“Al garete” las finanzas del Municipio de Mayagüez según informe del Contralor

MAYAGÜEZ: La Contraloría de Puerto Rico emitió hoy el informe OC-24-05 sobre las operaciones fiscales del Municipio de Mayagüez.

El Informe revela múltiples registros incorrectos en las conciliaciones bancarias de dos cuentas corrientes desde noviembre de 2019 a junio de 2020.

El Municipio no se aseguró que el contratista comparara el balance del banco con los registros de contabilidad del sistema Solución Integrada para Municipios Avanzados (SIMA). Además, no se registraron 158 transacciones por $12,551,332 y 11 depósitos por $3,318,427, se depositaron en una cuenta bancaria que no le correspondía. El Municipio tampoco investigó la diferencia de $64,687 en las conciliaciones bancarias para determinar la necesidad de realizar ajustes en la contabilidad.

“Estas situaciones reflejan que el Municipio no mantiene información completa y confiable sobre la situación financiera y el resultado de sus operaciones. Además, se pudiesen cometer irregularidades y que se dificulte detectarlas a tiempo para fijar responsabilidades”, indica el comunicado.

La auditoría de cuatro hallazgos señala la “desaparición” en el 2019 de una excavadora hidráulica y un tractor de cadena, por valor de $150 mil, prestados a una propiedad privada, sin mediar contrato, para la construcción de una pista de aviones ultralivianos y de control remoto. Los auditores también hallaron que el Municipio no había cobrado el canon de $46,095 por el arrendamiento del equipo pesado y no reclamaron al seguro la pérdida de los dos equipos.

Una investigación del Municipio determinó que el entonces gerente interino de Obras Públicas y el supervisor interino de Transportación, fueron negligentes y no cumplieron con la reglamentación aplicable. Al 25 de febrero de 2022, el Municipio no había notificado esta investigación al secretario de Justicia. La Oficina del Contralor recomienda al secretario de Justicia considerar esta situación y tomar las medidas que correspondan.

Para los años fiscales de 2018 y 2019, el Municipio de Mayagüez, no realizó los inventarios físicos anuales de la propiedad mueble según dispone el Reglamento Municipal de 2016. Esta falta de control propicia el uso indebido o pérdida de la propiedad.

Al 30 de junio de 2020, el Municipio mantenía 28 fondos especiales por $1,228,019 inactivos hasta por 14 años; el 34 por ciento de estos eran asignaciones legislativas. Además, mantenía cinco cuentas bancarias de fondos especiales por $107,279, inactivas hasta por siete años.

Esta política administrativa inadecuada, dificulta la contabilidad y limita la utilización de estos recursos en beneficio del Municipio. Una situación similar, se había comentado en el Informe de Auditoría M-19-44 del 2019.

El Informe comenta y resume el proceso judicial y suspensión del alcalde José Guillermo Rodríguez y de la gerente de Finanzas y Presupuesto del Municipio, Yahaira Valentín Andrade. Además, detalla el proceso judicial contra el convicto y sentenciado exdirector ejecutivo de Mayagüez Economic Development, Inc, (MEDI), Alejandro Riera, de tres exasesores financieros, entre estos los convictos Eugenio García Jiménez y Roberto Mejill Tellado; el convicto exasesor legal Arnaldo Irizarry Irizarry y otras dos personas, también convictas por cometer fraude.

Otros de los comentarios especiales hace referencia al déficit presupuestario del Fondo Operacional de Mayagüez, de $25,724,680 en el 2018, $22,042,801 en el 2019 y $24,190,398 en el 2020.

El alcalde Rodríguez y la presidenta de la Legislatura Municipal, Pura Beatriz Vincenty Pagán, son responsables de supervisar la ejecución del presupuesto y asegurarse de que no se gasten u obliguen cantidad alguna que exceda las asignaciones y los fondos autorizados.

La auditoría le recomienda a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Mayagüez cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

Este primer informe de Mayagüez cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2021, y está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.

Policía pide evitar colocar fotos de estudiantes en uniforme escolar en las redes sociales

REDACCIÓN: La Policía le hizo un llamado a los padres, madres y encargados a evitar colocar en las redes sociales fotos y vídeos con información gráfica o personal de estudiantes menores, incluyendo el uniforme escolar y sus pertenencias, una práctica que se ha convertido en tradición para algunos padres al inicio del semestre académico.

En un comunicado de prensa, el director de la División de Crímenes Cibernéticos de la Policía, teniente Luis F. Maldonado Miranda, dijo que las imágenes suplen piezas de información, como el nombre del alumno y del plantel escolar, sus rasgos físicos y su voz, su vestimenta diaria y pertenencias, entre otras que pueden ser utilizadas por los pederastas para conseguir acceso al menor y por los estafadores para fingir secuestros y pedir dinero por el supuesto rescate de los menores.

