SAN JUAN: La Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR) denunció el martes un caso de discrimen y maltrato emocional que presuntamente está recibiendo una joven adulta diagnosticada con autismo, identificada como Solsirette Santiago García, por parte de personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Se alega que su licencia de conducir venció el 28 de diciembre de 2015, sin que hasta el momento haya podido completar la renovación de la misma.

«Como madre responsable y preocupada, he educado a mi hija para que no sea una carga para el gobierno y pueda ser independiente. Solsirette trabaja hace 5 años para Caribbean Cinemas… Se levanta a las 4:00 de la mañana para prepararse e ir a trabajar, pues entra a las 5:00”, indicó la madre de la joven, Evelyn García.

Trascendió que en un trámite de renovación de licencia, un conductor debe presentar varios documentos, entre ellos el formulario DTOP DIS 260. En este caso, a la conductora con autismo se le está exigiendo que presente el DTOP 375B.

“Es desde aquí que la conductora con autismo está siendo objeto de un tratamiento dispar ante la Ley. Lamentablemente, al tratar de renovar su licencia le requieren que sea evaluada por un psiquiatra que certifique que ella no sea un peligro para ella y para otros en la carretera porque ella padece de autismo, algo que no le piden ni a personas que han tenido choques múltiples”, expresó en un comunicado de prensa la directora y portavoz de la AAPR, Joyce M. Dávila.

Dávila aclaró que tener autismo no es razón para denegarle la licencia a nadie.

Se informó que Solsirette se preparó y pasó exitosamente por el proceso de examen teórico y luego el práctico.

“Ella está sufriendo discrimen por tener una discapacidad, en este caso autismo”, comentó Dávila.

El autismo es una condición que va desde leve a severa, y las personas con autismo tienen diferentes grados de funcionalidad.

“Ellos tienen los mismos derechos de cualquier ciudadano sin la condición, y pueden cursar estudios universitarios, trabajar, casarse y tener vidas productivas, dependiendo de sus capacidades”, explicó.

Por su parte, la licenciada Nilda Flores Solá, asesora legal de la AAPR en este caso, opinó que el DTOP está impedido por leyes y reglamentos estatales y federales, de discriminar contra la conductora con autismo en la emisión y/o renovación de su licencia de conducir meramente porque ésta tenga un diagnóstico de autismo.

“Ese discrimen a que nos referimos surge por el simple hecho de negar la licencia a una persona de otra forma cualificada para conducir (porque aprobó los exámenes administrados por el DTOP o porque se le expidió una licencia anteriormente), o al imponer a tal persona con autismo requerimientos cuyo efecto es impedirle acceso a una licencia de conducir en igualdad de condiciones al resto de los conductores”, dijo.

La abogada recordó que Solsirette está protegida por la Constitución de Puerto Rico, cuando dispone que la dignidad de todo ser humano es inviolable, así como la igual protección de las leyes.

“Es política pública establecida en la Ley BIDA, Ley 220 de 2012, el promover y prestar los servicios a la persona con autismo con el propósito de garantizar su derecho a tener una vida independiente y desarrollar sus capacidades al máximo”, explicó.

La AAPR expresó que es obligación de las agencias del Gobierno de Puerto Rico cumplir con leyes y regulaciones federales como lo dispuesto en el Título II de la ley American with Disabilities Act (ADA), que prohíbe el discrimen por razón de incapacidad en la provisión de servicios gubernamentales a nivel local, estatal y federal.

El autismo constituye una discapacidad protegida bajo ADA y ésta atiende de manera específica la función de licenciamiento del estado.

Dávila indicó que Solsirette pasó por el proceso como cualquier otro ciudadano y evidenció estar capacitada para manejar.

“La única razón que aducen para denegar la renovación de la licencia es su impedimento, insinuando que es un peligro y exigiéndole una certificación que no le piden a las personas típicas, aunque Solsirette nunca ha tenido un accidente y tampoco un solo boleto en los cinco años que ha estado manejando. Esto es un claro discrimen por impedimento que ha impedido la vida plena de Solsirette y le ha causado gran angustia a ella y a su familia”, concluyó Dávila al exigirle al secretario del DTOP, ingeniero Miguel A. Torres Díaz, que ordene a que se proceda con la renovación de la licencia de conducir de la joven.