Cámara cuelga el proyecto de Reforma Contributiva y el IVA

Mensajes a través de su cuenta de Twitter del gobernador Alejandro Garcia Padilla, del miércoles en la noche, ante la entonces probabilidad de votos en contra por parte de representantes populares (Captura de pantalla).

Mensajes a través de su cuenta de Twitter del gobernador Alejandro Garcia Padilla, del miércoles en la noche, ante la entonces probabilidad de votos en contra por parte de representantes populares (Captura de pantalla).

EL CAPITOLIO: Precisamente el mismo día que el gobernador Alejandro García Padilla ofrecerá su mensaje de Estado de Situación al país, la Cámara de Representantes rechazó en la madrugada del jueves con 22 votos a favor y 28 en contra, el Proyecto de la Cámara 2329 de Reforma Contributiva.

Los seis votos en contra de los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) fueron Luis Vega Ramos, Luis Raúl Torres, Luisa «Piti» Gándara, Carlos Vargas Ferrer, Manuel Natal y Ángel Matos; junto a la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El proyecto fue finalmente derrotado a las 3:31 de la madrugada.

El presidente de la Cámara, Jaime Perelló, lee unas declaraciones tras ser derrotado el proyecto (Cáptura de pantalla).

El presidente de la Cámara, Jaime Perelló, lee unas declaraciones tras ser derrotado el proyecto (Cáptura de pantalla).

El presidente de la Cámara, Jaime Perelló hizo un último esfuerzo por conseguir los votos para aprobar la medida. El presidente cameral estuvo varios minutos hablando con la representante Luisa «Piti» Gándara, pero no logró convencerla. Luego, se retiró al Salón Café donde estuvo varios minutos.

Las cinco horas de debate fueron consumidas en su totalidad por los miembros de mayoría y minoría.

En un momento dado, se pudo apreciar al alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, conversar animadamente con el representante Pedro Julio “Pellé” Santiago, quien al final votó en contra de la medida. También estaban presentes asesores de La Fortaleza quienes se movían por las distintas bancas.

Según informes de prensa, Perelló esperó una hora después de terminado el debate. Una vez comenzó los trabajos, el representante Rafael «Tatito» Hernández sometió un bloque de enmiendas que en su mayoría eliminaron el lenguaje del impuesto bautizado como «El Refrescazo».

Tras la derrota de la medida, Perelló leyó ante los periodistas unas declaraciones en las que arremetió contra los miembros de su delegación que votaron en contra.

“El proceso ha terminado… El análisis y la discusión de esta medida han sido concluidos. No habrá reconsideración sobre este proyecto. 22 legisladores de la mayoría parlamentaria, hemos entendido la importancia histórica de esta propuesta. Y la hemos respaldado. Sin embargo, seis legisladores de esta mayoría parlamentaria han hecho causa común con la minoría para negarle los votos al proyecto y al país. Ellos deberán asumir la responsabilidad por sus actos”, sentenció Perelló.

Por su parte, el miércoles en la noche, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador Alejandro García Padilla habló de las “consecuencias profundas” que produciría un voto en contra del proyecto.

¿Qué espera el pueblo para movilizarse?

no ivaPor: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste del país y miembro de la UIA/AAA

Cuando dio inicio la discusión de la Reforma Contributiva, en la cual se pretende imponer un impuesto al valor añadido (IVA) de un 16 por ciento, comenzamos a escuchar distintas organizaciones oponerse fuertemente a dicho impuesto. Se convocaron varias manifestaciones de distintos grupos que querían dejarse sentir en contra de dicho proyecto.

El primer turno lo tomó el precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el Dr. Ricardo Rosselló Nevares, quien realizó una marcha masiva en contra de dicho proyecto. Luego, las instituciones educativas privadas se manifestaron, los taxistas, Todos somos Pueblo y hasta los economistas realizaron la suya.

Desde esta última hasta el presente, hemos escuchado muy poco de estos grupos. De hecho, ya el Gobierno eximió a los servicios médicos, las obras de teatros, las instituciones educativas privadas, y otros servicios. Esto me hace pensar que estos grupos ya están conformes porque le dieron lo que pidieron, por lo cual no participarán de ninguna otra actividad en contra del IVA.

Por otro lado, varios sectores de trabajadores, tienen frente al Capitolio desde hace ya varias semanas. UTIER, UIA, CPT, PPT y otras organizaciones pernoctan día a día, con el fin de estar atentos a las movidas de los legisladores referentes al IVA.

Sin embargo, el tiempo pasa y el gobierno ha estado recibiendo un mensaje equivocado, debido al silencio de todos los sectores del pueblo en las últimas semanas.

Me parece que ya  es tiempo que los sindicatos, quienes históricamente han dado grandes luchas en el país, deben pararse y convocar a una gran manifestación, a la vez tienen que comenzar a prepararse para realizar un paro general en el país, con el fin de detener este proyecto y provocar que el gobierno comience a escuchar verdaderamente al pueblo y a los trabajadores de este país.

Hay que exigirle al gobernador Alejandro García Padilla, que se siente con los distintos sectores para buscar alternativas reales y que no tengan efecto en contra del pueblo y que al mismo tiempo se logre recaudar el dinero necesario para cubrir todas las operaciones del gobierno y para pagar la deuda.

Es lamentable que al día de hoy, cuando la situación por la que estamos pasando y que requiere que haya unidad de propósito, el movimiento obrero continúe dividido por sectores y no se unan en una sola voz en contra de los atropellos constantes a los que ya nos tiene acostumbrado el actual gobernador.

¿Qué estamos esperando?

