Los serias irregularidades se produjeron bajo la incumbencia del exalcalde de Lajas, Leovigildo «Leo» Cotte (Archivo).
SAN JUAN: Referidos al Secretario de Justicia, a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), al Secretario de Hacienda y al Contralor Electoral; produjo la más reciente auditoría de la Contralora de Puerto Rico en lo que es una opinión adversa sobre la construcción de obras y mejoras permanentes, y los servicios de asesoría en el Vertedero Municipal, y de recogido y disposición de desperdicios sólidos en el Municipio de Lajas, bajo la incumbencia del exalcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP), Leovigildo “Leo” Cotte.
El Informe cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 13 de enero de 2013.
En el documento se indica que el Municipio contrató al contratista A para la construcción y remodelación del Área Recreativa Playita Rosada en La Parguera (Proyecto 1) por $195 mil y las mejoras permanentes a edificios del Casco Urbano (Proyecto 2) por $85 mil. Ese contratista, subcontrató a su vez al contratista B –que había licitado en el proyecto 2- para realizar ambos trabajos y también al contratista C –que licitó en ambos proyectos- para realizar trabajos de electricidad.
El exceso de lo que el Municipio pagó al contratista A, con respecto a lo que este le pagó a los subcontratados, ascendió a $189,795.
Estas situaciones se remitieron al Secretario de Justicia y a la OEG, el 13 de agosto de 2014.
La Contralora también refirió a Justicia y a la OEG, el 24 de noviembre de 2014, la situación de que dos compañías con un mismo presidente presentaron propuestas para instalar tuberías de agua potable por $155 mil. Este presidente declaró a los auditores de la Oficina de la Contralora que subcontrató dicha obra por $52,432.
El efecto de estas situaciones es que se benefició a unos proveedores en particular, privó al Municipio de seleccionar mejores ofertas, y se pagaron proyectos con precios inflados por $240,243.
Las irregularidades en la contratación de los servicios para el recogido y la disposición de desperdicios sólidos, también se refirieron a Justicia y a la OEG el 20 de mayo de 2015, ya que la Legislatura Municipal no aprobó el contrato, lo que lo hace nulo y la compañía no pagó el canon correspondiente por el uso de instalaciones y el equipo. Estos hechos pueden configurar el delito de negligencia en el cumplimiento del deber (Ley 149-2004, Código Penal de Puerto Rico).
El informe de 11 hallazgos revela además, que se pagaron $52,953 en trabajos no realizados, se formalizaron contratos para construir obras sin obtener al menos tres cotizaciones y contratistas no inscritos en el Registro de Licitadores realizaron trabajos para el Municipio.
Además, un perito en la construcción de puentes identificó múltiples deficiencias en la construcción del puente sobre la quebrada Los Llanos cuyo costo de $709,804 pudo haber sido de $132,873, una quinta parte del costo incurrido.
En los comentarios especiales del Informe se indican, entre otras, posibles violaciones al Código Penal por irregularidades en la realización de las obras y mejoras, la radicación de cargos criminales contra un exfuncionario y un contratista, y otras actuaciones que pudieran constituir posible comisión de delitos por parte de un funcionario, un empleado del Municipio de Lajas, contratistas y allegados que brindaron servicios al Municipio.
Para acceder al informe completo, haga «click» sobre el siguiente enlace:
http://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=b70ace39-77d6-459c-8b29-42ca4b748086&nombre=M-17-07
