Prof. Maximino Rivera López, presidente del PIP en Maricao (Suministrada).
MARICAO: Como “tímida, insuficiente e irresponsable» calificó el candidato pipiolo a la alcaldía de Maricao, Maximino Rivera López, la radicación de una demanda por cobro indebido de fondos públicos al incumbente alcalde Gilberto Pérez Valentín, por parte del Departamento de Justicia.
“Durante más de veinte años el alcalde Pérez Valentín ha instaurado con casi total impunidad un esquema de cleptocracia en el que, junto a un grupo de allegados que incluye familiares, contratistas y empleados municipales, han convertido las arcas municipales en fuente de un abundante enriquecimiento ilícito para una minoría vinculada al PNP, mientras el pueblo ostenta las dudosas distinciones de tener las tasas de desocupación, de pobreza y de subdesarrollo- especialmente entre la juventud- más altas de la isla», señaló Rivera López en un comunicado de prensa.
De acuerdo con el líder independentista, la demanda de recobro de más de $80 mil es un paso “en la dirección correcta”, pero, según él, “no deja de ser una medida relativamente cosmética si se toma en consideración el volumen del desfalco cometido por el ejecutivo municipal”.
Rivera recordó que en los últimos tres cuatrienios el Municipio de Maricao ha acumulado cerca de $25 millones en deuda.
“Refleja el Informe de Auditoría del Contralor más reciente que para todos los efectos prácticos se eliminó el proceso de subasta para beneficiar con contratos millonarios al mismo contratista quien obtiene casi todos los contratos y que ha facturado al Municipio más de $12 millones; que ese mismo contratista frecuentemente ni siguiera paga los impuestos municipales que le corresponde pagar; amén de que es de conocimiento público de que es el principal contribuyente a la campaña del alcalde. El inversionismo político en su más clara y asqueante expresión”, expresó el exlegislador municipal.
Rivera López trajo a la atención el gasto de $139 mil, que tildó de “extravagante y obsceno”, para pagar por una fuente que en realidad vale apenas $20 mil.
“Ya en el pasado hemos señalado la recomendación clara e inequívoca de la Oficina del Contralor para que se refiera al Departamento de Justicia las acciones fraudulentas y criminales de Pérez Valentín, sin que este Departamento tome acción alguna, más allá de gestos inconsecuentes como el presente. Peor aún, tenemos conocimiento de primera mano que los fiscales de la mal llamada División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, -notoria por sus propios escándalos de corrupción- irónicamente sirve de abogado a los alcaldes colaborando con los mismos para que produzcan «evidencia exculpatoria» que justifique el archivo de los casos que se presentan en su contra, propiciando así un clima de impunidad y tolerancia a la corrupción desde el mismo ente responsable de su encausamiento”, dijo.