Fondos buitre acorralan a Puerto Rico

"Sin advertir sobre las consecuencias de la transacción, ese día los principales funcionarios financieros de la administración de Alejandro García Padilla, incluyendo a Melba Acosta, entonces secretaria del Departamento de Hacienda, y el presidente de la Junta del BGF, David Chafey, fueron fotografiados con sus lugartenientes en la sede de Morgan Stanley de Wall Street bajo un letrero que decía "Felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en “Histórica Transacción de Bonos Municipales". Eran todo sonrisas y se chocaban las manos aludiendo a un gran triunfo" (Archivo).

«Sin advertir sobre las consecuencias de la transacción, ese día los principales funcionarios financieros de la administración de Alejandro García Padilla, incluyendo a Melba Acosta, entonces secretaria del Departamento de Hacienda, y el presidente de la Junta del BGF, David Chafey, fueron fotografiados con sus lugartenientes en la sede de Morgan Stanley de Wall Street bajo un letrero que decía «Felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en “Histórica Transacción de Bonos Municipales». Eran todo sonrisas y se chocaban las manos aludiendo a un gran triunfo» (Archivo).

Por Joel Cintrón Arbasetti y John Marino

Centro de Periodismo Investigativo

La emisión de bonos del 11 de marzo de 2014 fue celebrada por los funcionarios del gobierno de Puerto Rico.

Como un buitre es un ave de rapiña que se alimenta de carne muerta, un fondo buitre viene a ser una firma de inversión con un gusto muy similar: su alimento principal proviene de los países en crisis, especialmente de la deuda de las corporaciones públicas. Y esas firmas ya aterrizaron en Puerto Rico, luego de su vuelo por países en desgracia económica como Argentina, Grecia y España.

De Puerto Rico a los fondos buitre les apetece, por ejemplo, la deuda de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), pues el alto costo de la factura del agua les asegura sus ganancias. Ya tres firmas de fondos buitre compraron casi toda la deuda de la AAA.

Les gustan también los Bonos de Obligación General (BOG), con los que el gobierno pide préstamos amparado en la buena fe, el buen crédito y los impuestos del Estado Libre Asociado. Además, los BOG cuentan con una garantía constitucional de repago.

Estos fondos también desean los bonos de COFINA, los bonos de obligación del Sistema de Retiro, los del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y los de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), pero los dos últimos no tienen suficiente oferta de bonos en el mercado para satisfacerlos.

¿Qué no le gusta a los fondos buitre? La deuda de la Universidad de Puerto Rico, debido a la resistencia a subir los cargos de matrícula y por la tendencia demográfica que muestra que cada vez más jóvenes se mudan del país.

Lo que le gusta y no le gusta a los fondos buitre lo precisaron fuentes del sector financiero al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), quienes detallaron que actualmente entre un 40 o un 50 por ciento de la deuda del gobierno de Puerto Rico está bajo control de los fondos de cobertura (hedge funds en inglés), de los que forman parte los fondos buitre.

“De pronto bajó radicalmente el valor de todos los bonos de Puerto Rico. Ahí llegaron los fondos buitre”. Así describe un asesor de finanzas el reciente interés de estos fondos por los bonos del país.

¿De dónde salen los fondos buitre?

Los fondos buitre son compañías de inversión, principalmente estadounidenses, que pertenecen al grupo de firmas llamadas fondos de cobertura. La U.S. Securities and Exchange Commision (SEC), agencia federal que se supone regule el mercado de valores, no distingue entre fondos de cobertura y los llamados fondos buitre.

La SEC describe a los fondos de cobertura en general como un tipo de fondo que usa estrategias de inversión especulativas con menos regulaciones federales y en los que pueden invertir solamente individuos de altos ingresos a los cuales denomina “inversores acreditados”.

Sin embargo, expertos del sector financiero y abogados familiarizados con Wall Street sí distinguen a los fondos buitre entre los fondos de cobertura, confirmó el CPI.

“Los fondos buitre como tal, son fondos que se dedican a buscar bonos y acciones de compañías y países que ellos creen que están bajo presión económica y que tienen un alto riesgo de impago. Pero no todos los fondos de cobertura hacen eso, son solamente un subconjunto dentro del universo de fondos de cobertura que se dedican a ese tipo de inversión”, especificó Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).

“Les decimos fondos buitre porque tradicionalmente a ellos no les interesaba para nada invertir en los bonos de Puerto Rico. Si usted va cinco años atrás, ninguno de esos fondos de cobertura estaban ahí. Ellos buscan la crisis y muchas veces cuando se aprovechan de invertir en esa situación agudizan la crisis de la entidad en la cual están invirtiendo. Es una forma de invertir que no añade al crecimiento de la economía a largo plazo y cobran cargos muy altos por usar sus servicios”, añadió Stephen Albrecht, asesor financiero de la Unión Internacional de Empleados de Servicio (conocida en inglés como SEUI).

Un ejemplo patente de cómo los fondos buitre agudizan la crisis es el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), donde los bonistas, en caso de una nueva transacción, podrían pedir como garantía los “activos físicos”, es decir, edificios, plantas, maquinarias y terrenos de la corporación pública.

Las estrategias especulativas

Los fondos de cobertura y los fondos buitre usan varias estrategias de inversión para aprovechar las crisis económicas. Una de ellas, según la SEC, es la venta corta (short selling en inglés), una estrategia donde los inversores venden a un precio alto hoy, compran a un precio bajo en poco tiempo -entre seis a nueve meses- y la diferencia es su ganancia.

En Puerto Rico esto se refleja también en la AEE, donde los fondos buitre “lo que quieren es que se reestructure la corporación y poder sacar su dinero lo más rápido posible. A ellos lo que les interesa es tener una ganancia rápida, o sea que a ellos en verdad les importa muy poco lo que pase en la economía de Puerto Rico a largo plazo. Estos fondos están disponibles para proveer liquidez al gobierno de Puerto Rico, pero va a ser a un precio mucho más alto de lo que era antes”, explicó Marxuach.

