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Casa Pueblo lanza nuevo proyecto educativo “Mi Plántula Solar”

ADJUNTAS: La organización comunitaria Casa Pueblo anunció el domingo el lanzamiento del proyecto Mi Plántula Solar, mediante el que educará a maestros y estudiantes sobre los usos y beneficios de la energía solar.

La iniciativa consiste en un cuaderno para estudiantes y el modelo físico de una plántula solar que cuenta con todos los componentes de un sistema fotovoltaico. Con estos materiales, maestros alrededor del país podrán mostrarle a su estudiantado cómo se utiliza la energía solar para producir electricidad, y los impactos ecológicos y sociales de la misma.

El objetivo es ampliar la huella educativa para continuar impulsando la insurrección energética en Puerto Rico, una tarea que Casa Pueblo asumió y ha realizado exitosamente desde Adjuntas a partir del huracán María.

“La transformación del modelo energético hacia uno democrático y justo depende de la capacidad del país de entender el nuevo paradigma. Por lo tanto, la educación es fundamental para impulsar ese cambio”, señaló el director asociado de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá.

“Integramos los saberes académicos con visuales para construir una pieza rodante que puede reproducirse y clonarse para impactar a la mayor cantidad de escuelas posibles. Inclusive, ya nos pidieron este modelo para proyectos educativos en Nueva York e Indiana”, agregó el profesor del Recinto Universitario de Mayagüez.

La firma TEMBOL desarrolló la identidad visual de Mi Plántula Solar y FORMATERÍA construyó el modelo físico que acompaña el cuaderno de estudio, inspirado por una estantería de herramientas. El modelo se puede montar y desmontar, por lo que es fácilmente transportable entre escuelas y centro educativos.

El currículo de acceso libre incluye información sobre la trayectoria de Casa Pueblo y la autogestión comunitaria, y aborda temas como el ambiente, la ciencia y la ingeniería para empoderar a los y las estudiantes. También contiene recursos para maestros, vocabulario importante, lecturas recomendadas y ejercicios de práctica.

“Como todo proyecto de Casa Pueblo, el currículo lo trabajé con la Ciencia, la Cultura y la Comunidad como base y raíz. El currículo fue diseñado con el estudiante como protagonista de la experiencia educativa. A través de la exploración guiada, los estudiantes podrán descubrir nuevos conceptos y ponerlos en práctica experimental”, explicó Sirena Montalvo Katz, maestra y encargada del desarrollo curricular.

La educadora expuso que “el modelo de Mi Plántula Solar le permite al estudiante y al maestro guía trabajar el tema de la energía solar más allá del taller, buscando que cada escuela tome una iniciativa de autogestión en sus espacios y comunidades”.

“A través de la ciencia queremos que la comunidad escolar tenga una visión realista de lo que son los sistemas fotovoltaicos y el potencial para mejorar su escuela”, afirmó Montalvo Katz.

Como parte de una fase demostrativa piloto, el laboratorio móvil de energía solar de Casa Pueblo llegará a las escuelas de tres formas diferentes. La primera opción es que la maestra Sirena Montalvo Katz presente el módulo durante una visita de un día. La segunda alternativa incluya, además de la visita de la educadora, dejar el módulo en el plantel durante varias semanas para que los estudiantes experimenten por cuenta propia. En tercer lugar, Casa Pueblo podrá donar un módulo en aquella escuela donde los y las maestras demuestren compromiso total con su integración en las clases de ciencia y tecnología.

Casa Pueblo tiene disponibles cinco fechas para visitas a escuelas durante este semestre. Para coordinar la visita a su plantel, envíe un mensaje a casapueblo.correo@gmail.com. Para más información, acceda a casapueblo.org.

$65 millones cuesta relocalización de subestación de Las Acacias (Documentos)

HORMIGUEROS: Un importante dato que no salió a relucir durante una vista ocular de la Cámara de Representantes efectuada el jueves en la subestación Las Acacias, localizada entre Cabo Rojo y Hormigueros, es que su reubicación costará $65 millones.

Se desprende del expediente 2023-490945-CUB-009151, bajo el nombre ACACIAS 6801 TC SUBSTATION RELOCALIZATION, que el expediente fue abierto el 27 de junio de 2023.

Sin embargo, el tema de la relocalización de Las Acacias surgió como un asunto “nuevo”, por funcionarios de LUMA Energy en la vista en la que participaron legisladores y los alcaldes Pedro J. García Figueroa y Jorge Morales Wiscovitch, de Hormigueros y Cabo Rojo, respectivamente.

De los documentos obtenidos por LA CALLE Digital surge que el número de catastro es 308-000-003-11; el dueño del proyecto es LUMA Energy Servco, LLC; y el dueño del solar es Milton Toro Santiago.

En la vista ocular, los funcionarios de LUMA Energy dijeron que la relocalización de la subestación Las Acacias, de no haber inconvenientes comenzaría a principios de 2025 y concluiría a finales de 2026. Mientras tanto, seguirían usando las instalaciones existentes, que tras cumplir su cometido serían desmanteladas y las partes que tendrían uso, serían trasladadas a otras partes de la Isla.

“Hemos estado con (la Autoridad) de Energía Eléctrica, primero y ahora con LUMA, pidiendo que la mejoren. Y la han mejorado… Le han cambiado transformadores y le han hecho algunas mejoras al interior de la subestación, para mantenerla funcionando. Pero la subestación tiene equipos de 1954. Qué bueno que se nos da la información detallada que será relocalizada en Plan Bonito, en Cabo Rojo (…)”, le dijo a LA CALLE Digital el alcalde de Hormigueros, Pedro J. García Figueroa.

El gran ausente…

Por otro lado, aunque el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, estaba citado para participar en la vista ocular, éste brilló por su ausencia, enviando en representación suya al candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la Cámara de Representantes por el Distrito 19 (Mayagüez-San Germán), Edson Rodríguez, quien según se corroboró fue nombrado ayudante especial del alcalde Olivera hace apenas unos días.

«Hoy hubo una reunión importante en la subestacion Las Acacias con personal de Luma. Estaban invitados los representantes del distrito y los alcaldes de Hormigueros, Cabo Rojo y San Germán. Para mover la subestacion a otra área para evitar que cada vez que venga mal tiempo no se siga inundando y no se afecte el servició. El gran ausente fue el alcalde de San Germán, pero en su representación envió al candidato del Distrito 19, Edson Rodriguez, que ahora es su ayudante especial. Un puesto que usa para levantar su imagen y usarlo para su campaña política. Es una falta de respeto para nuestros ciudadanos de San Germán que no hiciera acto de presencia. Una reunión tan importante para los residentes que reciben el servicio de esta estación. Ya vemos cuales son sus prioridades con nuestra gente», comentó en sus redes sociales el candidato a alcalde del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en San Germán, Joel Vega Torres.

Arrestan individuo que huyó durante allanamiento en El Maní

MAYAGÜEZ: Un individuo como el que pesaba una orden de arresto con $2 millones de fianza, fue detenido por agentes de la División de Drogas de la Sultana del Oeste. El sujeto fue identificado como Lénex G. Vélez Quiñónez, de 26 años

Según se alega, el pasado 10 de julio, los agentes diligenciaron una orden de allanamiento en una residencia localizada en el sector El Maní de Mayagüez. En el lugar ocuparon cocaína, crack, una pistola Glock 26, un cargador, 21 balas calibre 9 milímetros y parafernalia.

En medio del allanamiento, Vélez Quiñónez presuntamente huyó cuando llegaron los agentes.

La fiscal Andrea Lebrón ordenó radicar cargos en ausencia por dos violaciones a la Ley de Armas y dos cargos por violar a la Ley de Sustancias Controladas. El juez Luis Padilla Galiano halló causa probable para arresto, imponiendo una fianza de $2 millones y expidió una orden de arresto.

El individuo finalmente fue arrestado y llevado a la sala de la juez María del Pilar Vázquez, quien ordenó dejarlo en libertad al prestar la fianza impuesta. La vista preliminar quedo pautada para el 10 de septiembre de 2024.

