Se alega que el parque acuático Los Chorritos se construyó sin los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (Archivo).
SABANA GRANDE: La más reciente auditoría de la Contralora de Puerto Rico reveló lo que describió como “desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación”, relacionadas con la administración del presupuesto, las obras de construcción y pagos indebidos por distintos conceptos en Sabana Grande.
La opinión de la contralora Yesmín Valdivieso, que fue descrita como “parcialmente adversa”, cubrió el periodo del 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2014.
Se indicó que el déficit acumulado ascendió a $2.8, $2.8 y $3.2 millones para los años fiscales del 2011 al 2013 respectivamente, lo cual representa entre un 25 por ciento a un 28 por ciento de déficit con respecto al presupuesto.
Además, el Municipio sobrestimó por 12, 18 y 11 por ciento, los ingresos para esos años y se sobregiró en fondos y partidas.
“El operar con déficit afecta los servicios a la ciudadanía, sobreestimar los ingresos contribuye al déficit y los sobregiros crean una situación fiscal precaria para el Municipio”, dijo la contralora Valdivieso.
El Informe señala que de noviembre de 2010 a mayo de 2013, se adquirieron bienes y servicios por $418 mil 711 sin obtener cotizaciones de por lo menos tres proveedores contrario a la Ley 81-1991.
Además, en diciembre de 2012 se comenzó la construcción del Parque Recreativo, Tablado, y Juegos Acuáticos del barrio Rincón, sin el permiso de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y en ese periodo se formalizaron ocho contratos por $354 mil 731 para realizar mejoras de varios centros Head Start, sin que los contratistas presentaran las fianzas, pólizas y las certificaciones requeridas.
Estas situaciones no permitieron a la OGPe ejercer su función reguladora, deja sin garantías al Municipio para responder por los compromisos de los contratistas con sus empleados y proveedores, e impide llevar a cabo una administración pública sana y eficiente.
La auditoría de 13 hallazgos detectó que no se requirieron certificaciones de sobrantes antes de autorizar las transferencias de crédito, se pagó $8,380 en exceso a funcionarios y empleados por la liquidación de licencias acumuladas, y se pagaron $178 mil 907 en exceso a dos contratistas que no tenían contrato escrito con el Municipio.
Entre las múltiples deficiencias se comentan las relacionadas con los archivos de documentos públicos, las recaudaciones, las inversiones, la preparación de conciliaciones bancarias y controles sobre la propiedad.
En los comentarios especiales se indica que el Municipio tenía pendiente de resolución una demanda civil por $75 mil y no había recobrado $74,432 según se recomendó en el Informe de Auditoria M-13-24 del 3 de febrero de 2013.
El informe completo está disponible en www.ocpr.gov.pr.
