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Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

Los pasados seis años han sido tal vez los más difíciles para el movimiento sindical del país, en los que se han aprobado leyes que afectan directamente a los empleados públicos.

Algunas de estas leyes, como son la Ley 7 de Emergencia Fiscal; la Ley 3 de los Sistemas de Retiro; la Ley 160 de Retiro de Maestros; y la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal; han sido creadas específicamente para el despido de empleados y para reducirle o eliminarle derechos y beneficios.

En este cuatrienio, que es el que nos compete en este momento, la situación laboral ha sido bien difícil, tanto para el movimiento sindical como para los trabajadores en general.

Siendo esto así, me parece que antes de solicitarle una reunión al gobernador para dialogar el tema de la Junta de Control Fiscal, los líderes sindicales tienen que evaluar cuál ha sido la trayectoria del gobernador Alejandro García Padilla con el movimiento sindical.

Han sido varias las ocasiones en que estos líderes se han reunido con García Padilla para tratar distintos temas.

Cuando la Ley 66, todo este liderato, tanto los de las uniones americanas, como las independientes visitaron la mansión ejecutiva, en busca de paralizar la aprobación de dicha ley. Sin embargo, el gobernador continuó con la misma. No se cumple cabalmente con lo acordado o simplemente se trata de darle largas a los asuntos, para evitar llegar a algún acuerdo.

Cuando se estaba acercando la fecha límite para culminar las negociaciones basadas en dicha ley, hubo varios jefes de agencias que se negaron a llegar a acuerdos con los sindicatos, y el liderato sindical solicitó la intervención del gobernador, lo que no se dio.

Además, los sindicatos han solicitado en múltiples ocasiones reuniones en La Fortaleza para tratar distintos asuntos importantes y ha sido bien cuesta arriba conseguir dichas reuniones.

Hace dos semanas, leíamos en la prensa del país que el liderato obrero solicitó una reunión de emergencia con el gobernador para tratar el tema de la Junta de Control Fiscal.

Con el titular se daba a entender que la solicitud venía de todos los líderes sindicales. Sin embargo, al leer la misma, solo mencionaba al amigo José Rodríguez Báez, presidente de la Federación Puertorriqueña de Trabajadores, una organización afiliada a la AFL-CIO de Estados Unidos y otros líderes de las uniones afiliadas a sindicatos americanos.

Obviamente, eso echaba por la borda el titular. No obstante, crea un mal sabor porque sabemos que mucha gente en este país lee solamente los titulares de las noticias.

No critico al amigo Rodríguez Báez y a los compañeros que le acompañaron por hacer dicha solicitud, porque los que hemos seguido la trayectoria de las organizaciones laborales americanas, sabemos que esa es su forma de operar, cabildeando o tratando de conseguir algún beneficio, ya sea para los trabajadores que representa y/o para su organización.

Lo que sí me molesta es que a la hora de hacer este tipo de solicitud, no se toma en cuenta las acciones que se han tomado, desde la administración, en contra de los trabajadores en general, pero mucho más directamente en contra de los empleados públicos.

Tengo que destacar, sin embargo, que el liderato de las uniones independientes, unas afiliadas a la Central Puertorriqueña de Trabajadores y otras a la Coordinadora Sindical, tomaron una postura firme y contundente de no asistir a La Fortaleza y realizaron una conferencia de prensa donde establecieron su posición y dejaron saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar para evitar que se apruebe una Junta como la que se propone en el congreso, para que se encargue del pago a los bonistas.

Ante lo que nos espera, el liderato sindical debe darse a respetar y olvidarse de estar pidiendo migajas en reuniones en Fortaleza, que al final del día el gobierno no cumple lo que se acuerda. Aquí hay que movilizarse en contra de esa junta y en contra de que se continúe quitándole a los trabajadores sus derechos adquiridos y sus beneficios laborales.