Someten cargos contra detenidos en el caserío Carmen de Mayagüez

MAYAGÜEZ: Personal de la División de Drogas de la Sultana del Oeste hicieron varios arrestos durante una intervención ocurrida en el residencial Carmen de esta ciudad.

Los detenidos fueron identificados como:

Roberto Fortuna Santana, de 51 años, al que le ocuparon cinco bolsas de cocaína, 21 bolsas de crack, 17 bolsas de marihuana, 13 decks de heroína y $160 en efectivo. La Fiscalía de Mayagüez ordenó radicar tres cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. La juez María del Pilar Vázquez halló causa probable para arresto, imponiendo una fianza de $75 mil, que el sujeto no prestó, quedando sumariado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.  La vista preliminar señalada para el 4 de septiembre.

Mariam Malavé Vega, de 38 años, a la que le ocuparon seis bolsas de crack, marihuana y $21 en efectivo. La Fiscalía ordenó radicar dos denuncias por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. La juez Vázquez también halló causa para arresto señalando una fianza de $40 mil, que no prestó. Siendo ingresada en prisión. La vista preliminar también fue puesta en calendario para el 4 de septiembre.

A José Méndez Ramos, de 22 años, le ocuparon crack, marihuana y $21 en efectivo. La Fiscalía ordenó someter un cargo por violar a la Ley de Sustancias Controladas. La prueba juez Vázquez le impuso $10 mil, que el individuo prestó, quedando en libertad. La vista preliminar fue señalada para el 2 de septiembre.

Arrestan sujeto que amenazó con un cuchillo a un anciano en Aguadilla

AGUADILLA: Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía de Aguadilla detuvieron a José A. Hernández Tirado, residente en Isabela, contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza de $30 mil por los delitos de amenaza, maltrato a una persona de edad avanzada e infracciones a la Ley de Armas.

A este elemento se le imputa que usó un cuchillo con el que amenazó de muerte a un adulto mayor.

Un magistrado del Centro Judicial de Aguadilla encontró causa probable para arresto por el Artículo 177 de amenaza; Artículo 6.06 (portación y uso de armas blancas) de la Ley 168 de Armas; y dos cargos por maltrato a persona de edad avanzada.

Tras su arresto, Hernández Tirado fue llevado a la sala del juez Orlando Avilés Santiago, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce, luego de que el individuo no pagara la fianza que se le impuso.

La vista preliminar quedo señalada para el próximo 5 de septiembre.

El diligenciamiento estuvo a cargo por la agente Yeisha Soto Torres.

Burócratas impiden instalación de aires acondicionados en escuela de Hormigueros

HORMIGUEROS: Padres, madres, maestras y maestros de la escuela Segundo Ruiz Belvis de esta municipalidad del Oeste denunciaron el hecho que desde este pasado febrero se recibieron 34 consolas de aire acondicionado para igual número de salones de clase, y languidecen en los almacenes del plantel, debido a que la Autoridad de Edificios Públicos, propietaria de la estructura, no autoriza la instalación de los equipos.

LA CALLE Digital supo que la escuela sometió la orden de compra de las consolas de aire acondicionado después de que recibir la certificación de voltaje para el edificio. 

En una publicación a través de las redes sociales, se afirma que “la escuela cuenta con fondos propios para completar la instalación en cada salón. Sin embargo, como la escuela es de la Autoridad de Edificios Públicos, no autorizaron la instalación”, alegándose que deben ser empleados de esa corporación pública quienes instalen los equipos. 

Hoy, las consolas llevan cinco meses guardadas en un almacén de la escuela, y “por asuntos burocráticos no hay una fecha para posible instalación”

La matrícula de la escuela, que recibe estudiantes de noveno grado hasta duodécimo, suma cerca de 700 estudiantes, a razón de 32 o 33 por salón.

“Los salones están a tope. El calor es insoportable. Por más abanicos que se tienen, no son suficientes. Teniendo el equipo y los fondos para instalación nos obligan a enfrentar las condiciones de esta ola de calor”, se afirmó.

Las consolas costaron $98 mil, que ya fueron pagados, y se asegura que el Consejo Escolar tiene el dinero identificado de fondos propios para instalarlas.

“Se habló ya con el director regional de Edificios Públicos y el jefe general del Departamento de Educación, Ricardo Pitre, y la Oficina Central tienen conocimiento. ¡Soy maestra de esa escuela y quiero mi aire ya!”, expresó una de las maestras que conversó con LA CALLE Digital.

CPI: Salud se niega a hacer una lista de pacientes vulnerables durante apagones

Por Eliván Martínez Mercado | Centro de Periodismo Investigativo

LUMA, la empresa privatizadora del sistema de energía, urgió a que los pacientes conectados a aparatos eléctricos se registraran en una lista, cuando era inminente que la tormenta Ernesto causaría un nuevo apagón en Puerto Rico. “En este momento tenemos tres mil personas registradas con equipo de preservación de vida y eso es muy poquito”, dijo Juan Saca, presidente de la compañía, en una conferencia de prensa el 12 de agosto.

Alegó que LUMA les daría prioridad para devolverles la luz.

Aunque evadió responder si el Gobierno le había compartido información sobre esos pacientes vulnerables, aseguró que sólo tenía los datos de la lista que estaba levantando en ese momento durante la emergencia.

Siete años después del huracán María, que causó casi 3,000 muertes principalmente por falta de acceso a la electricidad, Puerto Rico carece de un sistema integrado de información que identifique quiénes son y dónde están las personas con necesidades especiales, como los electrodependientes, con el fin de socorrerlos antes, durante y después de los desastres. El Departamento de Salud (DS) ha optado por evitarse el trabajo de crear esa lista en vez de intentar hacerla para salvar vidas.

“En su momento deberíamos tener una única base de datos. Así que esa tiene que ser la meta”, reconoció el gobernador Pedro Pierluisi en la conferencia de prensa antes de que la tormenta Ernesto llegara. El CPI le había pedido una reacción ante el hecho de que LUMA hiciera un llamado a sus clientes vulnerables a marcar el 848-888-5862 para registrarse. Los municipios, el gobierno federal, el Departamento de Salud y organizaciones sin fines de lucro también han hecho esfuerzos por separado y descoordinados para crear la lista de personas que dependen de equipos eléctricos para vivir.

Estos pacientes no pueden contar con LUMA para su seguridad durante un desastre, porque su categoría “no se considera una prioridad de restauración”, según su Plan de Respuesta a Emergencias. Ese plan contradice las declaraciones de su presidente Juan Saca y de su portavoz Hugo Sorrentini, quienes afirmaron por separado que los electrodependientes iban a recibir prioridad luego de que la empresa atienda áreas críticas como las líneas de transmisión que estabilizan el sistema eléctrico y los hospitales.

En Puerto Rico, a pesar de la falta de un registro nacional, la Ley 152 del 19 de julio de 1998 permite a los pacientes recibir subsidios por consumo de energía con equipos necesarios para conservar la vida. Un informe de LUMA indica que unas 2,799 personas están acreditadas para recibirlo. Esto apenas representa el 6% de los pacientes identificados por emPOWER Program, una herramienta del gobierno federal que ofrece datos de los electrodependientes, y por el registro de infantes, niños y adolescentes del DS.

La base de datos nacional se pudo haber creado a partir del 2021, si el Senado hubiera aprobado el proyecto de ley P del S 281, que buscaba crear el registro de pacientes de diálisis y con necesidades especiales, con el fin de crear un plan que garantice su sobrevivencia.

Pero el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo durante las vistas públicas que esa responsabilidad debía recaer en los municipios. Los electrodependientes no solo son vulnerables durante los desastres naturales, sino siempre, dado el frágil sistema eléctrico de Puerto Rico, donde se va la luz con frecuencia sin que haya una tormenta.

Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública, también le sacó el cuerpo a que su agencia hiciera la lista, al sostener en las vistas públicas que ese trabajo debía recaer en los municipios y en el Departamento de Salud. El desacuerdo entre la Rama Ejecutiva estaba claro.

