Nueva vacuna contra el COVID-19 aprobada por FDA para la temporada 2024-2025

REDACCIÓN: Ante la reciente aprobación de la nueva fórmula de la vacuna contra el COVID-19 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el Departamento de Salud informa a la ciudadanía sobre los detalles y beneficios de esta actualización. Esta vacuna ha sido diseñada para ofrecer una protección más efectiva contra las variantes más recientes del virus SARS-CoV-2, incluyendo la cepa KP.2 de la variante Ómicron.

La vacuna aprobada incluye un componente monovalente, lo que significa que está específicamente dirigida a una sola variante del virus, en este caso, la cepa KP.2. La nueva fórmula de ARNm ha demostrado en estudios clínicos una capacidad para inducir una respuesta inmunitaria robusta y duradera, lo que sugiere una protección sostenida contra la enfermedad.

La principal oficial médico, doctora Iris Cardona explicó que, “la nueva fórmula de la vacuna sigue siendo una herramienta valiosa en la estrategia global de control del COVID-19, en conjunto con otras medidas de salud pública”. También resaltó que “la aprobación por parte de la FDA recalca el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad y efectividad, lo cual es fundamental para su uso en la población general”.

Las vacunas disponibles, como Comirnaty y Spikevax, están aprobadas para personas mayores de 12 años y cuentan con versiones adaptadas para niños de seis meses a 11 años, desarrolladas por Moderna y Pfizer-BioNTech. La vacuna es especialmente recomendada para personas con sistemas inmunológicos comprometidos, adultos mayores y aquellas con condiciones de salud crónicas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han recomendado su uso en toda la población.

El doctor Carlos Mellado López, secretario de Salud, también destacó el contexto en el que esta nueva vacuna se presenta, “sabemos que el virus sigue evolucionando, y nuestra respuesta debe ser igualmente dinámica. Aunque hemos aprendido a convivir con el COVID, es importante recordar que la amenaza no ha desaparecido”.

En lo que va de año, el 94.99 por ciento de las defunciones han ocurrido en personas mayores de 60 años. Además, se han registrado dos defunciones en el grupo de edad de 0 a 9 años, una defunción en el grupo de 10 a 19 años y una defunción en el grupo de 20 a 29 años.

Para coordinar la vacunación en el hogar para personas encamadas o para encontrar el centro de vacunación más cercano, puede llamar al 787-522-3985 de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. También puede consultar la lista de centros de vacunación disponibles en https://www.salud.pr.gov/programa_vacunacion.

Identifican anciano rescatado junto a sus mascotas en medio de incendio en Aguadilla

AGUADILLA: Como Héctor López Sanabria, de 80 años, fue identificado el anciano salvado cerca del mediodía de hoy martes en medio de un incendio que se desató en una residencia localizada en la intersección de las carreteras 107 y 467 en el barrio Borinquen de esta ciudad del noroeste.

El fuego fue reportado a las 11:13 de la mañana luego de que tendido eléctrico cayó sobre el techo de la estructura de cemento y zinc, provocando que las llamas se propagaran por la vivienda, que estaba rodeada de escombros y vegetación. 

Aparte de Don Héctor, fueron rescatados dos perros, mascotas del octogenario.

Afortunadamente, todos salieron ilesos.

La escena fue trabajada por los bomberos locales, personal Manejo de Emergencias y Obras Públicas Municipal.

La investigación de la querella está en manos del agente municipal Humberto González, de Aguadilla.

CPI: A su suerte las personas sin hogar ante el calor extremo

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo

Día a día, Mayibel Castro Santiago busca cómo protegerse del calor extremo desde que se levanta hasta que se va a dormir. No es una tarea fácil, su pequeña cama está a la intemperie y durante el día deambula por la caliente zona urbana de Ponce, municipio que el mes pasado registró índices de calor de hasta 115 grados Fahrenheit. 

La mujer de 36 años descansa cerca de la entrada de lo que fue una farmacia que cerró en la zona urbana en Ponce, cuya estructura está abandonada desde hace dos años. Hace un año forma parte de una comunidad compuesta por otras personas sin hogar, a los que considera su familia.

Mayibel es una de las 2,096 personas sin hogar en Puerto Rico, uno de los grupos demográficos más afectados por las históricas olas de calor que azotan al País desde el año pasado por causa del cambio climático y el calentamiento global. Las personas sin hogar son una de las poblaciones más vulnerables a las temperaturas extremas, ha dicho la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, según los entrevistados para esta investigación, son el segmento poblacional más ignorado por las autoridades gubernamentales.

No existe un plan aprobado, ni fondos asignados para lidiar con el problema, pese a que hay cuatro agencias del Gobierno de Puerto Rico mayormente responsables de proteger a esta población — el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, el Departamento de la Vivienda y el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población Sin Hogar adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) —, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) — creado por el Gobierno — propuso medidas para ayudar a las poblaciones vulnerables, incluyendo a las personas sin hogar a enfrentar el calor extremo desde septiembre de 2023, pero ninguna se ha puesto en vigor.

Lo único que hay en proceso es un plan para atender el sinhogarismo que ASSMCA comenzó a hacer desde enero 2023, no terminó, y encomendó en abril de 2024 a la compañía estadounidense de contabilidad y consultoría en desastres Horne, LLP a un costo de $120,804 entre los dos contratos. Los contratos otorgados para la tarea no precisan cuándo se terminará el plan, pero el segundo contrato tiene vigencia hasta diciembre de 2024, antes de que inicie el cambio de administración.

Mientras tanto, las personas sin hogar como Mayibel quedan desamparadas a la merced del calor extremo. En su caso, está el agravante de que su pueblo de residencia, Ponce, es el segundo municipio con mayor cantidad de personas sin hogar en el País, según el Conteo de Personas Sin Hogar en Puerto Rico de 2024.

Además de su cama, sus pertenencias están al aire libre, donde el sol azota sin piedad. Cuenta que se las ingenia para protegerse del sol y también de la lluvia. Usa un plástico que la tapa a ella y a su cama cuando llueve. A unos pasos de su área para dormir, está su silla de playa, debajo de un árbol donde Mayibel se resguarda del calor.

Mientras cuenta su historia, la mujer intenta que su perro Thunder salude, pero el animal no quiere salir de abajo de la cama donde se escondía del sol inclemente.

El calor está sofocante. El termómetro, que a las 7:00 a.m. leyó 82 grados Fahrenheit en el casco urbano de Ponce, ya marca los 102 grados Fahrenheit después del mediodía. Hay vigente una advertencia de calor del Servicio Nacional de Meteorología (SNM). Castro Santiago no deja de secar su rostro con un paño blanco.

Desde el 1 de enero al 20 de agosto de 2024, en Puerto Rico se han emitido 30 advertencias de calor excesivo y 80 avisos de calor. Mientras que para el mismo periodo el año pasado se emitieron 34 advertencias de calor excesivo y 77 avisos de calor.

“Mayormente cuando está bien caluroso, tratamos de buscar un lugar donde la sombra y el viento sople a nuestro favor. Como nos encontramos en una farmacia, pues el área del servicarro”, dice Mayibel. La temperatura en esa área es más baja por la dirección en la que sopla el viento y la sombra que regalan los árboles.

Las olas de calor pueden provocar la exacerbación de enfermedades crónicas y provocar condiciones de salud relacionadas a las altas temperaturas, como el agotamiento por calor, golpe de calor o calambres. El calor extremo, incluso, puede causar la muerte. Entre las poblaciones más vulnerables a sufrir los efectos del calor extremo, según la OMS, figuran las personas sin hogar, mujeres embarazadas, infantes y niños, trabajadores que laboran al aire libre y los adultos mayores.

El estrés por calor le arrebata la vida a más personas mundialmente cada día que cualquier otra causa de muerte relacionada al clima, y muchas de estas muertes ocurren en exteriores, dice la OMS.

El doctor Pablo Méndez Lázaro, catedrático asociado del Departamento de Salud Ambiental en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y estudioso del tema, sostuvo que en Puerto Rico las muertes por calor están subestimadas porque se contabilizan solo causas directas, como el golpe de calor, cuando en realidad el calor extremo provoca mortalidad por otras condiciones como las cardiovasculares.

“Al final la causa de muerte es porque tenía un problema cardiovascular, claro, pero ese problema cardiovascular se vio exacerbado por las condiciones climáticas”, explicó.

“El episodio de calor lo que hace es que lleva tu sistema y tu organismo al límite. Y si ya tú tienes alguna condición de salud preexistente, esa condición de salud se va a ver exacerbada hasta tal punto que, lamentablemente, te puede llevar a fallecer”, agregó.

Este año, Mayibel ha sentido los efectos del calor al punto que su tía tuvo que llamar a un servicio de ambulancias para que la socorriera uno de esos días de temperatura extrema, aseguró.

“Me tuve que recostar porque me sentía bien mal, y era que tenía la presión, la tenía demasiado débil, y era tanta la calor (sic). Por más que bebía líquido [no sentía mejoría], eso era algo insoportable”, expresó.

El doctor Andrés Calvo Díaz, médico internista, indicó que el calor extremo puede causar hipotensión o baja presión arterial por la deshidratación. Además, puede aumentar el pulso, lo que puede provocar arritmia.

“La calor (sic) hace que nos cansemos demasiado e incluso que no podamos dormir”, puntualizó Mayibel.

Las necesidades en la población sin hogar en Ponce se recrudecen debido al calor, aseguró Brenda Pérez Acevedo, coordinadora del Proyecto Sistema Coordinado de Entrada de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar, una organización sin fines de lucro que gestiona proyectos de vivienda y servicios para personas sin hogar.

“Tú puedes caminar por las calles, no hay árboles, pasas por el paseo Atocha [en el casco urbano de Ponce] y las localidades están cerradas”, sostuvo Pérez Acevedo.

