Seguridad

MAYAGÜEZ: La representante Jocelyne Rodríguez (PPD/Distrito 19) dijo que “el que lo hizo mal, tiene que asumir las consecuencias”, cuando se le pidió su reacción a los arrestos de cuatro empleados del Municipio de Mayagüez imputados de haber defraudado el Programa Federal de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés).

“A los empleados del Municipio de Mayagüez, estoy bien consciente de que el Municipio de Mayagüez y su alcalde, les estuvo pagando su quincena durante todo el proceso que estuvimos pasando al inicio de la pandemia del COVID-19, y era innecesario solicitar este tipo de ayuda, porque en ningún momento se vieron desprovistos de los recursos económicos que el Municipio siempre les ha honrado”, comentó la legisladora en el programa CON BASE Y FUNDAMENTO (WKJB 710 AM).

La representante Rodríguez apuntó que “no se puede abusar de las ayudas” estatales o federales.

“Un recurso que se usa en una persona, es un recurso que quizás una persona que en realidad lo necesita, lamentablemente no lo puede obtener”, apuntó Rodríguez.

El lunes, el Departamento de Justicia sometió 16 denuncias por apropiación ilegal agravada y fraude contra los empleados municipales de Mayagüez Steven Martell Olivencia, Omar Marrero Santiago, Jordán Matías Rivera e Isabel González Rodríguez; a quienes se les imputa haberse apropiado entre todos de $45 mil 524 del PUA.

El secretario de Justicia Domingo Emanuelli detalló el fraude, indicando que Martell Olivencia supuestamente alegó en su solicitud que realizaba trabajos de mantenimiento y poda de árboles, cuando en realidad laboraba como trabajador general en la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME). Su jornada diaria era de seis horas para un total de 30 horas semanales. En un periodo de cinco meses, Martell Olivencia recibió $14,307 de manera fraudulenta.

Mientras, Marrero Santiago y Matías Rivera solicitaron el beneficio del PUA asegurando laborar en lo que denominaron como “potato farming” (siembra de papas).

Sin embargo, ambos se desempeñaban, respectivamente, como trabajador de construcción y mantenimiento y como auxiliar de mantenimiento y construcción en el Head Start adscrito al Municipio con una jornada a tiempo completo. Como resultado del esquema, Marrero Santiago devengó $12,564 en un término de cinco meses; y Matías Rivera obtuvo $12,790 en cuatro meses.

González Rodríguez aseguró en la solicitud haber perdido ingresos como instructora de clases de Zumba, a pesar de trabajar como oficial de Gerencia Pública en la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias con una jornada de 30 horas semanales. Supuestamente, esta se apropió ilegalmente de $12,147 en un periodo de cuatro meses.

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