SAN JUAN: La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión favorable con excepciones sobre el examen realizado a los contratos de servicios profesionales y consultivos, los controles administrativos e internos del Negociado de Recursos Humanos, de la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional y del Negociado de Investigaciones de Licencias e Inspección de Armerías de la Policía de Puerto Rico.
El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2016, que incluye las incumbencias de los exsuperintendentes Héctor Pesquera, James Tuller y José Luis Caldero.
El documento de 11 hallazgos revela que la Policía pagó $5,466.94 en exceso por horas no trabajadas a un profesor de materias legales y, por otro lado, retuvo $44,986 en exceso a un contratista por rembolso de gastos exentos según la Carta Circular 1300-09-14 del 2013.
Además, recomienda al Secretario de Hacienda que tome las acciones pertinentes por el hecho de que la Policía no notificó el pago de $13.5 millones por tres contratos, en las declaraciones informativas a Hacienda.
Los auditores de asignados por la contralora Yesmín Valdivieso, identificaron que contrario a la Ley 237-2004, se otorgaron contratos para realizar funciones similares a las de un puesto dentro del Plan de Clasificación de Puestos. Cada uno de estos contratos devengó entre $1,200 hasta $26,376 anuales por encima de lo establecido en el Plan. Además, se otorgaron múltiples contratos de servicios con falta de información importante o sin todas las certificaciones requeridas.
La auditoría señala que no se realizaron pruebas de sustancias controladas anuales a todos los funcionarios y empleados de la Policía, según dispone el Reglamento 6403 del 2002, sino apenas al 12 por ciento del personal. Tampoco se realizaron las evaluaciones psicológicas al personal de rango y clasificado de la Policía dentro de un periodo de tres años, según dispone la Ley 53-1996. En los últimos seis años sólo se han realizado la prueba psicológica entre el 3 por ciento y el 11 por ciento de los empleados.
El informe también recomienda que se promulgue reglamentación para la Sección de Análisis de Huellas Dactilares de la División de Identificación Criminal y que se actualicen los procedimientos para administrar la Ley de Detectives Privados de Puerto Rico.
El documento completo, bajo el número DA-17-25, está disponible en www.ocpr.gov.pr.
