Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

La atropellada llegada Uber a Puerto Rico, ha sido tema durante la pasada semana. La pugna generada entre taxistas y Uber ha provocado imputaciones hacia los primeros, de supuestas agresiones a los chóferes de la nueva compañía y hasta un pleito judicial entre la empresa y la Comisión de Servicio Público.

Uber entró al mercado puertorriqueño tal y como lo ha hecho en otras jurisdicciones a través del mundo, sin contar con los permisos requeridos y negándose a cumplir con las regulaciones que impone el estado a este tipo de servicio. En Puerto Rico, el servicio de transportación colectiva privada está regulado por la Comisión de Servicio Público (CSP) y en el caso de zonas turísticas, lo regula la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

En toda esta controversia está también envuelto el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), quienes de la nada y sin siquiera estar contenido en ninguna ley, alegan tener jurisdicción sobre el asunto. De hecho, según ha dicho el presidente de la Comisión Omar Negrón, no ha habido ningún tipo de comunicación entre Obras Públicas, a pesar que se ha intentado comunicar directamente con el secretario Miguel A. Torres Díaz.

Pero más que la situación creada, hay otros aspectos que también han generado algunas reacciones. Uber es una empresa que no cuenta con empleados. De hecho, sus ejecutivos denominan a Uber como una aplicación y no una empresa. Sus chóferes son contratistas independientes que ponen una inversión, tal vez mayor a la que Uber invierte en el servicio.

Según se informa, los chóferes reciben aproximadamente un 75 por ciento de la tarifa impuesta por Uber.

Éstos, sin embargo, tienen que utilizar su propio vehículo con los gastos que esto conlleva, pagar sus seguros y asumir los riesgos. Uber solo se encarga de recibir la solicitud del usuario, cobrarle la tarifa y pagarle lo que le corresponde al chófer. Al no ser empleados de Uber, la empresa no tiene que garantizarle ni siquiera una póliza del Fondo del Seguro del Estado, vacaciones ni licencias por enfermedad, además que tampoco está obligada a proveerle una póliza de seguro médico.

En el caso de los taxistas, estos tienen que tener unos seguros requeridos por ley, someterse a adiestramientos y otros requerimientos a los que Uber no ha tenido que cumplir. Además, al estar bajo las regulaciones de la Comisión de Servicio Público y la Compañía de Turismo, tienen que someterse a las tarifas que estas agencias imponen, algo con lo que Uber, también se niega a cumplir. De hecho,  todos los demás porteadores públicos del país están regulados por la Comisión.

Todos estamos de acuerdo que en Puerto Rico hace falta mayores fuentes de ingresos para los puertorriqueños. También hacen falta mayores medios de transportación colectiva, no solo en el área metropolitana, sino también en otras partes de la isla. Sin embargo, esto no puede ser un estímulo para violar las leyes del país, ni para darle preferencias a unos sobre otros.

Muchos han dicho que los procesos de la Comisión son lentos, que ésta ya no cumple su función en el país, incluso de parte del gobierno se han criticado los procesos de la Comisión. Pero mientras estos procesos no sean cambiados mediante legislación, las empresas que vengan a establecerse en la isla tienen que cumplir con ellos.

No se trata de defender a Uber o a los taxistas, ese no es mi propósito. De lo que se trata es que si ya unos están regulados de una manera, se debe regular al que venga por igual, de lo contrario que se eliminen las regulaciones a todo el mundo y compitan en igualdad de condiciones.

Esta controversia ha sido innecesaria, si desde el principio se hubiera establecido que a Uber se le iba a tratar idéntico a cualquier otro porteador público autorizado por la Comisión y no darle un trato especial como se ha pretendido incluso desde la propia Fortaleza.