«Puerto Rico ha aumentado su dependencia en inversores no tradicionales que tienden a tener estrategias de inversión a corto plazo, lo cual incrementa nuestro nivel de preocupación», comentó la casa de corretaje UBS de Nueva York en el informe Puerto Rico Credit and Market Update.

Las estrategias especulativas de inversión de los fondos buitre han sido denunciadas a nivel internacional. El experto independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre las consecuencias de la deuda externa, Juan Pablo Bohoslavsky, declaró que los fondos buitre “obstaculizan saldar las deudas externas de los Estados y atentan contra los derechos humanos”. Por esa razón, Bohoslavsky exigió a la ONU el mes pasado una mayor regulación de las entidades comerciales privadas del sector financiero como los fondos buitre.

“No solo los países menos desarrollados, sino también los de recursos medianos y los altamente desarrollados están siendo blanco, cada vez más, de los fondos buitre”, advierte Bohoslavsky.

¿Cómo llegaron a la isla?

Atraídos por la colosal tasa de interés real pagado de 8.727% libre de impuestos (el llamado rendimiento), los fondos de cobertura no dejaron pasar el negocio que Bank of America Merrill Lynch describió como la transacción de bonos basura más grande y más costosa de la historia hecha por un emisor de bonos municipales: la emisión de $3.5 mil millones que hizo el gobierno de Puerto Rico el 11 de marzo de 2014.

Sin advertir sobre las consecuencias de la transacción, ese día los principales funcionarios financieros de la administración de Alejandro García Padilla, incluyendo a Melba Acosta, entonces secretaria del Departamento de Hacienda, y el presidente de la Junta del BGF, David Chafey, fueron fotografiados con sus lugartenientes en la sede de Morgan Stanley de Wall Street bajo un letrero que decía «Felicidades Puerto Rico, $3.5 mil millones en “Histórica Transacción de Bonos Municipales». Eran todo sonrisas y se chocaban las manos aludiendo a un gran triunfo.

Pero desde finales del año pasado la presidenta del BGF, Melba Acosta, ha estado discutiendo esfuerzos para ampliar la base de inversionistas de Puerto Rico, a medida que lograr ofertas para los bonos de la isla se ha vuelto cada vez más difícil debido a las crecientes demandas de los fondos de cobertura y la cada vez mayor resistencia de los legisladores para cumplir con ellos.

Puerto Rico ha tenido que depender de los fondos de cobertura en parte porque los inversionistas tradicionales del mercado municipal de Puerto Rico, que son conservadores por naturaleza, se asustaron por la rebaja de los bonos del país a la condición de chatarra.

«Queremos ver cómo acceder a otros grupos de inversores. Tú tienes los inversionistas del mercado municipal, los fondos de cobertura y otro grupo de inversores que compran deuda soberana. Estas personas tienen métricas que no usamos necesariamente o típicamente. Así que estamos pensando cómo podemos acceder a ellos», dijo Acosta.

El acceso a este nuevo inversor requerirá que Puerto Rico equilibre su presupuesto, mejore sus informes financieros y sea más transparente, según el analista de inversiones Charles Blitzer.

Como parte de esos requerimientos, el BGF contrató a una empresa consultora que tiene como empleados a ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) para incorporar requisitos más rigurosos de información financiera. También contrató al analista financiero Todd Hagerman como especialista en relaciones con inversores. Hagerman ha trabajado para los principales bancos de Estados Unidos y para el Banco de la Reserva Federal. Además, recientemente organizó Rockwood Capital, una firma de inversión en Bienes Raíces que maneja 6 mil millones en fondos con oficinas en San Francisco, Los Ángeles y Nueva York.

La idea es tener información más oportuna en todas las entidades del gobierno que dé un panorama más claro de la deuda y la posición de otros activos líquidos de Puerto Rico. Esto pondría a Puerto Rico en una posición de poder cumplir con las normas de información financiera del FMI requeridas por todos los inversores de deuda soberana.

Para algunas compañías de fondos buitre, la emisión de bonos del 11 de marzo de 2014 presentaba una oportunidad dorada para obtener ganancias invirtiendo en Puerto Rico, donde una larga década de recesión económica hizo trizas el valor de activos, tales como propiedades, acciones locales y ahora los bonos municipales.

Firmas como Paulson & Company, Och-Ziff Capital Management LLC, Fir Tree Partners, Perry Capital LLC y Brigade Capital Management compraron cada una más de $100 millones de la emisión de bonos del 2014.

Los fondos buitres con los que el gobierno de Alejandro García Padilla contrajo deuda incluyen  a firmas notorias por la presión que ejercen sobre los gobiernos de Grecia, Argentina y otros países en crisis para que paguen la totalidad de sus deudas.

Un ejemplo de la presión y el nivel de influencia que los fondos buitre ejercen en Argentina se ve en el hecho de que, aunque representan solo el 1% de los bonistas, no estuvieron de acuerdo con la reestructuración de la deuda que ese país logró en 2004 y 2005 con otro 93% de sus bonistas. Desde entonces, los fondos buitres llevan litigando ante el juez de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, quien determinó que Argentina debe pagar el 100% de la deuda con los «fondos buitre» que no aceptaron la reestructuración. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner continúa apelando las demandas en Nueva York e invirtiendo millones en ese proceso.

Entre las firmas que compraron la emisión de bonos de Puerto Rico se encuentran también Third Point, Appaloosa Management, Farallon Capital Management, Avenue Capital Group, Maglan Capital, Matlin Patterson, Highbridge, PSAM, Apolo, Angelo Gordon, Fundamental Advisors, Arrowgrass, Marathon Asset Management, Pine River Capital Management, Knighthead Capital Management, Davison Kempner, Candlewood Invest Group, Meehan Combs y Blue Mountain Capital Management.

