MAYAGÜEZ: La juez Lynnette Ortiz, del Centro Judicial de la Sultana del Oeste, continuará el jueves a las 10:00 de la mañana, el proceso en el que dos residentes de Cabo Rojo impugnaron la Ordenanza Municipal 26, Serie 2016-2017, que impone a los vecinos de esa jurisdicción la compra de una bolsas plásticas anaranjadas para disposición de desperdicios sólidos.

Mientras tanto, LA CALLE Digital supo que la llamada Iniciativa Naranja comenzará a partir de la madrugada del jueves, con la recolección de la basura en las bolsas anaranjadas.

No obstante, en las redes sociales ya estaban circulando fotos de bolsas de basura que han estado amontonando el miércoles en la noche, al lado de las estatuas de los leones en la Plaza Ramón Emeterio Betances de Cabo Rojo.

En el Tribunal de Mayagüez, la vista comenzó a las 9:00 de la mañana en la sala 307, que preside la magistrada Ortiz.

El Municipio de Cabo Rojo no aceptó posponer la implementación de la ordenanza, mientras se ventila el pleito. No obstante, solicitó una prórroga para contestar la demanda. La juez Ortiz, sin embargo, determinó celebrar la vista y decidir si dicta o no el injunction preliminar.

En la demanda se solicita un injunction preliminar y una sentencia declaratoria, buscando anular la ordenanza, que según trascendió en corte, se aprobó sin la celebración de vistas públicas para escuchar el parecer de la comunidad.

El desfile de la evidencia comenzó a las 2:00 de la tarde y se extendió hasta entrada la noche del miércoles.

Como demandantes en este pleito figuran el comerciante Juan Cancel Rivera y el artesano Edy Ruiz Vega, representados por el licenciado Wilmer Rivera Acosta.

Entre los demandados está el alcalde Ramírez Kurtz y la presidenta de la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, Evelyn Alicea González; así como el Municipio Autónomo de Cabo Rojo y la Legislatura Municipal como entes con personalidad jurídica.

Como parte de sus argumentos, los demandantes alegan entre otros asuntos, que la Ordenanza 26 “constituye un intento de restringir irrazonablemente los negocios o el comercio de recogido de basura y reciclajes, cuyo efecto es monopolizar dichos servicios en el Municipio de Cabo Rojo”; aparte de obligar a residentes y comerciantes a utilizar los servicios de la compañía que el Gobierno Municipal contrate.

Los demandantes sostienen que la Ordenanza 26 viola la Ley Antimonopolística de Puerto Rico de 1964.

La demanda insiste en que la controvertible ordenanza crea un daño, ya que “restringe (a los demandantes) su libertad de contratación y los obliga a insertarse en un esquema monopolístico bajo el pretexto de que se fomenta el reciclaje”.