Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste

Ya se ha convertido en algo común que día a día salgan noticias de que los federales están investigando alguna agencia, municipio o corporación pública. Que si el FBI está investigando al Departamento de Hacienda; al Departamento de Educación, que si ASES, empleados fantasmas en El Capitolio; que están investigando al Municipio de San Juan; y ahora sale que están investigando al Municipio de Mayagüez, incluso hasta bancos privados han sido intervenidos por el ente federal.

Todas estas investigaciones tienen como fin recuperar fondos federales que pudieron haber sido utilizados de manera ilegal por alguna de estas agencias o municipios, y por violaciones a leyes federales en el caso de los bancos que pueden incluir hasta el soborno. Claro, cada vez que sale una noticia sobre estas investigaciones, los políticos de partidos contrarios sacan, en tiempo récord, comunicados de prensa donde pareciera que son ellos los que están realizando dichas investigaciones, porque dicen más “información” que la que dan los propios federales. Parece un juego de a quién es al que más investigan.

Mientras todo esto pasa, el pueblo continúa viendo cómo, esos mismos políticos investigados, se reparten miles de dólares en salarios a familiares, con contratitos en alguna agencia o corporación pública. Si un senador quiere que un familiar tenga un buen contrato, lo lleva a algún municipio o a la Cámara de Representantes para que lo contraten. Lo mismo pasa si es un representante a la Cámara, lo lleva al Senado o a algún municipio o hasta a una corporación pública para que le contraten el familiar.

Mientras para el pueblo no hay trabajo, estos funcionarios se reparten los pocos puestos que hay disponibles.

Todo esto nos debe llevar a pensar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tenía un panorama bien claro de lo que está pasando en Puerto Rico cuando dijo que los políticos en Puerto Rico eran unos corruptos. De hecho, cada vez que sale alguna información de investigaciones federales, se deja claro que Trump tenía razón.

Mientras el país tiene una Junta de Control Fiscal Federal (que por cierto no han dicho ni pío sobre estas investigaciones) que está quitándole a los trabajadores el bono de Navidad, bajando las pensiones, reduciendo la aportación patronal a los planes médicos y prohibiendo aumentos de salario a los trabajadores, tenemos funcionarios ganando más de $600 mil al año, con bonos de cancelación de contratos, con residencia y viajes pagados por los puertorriqueños. Mientras cierran escuelas y privatizan centros de trabajo por supuesta falta de dinero, hay funcionarios malversando fondos que se supone vayan en servicio directo a los ciudadanos.

Investigan los contratos de toldos, los de Tu Hogar Renace, los que se dieron en Educación y el de Julia Keleher, sin embargo no vemos que estas investigaciones produzcan arrestos. Al contrario, vemos que el gobierno estatal utiliza todo su andamiaje investigativo para perseguir funcionarios que deciden no quedarse callados, como el caso del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, a quien no solo lo despiden de su trabajo por acudir a los federales, sino que además inician una investigación ilegal contra su hijo por este decir que tiene información de hasta el propio gobernador Ricardo Rosselló.

Veremos que nos traen las próximas semanas.