A ciegas el gobierno sobre quién posee los bonos del país

Los bonos se compran en primer lugar en el “mercado primario”, que es cuando el inversor o una firma compra directamente al gobierno en su emisión de bonos original. Pero si ese inversor a su vez decide revender a terceros los bonos que compró, lo hace en lo que se llama el “mercado secundario”.

“Ahí el inversor lo vende a otra entidad o a otra persona en una transacción que ya no tiene nada que ver con el gobierno de Puerto Rico. Ellos lo que tienen son unos bonos que dicen que el gobierno de Puerto Rico les va a pagar ‘tanto de interés’ y un principal a tal fecha. Y si necesitan venderlos antes de esa fecha, buscan a otra persona que esté interesada en comprarlos. Usualmente esa venta se hace a través de un broker como UBS o Popular Securities. Ellos se encargan de conseguir un comprador y el inversor le vende a esa persona esos bonos a cambio de un precio en el que estén mutuamente de acuerdo; ese es el mercado secundario”, abundó Marxuach.

“El Banco Gubernamental de Fomento no controla el mercado secundario por lo que no tenemos la información del universo de fondos que puedan tener deuda de Puerto Rico ni qué cantidades de bonos poseen en la actualidad cada compañía», dijo Betsy Nazario, portavoz de prensa del BGF.

“Los fondos de cobertura pudieran comprar en ambos mercados, pero los fondos buitre en específico usualmente compran primero en el mercado secundario a precios bien baratos, porque ahí es que ellos ven la oportunidad de después poder reestructurarlos o revenderlos a un precio más alto”, añadió el economista.

Aunque no sabemos en detalle quiénes son los que tienen qué cantidad de la deuda del país, su influencia en las decisiones de política pública cada vez es más evidente.

Entre abril y mayo de 2015 el gobierno de Puerto Rico pretende hacer una nueva emisión de bonos. Entre los aspectos que complican la transacción, según Acosta, están los cuestionamientos de los bonistas sobre la reforma contributiva, la AEE y la baja en los recaudos de Hacienda.

Columna: Alexandra Lúgaro: ¿Cortina de humo o candidatura real?

Alexandra Lúgaro, aspirante independiente a la gobernación de Puerto Rico (Archivo).

Alexandra Lúgaro, aspirante independiente a la gobernación de Puerto Rico (Archivo).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero de Oeste y miembro de la UIA/AAA

La pasada semana surgió sorpresivamente la candidatura independiente a la gobernación, de una persona que no había estado en la palestra pública, por lo menos que yo recuerde. Alexandra Lúgaro anunció que aspira a ser gobernadora del país de manera independiente, lo que la convierte en la tercera mujer en aspirar a ese puesto y la primera que lo hace de forma independiente.

Era de esperarse que inmediatamente surgieran reacciones a favor y en contra de esa candidatura. Los que la favorecen, utilizan argumentos como que hace falta gente nueva, que ya basta de los dos partidos, y unos pocos utilizan la belleza como su única cualidad. En cambio los que no la favorecen utilizan los propios escritos de ella, para argumentar su poca tolerancia hacia quien difiere de ella.

Pero, otros pensamos que esta «candidatura independiente» es una cortina de humo, para tratar de disipar las voces que se oponen a la reforma contributiva. Obviamente, esta forma de pensar no surge de la nada, sino que de las mismas circunstancias de su candidatura, llegamos a esa conclusión.

Para empezar, este anuncio se hace, cuando la oposición a la reforma está un poco callada, o por lo menos esa lucha no está haciendo mucho ruido. La misma surge en el momento que se instalan los campamentos de trabajadores, frente al Capitolio. Pero mucho más visual es el hecho que la Comisión Estatal de Elecciones certificó, que Alexandra Lúgaro no ejerce su derecho al voto desde el 2008, a pesar que ella alegara que en las pasadas elecciones votó a favor de Alejandro García Padilla.

Para tomar una decisión de aspirar a ser gobernador, primero tienes que ver si cumples con todos los requisitos, constitucionales y/o legales del puesto, incluyendo la edad y el tiempo requerido que tienes que estar inscrito como votante, entre otros requisitos. La Ley Electoral de Puerto Rico establece que para ser candidato a gobernador tienes que haber votado en la pasada elección, por lo tanto, parece que ella no puede aspirar a dicho puesto. No nos olvidemos que la dama es abogada, por lo que para ella, buscar elementos legales es su día a día y en este caso, no creo que ella no lo conozca.

Así que, ella conociendo ese detalle, conociendo también que ella atacó, desde su página y como ciudadana privada, al magisterio, conociendo que saldrían los detalles de sus contratos con Educación, que incluso he escuchado algunas cosas de algunos maestros, no cabe duda que esta candidatura es una cortina de humo del propio partido de gobierno, con el fin de desviar la atención y tratar de aprobarnos el IVA a escondidas del pueblo. Mucho ojo.

Sorpresivo despido de empleados hoy en Propper International de Cabo Rojo

El gobernador García Padilla en una de sus visitas a la Propper International de Cabo Rojo (Suministrada).

El gobernador García Padilla en una de sus visitas a la Propper International de Cabo Rojo. Algunos de esos empleados se quedaron sin trabajo el jueves (Suministrada).

CABO ROJO: A semanas de que el gobernador Alejandro García Padilla grabara en sus instalaciones un mensaje defendiendo su propuesta del Impuesto al Valor Añadido (IVA), empleados de la compañía Propper International recibieron cartas de despido el jueves.

Una fuente de LA CALLE Digital indicó que las cartas fueron entregadas a eso de las 11:00 de la mañana y que entre los despedidos hay empleados gerenciales. Se anticipó que más cartas serán entregadas mañana viernes. Hasta el momento se desconoce el número de empleados cesanteados.

Propper International, localizada en Cabo Rojo, es una empresa manufacturera dedicada a la confección de uniformes militares.