Casi dos años trabajando un plan que aún no está listo

El calor extremo ya comenzó a tener efectos sobre la salud de las personas sin hogar de distintos puntos de la Isla, dijeron al CPI organizaciones que trabajan con esta población.

Las personas sin hogar, además de enfrentar el discrimen, lo que muchas veces les afecta en la búsqueda de un lugar donde tomar agua o resguardarse ante el calor, son susceptibles a deshidratación y a la exacerbación de enfermedades, según el doctor Calvo Díaz y la doctora Wanda Pacheco, quien dirige la Clínica Alternativa Integrada de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar.

A pesar de que las personas sin hogar son una de las poblaciones más vulnerables ante el calor extremo, Puerto Rico no tiene un protocolo o plan dirigido para evitar o mitigar el impacto de las altas temperaturas en su salud y bienestar, incluso cuando se espera que las mismas continúen aumentando ante los efectos del cambio climático, encontró el CPI.

Según la ley 130 de 2007, el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población Sin Hogar tiene el deber ministerial de atender las distintas situaciones por las que las personas sin hogar atraviesan diariamente, pero en los más de ocho años que lleva adscrito a la ASSMCA no ha producido ningún protocolo para proteger a las personas sin hogar, según Belinda Hill, directora ejecutiva de Solo por Hoy, Inc., organización que atiende el sinhogarismo en Puerto Rico.

El Concilio ni siquiera ha concluido un plan para atender el sinhogarismo, que lleva desde el 2023 trabajando. Luego de múltiples reuniones con organizaciones sin fines de lucro, en abril de este año, el Concilio contrató a Horne LLP, una compañía estadounidense de contabilidad que, a partir del huracán Katrina, que afectó particularmente Louisiana, diversificó sus servicios para entrar en la industria de la asistencia posdesastre. Según su propuesta de servicios para hacer el plan, su experiencia se basa en asistir a personas cuyas viviendas se afectaron debido a desastres, pero no especifica pericia en trabajar con poblaciones que, por diversas razones, están en las calles sin un techo. De hecho, las organizaciones que en Puerto Rico trabajan con estas poblaciones consultadas por el CPI no le reconocen ese expertise.

Desde 2018, las compañías Horne LLP y Horne Federal LLC, de los mismos dueños, han generado un total de $341.6 millones en contratos con distintas agencias del Gobierno de Puerto Rico. Horne LLP es el administrador de los fondos federales para la recuperación de desastres, conocidos como CDBG-DR, asignados al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.

Carmen Bonet, administradora de la ASSMCA, y Pedro Dedós, director ejecutivo del Concilio, no estuvieron disponibles para entrevista con el CPI para contestar preguntas sobre el borrador del Plan, las razones para la contratación de Horne para esta tarea, y las medidas específicas que están implementando, si alguna, para proteger a la población de personas sin hogar de los efectos del cambio climático, en particular del calor. En su lugar, Bonet envió declaraciones escritas en las que confirma que existe un borrador que está ante la consideración de los miembros del Concilio, pero no da detalles sobre su contenido ni detalles sobre las medidas que han tomado hasta el presente.

“[En el Plan] nos enfocamos en promover política pública, así como coordinar y colaborar con organizaciones, agencias y municipios que ofrecen servicios directos a la población sin hogar, incluyendo en situaciones críticas como las olas de calor”, sostuvo.

Sobre las medidas, Bonet indicó de manera general que han repartido agua y orientado “a las personas sin hogar” sobre dónde pueden conseguir refugio, alimentos o duchas en albergues de organizaciones sin fines de lucro.

Por su parte, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, indicó que su agencia reparte vales de vivienda para esta población a través del programa federal Rental Assistance Program, Continuum of Care PR- 502. No precisó cuántas personas sin hogar han obtenido un hogar bajo este programa. También, dijo que han entregado empaques con artículos de primera necesidad ante una ola de calor a sus participantes sin hogar.

El Departamento de Salud (DS) tampoco cuenta con un protocolo dirigido a esta población. Su portavoz, Lisdián Acevedo, indicó que la agencia no brinda servicios a las personas sin hogar y ningún funcionario de esa agencia estuvo disponible para hablar del tema.

Algunas medidas que pudieran ser de beneficio en medio de las olas de calor, como los centros de enfriamiento, y que fueron incluidas en el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia que presentó el CEACC ante la Legislatura en septiembre de 2023, están muy lejos de concretarse, ya que el mismo no fue evaluado en la pasada sesión legislativa y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, relegó esa responsabilidad a los legisladores que sean electos en noviembre próximo.

En vista de las altas temperaturas, en varias ciudades de Estados Unidos se usan como centros de enfriamiento espacios públicos ya existentes como bibliotecas, centros comunitarios y estaciones de policía. Los centros de enfriamiento son instalaciones públicas con aire acondicionado donde las personas y familias pueden ir para aliviar los efectos del calor extremo.

El gobernador Pedro Pierluisi dijo por escrito que el DS “vigila de cerca este asunto y, de resultar en una emergencia, podría establecer recomendaciones para atajarlo”. Agregó que esta misma agencia realizó una evaluación de la viabilidad de las propuestas del Comité “para poder implementar acciones concretas de salud pública y atender la población ante la ola de calor”, pero no especificó cuáles ni cuándo se hará.

El impacto en la salud

Francisco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar, aseguró que el calor extremo está afectando la salud de la población a la que atienden, sobre todo en los adultos mayores y las personas con situaciones de salud física o mental. Contó que han tenido que llamar a emergencias médicas para llevarlos al hospital porque están deshidratados, se sienten mareados o muy débiles.

“Eso está pasando por toda la Isla”, aseguró.

Por su parte, Josué Maysonet Colón, director ejecutivo de La Fondita de Jesús, aseguró que el año pasado recibieron participantes mareados y con síntomas de golpe de calor, por lo que este año han trabajado con los participantes en la prevención y dándoles hidratación, evitando así emergencias.

Mayor impacto a la salud por el uso de sustancias y el calor 

Por su parte, la doctora Wanda Pacheco, quien dirige la Clínica Alternativa Integrada de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar, aseguró que entre las consecuencias del calor extremo en esta población están la deshidratación y el empeoramiento de las úlceras, especialmente durante el verano.

Agregó que otras situaciones de salud se pueden exacerbar, como los catarros, que pueden complicarse y terminar en neumonía por la misma deshidratación. 

“No importa su estado de salud, esta situación de calor es peligrosa para una persona que está o tomando medicamentos de salud mental o tomando medicamentos de uso de sustancias o también por el uso de sustancias. El calor exacerba la situación”, mencionó Rodríguez. Aunque no todas las personas sin hogar utilizan sustancias, las que sí las usan tienen un mayor riesgo de complicaciones a su salud.

El doctor Andrés Calvo, médico internista y especialista en medicina de adicciones, sostuvo que el uso de sustancias, incluyendo el alcohol, la nicotina, el cannabis, la cocaína y los opioides, pone a la persona en riesgo de complicaciones médicas, entre ellas la deshidratación. Agregó que el metabolismo de la persona puede acelerarse provocando que consuma más calorías de las que ingiere a través de los alimentos, lo que hace que el cuerpo tenga más estrés y consuma más energía.

“Personas que están sin hogar o que están sin techo, sin las facilidades necesarias, muchas veces tienen menor ingesta de comida y de hidratación y de agua, que es algo básico, y, pues se exponen a esos efectos directos de las sustancias a mayor riesgo”, al incrementar el calor, expresó.

Como consecuencia pueden sufrir un heatstroke o un golpe de calor, agregó.

Asimismo, Rodríguez dijo, además, que hay estudios que evidencian cómo el calor afecta el estado de ánimo y agrava condiciones como la depresión y la ansiedad. Según la Asociación Americana de Psicología, las temperaturas elevadas pueden provocar aumento del estrés y ansiedad, irritabilidad y comportamientos agresivos, entre otros efectos.

El senador José Vargas Vidot, presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, y experto en el manejo de esta población, dijo que el efecto del calor en las personas que usan sustancias “es el doble”.

“Hay una deshidratación típica de la mayoría de las sustancias. Por ejemplo, la benzodiacepina y los opioides hacen que se reseque la mucosa. La persona necesita más agua y tener mejor temperatura que cualquier otra persona, porque típicamente es un efecto natural secundario adverso de este tipo de medicamentos. Encima, la persona no tiene acceso a volumen hídrico, o sea a agua”, dijo.

Perfil de las personas sin hogar en Puerto Rico

El presidente de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar dijo que para el 2008, cuando su organización comenzó a trabajar una base de datos sobre las personas sin hogar en Puerto Rico, el 60% de la población era usuaria de drogas. Pero eso ha cambiado, dijo.  

Indicó que la mayoría de las personas que viven en las calles es por asuntos económicos, como la pérdida de empleo o desahucios. Esto se ha visto, sobre todo, en los pasados 10 años.

Según el más reciente Conteo de Personas Sin Hogar en Puerto Rico 2024, se estima que hay 2,096 personas sin hogar en la Isla. A pesar de que hubo una leve reducción al comparar los números del 2022, aumentó la cantidad de personas que están viviendo en las calles por primera vez, con un 55.4% de las personas entrevistadas. Las razones mayores de estar en la calle por primera vez son consumo de drogas (41.9%), problemas familiares (34.3%), problemas financieros (16.9%), desempleo (15.9%) y problemas de salud mental (14.1%).

No hay plan para las personas sin hogar

El presidente ejecutivo de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar aseguró que el Estado no ha tomado este asunto con la seriedad que amerita.

“No hay un plan que nos permita trabajar con esto de alguna manera. Así que las organizaciones, lo que estamos haciendo, es cada una haciendo lo que puede con los recursos que tiene”, sostuvo Rodríguez.

