MAYAGÜEZ: La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión de abstención sobre las operaciones fiscales del Municipio de Mayagüez, ya que no se pudo obtener la evidencia suficiente y apropiada para validar si las operaciones se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

Sin embargo, a base de los objetivos establecidos y otros asuntos surgidos se comentan nueve hallazgos.

El Informe revela que, a la petición de la OCPR de documentos fiscales de las nueve empresas municipales, la gerente de Finanzas y Presupuesto del Municipio, Yahaira Valentín Andrade, sólo entregó información incompleta de la Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI) creada en el 2014.

La ausencia de documentos evidenció que no tenían un sistema de contabilidad que registrara las transacciones fiscales.

Además, la Junta de Directores de MEDI, no supervisó el cumplimiento de la reglamentación por parte director ejecutivo, Alejandro Riera Fernández, quien fue acusado por la Fiscalía Federal el 22 de marzo de 2021 por su participación en un fraude de $9 millones que el Municipio le había transferido a MEDI.

El 9 de noviembre, Riera Fernández se declaró culpable de cuatro cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. La Junta de Directores de MEDI estaba presidida por el exalcalde José Guillermo Rodríguez, la tesorera era la gerente de Finanzas Valentín Andrade, y tres funcionarios municipales actuaban como miembros.

La auditoría señala que el Municipio desembolsó $1.6 millones en pagos sin evidencia del beneficio público obtenido. Estas situaciones se refirieron el 1 de marzo de 2023, a la consideración del secretario de Justicia, para que tome la acción correspondiente.

Al respecto, los auditores no pudieron obtener información sobre el uso dado a una transferencia de $606 mil a un banco de España, que una entidad privada le prestó a MEDI con el propósito de obtener una línea de crédito por €500 millones de euros para financiar el Plan Mayagüez 2032. Tampoco la Junta de MEDI ofreció información sobre si se concretó el financiamiento de los €500 millones, que por cierto fueron transferidos a otra cuenta bancaria en Londres.

Otras 71 transferencias por $383 mil, carecían de información sobre la utilidad y beneficio, como por ejemplo las transferencias realizadas a: una compañía del director ejecutivo, una compañía de software en Nueva York, a beneficiarios con direcciones de España, o a un banco en Turquía.

En el 2015 se pagaron $47 mil por un viaje a Dubai del director ejecutivo de MEDI y dos asesores financieros del Municipio. El viaje se realizó para completar unas gestiones de un préstamo de $4 billones para refinanciar la deuda del Municipio. El exvicealcalde de entonces, Heriberto Acevedo, había aprobado este viaje y el entonces alcalde tenía conocimiento. De hecho, el financiamiento no se concretó.

En contravención de la Constitución de Puerto Rico, el vicealcalde del Municipio, Acevedo, que a su vez actuaba como vicepresidente de la Junta de MEDI y de otra empresa municipal Medi Films, autorizó utilizar el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez como garantía colateral para obtener financiamiento para Medi Films. También autorizó a Medi Films a solicitar financiamiento por $10 millones con una Cooperativa de Ahorro y Crédito (Las Piedras). Medi Films fue incorporada por una persona privada como empresa municipal con fines de lucro el 30 de diciembre de 2015.

El examen de estas acciones reveló que estas transacciones no permitidas por ley beneficiaron a cuatro compañías privadas, propiedad del entonces director ejecutivo de Medi Films (Riera) y del asesor financiero 1. De hecho, estas personas incurrieron en conflicto de intereses ya que utilizaron su cargo en la empresa municipal para beneficiarse y hacer negocios con sus compañías privadas.

El entonces director ejecutivo de Medi Films, firmó con la Cooperativa A los contratos de los préstamos y líneas de crédito por $4.3 millones para financiar películas, que depositó en las cuentas de sus corporaciones A y B en la Cooperativa A. Del 2017 al 2018, recibió en su carácter personal, 10 pagos por $94 mil de sus corporaciones.

El entonces asesor financiero 1 también utilizó su cargo para beneficio propio y de las corporaciones C y D de las cuales formaba parte, con las líneas de crédito garantizadas por MEDI con propiedad pública. Al respecto, recibió pagos de la cuenta A y B por la suma de $921 mil.

