el alcalde de Maricao al asumir su posición y se han convertido en cómplices y facilitadores de los actos de corrupción pública cometidas por el funcionario con su imprudente  e irresponsable indulgencia ante tales actos»,  declaró Rivera, quien es maestro de la Escuela Superior Urbana de Maricao.

El líder pipiolo cuestionó la fuerza moral de estas agencias.

“En el caso del FEI, el descaro de esta agencia- claramente identificada con el partido al que pertenece el alcalde- llega al punto de mentirle al público al declarar que nadie ha radicado querellas contra el alcalde ante ese organismo. Totalmente falso. En o alrededor de septiembre de 2012 personalmente radiqué una querella haciendo alusión a los hallazgos acumulados en diez informes del contralor a lo largo de veinte años y actos públicos que apuntaban a posibles violaciones de ley. La única contestación a esa querella fue el absurdo reclamo de la presentación de un expediente de más de 15 elementos incluyendo declaraciones juradas del alcalde y todos los funcionarios municipales envueltos. Es claro que el FEI no tiene intención alguna de cumplir con su deber y que se ha convertido, con esta bochornosa omisión en el cumplimiento del deber, en cómplice del alcalde y sus actos de corrupción”, reclamó.

Otra dependencia criticada fue la Oficina del Contralor, la que, según Rivera “le ha fallado gravemente al pueblo”.

“A pesar de haber documentado con meridiana claridad en diez informes a los largo de veinte años el patrón de corrupción del alcalde, esta agencia no ha podido convencer a nadie que tome alguna acción para hacerle justicia al pueblo de Maricao que ha estado sumido en el subdesarrollo, la pobreza y el desempleo mientras el alcalde y sus allegados se dan vida de millonarios”, argumentó Rivera.

Sobre el papel del Departamento de Justicia, Rivera dijo que éste ha “ignorado por completo” los señalamientos bien documentados de la oficina del contralor, que cuando hace un señalamiento lo hace con abundante evidencia, sino que cuando recibieron mi querella asumieron el papel de abogados el alcalde y parecían estar más interesados en asegurar que el alcalde pudiera evadir la ley más que cumplirla.

Por otro lado, Rivera criticó a la Oficina de Ética Gubernamental, que a pesar de ser “la única agencia que ha tomado alguna acción contra el alcalde”, ha sido “pusilánime e indulgente” al imponer sanciones “insignificantes e irrisorias”.

“La imposición de una multa de $10,000 al alcalde, por una contumaz violación de la ley que le produjo a un familiar suyo más de $200,000 en ingresos a los que no tenía derecho legal, no solo es inefectiva como mecanismo disuasivo sino que es un estímulo a continuar con el esquema”, sentenció Rivera.

Por último, Rivera López adelantó que estará pidiendo la intervención de la senadora independentista María de Lourdes Santiago en este caso.

“Es hora de que la legislatura intervenga y le quite la discreción a Ética de negociar las multas; que se cree un organismo de fiscalización verdaderamente independiente de influencias políticas que rompa el nudo de impunidad que protege a los alcaldes de forma que se proteja las maltrechas finanzas públicas de la depredación de quienes no consideran la mera vergüenza pública como disuasivo suficiente; que se impongan penas innegociables y automáticas de destitución, cárcel, restitución total y multas verdaderamente punitivas”, concluyó.