Agregó que la situación para las personas sin hogar se complica por los códigos de orden público, “donde no los quieren en lugares públicos tampoco” y “los castigan” por estar en dichos lugares. “Así es que no tienen donde estar, pero no pueden estar en el lugar público. Entonces, esto es palo si boga y palo si no boga”.

Según Rodríguez, la Coalición logró el año pasado la aprobación de una propuesta que le fue sometida al Departamento de la Vivienda, bajo el programa de fondos CDBG-DR, para hacer un plan de resiliencia comunitaria para las personas sin hogar. “Nos encontramos trabajando con ese tema, incluyendo obviamente el tema del calor, ante cómo prepararse y cómo cambiar el escenario y sobre todo el estigma en momentos de desastre”.

El director de La Fondita de Jesús coincidió con Rodríguez en que no existe un plan por parte del Gobierno que ayude a mitigar los efectos del calor en las personas sin hogar ni en otras poblaciones vulnerables, como lo son los adultos mayores que están en cama.

“No estamos solamente hablando de la ola de calor, sino que simultáneamente el sistema eléctrico no está funcionando. La mayoría de las comunidades vulnerabilizadas ahora trabajan con sistema de bombeo, o sea que, si no hay luz, no hay agua, y, entonces, a la misma vez el calor extremo. Es como que todo ese tornado se mezcla”, expresó Maysonet Colón.

“En una persona que no cuenta con los recursos y ya tiene una vulnerabilidad en el sentido de salud, en el sentido económico, todos estos factores terminan, poco a poco, desgastando al ser humano hasta que lamentablemente muere”, agregó.

El director de La Fondita dijo que desde abril de este año se han triplicado los requerimientos de servicios de salud que ofrecen a las comunidades por medio de una unidad móvil que tienen.

Además, observó que desde el año pasado hay un aumento significativo en el uso de las instalaciones de La Fondita. Agregó que, desde abril de este año, el uso de los servicios básicos allí se duplicó, lo que incluye el uso de las duchas, la búsqueda de agua y productos de higiene. Además, las personas sin hogar que antes se iban luego de recibir los servicios, ahora están pernoctando en una sala común que tienen en el patio.

“Específicamente con el asunto del calor, [las personas sin hogar] se quedan más tiempo debajo de los abanicos, hidratándose, participando en las diferentes actividades. Usan más lo que vienen siendo las duchas”, sostuvo Maysonet Colón.

Méndez Lázaro aseguró que hace falta el protocolo para atender los efectos del calor en las personas sin hogar. “Estamos siendo reactivos, no proactivos”.

La única propuesta formal se ha hecho en Puerto Rico para atender este asunto la hizo el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. El grupo de científicos propone, dentro del plan que sometió a la Legislatura, el establecimiento de al menos un centro de enfriamiento por municipio.

El doctor Rafael Méndez Tejeda, climatólogo y miembro del CEACC, dijo que en primer lugar se debe mejorar el sistema eléctrico del País “para poder brindarle a la gente espacio en donde pudiesen mitigar el calor”. Además, explicó que se podrían usar rociadores de agua, como los que se utilizan en Europa y en parques de atracciones en Florida.

Mencionó, además, que los municipios pudiesen establecer lugares frescos en donde las personas puedan ir en las horas pico del calor.

“Tendríamos que mejorar el sistema energético para que la gente pueda usar el aire acondicionado y, si no tiene la posibilidad de un aire acondicionado, pueda ir a un centro comercial. Pero si la Autoridad de Energía [Eléctrica] o LUMA, nos dice: no pueden encender los aires acondicionados porque se consume mucha energía, pues también tenemos un grave problema”, advirtió.

“Las personas vulnerables, evidentemente, como siempre, son las más afectadas”, lamentó el climatólogo.

¿Qué se espera para los próximos meses?

Se espera que los meses de agosto y septiembre sean aún más calientes, según coincidieron los expertos Ernesto Morales, coordinador de Avisos del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, y Méndez Tejeda, catedrático de la Universidad de Puerto Rico.

Según Méndez Tejeda, podría haber muchos días con índices de calor de hasta 110 grados Fahrenheit.

“La razón de esto es que, si el agua que nos rodea no se enfría, no vamos a obtener una diferencia significativa”, explicó Morales.

Agregó que lo que ayuda a enfriar el océano son los huracanes, ya que al pasar un ciclón “empuja el agua caliente y sale agua más fría del fondo, lo que se conoce como afloramiento”.

“El problema es que hemos estado por tanto tiempo con estas aguas calientes que ya la profundidad de las aguas calientes ha crecido tanto que, por ejemplo, cuando pasó Beryl, no vimos ningún rastro de agua fría detrás de las áreas del afloramiento. Lo que quiere decir que no solamente el agua superficial está caliente, sino también las aguas profundas están calientes. Esto es muy preocupante porque no solamente nos afecta nuestras temperaturas, sino también afecta la vida marina”, dijo Morales.

Por otra parte, el agua caliente en el océano intensifica los huracanes, por lo que se proyecta que esta temporada de huracanes será hiperactiva, sostuvo.

“Los ciclones tropicales se alimentan y se intensifican a base de agua caliente. Lo que se necesita para que un sistema se intensifique o se organice son 80 grados o más. Y estamos hablando de que entre África y Puerto Rico las temperaturas están de 82 a 84 grados”, dijo.

“En las partes más llanitas, como La Parguera, [en Lajas] podemos ver que las temperaturas están en los 90 [grados Fahrenheit] o más, por tanto la energía está ahí. Si tenemos la energía en eso, pues podría estar afectando la intensificación de estos sistemas, a medida que pasan por nuestras aguas locales”, advirtió.

Luego del paso de la tormenta Ernesto, Puerto Rico experimentó días de mucho calor, como había pronosticado el SNM.

Por su parte, Méndez Tejeda aseguró que otro problema que influye en el calor extremo es el polvo del Sahara.

“El polvo del Sahara tiende a disminuir la precipitación. Y tiende a disminuir la precipitación, al igual que El Niño, pues hay más calor, las tormentas se forman menos, porque cuando se introduce el polvo del Sahara, éste absorbe la humedad”, explicó el climatólogo.

Mencionó que este polvo puede irritar los ojos y la piel y generar problemas respiratorios. Los expertos médicos sostienen que las personas que están mucho tiempo al aire libre — como las personas sin hogar — son las más afectadas y recomiendan estar en espacios cerrados cuando está presente esta condición climatológica.

Mientras tanto, Mayibel sigue luchando entre las botellas de agua que le obsequian para sobrevivir a la intemperie en los meses más calurosos del año.

Adolescente herido esta madrugada en residencial de Aguadilla

AGUADILLA: La Policía investiga un caso de agresión del que fue víctima un adolescente de 15 años, en hechos ocurridos en la madrugada del lunes en el estacionamiento del residencial Puesta del Sol, en esta ciudad del noroeste.

Se alega que, en medio de una discusión entre varios individuos por un presunto accidente de tránsito, que desembocó en una pelea, el menor fue acuchillado en el lado izquierdo del cuello.

El perjudicado fue llevado a un hospital de la zona, indicándose que su condición era estable.

El caso fue investigado inicialmente por el agente Antonio Avilés, del cuartel de Aguadilla, y referido luego al agente Milton Soto, de la División de Agresiones de Aguadilla.

Identifican hombre liquidado a tiros esta madrugada en Aguada

AGUADA: Como Heriberto Crespo Méndez, de 43 años, residente en el sector Quebrada Larga del barrio Cerro Gordo, fue identificado el hombre asesinado esta madrugada, en hechos reportados a las 2:40 a.m.

El infortunado fue ultimado de varios disparos en su residencia, donde vivía solo.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificó sobre una agresión en el lugar, acudiendo los agentes del cuartel aguadeño, localizando el cuerpo de Crespo Méndez.

Las circunstancias del crimen son investigadas por el agente Luis Seín, de la División de Homicidios de Aguadilla, y por la fiscal Paola Reyes.

Asesinato en Ponce

Por otro lado, las autoridades dieron cuenta de un asesinato ocurrido a las 6:37 de la tarde del domingo, en la calle 1 de la urbanización Nuevo Mameyes, en Ponce.

Los uniformados encontraron en la escena, el cadáver de Alexis Jafet Rodríguez Vega, de 27 años.

No se ofrecieron mayores detalles del crimen.

El agente Ángel López, de la División de Homicidios de Ponce, continúa con la pesquisa.

Otro asesinato en Santa Isabel

Por último, otra muerte violenta fu, reportada a las 12:40 en la madrugada del lunes en la entrada del Malecón de Santa Isabel.

Una llamada al cuartel santaisabelino alertó sobre unos disparos en el sitio. Los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre que no ha sido identificado.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, y el fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

Arrestan sujeto que amenazó con un cuchillo a un anciano en Aguadilla

AGUADILLA: Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía de Aguadilla detuvieron a José A. Hernández Tirado, residente en Isabela, contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza de $30 mil por los delitos de amenaza, maltrato a una persona de edad avanzada e infracciones a la Ley de Armas.

A este elemento se le imputa que usó un cuchillo con el que amenazó de muerte a un adulto mayor.

Un magistrado del Centro Judicial de Aguadilla encontró causa probable para arresto por el Artículo 177 de amenaza; Artículo 6.06 (portación y uso de armas blancas) de la Ley 168 de Armas; y dos cargos por maltrato a persona de edad avanzada.

Tras su arresto, Hernández Tirado fue llevado a la sala del juez Orlando Avilés Santiago, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce, luego de que el individuo no pagara la fianza que se le impuso.

La vista preliminar quedo señalada para el próximo 5 de septiembre.

El diligenciamiento estuvo a cargo por la agente Yeisha Soto Torres.

