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Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste del país y miembro de la UIA/AAA

Desde el pasado año, el Departamento de Educación ha estado anunciando cierre de escuelas como medida para reducir gastos en dicho Departamento. Tanto el primer anuncio de cierre como el más reciente hecho este año, generaron serias críticas al secretario de Educación, Rafael Román, porque el cierre anunciado en muchas escuelas, crearía dificultades a los padres a la hora de llevar sus hijos a las escuelas receptoras.

Protestas, conferencias de prensa, vigilias y otras actividades se han llevado a cabo desde que se hizo el primer anuncio de cierre. Y es que no es para menos.

El primer mensaje que dio el gobernador Alejandro García Padilla a la Legislatura del país, este dijo que la educación no podía mirarse como un gasto, sino como una inversión al país. Esto disipaba los temores, no solo de un cierre de escuelas públicas, sino también un recorte de fondos a la Universidad de Puerto Rico. Padres, estudiantes y profesores sintieron un aire de esperanza, que duró poco.

En momentos en que la situación económica de los puertorriqueños empeora, por lo cual padres de estudiantes de escuelas privadas, se están viendo forzados a sacar a sus hijos de dichas escuelas o colegios, o que incluso colegios privados han cerrado ante la difícil situación económica que vivimos, el cerrar escuelas públicas crea un disloque a la hora de que nuestros estudiantes reciban el pan de la enseñanza.

Sin embargo, los anuncios de cierre de escuelas, tanto en el pasado año como en este 2015, no fueron hechos tomando en cuenta las verdaderas necesidades de cada sector donde se ubican los distintos planteles escolares, sino que fueron hechos a base de unas recomendaciones hechas por una compañía de Boston. Esto obviamente nos pone en perspectiva de por qué se suscitaron tantas situaciones en distintas escuelas.

De hecho, el propio Secretario de Educación tuvo que tirarse a visitar personalmente cada escuela en la lista de cierre, a evaluar cada situación presentada y viéndose en la obligación de revocar, tanto en el 2014 como en el 2015, varios de los anuncios de cierre de escuelas. Esto es una muestra de la improvisación que impera en las altas esferas de este gobierno y que tiene a las agencias públicas, en la mayoría de las ocasiones, en una situación difícil administrativamente hablando.

Estos cierres de escuelas no han tomado en cuenta las dificultades de transportación que puedan tener algunas familias para ir a otras escuelas, ni las situaciones que puedan tener en los planteles receptores como pueden ser riesgos de desborde de ríos que puedan poner en riesgo tanto a estudiantes como padres, simplemente se mira la situación económica del Gobierno.

Es hora que empecemos a exigirle al Gobierno que tome en cuenta al pueblo, que somos los que finalmente nos afectamos o nos beneficiamos con sus acciones y dejen de gobernar basado en lo que le dicen los grandes intereses económicos y que ni siquiera viven en el país.