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AGUADILLA: Ante lo que describió como “la impunidad de la cual ha gozado el destructor Carlos Román González y la inacción de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, las agencias, el Municipio y los tribunales”, la representante Mariana Nogales Molinelli (MVC-Acumulación), en su prerrogativa como representante electa por el pueblo, estableció el lunes un campamento cerca de la entrada principal de los cuatro proyectos que Román González, un presunto donante político, lleva a cabo sobre la cueva Las Golondrinas, en Aguadilla.

La legisladora explicó que esta iniciativa tiene el objetivo de exigir que se detenga: (1) la destrucción de la cueva Las Golondrinas; (2) la destrucción del mogote; (3) la invasión y destrucción de la servidumbre de las vías del tren y facilidades gubernamentales; (4) el continuo fluir de sedimentos y escorrentías provenientes de las actividades de remoción de corteza y relleno, que afectan el ecosistema marino y que fueron objeto de multas y sanciones por parte de la EPA actualmente permanecen ignoradas por Román González; (5) la actividad ilegal y sin permiso de relleno de diversas áreas que, entre otros, ha destruido y obstaculizado el camino público y municipal llamado Camino Cuesta los Lazos.

“Carlos Román González se ha agenciado impunidad total, destruyendo el medio ambiente, apropiándose de bienes de dominio público, callando a los políticos de turno con jugosos donativos, cerrando el Camino Público Cuesta los Lazos, invadiendo la propiedad de varios colindantes instalando verjas y muros en fincas ajenas, entorpeciendo los trámites administrativos y judiciales y destruyendo el túnel histórico por donde transcurría la vía del tren, que estaba en el mogote y que ha desaparecido casi en su totalidad. Hay procedimientos judiciales y administrativos contra estas construcciones ante los tribunales, el DRNA, OGPe y la EPA, así como trámites requeridos que no se han realizado ante agencias como la Comisión Federal Reguladora de Energía y, sin embargo, nada pasa. El crimen ambiental continúa. ¿Por qué nadie quiere meterle mano y detener al destructor Carlos Román González? ¿Qué poder tiene? ¿Cómo se ha agenciado decretos del Departamento de Desarrollo Económico e incentivos por millones de dólares? ¿Cómo se ha agenciado incentivos de la Compañía de Turismo por $10 millones de dólares para un proyecto que dizque era turístico, pero resulta que es residencial? ¿Tendrá que devolver ese dinero?”, cuestionó la abogada. Vea adjunto el Contrato de Incentivos Especiales por Importancia de Proyecto para Maquinaria y Equipo e Infraestructura #2021-000168.

“Mientras todo esto ocurre, se han constatado numerosas muertes de golondrinas en violación al Tratado de Aves Migratorias de 1918, Título 16 secciones 703-712 USC, y se han cortado árboles ubicados en bienes de dominio público y cercanos al farallón que albergaban nidos del pelícano pardo en violación a la Ley de Vida Silvestre y leyes que protegen las especies en peligro de extinción, afectando el área de mayor reproducción y anidaje de la especie en Puerto Rico. ¿Acaso esto no es un crimen ambiental de grandes proporciones?”, resaltó Nogales Molinelli.

La representante detalló las diversas gestiones que se han realizado para detener la destrucción pero que no han sido realmente efectivas o han sido obstaculizadas por diversos actores. “El 14 de septiembre de 2022, a instancias y en colaboración con la comunidad y organizaciones que protegen el medio ambiente, presenté la R.C. 830 para investigar estas construcciones ilegales, la cual fue aprobada por unanimidad el 14 de noviembre. Inmediatamente, le cursé una carta a la Comisión de Recursos Naturales presidida por el representante Edgardo Feliciano solicitando que se atendiera la resolución y se citara una vista ocular y vistas públicas a la mayor brevedad. Sin embargo, el 19 de diciembre, la comisión me informó durante una reunión que solicité que no atenderá la R.C. 830 en la sesión porque ‘no era una prioridad’ y al día de hoy no ha pasado nada”, explicó.

Nogales Molinelli continuó señalando que “el 7 de septiembre de 2022 el alcalde de Aguadilla Julio Roldán presentó, con las muelas de atrás, la demanda de interdicto AG2022CV01362 la cual va a paso de caracol sedado. Sabemos que el alcalde tiene una relación estrecha con Román González y recibió donativos para su campaña. Además, el destructor ha donado a las campañas del PNP y PPD. El DRNA también está realizando la investigación de la querella 22-116-CCS, en la cual se determinó que Román González tiene que demoler las estructuras que erigió temeraria e ilegalmente encima de la cueva Las Golondrinas, ocasionando que el sistema esté inestable, y que la demolición se debe hacer con la supervisión necesaria para no afectar aún más la estabilidad de la cueva. Ahí los informes y las intervenciones de los vigilantes datan del 2017 en adelante, pero a estas alturas tampoco ha habido cumplimiento de estas órdenes”.

Por otro lado, la legisladora señaló que “existe también un proceso de querella ante la OGPe con el número Q-AGUM-022-09 que tampoco se está moviendo y de la cual se desprenden serias irregularidades en la obtención de permisos, incluyendo lo siguiente: la Declaración de Impacto Ambiental está incompleta; no se obtuvo el endoso del Instituto de Cultura de Puerto Rico debido a que se proveyó información falsa al obtener permisos de emergencia en cuanto al muelle de azúcar y el tanque de almacenaje de melaza, que se reparó para que fuese un tanque de almacenaje de combustible de avión; no se respetó y se ha rellenado y destruido la vía del tren que le pertenece a la familia Dubón; hay una rectificación de cabida de la finca en la cual el destructor se ha apropiado de bienes de dominio público y muchas más irregularidades. Además, en la EPA se presentó el trámite EPA-R02-CWA-2020-3351, en el cual se advirtió a Román González que se le impondría una multa de $16,200 por no tener un plan de manejo de escorrentías y sedimentación y por contaminar mediante descargas en violación a la Ley de Aguas Limpias. Luego de esto las personas que viven cerca pudieron observar que se instalaron temporeramente unas barreras, pero luego de un tiempo las mismas brillan por su ausencia y el problema de escorrentías continúa”.

La representante añadió que la operación de un muelle para combustible de avión y toda la infraestructura de almacenaje de combustible requiere permisos adicionales que no se han obtenido ni solicitado, aunque están descritos y son el fundamento del incentivo en el contrato del DDEC 2021-000203. Por ejemplo, debe cumplir con las regulaciones de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés) en su poder de regular el transporte interestatal de combustibles, y debe notificar a los residentes de la zona que podrían verse afectados ante la posible explosión de uno de los combustibles más volátiles que existe, el combustible de avión.

“El cuento de horror del destructor no acaba y el crimen ambiental que ha perpetrado impunemente es de grandes proporciones. Por eso y por ser mi deber como representante de la gente y de quienes no tienen voz – los recursos naturales, las aves y la naturaleza – hemos decidido llevar nuestros reclamos al vórtice de la destrucción. La justicia ambiental no puede esperar ni un minuto más y el destructor y los funcionarios gubernamentales cómplices tienen que ser desenmascarados, detenidos y sujetos a responder”, reiteró Nogales Molinelli.