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CABO ROJO: Los congregación Testigos de Jehová, que en marzo del 2013 lograron que el juez federal Gustavo Gelpí ordenara que se les diera acceso a éstos a urbanizaciones de acceso controlado en el área metropolitana, volvieron a recurrir a ese foro en febrero del pasado año, para que la orden incluya otros municipios de la isla, particularmente a Mayagüez y otros pueblos de la parte occidental de la Isla que no formaban parte del grupo original que figuraba en la demanda.

El reclamo incluía a Aguada, Añasco, Cabo Rojo, Guánica, Hormigueros, Isabela, Mayagüez, San Germán y Yauco. Otros pueblos localizados en otras regiones de Puerto Rico fueron incluidos para que se les ordene concederle paso a los Testigos de Jehová a las urbanizaciones con control de acceso para que puedan predicar “casa por casa”.

El lunes en la tarde, el alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz cumplió con la exigencia de los Testigos de Jehová, en una vista efectuada en la sala del juez federal Gelpí, en el Tribunal Federal de Hato Rey, indicando que “ha dado fiel cumplimiento a su orden, entregando a la Congregación los aditamentos electrónicos y llaves que le permite entrar a las últimas 16 urbanizaciones cerradas de Cabo Rojo a las cuales no tenían acceso. Anteriormente, la administración municipal había cumplido dicha petición para unas 35 comunidades cerradas adicionales en su jurisdicción”.

En un comunicado de prensa se dijo que el Municipio de Cabo Rojo cumplió con la orden judicial de interdicto permanente emitida por el juez Gelpí el 20 de julio pasado mediante la aprobación de la Ordenanza Municipal 10, Serie 2016-2017.

Se indicó que la ordenanza, firmada por Ramírez Kurtz el 20 de septiembre de 2016, le ordena a la Policía Municipal garantizar el acceso de toda persona o grupo de personas que interese ejercer su libertad de expresión en calles y aceras de urbanizaciones con acceso controlado, instruyéndosele que cualquier persona que se rehúse a obedecer una directriz para garantizar acceso, será procesada ante los tribunales de justicia por obstrucción a la justicia.

Toda queja recibida por algún ciudadano sobre la denegación de acceso a una urbanización con acceso controlado, deberá ser atendida dentro de los 30 minutos a partir de recibida la querella y/o solicitud de auxilio.

La ordenanza le impone a “cualquier urbanización de control de acceso, que mediante la acción y/u omisión de sus residentes, empleados, agentes o administradores, le negase acceso a personas y/o entidades que interesan hacer valer los derechos reconocidos por el Tribunal, será sancionada con multa de $500.00 para una primera violación, de $1,000.00 para una segunda violación; y en caso de incurrirse en una tercera violación, con la cancelación del permiso de control de acceso otorgado por el Municipio, lo cual significará que la urbanización vendrá obligada a remover los portones de entrada o a mantenerlos abiertos al tránsito vehicular y peatonal, las 24 horas del día, los 7 días de la semana”.

En su comunicación, el alcalde Ramírez Kurtz agregó que “el Gobierno Municipal ha constatado que copia de la Ordenanza y del interdicto del Tribunal ha sido entregado al representante autorizado de cada urbanización con control de acceso, así como a todo desarrollador de nuevas urbanizaciones con control de acceso que puedan construirse en el futuro. A estos últimos se la apercibe que es su obligación, so pena de revocación de los endosos municipales al proyecto, incluir medidas para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión como parte de la escritura de servidumbres en equidad”.

Nota de redacción: Cabe aclarar que a pesar de que la orden obliga a las urbanizaciones de control de acceso a abrir los portones, en este caso a los Testigos de Jehová, la prerrogativa de abrirles la puerta de su casa y recibirlos en sus hogares es de los residentes, por lo que para eso en particular, no pueden ser obligados.