Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA
La pasada semana el país se estremeció ante una nueva ola de arrestos por supuestos actos de corrupción pública, que en esta ocasión involucra a tres entidades gubernamentales: Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Cámara de Representantes y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Diez personas fueron arrestadas por el FBI luego que se emitiera una acusación por 24 cargos de corrupción pública.
Aunque los arrestos no deben tomarnos por sorpresa, ya que como sabemos, esta investigación federal lleva ya varios meses de iniciada y se ha realizado varios allanamientos, lo que si debe preocuparnos es la inacción de las personas responsables de tomar medidas en el momento en que se conoció los detalles de la misma, en lo referente a las personas implicadas.
Desde el pasado 25 de noviembre de 2015, comenzó a salir información acerca de este supuesto esquema y de varios funcionarios públicos con cargos de influencia en el gobierno. De hecho, los primeros allanamientos relacionados con este caso se realizaron ese día; uno en una empresa llamada 3ComGlobal, propiedad de Anaudi Hernández y otro en la Autoridad de Acueductos.
Semanas después, comienzan salir informes en la prensa que indicaban que dos funcionarias de la AAA, Ivonne Falcón, entonces vicepresidenta de la Autoridad, y Sonia Barreto, directora de Compras, también de la AAA, estaban relacionadas a este supuesto esquema.
Otro allanamiento fue realizado el 7 y 8 de octubre de este año, también la triple A, pero esta vez fueron directamente a las oficinas de ambas funcionarias. A la vez, continuaba saliendo más información acerca de la empresa 3ComGlobal y un supuesto contrato en la Cámara de Representantes, en el que se alegaba que había sido obtenido de forma sospechosa.
La información sobre el servicio que brindaba esa empresa a la Cámara estaba en tela de juicio ya que se alegaba que el mismo era uno deficiente. De hecho, aun con todos los problemas que enfrentaba, la Cámara continuaba pagando mensualmente el contrato que tenía, sin que se iniciara un proceso legal o administrativo por incumplimiento de contrato.
En el caso de ADL es a la propia exadministradora, Sally López, a quien se le investigó y arrestó por presuntos actos de corrupción. Esta agencia en los últimos años se encargó del reclutamiento de personal, tanto para el gobierno central como para algunas corporaciones públicas.
¿Qué implicaciones tiene este caso con los jefes de los funcionarios arrestados? Bueno, al momento no se ha vinculado directamente al presidente de Acueductos, ni al presidente de la Cámara, ni al propio gobernador con estos actos. Sin embargo de algo si podemos estar seguros, han sido negligentes en el cumplimiento del deber.
Como ya señalé, este no es un caso que comenzó a circular ayer sino que lleva al menos un año. Desde que comenzaron a salir nombres, se debió haber iniciado una investigación interna para determinar la responsabilidad de los funcionarios mencionados.
Aunque en el caso del presidente de Acueductos, éste hizo una investigación y refirió el caso a la Oficina de Ética Gubernamental, no inició un proceso administrativo interno para remover de sus puestos a la o las funcionarias que fallaron a su confianza. El ingeniero Alberto Lázaro, dijo que sometió los hallazgos de la investigación a dicha oficina sin decir cuales fueron, ni tampoco si iniciaría un proceso disciplinario contra éstas. Peor aún, al momento de los arrestos dijo que inició un proceso para sustituirlas, pero no hablo de separarlas de su empleo, por lo tanto no tenemos la certeza si estas funcionarias continuarán dentro de la Autoridad.
En el caso de la Cámara, el presidente Jaime Perelló informó que separó de su empleo a funcionario que fue arrestado. Sin embargo, ¿Por qué no inició una investigación interna mucho antes? Espero a que ocurrieran los arrestos para entonces tomar acción. Al igual que en el caso de la ADL, que es al propio gobernador a quien le correspondía tomar acción y no hizo nada.
En este esquema se habla de apropiación de aproximadamente dos millones de dólares, dinero que hasta la propia Contralora ha dicho que se podía pagar el bono de Navidad a muchos empleados públicos, quienes hoy no tenemos la certeza si nos lo pagaran o no.
Ahora nos toca esperar y solicitarle a las autoridades federales que lleven este caso hasta las últimas consecuencias.