Recientemente, el gobernador García Padilla hizo una visita a las instalaciones de la empresa, que no se le anunció a la Prensa, con el propósito de grabar un mensaje sobre el IVA, que fue difundido por televisión. Previamente había venido junto altos funcionarios de su administración, incluyendo al secretario del Trabajo Vance Thomas, para anunciar los incentivos y la creación de empleos en la compañía.

El IVA, la crudita y más crudita

gasolina caraPor: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA/AAA

No caben dudas que los temas que han acaparado los titulares y primeras planas de los principales medios de prensa del país son el Impuesto al Valor Añadido y la ya famosa crudita.

En el caso del IVA, hemos visto que todos los sectores del país se han presentado ante ambos cuerpos legislativos, con excepción de las agencias de gobierno, se han opuesto a dicho proyecto, con argumentos contundentes del efecto que tendrá dicho impuesto en los distintos servicios que se ofrecen en el país. No empece a la abrumadora oposición, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla está empeñado en seguir adelante con este proyecto el cual llevará al país a una crisis peor de la que ya está.

Por otro lado, la Legislatura y el gobierno ya habían aprobado un impuesto a los derivados del petróleo que encarecería el precio de la gasolina en por lo menos 4 centavos el litro del combustible y que comenzó el pasado domingo.

A pesar que mientras este proyecto era considerado en la legislatura, el presidente del Senado, Eduardo Bathia había dicho que sobre su cadáver se aprobaría un aumento inflacionario automático al combustible cuyo efecto sería aumentar el precio si baja el consumo, el mismo fue aprobado en un proyecto posterior precisamente con el voto a favor del propio Bathia.

Si miramos lo que ha pasado en las vistas sobre el IVA con cada deponente que ha ido a presentar sus argumentos, es casi imposible que esta legislación baje con un informe de alguna comisión, que recomiende su aprobación. De hecho, de eso ocurrir, el pueblo debe analizar las acciones a seguir, porque sería dar la espalda a los reclamos de quien una vez le dijeron «HABLA PUEBLO HABLA».

Vale la pena preguntarse qué será lo próximo que se inventaran para continuar llevando al pueblo a la crisis total. No podemos descartar que, no solo se apruebe el proyecto del IVA, sino que dos meses después vengan a decirnos que hay que enmendar el proyecto para incluir, que lo que se le dio exención la primera vez, los pongan a pagar porque se quedaron corto en ingresos.

Por esto el pueblo (todos los sectores juntos) debe salir a la calle con una mega manifestación que haga reaccionar de una vez a los legisladores y al propio Gobernador de Puerto Rico, para que desistan de continuar quitándonos las habichuelas que con tanto sacrificio nos ganamos y con tanta facilidad pretenden quitarnos.

Policía se hace de la “vista larga” e ignora incidente de agresión contra ciudadanos que protestaban visita de García Padilla defendiendo el IVA en Lajas

no ivaMAYAGÜEZ: Ni siquiera un informe de “otros servicios” se redactó sobre una agresión que se produjo contra manifestantes que protestaban por la presencia del gobernador Alejandro García Padilla, en el Coliseo “Liche” Lluch de Lajas, y que fue captada en vídeo y reseñada en el noticiario de “Telenoticias”, (Canal 2).

García Padilla vino por segunda ocasión en esta semana al Oeste, para hablar sobre las “bondades” de su Reforma Contributiva y del Impuesto al Valor Añadido (IVA).

En ambas comparecencias, una en Aguadilla y la otra en Lajas, se reportaron protestas, pero contrario a otras ocasiones en que la Policía redacta informes sobre manifestaciones de cualquier índole, ahora han sido ignoradas.

Captura de imagen del momento en que se produjo la agresión contra manifestantes que protestaban por la presencia del gobernador Garcia Padilla en Lajas, mientras defendía el IVA. La flecha marca al agresor (Telenoticias).

Captura de imagen del momento en que se produjo la agresión contra manifestantes que protestaban por la presencia del gobernador Garcia Padilla en Lajas, mientras defendía el IVA. La flecha marca al agresor (Telenoticias).

A pesar de que una persona allegada a la Policía negó que se impartieran directrices para hacerse de la vista larga en lo que a las protestas contra el gobernador García Padilla se refiere, la preparación de informes sobre manifestaciones de protesta eran uso y costumbre.

Las actividades del gobernador se están llevando a cabo en ambientes controlados por los alcaldes de pueblos dominados por el Partido Popular Democrático (PPD), o por los presidentes de los comités municipales de esa colectividad.

En Lajas, la protesta contra García Padilla y su propuesto IVA, se vio interrumpida por un sujeto que se bajó de un automóvil y agredió a los manifestantes.

Las autoridades intervinieron, pero no arrestaron al sujeto, que se subió a su carro y siguió su camino. No se redactó un informe sobre el asunto.

Mientras tanto, en Aguadilla, otro grupo de ciudadanos que está en contra del IVA se manifestó frente a la empresa “Infosys”, que fue visitada el lunes por García Padilla. Tampoco se redactó un informe sobre esa protesta.

 

 

 

Luego de las marchas… ¿Qué?

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Alejandro Garcia Padilla, gobernador de Puerto Rico (Archivo).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA/AAA

Durante la pasada semana vimos concretarse una serie de marchas convocadas por distintos sectores del país, los cuales se oponen a la implantación del Impuesto al Valor Añadido (IVA). Algunos de esos sectores no les hubiera pasado jamás por la cabeza, convocar algún tipo de manifestación o concentración en contra de ningún gobierno, como lo es el caso de los economistas y los estudiantes de escuelas privadas.

Otros sectores, han mantenido su lucha en favor del pueblo, y participan de manifestaciones en respaldo a ese pueblo, como lo son los trabajadores, líderes comunitarios, y hasta líderes religiosos como el Padre Pedro Ortiz, organizador de Todos Somos Pueblo.

