MAYAGÜEZ: El alcalde José Guillermo Rodríguez, quien, junto a la directora de Finanzas del Municipio de Mayagüez, Yahaira M. Valentín Andrades, fue referido a un Fiscal Especial Independiente por las actuaciones de ambos en el desempeño de sus funciones en el Municipio y en la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), dijo esta noche que esperaba el referido del Departamento de Justicia.

“Le anticipé a mi familia y al caucus de la Legislatura Municipal, con los que me reuní hace varias semanas, de la gran posibilidad de esta determinación, que se hizo pública en el día de hoy”, indicó el alcalde Rodríguez en declaraciones escritas.

El secretario Domingo Emanuelli Hernández acogió la recomendación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, y envió hoy a la OPFEI un informe de 188 páginas sobre la investigación preliminar realizada en la agencia, que concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde, en concierto y común acuerdo con la gerente de Finanzas del municipio, llevaron a cabo acciones que podrían constituir incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.

En su comunicado, el alcalde Rodríguez intentó equiparar su caso con el de otros alcaldes y exalcaldes de la Isla, mencionando entre otros al difunto exalcalde de Humacao, Marcelo Trujillo Panisse; Joe Román (San Lorenzo), Luis Javier Hernández Ortiz (Villalba), Heriberto Vélez (Quebradillas) y Charlie Delgado (Isabela).

“Este es el primer “round” de un largo e injusto proceso que vamos a enfrentar, junto a la gerente de Finanzas, quien es una de las funcionarias de mayor honestidad e integridad que he conocido en mi vida pública”, enfatizó el alcalde mayagüezano.

El secretario Emanuelli Hernández, dijo que Rodríguez y Valentín Andrades se exponen a cargos por violaciones al artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, y también podrían enfrentar acusaciones por violar los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico del 2012.

De la investigación surgió que, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.

Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.

El secretario de Justicia también acogió la recomendación de la DIPAC de referir para la consideración de la OPFEI la presentación de un informe preliminar a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD). Dicha unidad, adscrita a la OPFEI, tiene el deber de recomendar al Panel el curso de acción a seguir en torno a los procesos disciplinarios contra alcaldes y alcaldesas, lo que pudiera culminar en su suspensión o destitución, conforme al Artículo 14 de la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Como parte de la investigación, que contó con la colaboración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, se solicitaron y expidieron órdenes de allanamiento a oficinas municipales, a una de las casas del alcalde también utilizada como oficina, cuentas bancarias, teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico.

Las órdenes de allanamiento fueron diligenciadas por los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales junto a personal del Instituto de Ciencias Forenses. Además, se entrevistó y tomó declaración jurada a 30 testigos aproximadamente, y se examinaron cientos de documentos.