Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

A lo largo de varias décadas, el liderato del Partido Popular Democrático, así como los propios americanos, le hacían creer a varios sectores del país que el actual status político de la Isla era uno no colonial ni territorial. Nos decían que Puerto Rico tenía soberanía fiscal y soberanía judicial. El propio gobierno de los Estados Unidos había expuesto ante la ONU esta teoría, tal vez buscando que las Naciones Unidas no los obligaran, o al menos no impulsaran una solución permanente a nuestra situación política.

Por muchos años, el Departamento de Justicia del país radicaba cargos criminales a personas que estaban siendo enjuiciados a nivel Federal o que ya estuvieran cumpliendo una condena por los mismos hechos, porque aquí “no aplicaba” eso de no ser juzgado dos veces por el mismo caso, ya que una cosa era la jurisdicción Federal y otra la jurisdicción Estatal. No sé cuántas personas fueron juzgadas en ambos foros, pero me imagino que debe haber bastantes.

Inesperadamente esto cambió en un abrir y cerrar de ojos. La pasada semana, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a través del Secretario de Justicia, argumentó en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un status colonial y territorial, sometido a las decisiones plenarias del Congreso de los Estados Unidos y no posee soberanía judicial, por lo cual no puede acusar a una persona que ya fue acusada en la esfera Federal.

Como era de esperarse, estas expresiones cayeron como un balde de agua fría para el liderato popular y sirvió de alimento político a los demás partidos políticos. Incluso el propio gobernador Alejandro García Padilla, envió una carta a las Naciones Unidas sobre este particular.

No soy experto en temas políticos ni en temas legales, pero me parece que si esta expresión de los Estados Unidos es finalmente plasmada en la determinación que está planteada de doble exposición, pudiera tener repercusiones serias en el status de la isla, pero además sería interesante conocer la opinión de expertos en derecho penal, acerca de que puede pasar con los casos ya adjudicados e incluso prescritos que se vieron en los tribunales del país.

En cuanto al status, me parece que ya no hay nada que impida que los puertorriqueños decidamos entre la estadidad, lo cual implica que seriamos absorbidos como pueblo por la Nación Americana; o por la independencia, la cual tendría el efecto, no solo de mantener la cultura y tradiciones que hoy tenemos, sino que tendríamos total autonomía judicial, fiscal y en todos los renglones, por lo que no dependeríamos que venga otro a decidir cómo juzgamos a quienes le fallan a la sociedad.

Podrá sonar chocante, pero aquí no hay otro camino para los puertorriqueños y para los americanos que escoger nuestro futuro político, o como dijo una vez Don Pedro Albizu Campos, es el momento de la suprema definición.