Estas situaciones se refirieron al secretario de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental el 2 de noviembre de 2023 para su evaluación y acción correspondiente.

Al 31 de mayo de 2022, la empresa municipal MEDI, no había reembolsado al Municipio el capital inicial recibido por $5 millones por concepto del canon de arrendamiento del Hospital Dr. Ramón Emeterio Betances (90% del capital) y aportaciones directas del Municipio (10% del capital). De hecho, el Municipio no cumplió con la derogada Ley de Municipios de 1991, al no promulgar y aprobar reglamentación sobre el manejo del capital inicial.

La auditoría devela que MEDI y Medi Energy, Inc., obtuvieron un préstamo comercial con la Cooperativa B por $1.5 millones, de los cuales $1.4 millones servirían de garantía para financiar por $12 millones la adquisición de generadores de energía para el Centro Médico de Mayagüez con una corporación de Canadá. Medi Energy es otra empresa municipal creada en el 2015 para generar negocios con energía renovable. Esta transacción no tuvo ninguna utilidad. Al 11 de octubre de 2022, MEDI le había pagado a la Cooperativa B, $422 mil en intereses y $275 mil al principal del préstamo.

El Municipio de Mayagüez no incluyó en sus estados financieros auditados, la información financiera de MEDI, ni tampoco presentó la posición financiera de MEDI en documento separado. Por esta omisión, los contadores públicos autorizados emitieron una opinión adversa en los estados financieros del 2017 al 2022. Esta situación se atribuye a que el alcalde y la gerente de Finanzas se apartaron de las disposiciones reglamentarias del Código Municipal de 2020, y de la Ley de Municipios de 1991.

El Informe publica que la empresa municipal Mayagüez Economic Development-Financial Strategies, Inc. (MEDFS), fue incorporada Departamento de Estado por el asesor financiero 1 del Municipio y de MEDI, sin la autorización de la Legislatura Municipal, ni del Municipio. MEDFS fue registrada en el 2014 para promover el desarrollo comercial de Mayagüez. Al respecto la Legislatura no pudo cumplir con su responsabilidad de evaluar la necesidad de MEDFS. Esta situación propició el fraude relacionado con los $9 millones que el Municipio le transfirió el 29 de marzo de 2016 a MEDI para invertirlos y generar ganancias.

La empresa municipal MEDI no mantuvo un control administrativo de sus operaciones ya que, entre otras, carecía de reglamentación para regular la adquisición de bienes y servicios, la contratación de servicios profesionales y el procesamiento de los desembolsos, entre otros. Además, la Junta, que debió tener una reunión mensual ordinaria, sólo se reunió 16 veces en los 85 meses del periodo examinado.

Al 15 de noviembre de 2023, el Municipio no había efectuado auditorías ni monitoreos de las operaciones de las empresas municipales. Esta falta de supervisión adecuada por parte de los alcaldes en funciones propició la suspensión sumaria del entonces alcalde, el proceso judicial contra este y de la gerente de Finanzas y Presupuesto. Además, la falta de fiscalización derivó en que no se pueda detectar a tiempo situaciones que llevaron a los procesos judiciales contra el exdirector ejecutivo de MEDI, a tres asesores financieros, a un asesor legal y a otras dos personas.

La auditoría comenta que el Municipio pagó $2.4 millones a un bufete de abogados para recuperar de las casas de corretaje la pérdida de $9 millones por el fraude. De la gestión, se pudo recuperar $8.2 millones, de los cuales MEDI devolvió $5.8 millones al Municipio. MEDI operaba prácticamente con dinero público y no hay evidencia de la ganancia de sus gestiones. Por ende, su situación presupuestaria no era la mejor para la contratación con el bufete de abogados.

Un juzgado de Alicante, España, le requirió a MEDI el pago de €6.7 millones de euros el 9 de noviembre de 2022. El demandante le reclamó a MEDI y a Mayagüez Economic Development Iberica, S.L.U., el pago de servicios prestados relacionados la emisión de una obligación corporativa por €500 millones, viajes a Hong Kong, Londres y Portugal para asesorar la colocación de la obligación a interesados, y por la solicitud de una segunda emisión de bonos por €10 millones.