CPI: Salud se niega a hacer una lista de pacientes vulnerables durante apagones

Por Eliván Martínez Mercado | Centro de Periodismo Investigativo

LUMA, la empresa privatizadora del sistema de energía, urgió a que los pacientes conectados a aparatos eléctricos se registraran en una lista, cuando era inminente que la tormenta Ernesto causaría un nuevo apagón en Puerto Rico. “En este momento tenemos tres mil personas registradas con equipo de preservación de vida y eso es muy poquito”, dijo Juan Saca, presidente de la compañía, en una conferencia de prensa el 12 de agosto.

Alegó que LUMA les daría prioridad para devolverles la luz.

Aunque evadió responder si el Gobierno le había compartido información sobre esos pacientes vulnerables, aseguró que sólo tenía los datos de la lista que estaba levantando en ese momento durante la emergencia.

Siete años después del huracán María, que causó casi 3,000 muertes principalmente por falta de acceso a la electricidad, Puerto Rico carece de un sistema integrado de información que identifique quiénes son y dónde están las personas con necesidades especiales, como los electrodependientes, con el fin de socorrerlos antes, durante y después de los desastres. El Departamento de Salud (DS) ha optado por evitarse el trabajo de crear esa lista en vez de intentar hacerla para salvar vidas.

“En su momento deberíamos tener una única base de datos. Así que esa tiene que ser la meta”, reconoció el gobernador Pedro Pierluisi en la conferencia de prensa antes de que la tormenta Ernesto llegara. El CPI le había pedido una reacción ante el hecho de que LUMA hiciera un llamado a sus clientes vulnerables a marcar el 848-888-5862 para registrarse. Los municipios, el gobierno federal, el Departamento de Salud y organizaciones sin fines de lucro también han hecho esfuerzos por separado y descoordinados para crear la lista de personas que dependen de equipos eléctricos para vivir.

Estos pacientes no pueden contar con LUMA para su seguridad durante un desastre, porque su categoría “no se considera una prioridad de restauración”, según su Plan de Respuesta a Emergencias. Ese plan contradice las declaraciones de su presidente Juan Saca y de su portavoz Hugo Sorrentini, quienes afirmaron por separado que los electrodependientes iban a recibir prioridad luego de que la empresa atienda áreas críticas como las líneas de transmisión que estabilizan el sistema eléctrico y los hospitales.

En Puerto Rico, a pesar de la falta de un registro nacional, la Ley 152 del 19 de julio de 1998 permite a los pacientes recibir subsidios por consumo de energía con equipos necesarios para conservar la vida. Un informe de LUMA indica que unas 2,799 personas están acreditadas para recibirlo. Esto apenas representa el 6% de los pacientes identificados por emPOWER Program, una herramienta del gobierno federal que ofrece datos de los electrodependientes, y por el registro de infantes, niños y adolescentes del DS.

La base de datos nacional se pudo haber creado a partir del 2021, si el Senado hubiera aprobado el proyecto de ley P del S 281, que buscaba crear el registro de pacientes de diálisis y con necesidades especiales, con el fin de crear un plan que garantice su sobrevivencia.

Pero el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo durante las vistas públicas que esa responsabilidad debía recaer en los municipios. Los electrodependientes no solo son vulnerables durante los desastres naturales, sino siempre, dado el frágil sistema eléctrico de Puerto Rico, donde se va la luz con frecuencia sin que haya una tormenta.

Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública, también le sacó el cuerpo a que su agencia hiciera la lista, al sostener en las vistas públicas que ese trabajo debía recaer en los municipios y en el Departamento de Salud. El desacuerdo entre la Rama Ejecutiva estaba claro.

Nelson Torres Yordán, el entonces director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a mandatarios del Partido Popular Democrático (PPD), devolvió el balón a Mellado: “Esto es una facultad inherente al Departamento de Salud”, expresó. Y la Federación de Alcaldes, que reúne a los jefes de ayuntamientos del Partido Nuevo Progresista (PNP), añadió que el registro no debía ser impuesto a los municipios. Como los municipios y las agencias de salud y seguridad evadieron la responsabilidad, se colgó la legislación.

“Esto es un asunto de luchas y desacuerdos entre agencias estatales y de los municipios”, dijo Ralph Rivera, principal investigador del Centro de Preparación en Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, en respuesta al fracaso del proyecto de ley. “Si tuviéramos ese registro, en teoría no hubiera que improvisar después del desastre”.

La medida bipartita, de los senadores Gregorio Matías (PNP) y Gretchen Hau (PPD), buscaba que el Gobierno estuviera listo para no tener que solicitar esos datos a nadie durante una emergencia: precisamente evitar la posición en que estaba LUMA, haciendo una lista de pacientes vulnerables a veinticuatro horas de que llegara la tormenta Ernesto.

El tras bastidores de estas decisiones tomadas al interior del DS, que pueden significar la vida o la muerte para las personas, es ahora público, ya que el CPI accedió a miles de emails, informes y otros documentos tras una demanda de acceso a la información, presentada en diciembre de 2023. Estas comunicaciones demuestran que en la agencia hay un cuadro peligroso de desinformación, negligencia y falta de continuidad de las iniciativas necesarias para socorrer a los más vulnerables. Otros documentos sobre este mismo asunto se obtuvieron tras una petición de información al gobierno federal por medio del Freedom of Information Act (FOIA).

Apagón significa peligro

Flaquito, medio encorvado y de 21 años, Carlos Manuel Cruz le sonríe a su mamá, a la enfermera y al visitante. No ve, no habla, pero siente. Dibujó en el aire un sol imaginario con la mano derecha, y luego imitó los sonidos del galope de un caballo y del croar de un sapo. El síndrome de Klinefelter, condición genética que solo afecta a los hombres, había frenado el desarrollo de su cuerpo. Padece ceguera y dificultades para comprender qué sucede a su alrededor. Durante la primera semana de junio, estaba ajeno a que, en su casa, en el barrio Pasto de Coamo, se había interrumpido la electricidad. La explosión de un transformador de la red eléctrica que administra LUMA provocó un apagón en Coamo, Santa Isabel y Aibonito. Una semana después del paso de la tormenta Ernesto, su vecindario aún estaba a oscuras.

Cuando se va la luz, para los padres de Carlitos se activa una alerta de peligro. Tienen que “correr a prender una planta eléctrica o buscar gasolina”, explicó su madre, Lizzie Santiago. A Carlitos la epilepsia le provoca convulsiones y le baja la oxigenación, y tiene que recibir terapias con el concentrador de oxígeno, un aparato que depende de electricidad.

Mientras el Gobierno aún no ha creado el registro global de estos pacientes, el gobierno federal tiene disponible desde 2013 la base de datos emPOWER, que identifica a más de 44,000 electrodependientes en Puerto Rico. Esta lista es limitada: solo incluye a beneficiarios del programa de Medicare, que están conectados a alimentadores, camas de posiciones y máquinas de diálisis, entre otros equipos.

Durante las vistas públicas por el proyecto de ley que buscaba crear el registro de pacientes de diálisis y con necesidades especiales, el Secretario de Salud indicó que esa información ya la tenía emPOWER. Eran declaraciones engañosas.

Los documentos obtenidos tras la demanda del CPI confirman que el DS ha dado un uso muy limitado a esos datos y que ha incurrido en un patrón de errores con esa herramienta. El Secretario no dijo a los legisladores que su agencia obvió usar los datos de emPOWER durante el peor desastre natural en la historia moderna de Puerto Rico, la dupla de huracanes Irma y María. Y tampoco informó que, aunque solicitó al gobierno federal los datos de los pacientes identificados tras los terremotos de 2020, no los compartió con los funcionarios de primera respuesta municipales que estaban necesitados de información sobre quiénes eran y dónde estaban los electrodependientes. El problema se repitió en 2022 luego del huracán Fiona, que causó un apagón general.

El programa emPOWER publica datos agregados (sin identificar información personal de los pacientes), para que el gobierno pueda hacer planes de preparación y respuesta. Cuando hay una emergencia, entonces sí ofrece la información personal, para que los gobiernos estatales y municipales puedan identificar, localizar y rescatar a estas personas vulnerables. Desde antes del huracán María, el Departamento de Salud ha tenido oportunidades para adiestrarse sobre cómo funciona esa herramienta, según documentan los emails.

El exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, aseguró a Notiséis 360, en septiembre de 2019, que esa información no estaba disponible para el huracán María.

Según Rodríguez Mercado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS) “no se lo dejaba usar a los territorios y a algunos estados. Y por lo que pasó en María lo están dejando usar”.

La agencia federal desmintió tajantemente esas expresiones. “Esas declaraciones son incorrectas”, dijo un portavoz de HHS al CPI, y aseguró que los datos con identificadores individuales de los pacientes sí estaban disponibles.

Mellado y Shirley Esquilín, directora de la Oficina de Preparación y Coordinación en Respuesta de Salud Pública, no aceptaron peticiones de entrevista del CPI. La agencia aseguró por escrito que emPOWER solo le provee las direcciones de los pacientes dependientes de electricidad. Pero HHS envió otras declaraciones que desmienten esa aseveración: “los datos identificados, incluyendo nombres, direcciones y tipos de equipo que usan [los pacientes], han estado disponible para oficiales de estados y territorios desde 2013, para actividades de salvar vidas, en respuesta a los desastres, incluyendo huracanes”.

Para que Salud pueda compartir la información de pacientes particulares con los funcionarios de primera respuesta, estos deben firmar un acuerdo federal de intercambio de información y recibir un entrenamiento sobre la ley HIPAA, que protege la privacidad de los pacientes.

“No sé cuál es ese celo de Salud en guardar los datos, si no puede hacer nada solo. Si se pone a guardar los datos, entonces no está haciendo salud pública”, dijo al CPIMariola Rivera, una neumóloga pediátrica que ha sido vocal en la red social Twitter (X)sobre la importancia de usar esa información para atender a los electrodependientes.

