MAYAGÜEZ: Luego de un intenso análisis de toda la prueba recopilada por el Departamento de Justicia en una investigación preliminar sobre posibles actos contrarios a la ley atribuidos al alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente designó fiscales especiales para la pesquisa a fondo.
En su resolución, el Panel también incluyó para investigación a la gerente de Finanzas del Municipio, Yahaira Valentín Andrades, por actos que suponen incumplimiento de su deber como funcionario púbico.
El Panel designó a los fiscales Miguel A. Colón Ortiz, como fiscal especial independiente y a la licenciada Leticia Pabón Ortiz, como fiscal delegada.
Conforme con la Resolución emitida, el Panel le dio peso a la prueba recopilada por Justicia, que expone la posibilidad de que ambos funcionarios hayan incurrido en infracciones al Código Penal de 2021, con sus Artículos 262 (Omisión en el cumplimiento del Deber) y 264 (Malversación de Fondos Públicos). También, en el ámbito penal de la Ley de Ética Gubernamental en su Artículo 4.2 (b).
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La extensa prueba está comprendida en 39 cajas de expedientes, cuya entrega, cotejo, verificación de actas y presentación de copia digital requirió de un prolongado trámite de verificación y acuse de recibo conforme al índice de récord que Justicia entrega y recibe el Panel.
LA CALLE Digital ha publicado extensamente sobre el asunto desde marzo pasado, revelando transacciones que no habían trascendido públicamente.
La investigación preliminar de Justicia comenzó con un referido del representante José E. “Kikito” Meléndez Ortiz, tras una intervención del FBI relacionada con ciertas transacciones sobre bienes pertenecientes al Municipio de Mayagüez.
Del informe de la investigación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia surgen serios y delicados señalamientos respecto al manejo de fondos públicos, incluyendo transacciones que pudieron haberse realizado contrario a las disposiciones de ley.
Los fiscales especiales tienen un término de 90 días —según dispone la ley— para realizar su investigación.
