MAYAGÜEZ: La senadora Migdalia González Arroyo (PPD/Mayagüez-Aguadilla) radicó una medida que busca enmendar a 24 horas el término para solicitar y celebrar una vista de causa probable en alzada en casos de Ley 54.
La acción se produce en medio del alza en casos de feminicidios en el País y a pesar de las medidas de su autoría que han sido convertidas en ley.
“La violencia de género en Puerto Rico ha alcanzado niveles dramáticos. La crisis es real y presenta una situación de emergencia en el país que requiere la intervención inmediata y certera del Estado. Hemos trabajado para convertir en ley varias iniciativas entre las que se destacan la ley del programa de prevención y seguridad para las víctimas de violencia de género; y la ley que establece el feminicidio y transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado”, mencionó en comunicación escrita la también presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado.
“La situación de emergencia continúa y los actos de violencia de género y doméstica siguen ascendiendo a un paso acelerado, incluyendo aquellos que culminan con la muerte de la víctima. En algunos casos, en donde se determina la inexistencia de causa probable, —por diferentes factores que inciden en la apreciación de la prueba en ese momento— la víctima tiene que esperar un máximo de sesenta (60) días para que la fiscalía le presente su denuncia nuevamente ante un tribunal de mayor jerarquía. Es en ese periodo donde la vida de la víctima peligra más. En ese contexto, hemos perdido vidas de mujeres esperando una segunda oportunidad de ser escuchadas”, reza parte de la pieza legislativa.
“La Ley 54 fue enmendada por la Ley 32-2021, de la autoría de esta servidora, para requerir que, en los casos por violación de esa ley, tuviera que estar presente en la vista de causa probable para arresto un representante del Ministerio Público. No obstante, los términos posteriores no están de acorde a la emergencia y prioridad que los casos de violencia doméstica y de género requieren. En ese aspecto, no solo necesitamos la presencia del Departamento de Justicia en esas vistas, sino que el término para acudir en alzada de la Regla 6 sea reducido de manera que podamos evitar más desgracias en el país y darles a esos casos la prominencia e importancia que las circunstancias actuales requieren. El Estado no puede cruzarse de brazos, sino que debe atajar esta epidemia de violencia empezando por los procesos judiciales cuyos términos no son afines a la emergencia actual”, añadió la senadora González Arroyo.
La legisladora concluyó diciendo que “la violencia de género no se está atendiendo correctamente en Puerto Rico. Al gobierno le falta voluntad. No podemos permitir que se pierda una vida más”.