“No es una cosa difícil hacer un curso de HIPAA. Te toma una mañana. Bien fácil. Salud tiene que aprender a delegar. ¿Por qué crear tanto problema y tanto obstáculo cuando puede ser algo tan sencillo? Es impresionante que llevemos tantos años peleando por una cosa tan sencilla”, añadió Rivera.

“A ciegas” las sin fines de lucro durante las emergencias

Dos importantes organizaciones sin fines de lucro, la Cruz Roja Americana y la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP), fueron a La Fortaleza el 5 de agosto de 2022, a recomendar precisamente lo que el Gobierno había rechazado un año antes: una lista sobre los pacientes con necesidades especiales.

Aunque una portavoz del Departamento de Salud indicó al CPI que desconoce de la recomendación de la Cruz Roja, la directora ejecutiva de esa organización de respuesta a desastres, Lee Feliciano, confirmó que le hicieron la recomendación en la reunión de La Fortaleza de ese 5 de agosto, hace dos años, ante funcionarios del DS y del NMEAD. Les pidieron una mejor estrategia de preparación y respuesta a los desastres. De uno de los emails obtenidos se desprende que al encuentro asistió Nivia Gerena, enlace de las poblaciones con necesidades funcionales y de acceso en el DS, Abner Torres, director del Área de Planificación del NMEAD, y Ciení Rodríguez, secretaria del Departamento de la Familia, entre otros.

El registro, según Feliciano, “no se puede empezar a hacer en medio del desastre”. Debe estar actualizado constantemente y alimentarse con bases de datos gubernamentales, privadas y de organizaciones sin fines de lucro, lo que se puede hacer en cumplimiento con la ley HIPAA, dijo. “Debe ser una herramienta para nosotros, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones como los departamentos de emergencia de los municipios, para ayudar a preparar mejor a esas familias cuando viene ese desastre. Sin la información es muy difícil hacerlo. Porque estamos actuando después del desastre y no antes”, añadió.

La Cruz Roja, al igual que el Gobierno, orienta a la población sobre la importancia de que cada individuo asuma responsabilidad por sí mismo y por su familia. “Esa educación a nivel general, que es mucho de lo que vemos, de preparación familiar y de cómo hacer la mochila de emergencias, está bien y es necesaria”, dijo al CPI Lee Feliciano. “Sin embargo hay unas poblaciones vulnerables que necesitan educación particularmente diseñada para ellos y ellas, como la comunidad de sordos y las personas encamadas. Y los cuidadores, que es gente que se agota. Hay que ver cómo ayudamos a esos cuidadores a estar mejor preparados para un desastre”, sostuvo. “Hubo personas de la comunidad sorda que se enteraron tarde de que venía el huracán María y de cuán potente era”.

José Acarón, director de AARP en Puerto Rico, manifestó su frustración cuando el CPI le preguntó por las listas. Su organización se había aliado al Departamento de Salud en 2015, dos años antes del huracán María, para colaborar en la creación del Registro de Poblaciones con Necesidades Funcionales y de Acceso. Los pacientes se inscribían de forma voluntaria, llamando a la línea de servicios gubernamentales 3-1-1.

La fallecida artista dominicopuertorriqueña Sandra Zaiter, quien quedó cuadrapléjica tras un trágico accidente en el mar en 1975, fue el rostro público de esa campaña. En 2016, con el cambio de gobierno, el DS abandonó la iniciativa, dijo Acarón.

“La única forma de atender esto es que haya voluntad desde arriba hacia abajo, desde el Gobierno de Puerto Rico, el federal, hasta los municipios. Y que sean las organizaciones sin fines de lucro las que ejecuten el plan. Pero están ciegas”, advirtió Acarón.

Salud le indicó al CPI que no administra este registro, sino que pertenece a Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1, adscrita al Departamento de Estado. “Según se nos ha informado, el Registro no se encuentra activo hace unos siete años aproximadamente. Es importante mencionar que ese registro no sustituía la responsabilidad y preparación individual. Cada residente debe desarrollar su propio plan de emergencias para su seguridad y la de su familia en caso de una emergencia”, dijo la portavoz de Salud.

Salud indicó que cuenta con el Registro de Niños Jóvenes Dependientes de Tecnología, creado después de los huracanes Irma y María en el 2017, que recoge datos de 299 menores de edad.

En su ponencia para el Proyecto del Senado 281, Mellado sostuvo que la actualización de los datos no podría hacerla su agencia porque no contaba con el recurso humano. La alegada necesidad de empleados contrasta con un patrón de uso de fondos públicos para contratar servicios profesionales de empresas de tecnología en esa agencia, con posibles cobros inflados y duplicidad de servicios, que poco han mejorado el rendimiento o datos disponibles en el DS, según una investigación del CPI.

En sus respuestas escritas al CPI, Salud sostuvo que ha desarrollado una visualización más amigable (“user friendly”) de los datos de emPower por municipio y por zona, sin identificar a los pacientes, además de un resumen general de datos agregados de esa plataforma que se actualiza mensualmente, para suministrar a las alcaldías.

Seis días después de que el CPI le enviara las preguntas al DS, el 7 de agosto de 2024, el Secretario de Salud emitió una orden que obliga a las aseguradoras a reportar mensualmente a cuántos pacientes conectados a equipos médicos le dan cubierta. Esa orden administrativa, sin embargo, no obliga a que, cuando haya una emergencia, las aseguradoras suministren a Salud los nombres, las direcciones y las condiciones de salud de los pacientes para poder identificarlos y socorrerlos antes y durante los desastres.

El registro global funciona en otros países

Una noche de diciembre de 2015, en la Provincia de Buenos Aires, Mauro Stefanizzi despertó al escuchar unos ruidos guturales. Fue hasta el cuarto de Joaquín, su hijo de un año que padecía patologías pulmonares crónicas, y se percató de que el concentrador de oxígeno no estaba funcionando. Había ocurrido un apagón. Stefanizzi cobró conciencia de que las interrupciones en el servicio eléctrico podían matar a su hijo, contó al CPI. Además, había aumentado el costo de la electricidad y a Stefanizzi se le hacía difícil pagarla. Comenzó a hacer activismo y a aparecer en medios de comunicación, se le unieron familias y nació la Asociación Argentina de Electrodependientes (AADED). Una de sus tareas fue abogar por que el Estado aprobara la ley 27.351, que estableció un registro de pacientes y garantizó que tengan electricidad de forma permanente, aunque los beneficios comenzaron a afectarse con la llegada del presidente Javier Milei, según denuncia la AADED.

Los pacientes se inscriben en una lista del Ministerio de Salud argentino, que la actualiza cada mes y la comparte con el Ministerio de Energía, que a su vez envía los datos a los gobiernos provinciales. Estos costean la totalidad de la electricidad de los pacientes, explicó Stefanizzi. “Al Estado argentino le cuesta menos pagar la luz al paciente en su casa que tenerlo en un hospital en terapia intensiva. Como parte de la ley, no se le puede cortar la luz”, añadió. El Gobierno argentino parte de la premisa de que, si las empresas eléctricas no pueden controlar los apagones, entonces son responsables de costear los equipos de resguardo, como baterías, para que los electrodependientes puedan conectar sus aparatos. “La empresa monitorea las casas por conexión remota y, si las baterías se están quedando sin carga, va a reemplazarlas y manda un generador eléctrico”.

Colombia y Chile también cuentan con registros de electrodependientes

El 18 de junio de 2024, en una conferencia de prensa celebrada en respuesta a losapagones continuos y masivos de ese mes, el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente delColegio de Médicos y Cirujanos, sostuvo que las interrupciones del servicio eléctricoagravan la crisis salubrista de Puerto Rico. Estos retrasan los tratamientos, las cirugíasy las pruebas de laboratorio de la población en general, y sobrecargan los hospitalespor causa de los electrodependientes que llegan por no tener energía en sus casas.

Los galenos recomendaron a Pierluisi un plan para que la crisis energética no afecte más la salud pública, lo que incluye crear un censo sobre los dependientes de electricidad.

Comentarios a emartinez@periodismoinvestigativo.com

Esta investigación es posible en parte con el apoyo de Hispanic Federation y The Fund for Investigative Journalism.

Acusan fémina que escaló y hurtó un carro del “dealer” Nissan de Aguadilla

AGUADILLA: Agentes de la División de Vehículos Hurtados y del cuartel de Aguadilla sometieron denuncias por hurtar un vehículo, escalamiento, apropiación ilegal y violar la Ley de Sustancias Controladas, contra Grace M. Pérez Esponda, de 31 años, vecina de esta municipalidad.

Los hechos que se le imputan a Pérez Esponda ocurrieron durante la noche de este pasado viernes, 16 de agosto, en Nissan de Aguadilla.

Se alega que Pérez Esponda cargó con un monitor de computadora, una aspiradora, productos para limpieza de autos, un taladro de baterías con su cargador y carro Nissan Versa del 2024, que manejaba al momento de ser arrestada por los agentes.

La detención se produjo a las 5:00 de la tarde del sábado en un tramo de la carretera 107 de Aguadilla. En medio de la intervención, a la imputada le ocuparon varias bolsitas de cocaína y parafernalia.

Los agentes Joel Villanueva, de Vehículos Hurtados, y Rubén Hernández, del cuartel aguadillano, consultaron con el fiscal Rufino Jiménez, quien autorizó someter las denuncias.

El juez Rolando Matos determinó causa probable para arresto contra la detenida, imponiéndole una fianza de $50 mil, que no prestó. Aparte de eso, también se diligenció una orden de arresto que la imputada tenía pendiente por otro caso de drogas.

Pérez Esponda quedó sumariada en el Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar fue señalada para el próximo 27 de agosto.

