MAYAGÜEZ: El lunes en la tarde quedó sin efecto una orden de cese y desista emitida el viernes por la juez Lynnette Ortiz Martínez, a petición del Departamento de Justicia, que paralizó durante el fin de semana la Ordenanza 26, que impone la compra de bolsas anaranjadas con el logo del Municipio de Cabo Rojo y de la empresa ConWaste, para la disposición de basura, so pena de multas si no se cumple con la misma.

Sin embargo, la orden tuvo efectividad solo por el fin de semana y quedó sin efecto el lunes en la tarde.

No obstante, la vista del lunes en la tarde tuvo como resultado que NO se le van a imponer multas administrativas a la ciudadanía, ni se va a intervenir con la contratación de otras empresas de recogido de basura como lo establece la Sección 7 de la Ordenanza 26.

“Tribunal de Mayagüez deja sin efecto la orden de cese y desista. Nuevamente la verdad y la ley salen a relucir. Iniciativa Naranja, ConWaste y el Municipio de Cabo Rojo continuarán ofreciendo el servicio de recogido de basura y reciclaje desde mañana en adelante como de costumbre”, reza un mensaje en la página de Facebook del programa Iniciativa Naranja, tras conocerse la acción del Tribunal.

El pasado viernes, la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) radicó una demanda contra el Municipio de Cabo Rojo por la otorgación de un contrato exclusivo a Consolidated Waste Services, LLC (CWS) y/o Consolidated Waste Managers, Corp. (CWM) para el recogido de los desperdicios sólidos con la venta exclusiva de bolsas plásticas anaranjadas.

La Secretaria Auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, Denise Maldonado Rosa, detalló que la demanda solicita al Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que emita una sentencia declaratoria, una orden provisional de restricción y prohibición bajo el Artículo 13 de la Ley de Monopolios y un interdicto preliminar y permanente en contra del Municipio de Cabo Rojo, CWS y/o CWM por violación a la Ley 77 del 25 de junio de 1964, conocida como la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio.

Luego de la radicación de la demanda, la juez Ortiz Martínez emitió una orden a las partes demandadas para que cesen de forma inmediata la implantación de la ordenanza aprobada el pasado 5 de abril y el efecto de las cláusulas contractuales.

La misma quedó sin efecto el lunes a las 2:00 de la tarde, no obstante el caso sigue activo, así como otro pleito que está pendiente de resolución, que fue radicado hace varias semanas por el comerciante Juan Cancel Rivera y el artesano Edy Ruiz Vega, representados por el licenciado Wilmer Rivera Acosta.

Una vista sobre el “status” del caso fue señalada para el próximo 12 de julio a las 9:00 de la mañana. Aunque los casos no se han consoldado, en aras de facilitar los procedimientos, la magistrado Ortiz determinó unir los mismos y que mantener inalterado el calendario judicial, de tal manera que todo el mundo está citado para misma fecha y todos los planteamientos ser atendidos en la misma vista.

En el primer reclamo, figuran como demandados el alcalde Ramírez Kurtz y la presidenta de la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, Evelyn Alicea González; así como el Municipio Autónomo de Cabo Rojo y la Legislatura Municipal como entes con personalidad jurídica.

Las alegaciones de la demanda aducen sobre la pretensión de los demandados a consumar un contrato cuyo efecto es prevenir la competencia y crear un monopolio en el mercado del recogido de desperdicios sólidos y de las bolsas plásticas al obligar a los ciudadanos a adquirir las bolsas anaranjadas especializadas. Las mismas son distribuidas por CWS y/o CWM para que los comerciantes caborrojeños las vendan a los residentes, comerciantes y/o visitantes para disponer de la basura. Las bolsas anaranjadas no pueden ser sustituidas por ninguna otra bolsa disponible en el mercado.

La OAM solicitó al tribunal que emita: una sentencia declaratoria que disponga que la transacción entre el Municipio de Cabo Rojo y CWS y/o CWM viola los Artículos 2 y 4 de la Ley de Monopolios, respectivamente, toda vez que constituye un acuerdo y/o conspiración para restringir irrazonablemente los negocios o el comercio en la industria del recogido de desperdicios sólidos y reciclables; constituye un acuerdo y/o conspiración para monopolizar los negocios o el comercio del recogido de desperdicios sólidos y reciclables; y constituye un intento de reducir sustancialmente la competencia y/o tenderá a crear un monopolio en la industria del recogido de desperdicios sólidos y reciclables.

Se solicita además un interdicto preliminar y eventualmente un interdicto permanente que les prohíba a los demandados perfeccionar y hacer efectivo el contrato, que se declare que la Ordenanza 26 viola la Ley de Monopolios. Se solicitó que se emita una orden provisional de restricción y prohibición mediante la que inmediatamente le prohíba a los demandados poner en efecto el contrato; además de que se provea cualquier otro remedio que proceda en ley y equidad.

“El Departamento de Justicia, en su capacidad fiscalizadora, no va a permitir violaciones a la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio. Debe existir la libre competencia y se penalizarán actos que restringen a otros a brindar servicios y fijen precios. Evitaremos que empresas controlen el mercado en perjuicio a los ciudadanos. Las empresas tienen derecho a competir en igualdad de condiciones”, expresó la Secretaria de Justicia.

La investigación de este caso continúa activa ante la OAM.