Ya son cerca de 76 organizaciones que han expresado abiertamente su oposición a la implementación del IVA. Unos se oponen porque verían una merma considerable en su volumen de ventas, otros porque verían sus ganancias afectadas, mientras que la mayoría ha presentado argumentos tan contundentes como el hecho que los más pobres de este país, que solo viven de la ayuda social o de ingresos de Retiro o Seguro Social, serán los que más vean afectados sus gastos.

Aún con toda la oposición que hemos visto, con las expresiones de los economistas del país, lo que han dicho hasta las casas acreditadoras, que como les dije en una columna anterior son los que gobiernan el país, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro García Padilla, no se ha movido ni un ápice, de su posición inicial en favor del IVA.

Esto nos hace preguntarnos con incredulidad ¿Qué o quién es el que está detrás de todo este andamiaje? ¿Cuál es la razón por la cual este gobierno pretende llevar este país a una bancarrota? ¿Qué otra medida van a inventar para continuar metiéndonos la mano en los bolsillos?

Luego de estas marchas, ¿Qué vamos a hacer? A mí me parece que debemos incrementar esta lucha. Ya se dieron esas marchas, ahora debemos pensar en algo más. No queda otra alternativa que todos los sectores unidos, paralicen sus operaciones el tiempo que sea necesario, hasta lograr que este proyecto sea retirado. No nos queda de otra.

Señor Gobernador, este país le ha hablado claro, no queremos seguir pagando por las decisiones que ustedes han tomado para beneficiar a unos pocos y que nos tienen hoy en el lugar que nos encontramos. Aquí, miles de millones de dólares salen del país sin que se les cobre ni un solo centavo en impuestos, por lo cual el gobierno puede cobrar impuestos de ese dinero que sale.

Decenas o tal vez cientos de empresas no se les cobra lo que verdaderamente pueden pagar en contribuciones, no se ha hecho nada, absolutamente nada para ir en búsqueda de los evasores contributivos y de los grandes comercios que, retienen el IVU al cliente pero no llega a Hacienda.

Honorable Alejandro García Padilla, por primera vez durante su mandato, escuche lo que el país está diciendo y retire de una buena vez el proyecto de «Transformación Contributiva» y convoque a todos los sectores del país para sentarse en la mesa a plantear soluciones y alternativas que no afecten al pueblo, y que logre el objetivo de levantar los ingresos del país. Este pueblo no soporta ni un impuesto más.

Casas acreditadoras: Verdaderas administradoras del Gobierno

casas acreditadorasPor: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA/AAA

Durante los pasados años, hemos visto como las casas acreditadoras han incrementado la presión sobre el gobierno para implementar sus políticas neoliberales y antiobreras. La pasada administración trabajó abiertamente implementando esas políticas desde su primer día de administración.

Así lo hicieron al legislar y firmar la nefasta Ley 7 que provocó el despido de casi 30,000 empleados públicos, congeló los convenios colectivos, aumento las contribuciones sobre la propiedad, entre otros efectos. También, legislaron y aprobaron enmiendas a la ley de la Asociación de Empleados que provocó que el gobierno insertara nueve personas no electas, a la Asamblea de Delegados de AEELA y casi incitaba a la institución a colocar sus ahorros en el banco del gobierno y permitía que se le prestara dinero a este.

También atentaron contra los empleados privados al quitarle la paga doble de los domingos a quienes trabajan en el comercio.

Recordemos que también se aprobó la Ley de las APP’s, cuyo fin principal era privatizar la AAA y la AEE. Poco a poco el efecto de esas medidas, junto con la implementación del IVU por la administración de Aníbal Acevedo Vilá, fueron provocando que el pueblo fuera perdiendo capacidad económica para invertir en el país.

A todo ese escenario se le sumó el aumento súbito del precio de la gasolina, que en algunos casos llegó a costar más de un dólar el litro de gasolina.

Al llegar esta administración el país sintió, solo por unos segundos, que se dejaría a un lado a las casas acreditadoras, y se trabajaría para el pueblo. Digo solo unos segundos, porque eso fue lo que le tomó al actual gobernador decir el famoso «me vale» en referencia a las políticas que pretendía implantar las casas acreditadoras en el país.

Sin embargo, lo único que no se ha implementado de esas políticas neoliberales es el despido de empleados públicos. Vimos cómo sus primeras medidas fueron contra los retirados a quienes se les redujo las pensiones, eliminando los bonos especiales, se aumentó la edad de retiro a los empleados públicos, así como las aportaciones que estos realizan al sistema, y se redujo la cantidad a la que un trabajador tendría derecho de recibir por este concepto. Lo mismo pasó con los maestros, a quienes el Tribunal les devolvió parte de sus derechos.

Por otro lado, vimos la aprobación de la famosa Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal, que su propósito principal es eliminar derechos adquiridos, reducir los bonos de navidad y congelar los convenios colectivos, tal y como lo hizo la Ley 7 de Fortuño, pero con efectos mayores sobre el empleado público. De hecho, el liderato sindical la ha catalogado como una Reforma Laboral disfrazada, ya que enmienda gran parte de los estatutos laborales existentes.

Pero la aprobación de todas estas medidas por parte de tres gobernadores, no han sido suficiente para los bonistas, quienes pretenden que se privatice todo, y así darle paso a sus inversionistas para que se queden con el capital económico que se genera aquí. Ya vemos los avisos de «huracán» que está provocando la discusión de la reforma contributiva, se acerca un nuevo ataque al empleado público en lo relacionado al pago de horas extras entre otras medidas, que me imagino deben estar preparando. Lo triste de todo esto es que, a pesar de todas estas medidas, el pueblo no se levanta a protestar, a menos que seamos los trabajadores o grupos que generalmente levantan su voz, no vemos que el país esté dispuesto a protestar en contra de las medidas que le afectan.