El 3 de febrero de 2023, el Municipio refirió este asunto a la Fiscalía Federal a través de una firma de abogados ya que estableció que el entonces director de MEDI no estaba autorizado a crear ninguna entidad en España, ni a realizar la emisión de los €500 millones.

Al 2 de febrero de 2024, estaban pendientes de resolución, dos demandas civiles contra MEDI por $8.1 millones. Una de las demandas incluyó a Medi Films como demandado por $6.5 millones y reclamaba la ejecución de gravámenes mobiliarios, la ejecución de hipoteca y enriquecimiento injusto, entre otros.

El presupuesto del Municipio fue de $69 millones en el 2018, $61.5 millones en el 2019, $54.5 millones en el 2020, $58.5 millones en el 2021, $61.6 millones en el 2022 y $55.2 millones en el 2023. Los estados financieros del 2018 al 2022, reflejaron déficits acumulados de $25.7 millones, $22 millones, $24.2 millones, $14.4 millones y $1.4 millones respectivamente.

Además de las recomendaciones a la secretaria de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental, el Informe le recomienda al director de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Este segundo informe de Mayagüez cubre el periodo del 1 de julio de 2017 hasta el 28 de febrero de 2023, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Por el escándalo de MEDI, el exjuez y exasesor legal del exalcalde Rodríguez, Arnaldo Gerónimo Irizarry y Riera Fernández fueron los únicos de los acusados en el esquema de fraude y apropiación ilegal de dinero público que enfrentaron juicio en el Tribunal de Distrito Federal, y fueron encontrados culpables.

Los otros acusados “levantaron las manos” e hicieron alegación de culpabilidad antes de enfrentar el proceso. Estos fueron los exconsultores municipales Eugenio García Jiménez y Roberto Mejill Tellado; Steve Minger, y los hermanos Stephen y Joseph Kirkland, quienes eran corredores de bolsa.

Los chavos destinados al proyecto del Centro de Traumas de Mayagüez, una promesa de campaña que no se ha materializado, fueron usados por los ahora convictos para, entre otras cosas, la compra de embarcaciones, joyas, ropa, matrículas escolares, restaurantes, servicios públicos, pago de tarjetas de crédito e hipotecas, decoración y mejoras al hogar.

Mientras tanto, el exalcalde Rodríguez y Valentín Andrade tienen pendiente un juicio a nivel local.

Reacciona el alcalde de Mayagüez, Ing. Jorge L. Ramos Ruiz

Por otro lado, el alcalde de Mayagüez, Jorge Luis Ramos Ruiz, emitió declaraciones escritas reaccionando al contenido del informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico:

“Ayer, recibimos la publicación del informe de Auditoría OC-25-60 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, el cual evalúa el manejo de las empresas municipales de Mayagüez en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 28 de febrero de 2023.

Es de conocimiento público que, en el pasado, se han señalado serias deficiencias en la administración y el manejo de fondos de estas entidades, en particular de Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) y sus subsidiarias. No obstante, es importante enfatizar que los hallazgos contenidos en este informe corresponden a decisiones y gestiones realizadas antes del inicio de mi administración.

Desde el primer día de nuestro mandato, hemos asumido con responsabilidad la tarea de corregir las irregularidades del pasado. Por ello, hemos implementado medidas concretas para fortalecer los controles internos, garantizar la transparencia en la gestión municipal y colaborar plenamente con las autoridades pertinentes en las investigaciones en curso.

Como parte de estas acciones, el 3 de febrero de 2023, remitimos referidos formales al Departamento de Justicia Federal sobre varios de los hallazgos señalados en este informe. Además, los tribunales han validado nuestras reclamaciones y han revertido la titularidad de varias facilidades municipales en favor del Gobierno de Mayagüez.

Nuestro compromiso con la sana administración es inquebrantable. Continuaremos fortaleciendo los procesos administrativos y fiscales para asegurar que cada recurso público sea manejado con responsabilidad y eficiencia. Como siempre he sostenido, la integridad y el buen uso de los fondos públicos son principios innegociables en nuestra gestión”, expresó el incumbente municipal.