“Los esquemas de fraude e intentos de fraude por la vía telefónica se basan en información obtenida en las redes sociales. Las personas que exponen mucha información en las plataformas sociales pueden ser víctimas de extorción: el criminal usualmente utiliza la foto o el vídeo para describir al menor y darles credibilidad a sus peticiones. Hemos visto casos en que, mediante inteligencia artificial, incluso pueden manipular las imágenes e imitar la voz del alumno pidiendo ayuda a sus padres o encargados”, dijo el oficial policíaco.

Maldonado Miranda explicó que, en términos generales, los casos cibernéticos que más se reportan son la intrusión en la tranquilidad personal, que es el uso de un medio para proferir lenguaje amenazante, obsceno o lascivo a una persona, y el fraude.

En lo que va del año 2023 se han reportado 93 casos de intrusión y 68 de fraude, según indicó. Los datos estadísticos de los años anteriores sugieren una disminución en las instancias. En el 2022, se reportaron 186 casos de intrusión; 397 en 2021 y 552 en el 2020. En cuanto al fraude, en 2022 se reportaron 65; 252 en 2021 y 136 en 2020. Los casos que involucran a menores están incluidos en estas cifras.

El director de Crímenes Cibernéticos de la Uniformada agregó que, a base de la experiencia, entiende que están ocurriendo más casos que los reportados, pero los padres o tutores no están en conocimiento de las situaciones de acecho, acercamientos indebidos, seducción por Internet y proposiciones sexuales, entre otras, a las que están expuestos sus hijos.  

Este indicó, además, que gran parte de los abusos contra menores se dan en el entorno familiar o cercano a las familias.

El experto en crímenes cibernéticos recomendó a los padres instalar una aplicación de control parental, que pide permiso para instalar otras aplicaciones, tiene categorías y hace advertencias sobre el contenido de los juegos y otras plataformas. 

A la cárcel federal los primeros 2 convictos por robarle $9 millones a los mayagüezanos

TRIBUNAL FEDERAL: A cinco años y tres meses sentenció la juez federal Aida Delgado Colón al exasesor financiero del Municipio de Mayagüez, Eugenio García Jiménez; y a tres años y un mes al exdirecto ejecutivo de la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), Alejandro Riera Fernández, por el esquema de fraude de $9 millones de fondos que estaban destinados para establecer el, desde hace años prometido, Centro de Traumas de la Sultana del Oeste y que todavía está “en papel”.

A pesar de haberse declarado culpable y haber cooperado con la pesquisa federal, para la juez Delgado esto no significó nada, en vista de la sentencia fue mayor por seis meses que la que pidió la Fiscalía Federal, resaltando el papel de “cabecilla” de García Jiménez en este esquema, que produjo siete convicciones, entre otros del exjuez y exabogado del suspendido alcalde de Mayagüez, Arnaldo Jerónimo Irizarry; y el exasesor Roberto Mejill Tellado.

La juez destacó que García Jiménez tenía control, completo o parcial, de 21 cuentas financieras involucradas en el esquema.

“Me pregunto, ¿cómo podía dormir?”, lanzó la jueza desde el estrado al contrastar que mientras los residentes del área oeste esperaban por un Centro de Trauma, García Jiménez estaba usando el dinero para comprarse apartamentos, casas, botes y otros gastos”, destaca la noticia publicada por el periodista y abogado Oscar Serrano, de Noticel.

En el proceso de sentencia, ambos reos usaron citas bíblicas o destacaron su “acercamiento a Dios” a ver si tenía algún efecto en la determinación de la juez Delgado.

“Además de cárcel, el hombre residente en Orlando enfrenta dos años de libertad supervisada, 200 horas de servicio comunitario y prohibición de incurrir en deuda, suscribir financiamientos o tener un empleo con responsabilidades fiduciarios, a menos que lo autorice la Oficina de Probatoria. García Jiménez tiene pendiente una demanda civil que le presentó la Comisión de Intercambio de Valores (SEC en inglés) por hacerse pasar como consultor financiero y es objeto también de otros pleitos locales por incumplimiento de contratos y deuda, así como de una demanda del propio municipio sobre estos hechos que está sometida contra todas las personas y entidades involucradas en el fraude.

La restitución en este caso no está clara todavía y las partes han argumentado sobre esto en mociones selladas, pero Delgado Colón indicó que el dinero ha sido reembolsado y que solo resta que una de las entidades que reembolsó indique si le interesa recuperar ese dinero mediante una orden de restitución contra los convictos. Pero la juez alertó a García Jiménez que todavía la fiscalía tiene el poder de confiscar cualquiera de sus activos y propiedades si hay necesidad de recuperar alguna cantidad”, reseña Noticel.