Nelson Torres Yordán, el entonces director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a mandatarios del Partido Popular Democrático (PPD), devolvió el balón a Mellado: “Esto es una facultad inherente al Departamento de Salud”, expresó. Y la Federación de Alcaldes, que reúne a los jefes de ayuntamientos del Partido Nuevo Progresista (PNP), añadió que el registro no debía ser impuesto a los municipios. Como los municipios y las agencias de salud y seguridad evadieron la responsabilidad, se colgó la legislación.

“Esto es un asunto de luchas y desacuerdos entre agencias estatales y de los municipios”, dijo Ralph Rivera, principal investigador del Centro de Preparación en Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, en respuesta al fracaso del proyecto de ley. “Si tuviéramos ese registro, en teoría no hubiera que improvisar después del desastre”.

La medida bipartita, de los senadores Gregorio Matías (PNP) y Gretchen Hau (PPD), buscaba que el Gobierno estuviera listo para no tener que solicitar esos datos a nadie durante una emergencia: precisamente evitar la posición en que estaba LUMA, haciendo una lista de pacientes vulnerables a veinticuatro horas de que llegara la tormenta Ernesto.

El tras bastidores de estas decisiones tomadas al interior del DS, que pueden significar la vida o la muerte para las personas, es ahora público, ya que el CPI accedió a miles de emails, informes y otros documentos tras una demanda de acceso a la información, presentada en diciembre de 2023. Estas comunicaciones demuestran que en la agencia hay un cuadro peligroso de desinformación, negligencia y falta de continuidad de las iniciativas necesarias para socorrer a los más vulnerables. Otros documentos sobre este mismo asunto se obtuvieron tras una petición de información al gobierno federal por medio del Freedom of Information Act (FOIA).

Apagón significa peligro

Flaquito, medio encorvado y de 21 años, Carlos Manuel Cruz le sonríe a su mamá, a la enfermera y al visitante. No ve, no habla, pero siente. Dibujó en el aire un sol imaginario con la mano derecha, y luego imitó los sonidos del galope de un caballo y del croar de un sapo. El síndrome de Klinefelter, condición genética que solo afecta a los hombres, había frenado el desarrollo de su cuerpo. Padece ceguera y dificultades para comprender qué sucede a su alrededor. Durante la primera semana de junio, estaba ajeno a que, en su casa, en el barrio Pasto de Coamo, se había interrumpido la electricidad. La explosión de un transformador de la red eléctrica que administra LUMA provocó un apagón en Coamo, Santa Isabel y Aibonito. Una semana después del paso de la tormenta Ernesto, su vecindario aún estaba a oscuras.

Cuando se va la luz, para los padres de Carlitos se activa una alerta de peligro. Tienen que “correr a prender una planta eléctrica o buscar gasolina”, explicó su madre, Lizzie Santiago. A Carlitos la epilepsia le provoca convulsiones y le baja la oxigenación, y tiene que recibir terapias con el concentrador de oxígeno, un aparato que depende de electricidad.

Mientras el Gobierno aún no ha creado el registro global de estos pacientes, el gobierno federal tiene disponible desde 2013 la base de datos emPOWER, que identifica a más de 44,000 electrodependientes en Puerto Rico. Esta lista es limitada: solo incluye a beneficiarios del programa de Medicare, que están conectados a alimentadores, camas de posiciones y máquinas de diálisis, entre otros equipos.

Durante las vistas públicas por el proyecto de ley que buscaba crear el registro de pacientes de diálisis y con necesidades especiales, el Secretario de Salud indicó que esa información ya la tenía emPOWER. Eran declaraciones engañosas.

Los documentos obtenidos tras la demanda del CPI confirman que el DS ha dado un uso muy limitado a esos datos y que ha incurrido en un patrón de errores con esa herramienta. El Secretario no dijo a los legisladores que su agencia obvió usar los datos de emPOWER durante el peor desastre natural en la historia moderna de Puerto Rico, la dupla de huracanes Irma y María. Y tampoco informó que, aunque solicitó al gobierno federal los datos de los pacientes identificados tras los terremotos de 2020, no los compartió con los funcionarios de primera respuesta municipales que estaban necesitados de información sobre quiénes eran y dónde estaban los electrodependientes. El problema se repitió en 2022 luego del huracán Fiona, que causó un apagón general.

El programa emPOWER publica datos agregados (sin identificar información personal de los pacientes), para que el gobierno pueda hacer planes de preparación y respuesta. Cuando hay una emergencia, entonces sí ofrece la información personal, para que los gobiernos estatales y municipales puedan identificar, localizar y rescatar a estas personas vulnerables. Desde antes del huracán María, el Departamento de Salud ha tenido oportunidades para adiestrarse sobre cómo funciona esa herramienta, según documentan los emails.

El exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, aseguró a Notiséis 360, en septiembre de 2019, que esa información no estaba disponible para el huracán María.

Según Rodríguez Mercado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS) “no se lo dejaba usar a los territorios y a algunos estados. Y por lo que pasó en María lo están dejando usar”.

La agencia federal desmintió tajantemente esas expresiones. “Esas declaraciones son incorrectas”, dijo un portavoz de HHS al CPI, y aseguró que los datos con identificadores individuales de los pacientes sí estaban disponibles.

Mellado y Shirley Esquilín, directora de la Oficina de Preparación y Coordinación en Respuesta de Salud Pública, no aceptaron peticiones de entrevista del CPI. La agencia aseguró por escrito que emPOWER solo le provee las direcciones de los pacientes dependientes de electricidad. Pero HHS envió otras declaraciones que desmienten esa aseveración: “los datos identificados, incluyendo nombres, direcciones y tipos de equipo que usan [los pacientes], han estado disponible para oficiales de estados y territorios desde 2013, para actividades de salvar vidas, en respuesta a los desastres, incluyendo huracanes”.

Para que Salud pueda compartir la información de pacientes particulares con los funcionarios de primera respuesta, estos deben firmar un acuerdo federal de intercambio de información y recibir un entrenamiento sobre la ley HIPAA, que protege la privacidad de los pacientes.

“No sé cuál es ese celo de Salud en guardar los datos, si no puede hacer nada solo. Si se pone a guardar los datos, entonces no está haciendo salud pública”, dijo al CPIMariola Rivera, una neumóloga pediátrica que ha sido vocal en la red social Twitter (X)sobre la importancia de usar esa información para atender a los electrodependientes.

“No es una cosa difícil hacer un curso de HIPAA. Te toma una mañana. Bien fácil. Salud tiene que aprender a delegar. ¿Por qué crear tanto problema y tanto obstáculo cuando puede ser algo tan sencillo? Es impresionante que llevemos tantos años peleando por una cosa tan sencilla”, añadió Rivera.

“A ciegas” las sin fines de lucro durante las emergencias

Dos importantes organizaciones sin fines de lucro, la Cruz Roja Americana y la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP), fueron a La Fortaleza el 5 de agosto de 2022, a recomendar precisamente lo que el Gobierno había rechazado un año antes: una lista sobre los pacientes con necesidades especiales.

Aunque una portavoz del Departamento de Salud indicó al CPI que desconoce de la recomendación de la Cruz Roja, la directora ejecutiva de esa organización de respuesta a desastres, Lee Feliciano, confirmó que le hicieron la recomendación en la reunión de La Fortaleza de ese 5 de agosto, hace dos años, ante funcionarios del DS y del NMEAD. Les pidieron una mejor estrategia de preparación y respuesta a los desastres. De uno de los emails obtenidos se desprende que al encuentro asistió Nivia Gerena, enlace de las poblaciones con necesidades funcionales y de acceso en el DS, Abner Torres, director del Área de Planificación del NMEAD, y Ciení Rodríguez, secretaria del Departamento de la Familia, entre otros.

El registro, según Feliciano, “no se puede empezar a hacer en medio del desastre”. Debe estar actualizado constantemente y alimentarse con bases de datos gubernamentales, privadas y de organizaciones sin fines de lucro, lo que se puede hacer en cumplimiento con la ley HIPAA, dijo. “Debe ser una herramienta para nosotros, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones como los departamentos de emergencia de los municipios, para ayudar a preparar mejor a esas familias cuando viene ese desastre. Sin la información es muy difícil hacerlo. Porque estamos actuando después del desastre y no antes”, añadió.

