REDACCIÓN: Ante las preocupaciones y reclamos de los socios sobre la imposición de nuevos contratos excesivos y no negociables que ponen en riesgo los servicios a sus pacientes y la operación de los laboratorios en toda la isla, la Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC), exigió el lunes la intervención inmediata de ASES, la Oficina del Comisionado de Seguros y la Legislatura.

A pesar de que ASES tiene que aprobar dichos contratos, se niegan a intervenir en la contratación entre la aseguradora y los proveedores permitiendo lo que describen como un atropello.

“Los nuevos contratos aplican a todos los proveedores, incluyendo médicos, radiólogos, centros radiológicos y otras facilidades de salud. Es un contrato único, estandarizado con imposiciones no aplicables a todo tipo de proveedor; además es un contrato extenso y voluminoso, sumamente técnico y confuso. Esta imposición de un nuevo contrato so pena de quedarte fuera de la red de proveedores es un acto de coerción e intimidación”, denunció en declaraciones escritas la presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, licenciada Debra Velázquez. 

Se dijo que el control del mercado de salud en la isla lo tienen las aseguradoras contratadas por ASES y por Medicare lo que les provee el control del 85 por ciento de la población de Puerto Rico.

“El proveedor que no acceda a firmar estos contratos se queda sin acceso al 85% de la población y tendrá que cerrar su práctica. Es responsabilidad del gobierno estatal y federal proteger a los proveedores y a los pacientes de estas prácticas abusivas, y de hacer cumplir la política pública de garantizar el acceso a servicios de salud de calidad y mantener un buen sistema de salud”, dijo.

Velázquez explicó que los contratos tienen defectos como: ser genéricos y en su mayor parte no aplicables a laboratorios clínicos; no fue negociado entre las partes como lo requiere el Código de Seguros y Código Civil; es uno impuesto bajo presión, coerción e intimidación al amenazar que el proveedor que no firme se queda fuera de la red; los contratos no contienen el listado de pruebas cubiertas ni las tarifas a pagar, políticas de pago, ni políticas de necesidad médica. 

“Esto deja desprovistos a los pacientes y a los laboratorios en cuanto a qué pruebas están cubiertas, cuando están cubiertas y cuántas de las tarifas impuestas cubren su costo de las pruebas. Hoy hay cientos de pruebas cuyos costos son más altos que las tarifas que pagan las aseguradoras por lo que esas pruebas no están accesibles a los pacientes. Peor aún, el contrato permite a las aseguradoras enmendar todos estos documentos en cualquier momento, según su necesidad, de forma unilateral y sin la participación del proveedor”, explicó Velázquez.

Alegó además, que los contratos incumplen con otras leyes como la Ley de Pago Puntual, HIPAA Administrative Simplification, nueva ley de Credencialización Única, entre otras.  El contrato, además hace referencias a otras leyes federales y estatales que no impactan al laboratorio ni sus servicios directamente. También, los contratos imponen requerimientos incluidos en los contratos entre las aseguradoras y el gobierno, “ningún proveedor tiene idea de lo que ellos negociaron”.

“Por ejemplo, uno de estos contratos es tan excesivo que establece que no son responsables ni por la certificación de elegibilidad, ni el pago por los servicios; y pueden recobrar pagos realizados que ellos entiendan no corresponden porque sus auditorías reflejan 10 años más tarde que sus suscriptores no eran elegibles para esos servicios.  En otras palabras, al momento de la visita del paciente, el plan médico le certifica al laboratorio que el paciente es elegible para los servicios que está solicitando, que los mismos están cubiertos, y 10 años más tarde, la aseguradora presuntamente descubre que el paciente no estaba activo como suscriptor, y que el plan médico tiene el derecho a recobrar los pagos”, destacó la presidenta de la ALC.

Casi a diario se discute en la prensa las alegadas “pérdidas millonarias” que tienen las principales cinco aseguradoras en la isla, y que entre las medidas “están considerando para salir de esta situación y aumentar sus ganancias con la cancelación de contratos con proveedores limitando aún más el acceso a los servicios médicos a sus suscriptores, promoviendo la continuación del éxodo de proveedores de servicios médicos de la Isla, la reducción en las tarifas y que el gobierno les permita comprar hospitales y establecer facilidades de salud tomando el control total de la vida de nuestra gente”.

En el pasado, los laboratorios clínicos han alzado su voz para denunciar la aprobación de leyes como; las enmiendas a la Ley de Pago Puntual para proteger a las aseguradoras con planes Medicare Advantage y del Plan Vital.

“Más recientemente estamos dando otras luchas en diversos frentes para evitar la corrupción y monopolio de estos grupos empresariales sin compromiso social que solo velan por su beneficio económico”, apuntó Velázquez.

Añadió que, en año eleccionario es momento para que la clase política demuestre de parte de quien están; de las aseguradoras o del pueblo al que dice representar.

“Es hora de retomar los proyectos para eliminar a ASES y crear un nuevo modelo para el Plan de Salud del Gobierno con un pagador único, contratación de proveedores directa con Medicaid y un Medicaid Advisory Committee abierto al pueblo y cuyos miembros sean representativos del pueblo y no impuestos por el Gobernador o Secretario de Salud a su conveniencia.  Es hora de salvar lo que queda del sistema de salud y asegurar nuestra calidad de vida”, sentenció Velázquez.

Recordó también que la salud del pueblo “es un interés apremiante del estado, reconocido a la saciedad, lo que le da legitimidad al gobierno para intervenir con las aseguradoras, sin importar las limitaciones que siempre alegan, que le prohíben al estado intervenir con las aseguradoras participantes en los programas de Medicare Advantage y Medicaid”.