En el caso de Riera, aparte de la cárcel, tendrá tres años de libertad supervisada durante los que no puede tener empleo o contrato que involucre responsabilidad fiduciaria, a menos que lo autorice Probatoria.

La sentencia del convicto exjuez Arnaldo Irizarry Irizarry, pautada también para ayer, fue pospuesta para noviembre por lo que la jueza caracterizó como “razones humanitarias”, debido a una condición de salud en la familia del convicto.

Tras la pista de este sujeto que preñó a su hija y la tenía encerrada junto a su bebé

LAJAS: Causa probable en ausencia por los delitos de incesto, maltrato y amenaza encontró la juez Sinia E. Pérez Correa, de la Sala Municipal de San Germán, contra Alexis Alicea Torres, de 34 años, al que se le imputa haber abusado sexualmente al extremo de embarazar a su hija de 13 años, en un patrón de violaciones que se extendió entre el 2020 y este año, en Lajas.

Le sargento Luis Santana, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de Mayagüez y personal del Departamento de la Familia investigaron y recopilaron la evidencia que culminó con la radicación de cargos contra el sujeto, cuyo paradero se desconoce.

La niña quedó embarazada como resultado de los ataques sexuales del sujeto y eventualmente dio a luz.

Los fiscales Marilisa Jiménez y Andrés Vélez; y los agentes de Delitos Sexuales radicaron denuncias por violaciones a los artículos 131 del Código Penal (incesto), el 283 (amenaza o intimidación a testigos), y el artículo 59 (maltrato) de la Ley 246 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

Denuncian también a la madre

Aparte de eso, se radicaron tres denuncias por el artículo 59 (maltrato) de la Ley 246 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores contra Liz Annette Rodríguez González, esposa del imputado, a la que se le imputa que, actuando en compinche con Alicea Torres, privaban de la libertad a la menor, dejándola a ella y al bebé encerrados bajo llave en la residencia.

La juez Pérez Correa le impuso a Alicea Torres una fianza en ausencia de $1 millón y ordenó su arresto. La fianza para Rodríguez González fue $15 mil, que prestó y le pusieron un grillete electrónico hasta la fecha de la vista preliminar.

Mujer que intentó suicidarse ayer en Aguadilla abandona tratamiento médico

AGUADILLA: La Oficina de Prensa de la Policía de la región noroeste informó que Melanie Cruz Clivillés, de 31 años, quien intentó suicidarse el martes en terrenos del residencial Muñequí I de Aguadilla, abandonó esta madrugada el tratamiento médico al que era sometida en el Hospital Buen Samaritano de esta ciudad.

Cruz Clivillés es la madre de la menor de 13 años que fue llevada muerta a finales de la semana pasada a una institución de salud en San Sebastián por un sujeto de 27 años que se identificó como pareja de la infortunada.

La mujer trató de quitarse la vida ingiriendo medicamentos controlados. 

Se alega que a las 3:18 de la madrugada de hoy, Cruz Clivillés se fue del hospital sin culminar el tratamiento.

Actualmente, la mujer es objeto de una investigación por parte de las autoridades, que profundizan en las circunstancias de la muerte de su hija y la naturaleza de la relación que esta tenía con el sujeto que la llevó muerta para que la atendieran.

Ayer también trascendió que funcionarios del Departamento de la Familia asumieron la custodia y removieron los otros dos hijos de Cruz Clivillés, de 6 y 11 años.

En jaque transportación escolar en el Oeste por falta de pago desde 2021

MAYAGÜEZ: La senadora Ada García Montes (PPD/Mayagüez-Aguadilla) denunció el martes que una treintena de transportistas que ofrecen servicios al Departamento de Educación en el Oeste no cobran desde noviembre de 2021, lo que pone en peligro el transporte de miles de estudiantes del sistema público, particularmente a estudiantes de educación especial, que dependen del servicio.

En un comunicado de prensa, García Montes explicó que transportistas se acercaron a ella para informarle que esperan por los pagos correspondientes por concepto de los servicios ofrecidos al Departamento de Educación.

“Esta situación es preocupante ya que, según me explican los transportistas, muchos de ellos esperan recibir los pagos correspondientes porque de lo contrario estarían imposibilitados de ofrecer los servicios. La deuda se estima en $15 millones y la misma es por concepto de los servicios de transportación como parte del programa Refuerzo Académico Extendido (RAE). Una suma significativa y preocupante que sin duda afecta los servicios que se ofrecen”, denunció la senadora.

A pocos días del inicio escolar, a juicio de García Montes, la falta de transportistas es un problema craso tanto para el Departamento como para las familias que dependen de este servicio para transportar a hijos y familiares hasta los planteles escolares.