La Cruz Roja, al igual que el Gobierno, orienta a la población sobre la importancia de que cada individuo asuma responsabilidad por sí mismo y por su familia. “Esa educación a nivel general, que es mucho de lo que vemos, de preparación familiar y de cómo hacer la mochila de emergencias, está bien y es necesaria”, dijo al CPI Lee Feliciano. “Sin embargo hay unas poblaciones vulnerables que necesitan educación particularmente diseñada para ellos y ellas, como la comunidad de sordos y las personas encamadas. Y los cuidadores, que es gente que se agota. Hay que ver cómo ayudamos a esos cuidadores a estar mejor preparados para un desastre”, sostuvo. “Hubo personas de la comunidad sorda que se enteraron tarde de que venía el huracán María y de cuán potente era”.

José Acarón, director de AARP en Puerto Rico, manifestó su frustración cuando el CPI le preguntó por las listas. Su organización se había aliado al Departamento de Salud en 2015, dos años antes del huracán María, para colaborar en la creación del Registro de Poblaciones con Necesidades Funcionales y de Acceso. Los pacientes se inscribían de forma voluntaria, llamando a la línea de servicios gubernamentales 3-1-1.

La fallecida artista dominicopuertorriqueña Sandra Zaiter, quien quedó cuadrapléjica tras un trágico accidente en el mar en 1975, fue el rostro público de esa campaña. En 2016, con el cambio de gobierno, el DS abandonó la iniciativa, dijo Acarón.

“La única forma de atender esto es que haya voluntad desde arriba hacia abajo, desde el Gobierno de Puerto Rico, el federal, hasta los municipios. Y que sean las organizaciones sin fines de lucro las que ejecuten el plan. Pero están ciegas”, advirtió Acarón.

Salud le indicó al CPI que no administra este registro, sino que pertenece a Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1, adscrita al Departamento de Estado. “Según se nos ha informado, el Registro no se encuentra activo hace unos siete años aproximadamente. Es importante mencionar que ese registro no sustituía la responsabilidad y preparación individual. Cada residente debe desarrollar su propio plan de emergencias para su seguridad y la de su familia en caso de una emergencia”, dijo la portavoz de Salud.

Salud indicó que cuenta con el Registro de Niños Jóvenes Dependientes de Tecnología, creado después de los huracanes Irma y María en el 2017, que recoge datos de 299 menores de edad.

En su ponencia para el Proyecto del Senado 281, Mellado sostuvo que la actualización de los datos no podría hacerla su agencia porque no contaba con el recurso humano. La alegada necesidad de empleados contrasta con un patrón de uso de fondos públicos para contratar servicios profesionales de empresas de tecnología en esa agencia, con posibles cobros inflados y duplicidad de servicios, que poco han mejorado el rendimiento o datos disponibles en el DS, según una investigación del CPI.

En sus respuestas escritas al CPI, Salud sostuvo que ha desarrollado una visualización más amigable (“user friendly”) de los datos de emPower por municipio y por zona, sin identificar a los pacientes, además de un resumen general de datos agregados de esa plataforma que se actualiza mensualmente, para suministrar a las alcaldías.

Seis días después de que el CPI le enviara las preguntas al DS, el 7 de agosto de 2024, el Secretario de Salud emitió una orden que obliga a las aseguradoras a reportar mensualmente a cuántos pacientes conectados a equipos médicos le dan cubierta. Esa orden administrativa, sin embargo, no obliga a que, cuando haya una emergencia, las aseguradoras suministren a Salud los nombres, las direcciones y las condiciones de salud de los pacientes para poder identificarlos y socorrerlos antes y durante los desastres.

El registro global funciona en otros países

Una noche de diciembre de 2015, en la Provincia de Buenos Aires, Mauro Stefanizzi despertó al escuchar unos ruidos guturales. Fue hasta el cuarto de Joaquín, su hijo de un año que padecía patologías pulmonares crónicas, y se percató de que el concentrador de oxígeno no estaba funcionando. Había ocurrido un apagón. Stefanizzi cobró conciencia de que las interrupciones en el servicio eléctrico podían matar a su hijo, contó al CPI. Además, había aumentado el costo de la electricidad y a Stefanizzi se le hacía difícil pagarla. Comenzó a hacer activismo y a aparecer en medios de comunicación, se le unieron familias y nació la Asociación Argentina de Electrodependientes (AADED). Una de sus tareas fue abogar por que el Estado aprobara la ley 27.351, que estableció un registro de pacientes y garantizó que tengan electricidad de forma permanente, aunque los beneficios comenzaron a afectarse con la llegada del presidente Javier Milei, según denuncia la AADED.

Los pacientes se inscriben en una lista del Ministerio de Salud argentino, que la actualiza cada mes y la comparte con el Ministerio de Energía, que a su vez envía los datos a los gobiernos provinciales. Estos costean la totalidad de la electricidad de los pacientes, explicó Stefanizzi. “Al Estado argentino le cuesta menos pagar la luz al paciente en su casa que tenerlo en un hospital en terapia intensiva. Como parte de la ley, no se le puede cortar la luz”, añadió. El Gobierno argentino parte de la premisa de que, si las empresas eléctricas no pueden controlar los apagones, entonces son responsables de costear los equipos de resguardo, como baterías, para que los electrodependientes puedan conectar sus aparatos. “La empresa monitorea las casas por conexión remota y, si las baterías se están quedando sin carga, va a reemplazarlas y manda un generador eléctrico”.

Colombia y Chile también cuentan con registros de electrodependientes

El 18 de junio de 2024, en una conferencia de prensa celebrada en respuesta a losapagones continuos y masivos de ese mes, el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente delColegio de Médicos y Cirujanos, sostuvo que las interrupciones del servicio eléctricoagravan la crisis salubrista de Puerto Rico. Estos retrasan los tratamientos, las cirugíasy las pruebas de laboratorio de la población en general, y sobrecargan los hospitalespor causa de los electrodependientes que llegan por no tener energía en sus casas.

Los galenos recomendaron a Pierluisi un plan para que la crisis energética no afecte más la salud pública, lo que incluye crear un censo sobre los dependientes de electricidad.

Comentarios a emartinez@periodismoinvestigativo.com

Esta investigación es posible en parte con el apoyo de Hispanic Federation y The Fund for Investigative Journalism.

El Museo de Arte del RUM inicia el semestre académico con dos nuevas exposiciones

MAYAGÜEZ: El Museo de Arte (MUSA) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) inaugurará dos nuevas exhibiciones de arte este próximo jueves, 22 de agosto de 2024, a las 10:30 a.m. con motivo del inicio del semestre académico del recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Una de las muestras se titula Un grito social: manifestaciones de la violencia en el grabado y es curada por Flavia Marichal Lugo, directora y curadora de arte del Museo de Historia, Antropología y Arte (MHAA) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP). Esta exhibición reúne 31 obras realizadas en serigrafía, xilografía, linografía, offset, intaglio, aguatinta y colografía, todas pertenecientes a la colección permanente del MHAA.

Mientras, la segunda exposición será Expresiones abstractas: selección de la colección permanente, curada por las doctoras Melissa Ramos Borges, profesora de Historia del Arte de la UPRRP y Emilia Quiñones Otal, directora del Departamento de Humanidades del RUM y profesora de Teoría del Arte. Esta muestra reúne nueve piezas de artistas latinoamericanos que ejemplifican una variedad de estilos dentro de la expresión artística de la abstracción.

“La muestra Un grito social nos brinda la oportunidad de generar un espacio de diálogo sobre el fenómeno de la violencia. La pertinencia de las imágenes y los temas que se incluyen son una constante en las primeras planas de los periódicos y en los reportajes de prensa de nuestro país, por lo que es imperativo que, desde el espacio del museo, fomentemos el pensamiento, el análisis y la discusión sobre cómo la violencia nos afecta a todos, a nivel individual y colectivo. Por otro lado, con la muestra Expresiones abstractas, buscamos divulgar el acervo cultural que custodia el RUM, como parte del rol pedagógico al servicio de nuestros estudiantes y de la comunidad que nos frecuenta. Con estas dos importantes exposiciones, la facultad y los estudiantes podrán complementar el currículo y la enseñanza de diversas materias y, por supuesto, el público visitante podrá conocer más sobre nuestros artistas y la manera en que abordan la pluralidad de temáticas contenidas en estas exhibiciones», indicó Donald Carlos Escudero Rivera, el nuevo director de MUSA.