A ciegas el restablecimiento de la energía eléctrica en Puerto Rico durante las emergencias

Por Wilma Maldonado, Luis Joel Méndez González, Damaris Suárez y Omaya Sosa Pascual / Centro de Periodismo Investigativo

Casi la mitad de los municipios de Puerto Rico tuvieron a todos sus barrios simultáneamente sin electricidad durante o después del paso de la tormenta Ernesto, que apenas tocó la Isla, sino que se trasladó entre 35 a 40 millas al norte de San Juan.

De los municipios que han estado a oscuras, varios son del área oeste o suroeste, que fue la región donde menos se sintieron los vientos.

Tres días después del evento, LUMA Energy, la compañía privada a cargo de la transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico, no ha explicado las causas para la interrupción eléctrica tan generalizada a consecuencia de la tormenta Ernesto, que se mantuvo en el Océano Atlántico con vientos de cerca de 55 millas por hora. Tampoco ha dado un estimado de cuándo se restablecerá el servicio cuya interrupción dejó sin electricidad a la mitad de la población.

Juan Saca, presidente de LUMA, reconoció que no “hemos visto nada catastrófico que haya pasado” en el sistema eléctrico, pero sí “mucho daño por todo el sistema” por árboles caídos sobre líneas y equipo derribado por “el tema del clima”. Dijo que todavía están “en el proceso de entender dónde hay más daños” al tiempo que mostraba complacencia de que presuntamente había casi 400,000 clientes sin luz el jueves, de más de 700,000 que había la noche anterior. “Se ha reducido dramáticamente el número de clientes sin servicio…Así es que vamos bien en cuanto a la recuperación”.

“Hasta que no terminemos esa evaluación no podemos darle al Pueblo de Puerto Rico una hora o fecha específica [de cuándo se restaurará el sistema]”, dijo Saca en conferencia de prensa mientras el gobernador Pedro Pierluisi, que estaba a su lado, le ayudaba a completar la contestación al periodista diciéndole que lo importante era que se estuviese “aumentando el número de personas con servicio”, y el presidente de la empresa repetía en el micrófono lo que Pierluisi le decía.

El viernes, al otro día de esa conferencia de prensa, LUMA dijo que aspiraba a tener para el domingo el 90% del servicio restablecido.

El Gobernador se mostró molesto cuando el CPI le preguntó en conferencia de prensa a qué se debe la lentitud en el proceso de recuperación del sistema eléctrico, específicamente en la región de Carolina, que en la página de LUMA no se indica qué municipios incluye, y donde ayer el porcentaje de clientes sin servicio al momento de la conferencia de prensa (1:55 p.m.) era de 60%, para 85,555. Hoy viernes, a las 9:35 de la mañana, era de 93%, para 131,799 clientes. Por cada cliente sin servicio, podría haber tres personas necesitadas de electricidad, tomando en cuenta que ese es el promedio de residentes que vive en los hogares de Puerto Rico, según la más reciente Encuesta Sobre la Comunidad.

“Algo que yo voy a decir por sentido común es que sabemos que el área Este fue el área mayormente impactada por los vientos de fuerza de tormenta tropical y en algunos casos hasta fuerza de vientos huracanados […] Digo esto porque no me sorprende que en el área este se esté tardando más el restablecer el servicio”, dijo el gobernador. Los municipios de la zona este recibieron entre tres y diez pulgadas de lluvia.

En un recorrido por los municipios de la región de Carolina el CPI pudo constatar que gran parte del impacto en la red eléctrica se relaciona a la falta de mantenimiento de las líneas, muchas de ellas enredadas en árboles y ramas. El director de operaciones de líneas de la región centro-sur de LUMA, Alejandro González, reconoció que allí “hay un problema de vegetación, el sistema está perdido, no hay control de vegetación. Estamos trabajando [con el problema]”.

González añadió que hace tres años comenzaron a trabajar con el manejo de la vegetación.

Por su parte, Juan Saca indicó que “el problema es que debajo de las líneas hay árboles que crecieron por décadas” e hizo énfasis en que “hay que despejar antes de poder comenzar a mantener las líneas”.

No se enteran

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) llamó a todos los alcaldes y alcaldesas de los 78 municipios para conocer cómo habían experimentado las interrupciones en sus barrios ante la falta de claridad de los mapas provistos por LUMA en su página electrónica y las imprecisiones del Gobierno, que se ha mantenido manos afuera en la respuesta del restablecimiento del servicio y en la exigencia de cuentas al operador privado.

Ni LUMA ni el Gobierno de Puerto Rico han dado información exacta sobre la energización de los municipios y el porcentaje de clientes con servicio por pueblo, como acostumbraba a hacer la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Incluso, el director de prensa y medios digitales de LUMA, Hugo Sorrentini, dijo al CPI que la compañía no tiene la capacidad de saber cómo está el servicio eléctrico en cada municipio. Esto pese a que los alcaldes y el personal municipal necesitan esa información porque son la primera línea de respuesta y apoyo a los ciudadanos durante emergencias.

“Ahora mismo no tengo el dato de cuáles puedan ser esos municipios [sin servicio Eléctrico]”, dijo Sorrentini.

Cuando se le planteó que había decenas de alcaldes que afirmaban que sus municipios quedaron 100% sin electricidad, Sorrentini dijo que era posible que eso hubiese ocurrido, pero se sostuvo en que LUMA no podía identificar cuáles eran esos municipios que quedaron completamente a oscuras, aunque aceptó que LUMA sí tiene esos datos que surgen de los alimentadores, pero aseguró que no los organizan por municipio.

La AEE actualizaba esta información cuando había apagones por situaciones de emergencia.

El miércoles, mientras Ernesto se alejaba de la costa noreste, el CPI le solicitó a Sorrentini el desglose por municipio de los 750,000 clientes que la compañía alegaba que no tenían servicio, y este dijo que LUMA no podía proveer esa información porque no la tenía recopilada de esa manera. Según explicó, el sistema cuenta con un total de 1,127 alimentadores distribuidos en seis regiones y estas líneas — que sirven a entre 500 y 10,000 abonados cada una — cruzan municipios.

Aseguró que, para saber cómo se distribuyen estos clientes por municipio, tendrían que verificar uno por uno los 1,127 alimentadores y recoger manualmente la información, lo cual tomaría mucho tiempo.

“No tenemos estadísticas por municipio porque el sistema corre por regiones operacionales, porque los alimentadores de las líneas que van desde los alimentadores hasta las comunidades recorren varios municipios”, indicó. “Hasta que no tengamos esos contadores inteligentes no podemos saber cuántos contadores hay y dónde están”, añadió.

La instalación de 1.5 millones de contadores inteligentes tomaría por lo menos tres años a un costo de $875 millones.

Sin embargo, el exdirector ejecutivo interino de la AEE, Justo González, dijo al CPI que LUMA tiene la capacidad de enterarse en tiempo real de la situación del sistema por municipio. Por ejemplo, explicó que la compañía eléctrica dispone de un equipo de recolección de datos que, entre otras cosas, tiene la capacidad para asociar el número de teléfono del cliente que llama para poner una querella con el número de contador y que esa información se registra en un centro de información que está en las mismas subestaciones y de ahí al área comercial, donde está toda la información de los clientes.

LUMA anunció el miércoles que no recibiría más querellas de interrupción de servicio de los ciudadanos mediante su página web y su aplicación móvil, según publicó Metro. No se explicó por qué se tomó esa determinación y pidió a las personas afectadas que llamaran por teléfono al 1-844-888-5862.

Sin luz en todos los puntos cardinales

De los más de 60 ejecutivos municipales que respondieron al CPI personalmente o por medio de sus portavoces, 30 dijeron que tuvieron a sus municipios en un 100% sin servicio eléctrico en algún momento, y en muchos casos, durante varias horas. En el caso de Patillas y Canóvanas, el CPI encontró en páginas de Facebook, como la de la alcaldesa o el propio ayuntamiento, que también estuvieron sin el servicio en su totalidad. Fajardo y Lajas lo hicieron público en varios medios.

Otros 17 municipios tuvieron entre 60% y 95% de sus barrios sin luz en algún momento desde el martes que inició el paso de la tormenta, y el jueves. Los alcaldes aclararon que los porcentajes son estimados de acuerdo a los reportes que recibieron de la gente y las visitas del personal municipal y de los propios ejecutivos municipales a los barrios.

San Juan, la ciudad capital, tuvo aproximadamente 40% de la población sin servicio eléctrico, según un portavoz de prensa del alcalde Miguel Romero.

Los más afortunados fueron los municipios de Cataño, Toa Baja y Manatí, que informaron haber tenido solo un 1%, 3% y 10%, respectivamente, de sus residentes sin luz.

La mayoría de los municipios que se quedaron totalmente a oscuras están en la región central y este de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra.

Varios alcaldes, como el de Dorado, el popular Carlos López, se quejaron a través de los medios de comunicación de que la coordinación con LUMA ha sido ineficiente, pues los ejecutivos municipales han citado para reuniones virtuales por la plataforma Zoom, en las cuales solo hablan representantes de la empresa y no se les permite presentar sus preguntas o prioridades, sino que se les sugiere enviarlas por correo electrónico.

Los oficiales de prensa de los municipios de Ponce y de San Juan, Eduardo Questell y Aníbal Jover, escribieron por separado al CPI que la comunicación con LUMA ha sido nula. La directora de la Oficina de Planificación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico de Loíza, Yeidy Mar Escobar Del Valle, dijo lo mismo.

El alcalde penepé de Aibonito, William Alicea Pérez, afirmó que el miércoles nadie en el pueblo tenía servicio eléctrico. Completamente apagados estaban también sus vecinos de Coamo, Salinas, Cayey, Cidra, Comerío y Barranquitas.