No cabe duda que la presión de estas casas acreditadoras va a continuar sobre el gobierno, hasta lograr sus objetivos. Qué pena que quienes una vez prometieron no trabajar para ellos, hoy es exactamente para los que ha estado trabajando legislando y aprobando medidas que van directamente en contra del pueblo.

Revelan que García Padilla dio mensaje en fábrica de Cabo Rojo acusada de abuso laboral, discrimen por género y acoso sexual

El gobernador García Padilla en una de sus visitas a la Propper International de Cabo Rojo (Suministrada).

El gobernador García Padilla en una de sus visitas a la Propper International de Cabo Rojo (Suministrada).

Por Joel Cintrón Arbasetti, del Centro de Periodismo Investigativo

Alberto Torres no tardó en reconocer el lugar donde el gobernador Alejandro García Padilla emitió hace unos días su mensaje sobre transformación del sistema contributivo: una de las fábricas de uniformes militares de Propper International, empresa que lo despidió en 2009 luego de apoyar los esfuerzos por unionar al personal de la planta de Adjuntas.

García Padilla dio su mensaje desde las instalaciones de Propper International en Cabo Rojo, donde según dijo se han creado más de 2,000 empleos. De ser cierta la cantidad de puestos, esas personas no dispondrán de los mismos beneficios que el personal de otras industrias, y se podrían exponer a condiciones de trabajo muy precarias.

A Propper International se le ha acusado de no tener agua en sus instalaciones, de reducir la hora de almuerzo y negar días de vacaciones, explicó Víctor Vélez, abogado que llevó un caso en contra la empresa y quien recordó que, debido al hacinamiento, trabajadores se quejaban de sufrir calores extremos en sus instalaciones.

“No había papel de baño, a veces había que trabajar los días de vacaciones, tenías supervisores con reloj mientras hacías las piezas, intimidaban al trabajador. Pagaban el mínimo o por producción”, recordó el ex empleado Alberto Torres, quien llevó un caso en contra de esa empresa ante la Junta Laboral Federal por persecución y que ahora trabaja para un sindicato.

Ninguna de esas denuncias ha dañado la buena relación entre el gobierno de Puerto Rico y Propper International; empresa de Missouri con alrededor de 30 años operando en la isla como una de las mayores manufactureras de uniformes militares y que es, además, una de las principales contratistas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

No solo García Padilla grabó su mensaje desde una de sus instalaciones en Cabo Rojo, sino que actualmente la empresa goza de nueve contratos con la Compañía de Fomento Industrial, varios firmados bajo la pasada administración y algunos con vigencia hasta 2021 y que en total suman $9,519,564 millones todos exentos de “servicios, arrendamientos, hipotecas y ventas”, indica el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

“Me molesté (al ver el lugar desde donde el gobernador emitió su mensaje) porque nosotros hemos llevado la voz a los dos administraciones, y deberían saber que los trabajadores están peleando contra Propper en Cabo Rojo”, dijo Torres.

Los empleados y empleadas de la “Industria de Manufactura de Artículos de la Aguja” no tienen los mismos beneficios que otros trabajadores y trabajadoras, pues continúan rigiéndose por el Decreto Mandatorio Núm 35, revisado por última vez en 1992 y que establece en su artículo III que en la industria de la aguja, el empleado no acumulará días por enfermedad, sino que se le descontarán de los días de vacaciones que tengan acumulados. El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) está facultado para revisar el decreto, pero desde 1992 nadie lo ha tocado.

“Mi posición es que el decreto se debe enmendar. En principio, creo que se le debe conceder (la licencia por enfermedad al personal de la industria de la aguja). Tan temprano como a mediados de 2013 solicitamos un estudio en el que se basará nuestra propuesta y ya lo tenemos. Luego que decidamos cómo se hará el proceso para enmendar el Decreto, lo haremos público”, declaró Vance Thomas, secretario del DTRH, al Centro de Periodismo Investigativo.

En una entrevista con The New York Times en 2008, el director ejecutivo de Propper International en Puerto Rico, Tom Kellim, aceptó que su empresa no concede a sus empleados y empleadas los días por enfermedad que manda la Ley de Salario Mínimo. Dijo que “un viejo decreto mandatorio del gobierno de Puerto Rico” exime a la industria de la aguja de algunas disposiciones laborales. El CPI trató de comunicarse con Kellim a su teléfono personal, pero la persona que contestó, en inglés, colgó luego de decir que Kellim ya no trabaja en ese lugar. En una segunda llamada al mismo número, apareció un mensaje de voz de Kellim.

La administración central de Propper International, con sede en Cabo Rojo, tampoco respondió la a solicitud de entrevista del CPI.

Oscar Quiles Casimiro, presidente de la fábrica Pentaq de Sabana Grande, aseguró que se afectaría “grandemente” con una enmienda del Decreto Mandatorio Núm. 35 que implique dar una licencia por enfermedad a sus cerca de 250 empleados y empleadas. “Los contratos (de las fábricas de artículos militares) con el Departamento de Defensa están establecidos a cinco años y no se pueden cambiar”, añadió, y aseguró que todas las fábricas en Puerto Rico se benefician del Decreto. “No podemos desaparecer”, dijo en alusión a la industria de la aguja. Quiles no contestó más preguntas al CPI.

Vanesa Moretta Díaz, presidenta de Moretta Díaz Corporation, fábrica que opera en Adjuntas, expresó también que la eliminación del Decreto Núm. 35 afectaría a la industria de la aguja. “Los días por enfermedad no aplican por el Decreto, si se establecen estos días por enfermedad, como está la industria, con tanto cambio, nos va a afectar”. Moretta Díaz tiene alrededor de 150 empleadas y empleados y aseguró que ninguno se ha quejado por no tener días por enfermedad.