Agregó que el MUSA es la segunda sede de la exposición exhibición Un grito social, que fue originalmente presentada en la Galería Francisco Oller de la UPRRP en saludo al gran evento Poli/Gráfica de Puerto Rico: América Latina y el Caribe, del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Precisamente, la curadora de la muestra Un grito social comentó que el principal objetivo de esta exhibición es mostrar las problemáticas sociales y cómo sus creadores las han abordado a través de la construcción de estas imágenes.

“En las salas, las personas podrán ver cómo el grabado puertorriqueño ha sido tradicionalmente un medio de expresión que ha denunciado la violencia que ha marcado la realidad de nuestra isla a través de imágenes que representan la represión, la pobreza, las injusticias sociales, la criminalidad, la violencia de género, política y policial, así como los conflictos bélicos, entre otros. Las obras se complementan con cédulas en las que se da voz a los artistas, que comparten una declaración relacionada con su obra y el fenómeno que representan en esta. Además, para beneficio del público, se incluye una biografía que brinda información a los espectadores”, sostuvo Marichal Lugo.

Por otra parte, con relación a Expresiones Abstractas, sus curadoras indicaron que aspiran a resaltar parte de la colección permanente del Recinto.

“Con la exposición intentamos mostrar un grupo de pinturas, dibujos y objetos tridimensionales que presentan diversas vertientes de la abstracción modernista producida en América: la orgánica, la geométrica y la óptica. Las obras de la exposición son de varias generaciones, lo que se demuestra por la diversidad en línea, el color, la forma y la textura. Las piezas fueron adquiridas por el Recinto Universitario de Mayagüez a partir de la década de 1960 e incluyen obras de artistas residentes, docentes del RUM y objetos donados a la institución”, coincidieron Ramos Borges y Quiñones Otal.

El MUSA está abierto de martes a viernes, entre 10:00 a.m. a 4:30 p.m. Para más información pueden comunicarse a actividades.musa@uprm.edu, llamar al 787-832-4040, extensión 5775, o seguir al museo en Facebook, Instagram o X como @MuseoUPRM.

Acusan fémina que escaló y hurtó un carro del “dealer” Nissan de Aguadilla

AGUADILLA: Agentes de la División de Vehículos Hurtados y del cuartel de Aguadilla sometieron denuncias por hurtar un vehículo, escalamiento, apropiación ilegal y violar la Ley de Sustancias Controladas, contra Grace M. Pérez Esponda, de 31 años, vecina de esta municipalidad.

Los hechos que se le imputan a Pérez Esponda ocurrieron durante la noche de este pasado viernes, 16 de agosto, en Nissan de Aguadilla.

Se alega que Pérez Esponda cargó con un monitor de computadora, una aspiradora, productos para limpieza de autos, un taladro de baterías con su cargador y carro Nissan Versa del 2024, que manejaba al momento de ser arrestada por los agentes.

La detención se produjo a las 5:00 de la tarde del sábado en un tramo de la carretera 107 de Aguadilla. En medio de la intervención, a la imputada le ocuparon varias bolsitas de cocaína y parafernalia.

Los agentes Joel Villanueva, de Vehículos Hurtados, y Rubén Hernández, del cuartel aguadillano, consultaron con el fiscal Rufino Jiménez, quien autorizó someter las denuncias.

El juez Rolando Matos determinó causa probable para arresto contra la detenida, imponiéndole una fianza de $50 mil, que no prestó. Aparte de eso, también se diligenció una orden de arresto que la imputada tenía pendiente por otro caso de drogas.

Pérez Esponda quedó sumariada en el Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar fue señalada para el próximo 27 de agosto.

A ciegas el restablecimiento de la energía eléctrica en Puerto Rico durante las emergencias

Por Wilma Maldonado, Luis Joel Méndez González, Damaris Suárez y Omaya Sosa Pascual / Centro de Periodismo Investigativo

Casi la mitad de los municipios de Puerto Rico tuvieron a todos sus barrios simultáneamente sin electricidad durante o después del paso de la tormenta Ernesto, que apenas tocó la Isla, sino que se trasladó entre 35 a 40 millas al norte de San Juan.

De los municipios que han estado a oscuras, varios son del área oeste o suroeste, que fue la región donde menos se sintieron los vientos.

Tres días después del evento, LUMA Energy, la compañía privada a cargo de la transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico, no ha explicado las causas para la interrupción eléctrica tan generalizada a consecuencia de la tormenta Ernesto, que se mantuvo en el Océano Atlántico con vientos de cerca de 55 millas por hora. Tampoco ha dado un estimado de cuándo se restablecerá el servicio cuya interrupción dejó sin electricidad a la mitad de la población.

Juan Saca, presidente de LUMA, reconoció que no “hemos visto nada catastrófico que haya pasado” en el sistema eléctrico, pero sí “mucho daño por todo el sistema” por árboles caídos sobre líneas y equipo derribado por “el tema del clima”. Dijo que todavía están “en el proceso de entender dónde hay más daños” al tiempo que mostraba complacencia de que presuntamente había casi 400,000 clientes sin luz el jueves, de más de 700,000 que había la noche anterior. “Se ha reducido dramáticamente el número de clientes sin servicio…Así es que vamos bien en cuanto a la recuperación”.

“Hasta que no terminemos esa evaluación no podemos darle al Pueblo de Puerto Rico una hora o fecha específica [de cuándo se restaurará el sistema]”, dijo Saca en conferencia de prensa mientras el gobernador Pedro Pierluisi, que estaba a su lado, le ayudaba a completar la contestación al periodista diciéndole que lo importante era que se estuviese “aumentando el número de personas con servicio”, y el presidente de la empresa repetía en el micrófono lo que Pierluisi le decía.

El viernes, al otro día de esa conferencia de prensa, LUMA dijo que aspiraba a tener para el domingo el 90% del servicio restablecido.

El Gobernador se mostró molesto cuando el CPI le preguntó en conferencia de prensa a qué se debe la lentitud en el proceso de recuperación del sistema eléctrico, específicamente en la región de Carolina, que en la página de LUMA no se indica qué municipios incluye, y donde ayer el porcentaje de clientes sin servicio al momento de la conferencia de prensa (1:55 p.m.) era de 60%, para 85,555. Hoy viernes, a las 9:35 de la mañana, era de 93%, para 131,799 clientes. Por cada cliente sin servicio, podría haber tres personas necesitadas de electricidad, tomando en cuenta que ese es el promedio de residentes que vive en los hogares de Puerto Rico, según la más reciente Encuesta Sobre la Comunidad.

“Algo que yo voy a decir por sentido común es que sabemos que el área Este fue el área mayormente impactada por los vientos de fuerza de tormenta tropical y en algunos casos hasta fuerza de vientos huracanados […] Digo esto porque no me sorprende que en el área este se esté tardando más el restablecer el servicio”, dijo el gobernador. Los municipios de la zona este recibieron entre tres y diez pulgadas de lluvia.

En un recorrido por los municipios de la región de Carolina el CPI pudo constatar que gran parte del impacto en la red eléctrica se relaciona a la falta de mantenimiento de las líneas, muchas de ellas enredadas en árboles y ramas. El director de operaciones de líneas de la región centro-sur de LUMA, Alejandro González, reconoció que allí “hay un problema de vegetación, el sistema está perdido, no hay control de vegetación. Estamos trabajando [con el problema]”.

González añadió que hace tres años comenzaron a trabajar con el manejo de la vegetación.

Por su parte, Juan Saca indicó que “el problema es que debajo de las líneas hay árboles que crecieron por décadas” e hizo énfasis en que “hay que despejar antes de poder comenzar a mantener las líneas”.

No se enteran

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) llamó a todos los alcaldes y alcaldesas de los 78 municipios para conocer cómo habían experimentado las interrupciones en sus barrios ante la falta de claridad de los mapas provistos por LUMA en su página electrónica y las imprecisiones del Gobierno, que se ha mantenido manos afuera en la respuesta del restablecimiento del servicio y en la exigencia de cuentas al operador privado.