El alcalde popular de Coamo, Juan Carlos García Padilla, informó que a las 5:00 a.m. del miércoles, el 100% del municipio se quedó sin luz debido a que colapsó la línea de respaldo (numerada 4800).

El alcalde penepé de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, dijo que, aunque inicialmente se le indicó que la falta de energía fue provocada por el sistema de autoprotección, entendía que la situación se había tornado más compleja porque los vientos que soplaron durante el día tumbaron algunos tendidos y postes.

“Aquí ha habido mucha lluvia, pero poco viento. No hay ninguna razón para que el 100% de mi ciudad esté sin servicio. No ha habido ninguna comunicación de LUMA dirigida a decirnos la condición del sistema, anticipar los planes de cuándo regresa el servicio. Esa es mi frustración, porque parece que no aprendimos de Fiona, que precisamente por eso fue que los municipios entramos a levantar la red”, dijo el alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández, quien además preside la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

De manera similar se expresó el ejecutivo municipal popular de Juana Díaz, Ramón Antonio Hernández, que tuvo a más de la mitad de los residentes sin el servicio eléctrico desde la madrugada del miércoles. “La entrega total de la AEE a compañías privadas, a hacer trabajos chapuceros”, respondió el alcalde cuando se le preguntó cuál ha sido la causa de la falta de servicio eléctrico. “La incompetencia que ha demostrado LUMA” porque, según dijo, no observó en su pueblo postes caídos que provocaran la interrupción del servicio o retrasarán su restablecimiento.

Municipios de la región oeste, que fue donde menos se sintieron los vientos con fuerza de tormenta, también perdieron el servicio entre un 50% y 100% de sus territorios.

“La realidad es que aquí, en Lajas, los daños [al sistema eléctrico] fueron prácticamente mínimos, nada que no se hubiese podido resolver en menos de 24 horas, pero, pues así opera LUMA”, expresó el alcalde penepé de Lajas y exempleado de la AEE, Jayson Martínez, en su página personal de Facebook. “Es frustrante como esta compañía, la cual tiene un montón de millones de dólares para fortalecer un sistema de energía eléctrica y que quede mejor, pues sin que pasara nada, ya llevamos dos días sin servicio de energía eléctrica”, se quejó.

Por el contrario, el alcalde popular de Hormigueros, Pedro García, atribuyó la falta de servicio eléctrico en su pueblo a que este se suple de la subestación de Las Acacias que se encuentra en un sector inundable y que además es muy vieja por lo que siempre que hay lluvias fuertes se va el servicio eléctrico.

El alcalde popular de Arroyo, Eric E. Bachier Román, informó que el servicio de energía en su municipio fue interrumpido en el 85% del pueblo desde las 2:00 de la mañana del miércoles hasta aproximadamente las 7:30 de la noche de ese mismo día. Rincón experimentó hasta un 90% de clientes sin luz, indicó un portavoz del alcalde popular, Carlos López Bonilla.

El alcalde popular de Arecibo, Carlos Ramírez, indicó que, en la noche del martes y madrugada del miércoles, más de la mitad de la población tenía energía eléctrica en sus hogares, pero que el jueves el número de personas sin luz aumentó a cerca del 80%.

Las fluctuaciones en el voltaje en Arecibo provocaron daños en el motor y fusibles de la estación de bombas Dos Millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lo que ocasionó que dejara de operar y dejó a miles de clientes sin agua en sectores de Arecibo y Hatillo.

La falta de energía eléctrica también provocó la interrupción del servicio de agua potable en varios sectores de todos los municipios. El viernes 257,000 clientes de la AAA seguían sin el servicio de agua potable en sus hogares, según expresó la directora ejecutiva de la corporación pública Doriel Pagán a El Vocero.

Pagán indicó que de 50 plantas de filtración que están en operación, 31 operaban con generadores.

La mayoría de los alcaldes y alcaldesas no sabían a ciencia cierta por qué en sus pueblos falló el servicio eléctrico total o parcialmente. Algunos ejecutivos municipales, como el de Sabana Grande, el de Aibonito y el de Comerío, mencionaron el colapso de líneas de distribución como la razón para la falta de energía eléctrica en sus pueblos. El jueves en la noche hubo un fuego en una subestación de Carolina que volvió a dejar a la gente sin luz después de que ya tenían el servicio. Otra avería afectó anoche a sectores de Hatillo y Arecibo.

“Imagínate que viniera un huracán de verdad. Estaríamos meses y meses sin energía eléctrica”, expresó el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, quien aspira a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad.

Los periodistas José M. Encarnación, Eliván Martínez y Vanessa Colón Almenas contribuyeron en esta historia.

Por Wilma Maldonado, Luis Joel Méndez González, Damaris Suárez y Omaya Sosa Pascual / Centro de Periodismo Investigativo

Casi la mitad de los municipios de Puerto Rico tuvieron a todos sus barrios simultáneamente sin electricidad durante o después del paso de la tormenta Ernesto, que apenas tocó la Isla, sino que se trasladó entre 35 a 40 millas al norte de San Juan.

De los municipios que han estado a oscuras, varios son del área oeste o suroeste, que fue la región donde menos se sintieron los vientos.

Tres días después del evento, LUMA Energy, la compañía privada a cargo de la transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico, no ha explicado las causas para la interrupción eléctrica tan generalizada a consecuencia de la tormenta Ernesto, que se mantuvo en el Océano Atlántico con vientos de cerca de 55 millas por hora. Tampoco ha dado un estimado de cuándo se restablecerá el servicio cuya interrupción dejó sin electricidad a la mitad de la población.

Juan Saca, presidente de LUMA, reconoció que no “hemos visto nada catastrófico que haya pasado” en el sistema eléctrico, pero sí “mucho daño por todo el sistema” por árboles caídos sobre líneas y equipo derribado por “el tema del clima”. Dijo que todavía están “en el proceso de entender dónde hay más daños” al tiempo que mostraba complacencia de que presuntamente había casi 400,000 clientes sin luz el jueves, de más de 700,000 que había la noche anterior. “Se ha reducido dramáticamente el número de clientes sin servicio…Así es que vamos bien en cuanto a la recuperación”.

“Hasta que no terminemos esa evaluación no podemos darle al Pueblo de Puerto Rico una hora o fecha específica [de cuándo se restaurará el sistema]”, dijo Saca en conferencia de prensa mientras el gobernador Pedro Pierluisi, que estaba a su lado, le ayudaba a completar la contestación al periodista diciéndole que lo importante era que se estuviese “aumentando el número de personas con servicio”, y el presidente de la empresa repetía en el micrófono lo que Pierluisi le decía.

El viernes, al otro día de esa conferencia de prensa, LUMA dijo que aspiraba a tener para el domingo el 90% del servicio restablecido.

El Gobernador se mostró molesto cuando el CPI le preguntó en conferencia de prensa a qué se debe la lentitud en el proceso de recuperación del sistema eléctrico, específicamente en la región de Carolina, que en la página de LUMA no se indica qué municipios incluye, y donde ayer el porcentaje de clientes sin servicio al momento de la conferencia de prensa (1:55 p.m.) era de 60%, para 85,555. Hoy viernes, a las 9:35 de la mañana, era de 93%, para 131,799 clientes. Por cada cliente sin servicio, podría haber tres personas necesitadas de electricidad, tomando en cuenta que ese es el promedio de residentes que vive en los hogares de Puerto Rico, según la más reciente Encuesta Sobre la Comunidad.

“Algo que yo voy a decir por sentido común es que sabemos que el área Este fue el área mayormente impactada por los vientos de fuerza de tormenta tropical y en algunos casos hasta fuerza de vientos huracanados […] Digo esto porque no me sorprende que en el área este se esté tardando más el restablecer el servicio”, dijo el gobernador. Los municipios de la zona este recibieron entre tres y diez pulgadas de lluvia.

En un recorrido por los municipios de la región de Carolina el CPI pudo constatar que gran parte del impacto en la red eléctrica se relaciona a la falta de mantenimiento de las líneas, muchas de ellas enredadas en árboles y ramas. El director de operaciones de líneas de la región centro-sur de LUMA, Alejandro González, reconoció que allí “hay un problema de vegetación, el sistema está perdido, no hay control de vegetación. Estamos trabajando [con el problema]”.

González añadió que hace tres años comenzaron a trabajar con el manejo de la vegetación.

Por su parte, Juan Saca indicó que “el problema es que debajo de las líneas hay árboles que crecieron por décadas” e hizo énfasis en que “hay que despejar antes de poder comenzar a mantener las líneas”.

No se enteran

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) llamó a todos los alcaldes y alcaldesas de los 78 municipios para conocer cómo habían experimentado las interrupciones en sus barrios ante la falta de claridad de los mapas provistos por LUMA en su página electrónica y las imprecisiones del Gobierno, que se ha mantenido manos afuera en la respuesta del restablecimiento del servicio y en la exigencia de cuentas al operador privado.

Ni LUMA ni el Gobierno de Puerto Rico han dado información exacta sobre la energización de los municipios y el porcentaje de clientes con servicio por pueblo, como acostumbraba a hacer la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Incluso, el director de prensa y medios digitales de LUMA, Hugo Sorrentini, dijo al CPI que la compañía no tiene la capacidad de saber cómo está el servicio eléctrico en cada municipio. Esto pese a que los alcaldes y el personal municipal necesitan esa información porque son la primera línea de respuesta y apoyo a los ciudadanos durante emergencias.

“Ahora mismo no tengo el dato de cuáles puedan ser esos municipios [sin servicio Eléctrico]”, dijo Sorrentini.