“Muchos van a su cita y regresan (a la fábrica) o con par de horitas reponen (las horas empleadas en ir a la cita)”, explicó Moretta.

¿No cree que los empleados de la industria de la aguja deberían tener sus horas por enfermedad, como los empleados de otras industrias?, preguntó el CPI.

“Entiendo que sí, pero, la industria de la aguja no se puede comparar con otras industrias. Por ejemplo, la industria farmacéutica no se puede comparar con la industria de la aguja porque no tenemos el mismo ‘jale’”, contestó Moretta.

El secretario Thomas explicó que la Ley de Salario Mínimo, que incluye días pagos por enfermedad, aplica a la industria de la aguja, pero que al existir el Decreto Mandatorio Núm. 35 los patronos de esa industria pueden cargar los días por enfermedad a los días por vacaciones, sin que esto represente una violación a la ley.

Según un análisis del economista Juan Lara, la industria vinculada a la fabricación de uniformes e indumentaria militar, goza de “un mercado protegido y lucrativo, con un cliente de extremada solvencia y estabilidad financiera, que le permite mantener una operación rentable aún con los costos salariales prevalecientes en lugares como Puerto Rico y los 50 estados”. En su análisis, citado en una vista pública sobre el Decreto Núm. 35 en el 2012, Lara subraya que “hay un consenso en la economía mundial de que la competitividad industrial no puede basarse en la negación de los derechos laborales… La industria de la ropa, especialmente la de ropa militar, está en condiciones de cumplir con los días de vacaciones y de enfermedad que determina la Ley 180, sin que ello le resulte oneroso en sus resultados financieros”.

La administración García Padilla proyecta que ha incentivado el crecimiento y la inversión de Propper International en Puerto Rico, tanto en el mensaje desde una de sus fábricas, como en un artículo publicado en The Huffington Post en 2014. Poco parece importar el hecho de que la empresa ha enfrentado, además, 11 demandas de parte de ex empleados y empleadas, incluyendo una del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, región de Utuado, según el registro de casos de la Rama Judicial.

El historial de abuso laboral con el que carga Propper International incluye evidencia de acoso sexual y discriminación en contra de las trabajadoras de parte de un gerente de esa empresa, denunciado en un informe de 61 páginas sobre Propper International en Puerto Rico y República Dominicana, publicado en 2010 por Workers Rights Consortium (WRC).

Esa organización encontró “evidencia creíble de discriminación por género en la planta de Adjuntas, en la forma de acoso sexual a mujeres trabajadoras por parte un gerente general. Trabajadoras denunciaron que el gerente las tocaba de manera inapropiada… las saludaba tocando sus hombros o brazos por tiempo prolongado… Varias trabajadoras dijeron que le pidieron al gerente que sacara sus manos de su cuerpo, pero el gerente continuaba con la misma conducta hacia otras empleadas. También se quejaron de que el gerente permanecía mirándolas de forma creepy e intimidatoria mientras trabajaban”.

En el año 2009, trabajadores y trabajadoras presentaron una demanda en contra de Propper International exigiendo el pago completo del período de alimentos, compensación según establece la Ley 180 para los días de enfermedad y de vacaciones, reclamando horas extras, entre otras cosas. Esta acción se presentó en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, originalmente con 15 trabajadores de las ocho fábricas que operaba Propper en ese momento. Luego se unieron más trabajadores en una acción colectiva que llegó a totalizar 213 empleados, de los cuales 114 eran de la planta de Adjuntas. En total, luego de que se presentó la demanda liderada por los trabajadores de la planta de Adjuntas, cesantearon a alrededor de 100 empleados de esa planta. Hasta ahora el tribunal no ha tomado determinación sobre esta demanda.

En el 2009, luego de presentar la demanda, fueron al Departamento del Trabajo y lograron que se anunciara la celebración de vistas públicas para adjudicarles días por enfermedad y más días de vacaciones. La vista se celebraría el 29 de febrero de 2012, pero días después se les notificó el cierre de la planta de Adjuntas, luego de 22 años de operaciones.

Después del cierre de Propper International en Adjuntas, abrió la fábrica Moretta Díaz Corporation. Jaime Barlucea, alcalde de Adjuntas, dijo en un comunicado que “la apertura se logró luego de que el municipio le otorgara un incentivo económico para el pago de la mitad de la nómina de sus empleados. Parte del equipo son ex empleados de la extinta fábrica Propper. Uní todos los fondos que le corresponden a mi pueblo en el Consorcio Norte Central, al cual pertenecemos y los aportamos para pago de nómina. Ese fue el incentivo para que se establecieran aquí en una instalación propiedad de Fomento Industrial. Así logramos acuerdos con esta empresa nativa, cuyos directivos se comprometieron en invertir en este pueblo de la montaña”. Moretta Díaz es una subcontratista de Propper International, aseguró Torres.

La fábrica de Propper International en Lajas también cerró y en 2012 abrió MM Manufacturing, propiedad de María Meléndez, ex empleada gerencial de Propper International. En una vista del Senado en 2012, donde se ordenó al DT y al Senado realizar una investigación en torno a Propper International, surgió que MM Manufacturing recibió un incentivo de $250,000 y que su producción depende de contratos que le pasa Propper International. En la vista, la senadora Lucy Arce preguntó a José Mahía, gerente general de Propper International, ¿Cuál es la relación con la Sra. María Meléndez? “Actualmente no trabaja con nosotros, es dueña de su propia empresa”, contestó.

Las tres fábricas de Propper en Mayagüez cerraron en 2012. En Las Marías, Propper International opera bajo el nombre Koman Propper y en Cabo Rojo, las dos fábricas que había se fusionaron en un solo edificio, desde donde el gobernador dio su mensaje, explicó Alberto Torres, cesanteado de Propper International.