Ni LUMA ni el Gobierno de Puerto Rico han dado información exacta sobre la energización de los municipios y el porcentaje de clientes con servicio por pueblo, como acostumbraba a hacer la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Incluso, el director de prensa y medios digitales de LUMA, Hugo Sorrentini, dijo al CPI que la compañía no tiene la capacidad de saber cómo está el servicio eléctrico en cada municipio. Esto pese a que los alcaldes y el personal municipal necesitan esa información porque son la primera línea de respuesta y apoyo a los ciudadanos durante emergencias.

“Ahora mismo no tengo el dato de cuáles puedan ser esos municipios [sin servicio Eléctrico]”, dijo Sorrentini.

Cuando se le planteó que había decenas de alcaldes que afirmaban que sus municipios quedaron 100% sin electricidad, Sorrentini dijo que era posible que eso hubiese ocurrido, pero se sostuvo en que LUMA no podía identificar cuáles eran esos municipios que quedaron completamente a oscuras, aunque aceptó que LUMA sí tiene esos datos que surgen de los alimentadores, pero aseguró que no los organizan por municipio.

La AEE actualizaba esta información cuando había apagones por situaciones de emergencia.

El miércoles, mientras Ernesto se alejaba de la costa noreste, el CPI le solicitó a Sorrentini el desglose por municipio de los 750,000 clientes que la compañía alegaba que no tenían servicio, y este dijo que LUMA no podía proveer esa información porque no la tenía recopilada de esa manera. Según explicó, el sistema cuenta con un total de 1,127 alimentadores distribuidos en seis regiones y estas líneas — que sirven a entre 500 y 10,000 abonados cada una — cruzan municipios.

Aseguró que, para saber cómo se distribuyen estos clientes por municipio, tendrían que verificar uno por uno los 1,127 alimentadores y recoger manualmente la información, lo cual tomaría mucho tiempo.

“No tenemos estadísticas por municipio porque el sistema corre por regiones operacionales, porque los alimentadores de las líneas que van desde los alimentadores hasta las comunidades recorren varios municipios”, indicó. “Hasta que no tengamos esos contadores inteligentes no podemos saber cuántos contadores hay y dónde están”, añadió.

La instalación de 1.5 millones de contadores inteligentes tomaría por lo menos tres años a un costo de $875 millones.

Sin embargo, el exdirector ejecutivo interino de la AEE, Justo González, dijo al CPI que LUMA tiene la capacidad de enterarse en tiempo real de la situación del sistema por municipio. Por ejemplo, explicó que la compañía eléctrica dispone de un equipo de recolección de datos que, entre otras cosas, tiene la capacidad para asociar el número de teléfono del cliente que llama para poner una querella con el número de contador y que esa información se registra en un centro de información que está en las mismas subestaciones y de ahí al área comercial, donde está toda la información de los clientes.

LUMA anunció el miércoles que no recibiría más querellas de interrupción de servicio de los ciudadanos mediante su página web y su aplicación móvil, según publicó Metro. No se explicó por qué se tomó esa determinación y pidió a las personas afectadas que llamaran por teléfono al 1-844-888-5862.

Sin luz en todos los puntos cardinales

De los más de 60 ejecutivos municipales que respondieron al CPI personalmente o por medio de sus portavoces, 30 dijeron que tuvieron a sus municipios en un 100% sin servicio eléctrico en algún momento, y en muchos casos, durante varias horas. En el caso de Patillas y Canóvanas, el CPI encontró en páginas de Facebook, como la de la alcaldesa o el propio ayuntamiento, que también estuvieron sin el servicio en su totalidad. Fajardo y Lajas lo hicieron público en varios medios.

Otros 17 municipios tuvieron entre 60% y 95% de sus barrios sin luz en algún momento desde el martes que inició el paso de la tormenta, y el jueves. Los alcaldes aclararon que los porcentajes son estimados de acuerdo a los reportes que recibieron de la gente y las visitas del personal municipal y de los propios ejecutivos municipales a los barrios.

San Juan, la ciudad capital, tuvo aproximadamente 40% de la población sin servicio eléctrico, según un portavoz de prensa del alcalde Miguel Romero.

Los más afortunados fueron los municipios de Cataño, Toa Baja y Manatí, que informaron haber tenido solo un 1%, 3% y 10%, respectivamente, de sus residentes sin luz.

La mayoría de los municipios que se quedaron totalmente a oscuras están en la región central y este de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra.

Varios alcaldes, como el de Dorado, el popular Carlos López, se quejaron a través de los medios de comunicación de que la coordinación con LUMA ha sido ineficiente, pues los ejecutivos municipales han citado para reuniones virtuales por la plataforma Zoom, en las cuales solo hablan representantes de la empresa y no se les permite presentar sus preguntas o prioridades, sino que se les sugiere enviarlas por correo electrónico.

Los oficiales de prensa de los municipios de Ponce y de San Juan, Eduardo Questell y Aníbal Jover, escribieron por separado al CPI que la comunicación con LUMA ha sido nula. La directora de la Oficina de Planificación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico de Loíza, Yeidy Mar Escobar Del Valle, dijo lo mismo.

El alcalde penepé de Aibonito, William Alicea Pérez, afirmó que el miércoles nadie en el pueblo tenía servicio eléctrico. Completamente apagados estaban también sus vecinos de Coamo, Salinas, Cayey, Cidra, Comerío y Barranquitas.

El alcalde popular de Coamo, Juan Carlos García Padilla, informó que a las 5:00 a.m. del miércoles, el 100% del municipio se quedó sin luz debido a que colapsó la línea de respaldo (numerada 4800).

El alcalde penepé de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, dijo que, aunque inicialmente se le indicó que la falta de energía fue provocada por el sistema de autoprotección, entendía que la situación se había tornado más compleja porque los vientos que soplaron durante el día tumbaron algunos tendidos y postes.

“Aquí ha habido mucha lluvia, pero poco viento. No hay ninguna razón para que el 100% de mi ciudad esté sin servicio. No ha habido ninguna comunicación de LUMA dirigida a decirnos la condición del sistema, anticipar los planes de cuándo regresa el servicio. Esa es mi frustración, porque parece que no aprendimos de Fiona, que precisamente por eso fue que los municipios entramos a levantar la red”, dijo el alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández, quien además preside la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

De manera similar se expresó el ejecutivo municipal popular de Juana Díaz, Ramón Antonio Hernández, que tuvo a más de la mitad de los residentes sin el servicio eléctrico desde la madrugada del miércoles. “La entrega total de la AEE a compañías privadas, a hacer trabajos chapuceros”, respondió el alcalde cuando se le preguntó cuál ha sido la causa de la falta de servicio eléctrico. “La incompetencia que ha demostrado LUMA” porque, según dijo, no observó en su pueblo postes caídos que provocaran la interrupción del servicio o retrasarán su restablecimiento.

Municipios de la región oeste, que fue donde menos se sintieron los vientos con fuerza de tormenta, también perdieron el servicio entre un 50% y 100% de sus territorios.

“La realidad es que aquí, en Lajas, los daños [al sistema eléctrico] fueron prácticamente mínimos, nada que no se hubiese podido resolver en menos de 24 horas, pero, pues así opera LUMA”, expresó el alcalde penepé de Lajas y exempleado de la AEE, Jayson Martínez, en su página personal de Facebook. “Es frustrante como esta compañía, la cual tiene un montón de millones de dólares para fortalecer un sistema de energía eléctrica y que quede mejor, pues sin que pasara nada, ya llevamos dos días sin servicio de energía eléctrica”, se quejó.

Por el contrario, el alcalde popular de Hormigueros, Pedro García, atribuyó la falta de servicio eléctrico en su pueblo a que este se suple de la subestación de Las Acacias que se encuentra en un sector inundable y que además es muy vieja por lo que siempre que hay lluvias fuertes se va el servicio eléctrico.

