REDACCIÓN: Como “alarmante” calificó la Comisión de Derechos Civiles (CDC) el alza en las muertes de confinados bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tras concluir una investigación que cubrió el periodo entre 2011 y 2024. 

El Informe publicado reveló que, durante ese tiempo, 726 personas perdieron sus vidas estando en confinamiento.

Según indicó el director de la CDC, Ever Padilla Ruiz, la investigación se inició a raíz del aumento en las muertes de los confinados, la constante radicación de querellas por parte de sus familiares denunciando las violaciones de derechos por parte del sistema correccional y las noticias publicadas en distintos medios de comunicación.

Los hallazgos del informe son el resultado de una minuciosa investigación sobre datos estadísticos recopilados por el ente. La información fue contrastada con datos provistos por el DCR y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

La investigación concluyó que las muertes en las cárceles han continuado en alza. En los años 2021, 2022 y 2023 las cifras alcanzaron 80 decesos en cada año.

El informe plantea que muchas de esas muertes pudieron haberse evitado.  Del análisis de los datos se desprende que la principal causa de muerte fue la sobredosis de drogas destacándose el fentanilo, la xilaxina y la cocaína. Esto contrasta con el deber del DCR de promover la rehabilitación y mantener lugares seguros para todas las personas bajo su custodia.

La segunda causa de muerte fue por sepsis, una condición que puede ser desarrollada por la ineficacia o insuficiencia de los servicios médicos. Otras causas de muerte fueron homicidio, enfermedades infecciosas y síndrome de retirada, entre otras de las más identificadas.

A su vez, el informe destaca una preocupación particular por el aumento de muertes de la población sumariada. Estas muertes implican que personas murieron sin que el Estado hubiese probado su culpabilidad más allá de duda razonable y sin mediar un fallo condenatorio. Esto pone de manifiesto la necesidad de reconceptualizar el sistema de justicia criminal.

El informe incluye un análisis comparado con las muertes en instituciones de otras jurisdicciones. Puerto Rico ocupa la posición número 35 en comparación con la población correccional entre los demás estados y territorios, sin embargo, ocupamos la posición número 25 en cantidad de muertes en las cárceles.

El informe también analiza el uso de Narcan en las cárceles identificando las instituciones donde se presentaron la mayor cantidad de incidentes. Se demostró que una cárcel de máxima seguridad fue la institución en la que se reportó mayor utilización. Esto pone en evidencia el problema de trasiego de drogas al interior del sistema, indistintamente en instituciones que deberían tener los sistemas de seguridad más robustos.  

El acceso a servicios médicos y de salud también fue analizado.

“La pobre calidad de los servicios médicos o la falta de acceso a ellos, en el momento oportuno, pudo contribuir a muchas de las muertes”. Asimismo, la falta de supervisión adecuada de personas confinadas con condiciones de salud mental también fue identificada. “Con un presupuesto en promedio, de casi 13 millones de dólares anuales, es increíble que se documente la falta de acceso a servicios médicos adecuados y oportunos para esta población”, sentenció el director de la CDC.

Para Padilla Ruiz es imperativo actuar con urgencia porque a pesar de una disminución en la población correccional, de 11,860 en 2012 a 7,374 en 2024, las muertes de personas en confinamiento continúan en alza. Insistió en que las personas privadas de la libertad no están exentas de las protecciones constitucionales, por lo que un encarcelamiento no implica la suspensión de sus derechos y la agencia con la responsabilidad de su custodia tiene el deber de hacer valer las garantías constitucionales vigentes. 

Entre varias recomendaciones y “por la incongruencia en los datos estadísticos entre las agencias de seguridad pública recomendamos establecer comités interagenciales entre el DCR, el ICF, el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico para crear mecanismos de comunicación periódica y normas uniformes para la recopilación de la información”, insistió. Además, se recomienda la creación de programas para atender las adicciones como un asunto de salud pública y no con medidas penales exclusivamente.

“Queda meridianamente claro que, en Puerto Rico, aunque el mandato constitucional y la ley propenden para la rehabilitación de las personas en confinamiento, las condiciones carcelarias se apartan de esa responsabilidad. Es urgente que se tomen medidas que sean cónsonas con nuestros principios constitucionales”, concluyó el director de la CDC.