“El personal del Departamento de Educación tiene que resolver o aclarar esta situación con prontitud.  Otros que a esta fecha tampoco tienen los contratos firmados son los transportistas que ofrecen servicios de transporte regular a los estudiantes de las escuelas en el Oeste”, informó García Montes.

La senadora, que preside la Comisión de Educación del Senado, adelantó que mañana miércoles se reunirá con la secretaria interina de Educación, doctora Yanira Raíces, y que el tema de la transportación escolar es uno de los asuntos prioritarios que discutirá.

Sobre el transporte escolar, García Montes dijo desconocer si la situación que ocurre en la región occidental de la Isla, se replica en otras regiones educativas. Sin embargo, aseguró dialogará con la secretaria Raíces para identificar soluciones a corto plazo para estas y otras situaciones “con el fin de iniciar el año académico de forma ordenada”.

Sujeto ataca con una tijera a otro en una farmacia de Cabo Rojo

CABO ROJO: Las autoridades investigan un caso de agresión que se produjo el lunes en la tarde en los predios de la Farmacia Belmonte de Cabo Rojo.

Según el informe preliminar de la Policía, Ángel L. Collado Martínez, de 53 años, fue agredido en la cabeza en circunstancias que no se revelan en el narrativo. Collado Martínez fue atendido en el lugar por paramédicos y su condición fue descrita como estable.

Varias personas que estaban en la escena lograron el arresto civil del presunto agresor, que fue identificado como Kelmy Arroyo Ayala, de 30 años.

La tijera que fue usada como arma, fue ocupada. Se alega que Arroyo Ayala se había apropiado ilegalmente de ella en la farmacia.

El agente José Vázquez, del cuartel de Cabo Rojo, consultó el caso con el fiscal Andy Rodríguez, para la radicación de cargos.

Sujeto acuchilla por la espalda a su padre anoche en Moca

MOCA: Un individuo acuchilló por la espalda a su padre, en hechos ocurridos a las 9:15 de la noche del sábado en una residencia localizada en el barrio Rocha de esta municipalidad del noroeste.

El perjudicado fue identificado como Noel Nieves Feliciano, de 66 años, quien presuntamente se enfrascó en una discusión con su hijo Edward Noel Nieves Castro, de 30.

Se alega que Nieves Castro se armó de un cuchillo con el que atacó por la espalda a su padre, que tuvo que ser llevado a un hospital de la zona, desde donde fue referido al Centro Médico de Río Piedras.

El agresor también tuvo que ser atendido, ya que presentaba una herida cortante en la muñeca izquierda.

El sujeto permanecía detenido por la Policía en espera por la acción de la Fiscalía de Aguadilla.

El agente Edgardo Carril, del cuartel mocano, investigó inicialmente el caso y lo refirió al agente Miguel Chaparro, de la División de Homicidios de Aguadilla. El caso era consultado con el fiscal Roberto Cuerda.

Reportan esta mañana un fuego en el barrio París de Mayagüez

MAYAGÜEZ: Las autoridades dieron cuenta de un incendio reportado a las 8:00 de la mañana del domingo en una vivienda localizada en la calle Miguel Ángel Santín del barrio París de la Sultana del Oeste.

Según el informe preliminar de la Policía, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencia 9-1-1, informando sobre el fuego.

Las circunstancias en que se produjo el siniestro se encuentran bajo investigación. Se dijo que una dama que estaba dentro de la casa se encontraba estable.

Bomberos estatales de la estación de Mayagüez extinguieron las llamas, mientras que agentes de la División de Explosivos y el Fire Marshall de Bomberos están al frente de la pesquisa.

Acusan a “Sapo” por pegarle fuego a 2 vehículos en San Germán

SAN GERMÁN: En el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce quedó sumariado un sujeto identificado como Luis E. Laracuente Morales, alias “Sapo”, de 30 años, vecino de San Germán, al que se le imputa haberle pegado fuego a dos vehículos en un incidente reportado frente al terminal de carros públicos de la Ciudad de las Lomas.

Agentes de la División de Explosivos esclarecieron el caso y sometieron denuncias por incendio y daños agravados.

Se alega que este pasado viernes, 4 de agosto, Laracuente incendió una guagua Jeep Liberty del 2005 y una guagua “van” Ford Econoline, propiedad de la Universidad Interamericana de San Germán.

El agente Pedro Ríos, de Explosivos, y la fiscal Marilisa Jiménez Serrano radicaron los cargos.

El juez Luis Padilla Galiano encontró probable causa para arresto e impuso una fianza de $20 mil, que “Sapo” no pagó, por lo que fue ingresado en prisión.

La vista preliminar quedó señalada para el 17 de agosto.