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Los miembros de la Junta de Control Fiscal.

Por: Iván Vargas Muñiz, presidente del Capítulo de Mayagüez de la UIA-AAA

Desde que se comenzó a hablar de establecer una Junta para controlar los gastos del Gobierno, distintos conocedores de estos temas y líderes obreros, comenzamos a expresar nuestra oposición, porque estábamos conscientes de que la misma sería únicamente con la intención de cobrar la deuda con los bonistas y no aportaría en nada a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Conocíamos de lo ocurrido en ciudades como Detroit, donde el establecimiento de una Junta idéntica a la que se estaba mencionando para Puerto Rico, fue detrimental para los ciudadanos de dicha ciudad.

Allí, las decisiones tomadas por dicha Junta, provocaron una gran emigración de ciudadanos a otras ciudades y estados de la Nación Americana. De hecho, una de las decisiones que se tomaron en la ciudad provocó la contaminación con plomo del agua potable, al decidir cambiar la fuente de abasto que utilizaba la Planta de Filtración de Agua de la ciudad.

En aquellos momentos, sectores políticos y hasta algunos de esos que dicen ser economistas, promovían que en Puerto Rico se estableciera una Junta de Control Fiscal, como la que tenemos hoy. Las voces de los que nos oponíamos y de los que la respaldaban sonaban día a día en distintos medios de comunicación y a través de las redes sociales.

Recuerdo que los argumentos para justificar la imposición de dicha Junta de muchos era que meterían preso a los políticos que nos trajeron a esta crisis, y que se le pondría fin a los contratos de los amigos y allegados.

Los que nos oponíamos, siempre hablamos de que un ente fiscal como el que se pretendía establecer por el Congreso, nos traería una difícil situación económica, no solo para el Gobierno, sino que los trabajadores sufriríamos los peores embates de las medidas que se implementen producto de la imposición de dicha Junta.

Y llegó el Cuco… El pasado miércoles, 8 de marzo, luego de que el Gobierno presentara un plan fiscal, dentro del cual contenía medidas detrimentales para el pueblo, como la retasación de la propiedad, la reducción de entre un 6 por ciento y un 24 por ciento de las pensiones, el aumento en marbetes, ACAA y otros, la Junta saca una supuesta recomendación de reducir la jornada laboral a todos los empleados públicos. Al día siguiente sale a la luz pública otra serie de recomendaciones de recortes a Reforma de Salud, a la UPR, la consolidación de agencias y la reducción millonaria en el “gasto” de nómina del Gobierno.

Es importante señalar que Puerto Rico fue excluido de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su propuesta para Salud, lo que pone en riesgo cerca de $1,200 millones de los fondos federales destinados a la Reforma de Salud. Además, la Junta exige un recorte adicional en el gasto de salud, que pudiera provocar, ambos recortes, que entre 600 mil a 1 millón de beneficiarios de Reforma de Salud pierdan dicho beneficio y los que queden en el plan, puede que vean la imposición de deducibles o la eliminación de algunos de los beneficios que hoy están cubiertos por el plan de salud del Gobierno.

Esta situación nada más, por sí sola, puede generar una grave crisis humanitaria en el país. Pero si a eso le sumamos todas las propuestas hechas entre la Junta y el propio Gobierno, la situación se puede tornar caótica.

Ante todo esto, este pueblo no puede quedarse sentado a esperar que va a pasar, ni tampoco debe tomar un pasaje para salir del país como escape de la grave situación que vamos a enfrentar. El pueblo tiene que empezar a indignarse.

Pero no es a través de las redes sociales, ni llamando a los programas de radio, ni siquiera escribiendo a los periódicos, que debemos expresar nuestra indignación. Esos pueden ser unos mecanismos de desahogo o de expresar frustración y de hacer llamados al pueblo. Sin embargo, este pueblo tiene que comenzar a salir a la calle a levantar su voz.

Históricamente son los sindicatos y los trabajadores los que se expresan mediante la protesta en la calle, sin embargo el momento que nos ocupa, no solamente va a afectar a los trabajadores del sector público, o a los trabajadores del sector privado, o tal vez a los pensionados, o quién sabe si únicamente a los que tienen Reforma. Esto, señoras y señores, nos va a afectar a todos los sectores del país.

Si no actuamos hoy contra esta Junta, si dejamos que esta Junta de buscones nos quite lo que nos corresponde para pagar una deuda que ni tú ni yo cogimos, mañana, el país que le vamos a entregar a nuestros hijos, será un país destrozado como lo está la ciudad Detroit.

No podemos quedarnos cruzados de brazos; tenemos que salir a la calle a protestar, llevar el mensaje a los foros internacionales del caos que vamos a vivir con las medidas que está recomendando la Junta y que desde el lunes próximo, serán impuestas por ellos. No podemos permitir que nos quiten, que nos arrebaten de las manos este país que tanto queremos.

¡Salgamos a Luchar!