AGUADILLA: La representante por acumulación Mariana Nogales Molinelli denunció el martes que la dirección del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) ha asumido una actitud de brazos caídos ante su deber de proteger el patrimonio histórico y cultural de Puerto Rico, que ha fallado en ejercer en el caso de la destrucción del tanque de melaza en el antiguo Muelle de Azúcar, en Aguadilla.
En julio de 2023, la legisladora alertó al ICP sobre el colapso del tanque tras el movimiento ilegal de terreno y depósito de relleno en los alrededores de la estructura, acciones que generaron un proceso administrativo contra la empresa Aguadilla Pier Corp., que culminó en una multa de $10,000 más $10,000 por cada día que incumpla con las órdenes de la agencia.
“Yo he estado encima del ICP dándole seguimiento a este caso porque sabemos que el dueño de Aguadilla Pier y proponente del proyecto The Cliff, Carlos Román González, es un destructor en serie que ya ha gozado de demasiada impunidad. De hecho, Román impugnó la multa y logró que se la rebajaran, pero por su incumplimiento estimo que la multa debe ir por $4 millones. Desde agosto de 2023, todavía es la hora que no ha pagado y la última gestión que hizo el ICP para cobrar la multa fue hace ya 6 meses el 23 de marzo de 2024. No parece haber voluntad del gobierno para imponer consecuencias sobre la destrucción del patrimonio histórico”, afirmó.
Nogales Molinelli añadió que, “lejos de corregir su violación conforme a la orden del ICP, Román González removió ilegalmente el remanente del tanque. En febrero de 2024, durante una vista pública, yo misma le informé al ICP que el tanque había desaparecido, por lo que había que investigar e imponer nuevas multas. En agosto, le di seguimiento y la falta de respuesta de la División Legal sobre ese asunto me da a entender que no hicieron nada. Continua la impunidad, aún en un caso con atención de la prensa. No me quiero imaginar qué ocurre con las situaciones que no son conocidas por el público”.
La abogada explicó que “esta actitud de brazos caídos parece haber comenzado bajo la dirección de Carlos Ruiz Cortés cuando dejó de convocar el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre, que tomaba determinaciones sobre multas y ordenaba las medidas necesarias para proteger estructuras de valor histórico y yacimientos arqueológicos. Ruiz Cortés asumió la posición de que la reforma de permisos del 2009 había dejado al Consejo sin funciones, y eso es totalmente errado. Sí le quitó sus poderes sobre la permisología, pero el Consejo tenía mucho trabajo que ahora mismo no parece que se esté haciendo. Nos preocupa muchísimo, por ejemplo, que actualmente hay arqueólogos que apenas pueden trabajar porque el Consejo es el que certifica las fases de los estudios arqueológicos que pueden llevar a cabo. En cierto momento se puso en duda si esa autorización del Consejo es necesaria, pero el ICP ni siquiera hizo el trabajo de notificar su determinación al respecto y dejó en el limbo a los arqueólogos que no están en su lista de profesionales autorizados”.
Nogales Molinelli opinó que, en el clima actual, no le extraña que el ICP parezca estar atado de manos.
“El Consejo intervino en casos que involucraban a actores poderosos, como los de Paseo Caribe, Windmar y el Paseo Puerta de Tierra, porque tenía un rol importante en la autorización de proyectos de gran escala que impactarían yacimientos y estructuras históricas. No es raro entonces que haya sido una víctima del plan de desmantelamiento y saqueo que se viene implementando de la administración de Fortuño para acá. Tenemos que empezar a movernos en la dirección correcta de fortalecer las instancias que garantizan nuestro derecho y los de generaciones futuras a conocer nuestra historia, a un ambiente saludable y a poder subsistir en nuestro país”, insistió.
