Política

MAYAGÜEZ: La representante Maricarmen Mas Rodríguez (PNP-Distrito 19) advirtió a algunos comerciantes que sirven alimentos preparados y todavía están cobrando el Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU), de que se exponen a serias sanciones, incluyendo referidos ante el Departamento de Justicia, de continuar con esta legal práctica.

La representante sostuvo que estará sometiendo un proyecto de ley que eleva a delito la violación de cualquier orden ejecutiva emitida por el Gobernador a causa de una emergencia, como lo es el impacto de un huracán.

“En esta emergencia hay comerciantes, unos pocos, que quieren pasarse de listos y cobrarle el IVU a las personas por alimentos preparados, a pesar de que el gobernador, Ricardo Rosselló, detuvo esta práctica mediante la Orden Ejecutiva OE-2017-47, en la cual declaró a Puerto Rico en estado de emergencia ante el paso del huracán María. Esto no lo vamos a permitir. Quiero dejar esto claro: cualquier comerciante que trate de lucrarse de la desgracia de nuestra gente cobrando el IVU a personas que apenas pueden pagar por su comida, los vamos a encontrar y a procesar”, señaló la legisladora por Mayagüez y San Germán.

La también presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Oeste exhortó a los ciudadanos a verificar bien su recibo de compra y asegúrese que no le estén cobrando el IVU.

“Hago un llamado aquellas personas que fueron timadas a llevar la evidencia al Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), o a nuestra oficina legislativa en Mayagüez para que se inicie el proceso investigativo de manera expedita. Durante las pasadas semanas hemos escuchado a muchos constituyentes decirnos que le están cobrando el IVU en varios restaurantes, alegando que el mismo ya está en sistema y que no lo pueden sacar, por ejemplo. Nadie, repito, nadie puede cobrar impuestos por comida preparada o una botella de agua o refresco. Tampoco por postres. Esta es la ley y la vamos hacer cumplir”, agregó.

Mas Rodríguez enfatizó que continuará visitando comercios para asegurarse de que están en cumplimiento con la mencionada orden.

Mientras tanto, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Michael Pierluisi, en conjunto con personal de su agencia, ofreció un entrenamiento a los agentes del Departamento de Hacienda para comenzar la fiscalización conjunta de las órdenes de congelación de precios y márgenes de ganancia, que ascenderán a unos 200.

Pierluisi informó que la agencia comenzó ayer a entregar requerimientos de información a establecimientos comerciales que venden artículos de primera necesidad, como los supermercados y farmacias. La meta es entregar alrededor de 200 en los próximos días. En cuanto a la venta de combustible, hay 200 requerimientos de información en curso. Este método de investigación es muy útil y efectivo aunque el resultado toma más tiempo.