El alcalde popular de Arroyo, Eric E. Bachier Román, informó que el servicio de energía en su municipio fue interrumpido en el 85% del pueblo desde las 2:00 de la mañana del miércoles hasta aproximadamente las 7:30 de la noche de ese mismo día. Rincón experimentó hasta un 90% de clientes sin luz, indicó un portavoz del alcalde popular, Carlos López Bonilla.

El alcalde popular de Arecibo, Carlos Ramírez, indicó que, en la noche del martes y madrugada del miércoles, más de la mitad de la población tenía energía eléctrica en sus hogares, pero que el jueves el número de personas sin luz aumentó a cerca del 80%.

Las fluctuaciones en el voltaje en Arecibo provocaron daños en el motor y fusibles de la estación de bombas Dos Millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lo que ocasionó que dejara de operar y dejó a miles de clientes sin agua en sectores de Arecibo y Hatillo.

La falta de energía eléctrica también provocó la interrupción del servicio de agua potable en varios sectores de todos los municipios. El viernes 257,000 clientes de la AAA seguían sin el servicio de agua potable en sus hogares, según expresó la directora ejecutiva de la corporación pública Doriel Pagán a El Vocero.

Pagán indicó que de 50 plantas de filtración que están en operación, 31 operaban con generadores.

La mayoría de los alcaldes y alcaldesas no sabían a ciencia cierta por qué en sus pueblos falló el servicio eléctrico total o parcialmente. Algunos ejecutivos municipales, como el de Sabana Grande, el de Aibonito y el de Comerío, mencionaron el colapso de líneas de distribución como la razón para la falta de energía eléctrica en sus pueblos. El jueves en la noche hubo un fuego en una subestación de Carolina que volvió a dejar a la gente sin luz después de que ya tenían el servicio. Otra avería afectó anoche a sectores de Hatillo y Arecibo.

“Imagínate que viniera un huracán de verdad. Estaríamos meses y meses sin energía eléctrica”, expresó el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, quien aspira a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad.

Los periodistas José M. Encarnación, Eliván Martínez y Vanessa Colón Almenas contribuyeron en esta historia.

Por Wilma Maldonado, Luis Joel Méndez González, Damaris Suárez y Omaya Sosa Pascual / Centro de Periodismo Investigativo

Casi la mitad de los municipios de Puerto Rico tuvieron a todos sus barrios simultáneamente sin electricidad durante o después del paso de la tormenta Ernesto, que apenas tocó la Isla, sino que se trasladó entre 35 a 40 millas al norte de San Juan.

De los municipios que han estado a oscuras, varios son del área oeste o suroeste, que fue la región donde menos se sintieron los vientos.

Tres días después del evento, LUMA Energy, la compañía privada a cargo de la transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico, no ha explicado las causas para la interrupción eléctrica tan generalizada a consecuencia de la tormenta Ernesto, que se mantuvo en el Océano Atlántico con vientos de cerca de 55 millas por hora. Tampoco ha dado un estimado de cuándo se restablecerá el servicio cuya interrupción dejó sin electricidad a la mitad de la población.

Juan Saca, presidente de LUMA, reconoció que no “hemos visto nada catastrófico que haya pasado” en el sistema eléctrico, pero sí “mucho daño por todo el sistema” por árboles caídos sobre líneas y equipo derribado por “el tema del clima”. Dijo que todavía están “en el proceso de entender dónde hay más daños” al tiempo que mostraba complacencia de que presuntamente había casi 400,000 clientes sin luz el jueves, de más de 700,000 que había la noche anterior. “Se ha reducido dramáticamente el número de clientes sin servicio…Así es que vamos bien en cuanto a la recuperación”.

“Hasta que no terminemos esa evaluación no podemos darle al Pueblo de Puerto Rico una hora o fecha específica [de cuándo se restaurará el sistema]”, dijo Saca en conferencia de prensa mientras el gobernador Pedro Pierluisi, que estaba a su lado, le ayudaba a completar la contestación al periodista diciéndole que lo importante era que se estuviese “aumentando el número de personas con servicio”, y el presidente de la empresa repetía en el micrófono lo que Pierluisi le decía.

El viernes, al otro día de esa conferencia de prensa, LUMA dijo que aspiraba a tener para el domingo el 90% del servicio restablecido.

El Gobernador se mostró molesto cuando el CPI le preguntó en conferencia de prensa a qué se debe la lentitud en el proceso de recuperación del sistema eléctrico, específicamente en la región de Carolina, que en la página de LUMA no se indica qué municipios incluye, y donde ayer el porcentaje de clientes sin servicio al momento de la conferencia de prensa (1:55 p.m.) era de 60%, para 85,555. Hoy viernes, a las 9:35 de la mañana, era de 93%, para 131,799 clientes. Por cada cliente sin servicio, podría haber tres personas necesitadas de electricidad, tomando en cuenta que ese es el promedio de residentes que vive en los hogares de Puerto Rico, según la más reciente Encuesta Sobre la Comunidad.

“Algo que yo voy a decir por sentido común es que sabemos que el área Este fue el área mayormente impactada por los vientos de fuerza de tormenta tropical y en algunos casos hasta fuerza de vientos huracanados […] Digo esto porque no me sorprende que en el área este se esté tardando más el restablecer el servicio”, dijo el gobernador. Los municipios de la zona este recibieron entre tres y diez pulgadas de lluvia.

En un recorrido por los municipios de la región de Carolina el CPI pudo constatar que gran parte del impacto en la red eléctrica se relaciona a la falta de mantenimiento de las líneas, muchas de ellas enredadas en árboles y ramas. El director de operaciones de líneas de la región centro-sur de LUMA, Alejandro González, reconoció que allí “hay un problema de vegetación, el sistema está perdido, no hay control de vegetación. Estamos trabajando [con el problema]”.

González añadió que hace tres años comenzaron a trabajar con el manejo de la vegetación.

Por su parte, Juan Saca indicó que “el problema es que debajo de las líneas hay árboles que crecieron por décadas” e hizo énfasis en que “hay que despejar antes de poder comenzar a mantener las líneas”.

No se enteran

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) llamó a todos los alcaldes y alcaldesas de los 78 municipios para conocer cómo habían experimentado las interrupciones en sus barrios ante la falta de claridad de los mapas provistos por LUMA en su página electrónica y las imprecisiones del Gobierno, que se ha mantenido manos afuera en la respuesta del restablecimiento del servicio y en la exigencia de cuentas al operador privado.

Ni LUMA ni el Gobierno de Puerto Rico han dado información exacta sobre la energización de los municipios y el porcentaje de clientes con servicio por pueblo, como acostumbraba a hacer la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Incluso, el director de prensa y medios digitales de LUMA, Hugo Sorrentini, dijo al CPI que la compañía no tiene la capacidad de saber cómo está el servicio eléctrico en cada municipio. Esto pese a que los alcaldes y el personal municipal necesitan esa información porque son la primera línea de respuesta y apoyo a los ciudadanos durante emergencias.

“Ahora mismo no tengo el dato de cuáles puedan ser esos municipios [sin servicio Eléctrico]”, dijo Sorrentini.

Cuando se le planteó que había decenas de alcaldes que afirmaban que sus municipios quedaron 100% sin electricidad, Sorrentini dijo que era posible que eso hubiese ocurrido, pero se sostuvo en que LUMA no podía identificar cuáles eran esos municipios que quedaron completamente a oscuras, aunque aceptó que LUMA sí tiene esos datos que surgen de los alimentadores, pero aseguró que no los organizan por municipio.

La AEE actualizaba esta información cuando había apagones por situaciones de emergencia.

El miércoles, mientras Ernesto se alejaba de la costa noreste, el CPI le solicitó a Sorrentini el desglose por municipio de los 750,000 clientes que la compañía alegaba que no tenían servicio, y este dijo que LUMA no podía proveer esa información porque no la tenía recopilada de esa manera. Según explicó, el sistema cuenta con un total de 1,127 alimentadores distribuidos en seis regiones y estas líneas — que sirven a entre 500 y 10,000 abonados cada una — cruzan municipios.

Aseguró que, para saber cómo se distribuyen estos clientes por municipio, tendrían que verificar uno por uno los 1,127 alimentadores y recoger manualmente la información, lo cual tomaría mucho tiempo.