Cuando se le planteó que había decenas de alcaldes que afirmaban que sus municipios quedaron 100% sin electricidad, Sorrentini dijo que era posible que eso hubiese ocurrido, pero se sostuvo en que LUMA no podía identificar cuáles eran esos municipios que quedaron completamente a oscuras, aunque aceptó que LUMA sí tiene esos datos que surgen de los alimentadores, pero aseguró que no los organizan por municipio.

La AEE actualizaba esta información cuando había apagones por situaciones de emergencia.

El miércoles, mientras Ernesto se alejaba de la costa noreste, el CPI le solicitó a Sorrentini el desglose por municipio de los 750,000 clientes que la compañía alegaba que no tenían servicio, y este dijo que LUMA no podía proveer esa información porque no la tenía recopilada de esa manera. Según explicó, el sistema cuenta con un total de 1,127 alimentadores distribuidos en seis regiones y estas líneas — que sirven a entre 500 y 10,000 abonados cada una — cruzan municipios.

Aseguró que, para saber cómo se distribuyen estos clientes por municipio, tendrían que verificar uno por uno los 1,127 alimentadores y recoger manualmente la información, lo cual tomaría mucho tiempo.

“No tenemos estadísticas por municipio porque el sistema corre por regiones operacionales, porque los alimentadores de las líneas que van desde los alimentadores hasta las comunidades recorren varios municipios”, indicó. “Hasta que no tengamos esos contadores inteligentes no podemos saber cuántos contadores hay y dónde están”, añadió.

La instalación de 1.5 millones de contadores inteligentes tomaría por lo menos tres años a un costo de $875 millones.

Sin embargo, el exdirector ejecutivo interino de la AEE, Justo González, dijo al CPI que LUMA tiene la capacidad de enterarse en tiempo real de la situación del sistema por municipio. Por ejemplo, explicó que la compañía eléctrica dispone de un equipo de recolección de datos que, entre otras cosas, tiene la capacidad para asociar el número de teléfono del cliente que llama para poner una querella con el número de contador y que esa información se registra en un centro de información que está en las mismas subestaciones y de ahí al área comercial, donde está toda la información de los clientes.

LUMA anunció el miércoles que no recibiría más querellas de interrupción de servicio de los ciudadanos mediante su página web y su aplicación móvil, según publicó Metro. No se explicó por qué se tomó esa determinación y pidió a las personas afectadas que llamaran por teléfono al 1-844-888-5862.

Sin luz en todos los puntos cardinales

De los más de 60 ejecutivos municipales que respondieron al CPI personalmente o por medio de sus portavoces, 30 dijeron que tuvieron a sus municipios en un 100% sin servicio eléctrico en algún momento, y en muchos casos, durante varias horas. En el caso de Patillas y Canóvanas, el CPI encontró en páginas de Facebook, como la de la alcaldesa o el propio ayuntamiento, que también estuvieron sin el servicio en su totalidad. Fajardo y Lajas lo hicieron público en varios medios.

Otros 17 municipios tuvieron entre 60% y 95% de sus barrios sin luz en algún momento desde el martes que inició el paso de la tormenta, y el jueves. Los alcaldes aclararon que los porcentajes son estimados de acuerdo a los reportes que recibieron de la gente y las visitas del personal municipal y de los propios ejecutivos municipales a los barrios.

San Juan, la ciudad capital, tuvo aproximadamente 40% de la población sin servicio eléctrico, según un portavoz de prensa del alcalde Miguel Romero.

Los más afortunados fueron los municipios de Cataño, Toa Baja y Manatí, que informaron haber tenido solo un 1%, 3% y 10%, respectivamente, de sus residentes sin luz.

La mayoría de los municipios que se quedaron totalmente a oscuras están en la región central y este de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra.

Varios alcaldes, como el de Dorado, el popular Carlos López, se quejaron a través de los medios de comunicación de que la coordinación con LUMA ha sido ineficiente, pues los ejecutivos municipales han citado para reuniones virtuales por la plataforma Zoom, en las cuales solo hablan representantes de la empresa y no se les permite presentar sus preguntas o prioridades, sino que se les sugiere enviarlas por correo electrónico.

Los oficiales de prensa de los municipios de Ponce y de San Juan, Eduardo Questell y Aníbal Jover, escribieron por separado al CPI que la comunicación con LUMA ha sido nula. La directora de la Oficina de Planificación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico de Loíza, Yeidy Mar Escobar Del Valle, dijo lo mismo.

El alcalde penepé de Aibonito, William Alicea Pérez, afirmó que el miércoles nadie en el pueblo tenía servicio eléctrico. Completamente apagados estaban también sus vecinos de Coamo, Salinas, Cayey, Cidra, Comerío y Barranquitas.

El alcalde popular de Coamo, Juan Carlos García Padilla, informó que a las 5:00 a.m. del miércoles, el 100% del municipio se quedó sin luz debido a que colapsó la línea de respaldo (numerada 4800).

El alcalde penepé de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, dijo que, aunque inicialmente se le indicó que la falta de energía fue provocada por el sistema de autoprotección, entendía que la situación se había tornado más compleja porque los vientos que soplaron durante el día tumbaron algunos tendidos y postes.

“Aquí ha habido mucha lluvia, pero poco viento. No hay ninguna razón para que el 100% de mi ciudad esté sin servicio. No ha habido ninguna comunicación de LUMA dirigida a decirnos la condición del sistema, anticipar los planes de cuándo regresa el servicio. Esa es mi frustración, porque parece que no aprendimos de Fiona, que precisamente por eso fue que los municipios entramos a levantar la red”, dijo el alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández, quien además preside la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

De manera similar se expresó el ejecutivo municipal popular de Juana Díaz, Ramón Antonio Hernández, que tuvo a más de la mitad de los residentes sin el servicio eléctrico desde la madrugada del miércoles. “La entrega total de la AEE a compañías privadas, a hacer trabajos chapuceros”, respondió el alcalde cuando se le preguntó cuál ha sido la causa de la falta de servicio eléctrico. “La incompetencia que ha demostrado LUMA” porque, según dijo, no observó en su pueblo postes caídos que provocaran la interrupción del servicio o retrasarán su restablecimiento.

Municipios de la región oeste, que fue donde menos se sintieron los vientos con fuerza de tormenta, también perdieron el servicio entre un 50% y 100% de sus territorios.

“La realidad es que aquí, en Lajas, los daños [al sistema eléctrico] fueron prácticamente mínimos, nada que no se hubiese podido resolver en menos de 24 horas, pero, pues así opera LUMA”, expresó el alcalde penepé de Lajas y exempleado de la AEE, Jayson Martínez, en su página personal de Facebook. “Es frustrante como esta compañía, la cual tiene un montón de millones de dólares para fortalecer un sistema de energía eléctrica y que quede mejor, pues sin que pasara nada, ya llevamos dos días sin servicio de energía eléctrica”, se quejó.

Por el contrario, el alcalde popular de Hormigueros, Pedro García, atribuyó la falta de servicio eléctrico en su pueblo a que este se suple de la subestación de Las Acacias que se encuentra en un sector inundable y que además es muy vieja por lo que siempre que hay lluvias fuertes se va el servicio eléctrico.

El alcalde popular de Arroyo, Eric E. Bachier Román, informó que el servicio de energía en su municipio fue interrumpido en el 85% del pueblo desde las 2:00 de la mañana del miércoles hasta aproximadamente las 7:30 de la noche de ese mismo día. Rincón experimentó hasta un 90% de clientes sin luz, indicó un portavoz del alcalde popular, Carlos López Bonilla.

El alcalde popular de Arecibo, Carlos Ramírez, indicó que, en la noche del martes y madrugada del miércoles, más de la mitad de la población tenía energía eléctrica en sus hogares, pero que el jueves el número de personas sin luz aumentó a cerca del 80%.

Las fluctuaciones en el voltaje en Arecibo provocaron daños en el motor y fusibles de la estación de bombas Dos Millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lo que ocasionó que dejara de operar y dejó a miles de clientes sin agua en sectores de Arecibo y Hatillo.

La falta de energía eléctrica también provocó la interrupción del servicio de agua potable en varios sectores de todos los municipios. El viernes 257,000 clientes de la AAA seguían sin el servicio de agua potable en sus hogares, según expresó la directora ejecutiva de la corporación pública Doriel Pagán a El Vocero.

Pagán indicó que de 50 plantas de filtración que están en operación, 31 operaban con generadores.

La mayoría de los alcaldes y alcaldesas no sabían a ciencia cierta por qué en sus pueblos falló el servicio eléctrico total o parcialmente. Algunos ejecutivos municipales, como el de Sabana Grande, el de Aibonito y el de Comerío, mencionaron el colapso de líneas de distribución como la razón para la falta de energía eléctrica en sus pueblos. El jueves en la noche hubo un fuego en una subestación de Carolina que volvió a dejar a la gente sin luz después de que ya tenían el servicio. Otra avería afectó anoche a sectores de Hatillo y Arecibo.

“Imagínate que viniera un huracán de verdad. Estaríamos meses y meses sin energía eléctrica”, expresó el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, quien aspira a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad.

Los periodistas José M. Encarnación, Eliván Martínez y Vanessa Colón Almenas contribuyeron en esta historia.

Arrestan uno de los más buscados del área de Aguadilla

AGUADILLA: Un sujeto contra el que pesaba dos órdenes de arresto con $560 mil de fianza fue detenido por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de la región noroeste.

El arrestado fue identificado como Eddie M. Rosario Quiñones, de 32 años, residente en San Sebastián, figuraba en la lista de los 10 más buscados del área policíaca de Aguadilla.

Rosario Quiñones debe responder por cargos por violar las leyes de Sustancias Controladas y Violencia Doméstica. Las órdenes de arresto fueron expedidas por el juez Orlando Avilés Santiago. 

El individuo no prestó la fianza impuesta, quedando sumariado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.

El arresto fue diligenciado por los agentes Frank López y Emmanuel Cortés.