“No tenemos estadísticas por municipio porque el sistema corre por regiones operacionales, porque los alimentadores de las líneas que van desde los alimentadores hasta las comunidades recorren varios municipios”, indicó. “Hasta que no tengamos esos contadores inteligentes no podemos saber cuántos contadores hay y dónde están”, añadió.

La instalación de 1.5 millones de contadores inteligentes tomaría por lo menos tres años a un costo de $875 millones.

Sin embargo, el exdirector ejecutivo interino de la AEE, Justo González, dijo al CPI que LUMA tiene la capacidad de enterarse en tiempo real de la situación del sistema por municipio. Por ejemplo, explicó que la compañía eléctrica dispone de un equipo de recolección de datos que, entre otras cosas, tiene la capacidad para asociar el número de teléfono del cliente que llama para poner una querella con el número de contador y que esa información se registra en un centro de información que está en las mismas subestaciones y de ahí al área comercial, donde está toda la información de los clientes.

LUMA anunció el miércoles que no recibiría más querellas de interrupción de servicio de los ciudadanos mediante su página web y su aplicación móvil, según publicó Metro. No se explicó por qué se tomó esa determinación y pidió a las personas afectadas que llamaran por teléfono al 1-844-888-5862.

Sin luz en todos los puntos cardinales

De los más de 60 ejecutivos municipales que respondieron al CPI personalmente o por medio de sus portavoces, 30 dijeron que tuvieron a sus municipios en un 100% sin servicio eléctrico en algún momento, y en muchos casos, durante varias horas. En el caso de Patillas y Canóvanas, el CPI encontró en páginas de Facebook, como la de la alcaldesa o el propio ayuntamiento, que también estuvieron sin el servicio en su totalidad. Fajardo y Lajas lo hicieron público en varios medios.

Otros 17 municipios tuvieron entre 60% y 95% de sus barrios sin luz en algún momento desde el martes que inició el paso de la tormenta, y el jueves. Los alcaldes aclararon que los porcentajes son estimados de acuerdo a los reportes que recibieron de la gente y las visitas del personal municipal y de los propios ejecutivos municipales a los barrios.

San Juan, la ciudad capital, tuvo aproximadamente 40% de la población sin servicio eléctrico, según un portavoz de prensa del alcalde Miguel Romero.

Los más afortunados fueron los municipios de Cataño, Toa Baja y Manatí, que informaron haber tenido solo un 1%, 3% y 10%, respectivamente, de sus residentes sin luz.

La mayoría de los municipios que se quedaron totalmente a oscuras están en la región central y este de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra.

Varios alcaldes, como el de Dorado, el popular Carlos López, se quejaron a través de los medios de comunicación de que la coordinación con LUMA ha sido ineficiente, pues los ejecutivos municipales han citado para reuniones virtuales por la plataforma Zoom, en las cuales solo hablan representantes de la empresa y no se les permite presentar sus preguntas o prioridades, sino que se les sugiere enviarlas por correo electrónico.

Los oficiales de prensa de los municipios de Ponce y de San Juan, Eduardo Questell y Aníbal Jover, escribieron por separado al CPI que la comunicación con LUMA ha sido nula. La directora de la Oficina de Planificación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico de Loíza, Yeidy Mar Escobar Del Valle, dijo lo mismo.

El alcalde penepé de Aibonito, William Alicea Pérez, afirmó que el miércoles nadie en el pueblo tenía servicio eléctrico. Completamente apagados estaban también sus vecinos de Coamo, Salinas, Cayey, Cidra, Comerío y Barranquitas.

El alcalde popular de Coamo, Juan Carlos García Padilla, informó que a las 5:00 a.m. del miércoles, el 100% del municipio se quedó sin luz debido a que colapsó la línea de respaldo (numerada 4800).

El alcalde penepé de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, dijo que, aunque inicialmente se le indicó que la falta de energía fue provocada por el sistema de autoprotección, entendía que la situación se había tornado más compleja porque los vientos que soplaron durante el día tumbaron algunos tendidos y postes.

“Aquí ha habido mucha lluvia, pero poco viento. No hay ninguna razón para que el 100% de mi ciudad esté sin servicio. No ha habido ninguna comunicación de LUMA dirigida a decirnos la condición del sistema, anticipar los planes de cuándo regresa el servicio. Esa es mi frustración, porque parece que no aprendimos de Fiona, que precisamente por eso fue que los municipios entramos a levantar la red”, dijo el alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández, quien además preside la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

De manera similar se expresó el ejecutivo municipal popular de Juana Díaz, Ramón Antonio Hernández, que tuvo a más de la mitad de los residentes sin el servicio eléctrico desde la madrugada del miércoles. “La entrega total de la AEE a compañías privadas, a hacer trabajos chapuceros”, respondió el alcalde cuando se le preguntó cuál ha sido la causa de la falta de servicio eléctrico. “La incompetencia que ha demostrado LUMA” porque, según dijo, no observó en su pueblo postes caídos que provocaran la interrupción del servicio o retrasarán su restablecimiento.

Municipios de la región oeste, que fue donde menos se sintieron los vientos con fuerza de tormenta, también perdieron el servicio entre un 50% y 100% de sus territorios.

“La realidad es que aquí, en Lajas, los daños [al sistema eléctrico] fueron prácticamente mínimos, nada que no se hubiese podido resolver en menos de 24 horas, pero, pues así opera LUMA”, expresó el alcalde penepé de Lajas y exempleado de la AEE, Jayson Martínez, en su página personal de Facebook. “Es frustrante como esta compañía, la cual tiene un montón de millones de dólares para fortalecer un sistema de energía eléctrica y que quede mejor, pues sin que pasara nada, ya llevamos dos días sin servicio de energía eléctrica”, se quejó.

Por el contrario, el alcalde popular de Hormigueros, Pedro García, atribuyó la falta de servicio eléctrico en su pueblo a que este se suple de la subestación de Las Acacias que se encuentra en un sector inundable y que además es muy vieja por lo que siempre que hay lluvias fuertes se va el servicio eléctrico.

El alcalde popular de Arroyo, Eric E. Bachier Román, informó que el servicio de energía en su municipio fue interrumpido en el 85% del pueblo desde las 2:00 de la mañana del miércoles hasta aproximadamente las 7:30 de la noche de ese mismo día. Rincón experimentó hasta un 90% de clientes sin luz, indicó un portavoz del alcalde popular, Carlos López Bonilla.

El alcalde popular de Arecibo, Carlos Ramírez, indicó que, en la noche del martes y madrugada del miércoles, más de la mitad de la población tenía energía eléctrica en sus hogares, pero que el jueves el número de personas sin luz aumentó a cerca del 80%.

Las fluctuaciones en el voltaje en Arecibo provocaron daños en el motor y fusibles de la estación de bombas Dos Millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lo que ocasionó que dejara de operar y dejó a miles de clientes sin agua en sectores de Arecibo y Hatillo.

La falta de energía eléctrica también provocó la interrupción del servicio de agua potable en varios sectores de todos los municipios. El viernes 257,000 clientes de la AAA seguían sin el servicio de agua potable en sus hogares, según expresó la directora ejecutiva de la corporación pública Doriel Pagán a El Vocero.

Pagán indicó que de 50 plantas de filtración que están en operación, 31 operaban con generadores.

La mayoría de los alcaldes y alcaldesas no sabían a ciencia cierta por qué en sus pueblos falló el servicio eléctrico total o parcialmente. Algunos ejecutivos municipales, como el de Sabana Grande, el de Aibonito y el de Comerío, mencionaron el colapso de líneas de distribución como la razón para la falta de energía eléctrica en sus pueblos. El jueves en la noche hubo un fuego en una subestación de Carolina que volvió a dejar a la gente sin luz después de que ya tenían el servicio. Otra avería afectó anoche a sectores de Hatillo y Arecibo.

“Imagínate que viniera un huracán de verdad. Estaríamos meses y meses sin energía eléctrica”, expresó el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, quien aspira a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad.

Los periodistas José M. Encarnación, Eliván Martínez y Vanessa Colón Almenas contribuyeron en esta historia.