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Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

Desde mis inicios en los asuntos relacionados con los derechos de los trabajadores, me he percatado de lo difícil que se nos hace poder conseguir que se nos haga justicia en las distintas querellas y casos que presentamos. Estos casos pueden tardar hasta 10 años incluyendo los casos de despido injustificado. Tanto las querellas laborales, como los casos por despido se ven en los foros administrativos como el Negociado de Conciliación y Arbitraje, así como en la Junta de Relaciones del Trabajo, para luego pasar a los tribunales.

Es ahí, donde duermen el sueño de los justos. Tenemos que recordar que los tribunales se especializan en casos criminales y que los mismos están atestados de trabajo. Los casos laborales se atienden, si el tiempo se los permite, por lo tanto un empleado que haya sido despedido injustamente tiene que esperar a que los jueces tengan tiempo y rogar que el juez que vea al caso, tenga algunos conocimientos en asuntos laborales.

De hecho, desde el año 2010, el compañero Hiram Ramos Sánchez, el exlector de contadores de la AAA, quien desde el 2007 inició una serie de denuncias por sobrefacturación en Acueductos, fue despedido, y al presente su caso, a pesar de haber obtenido una decisión a su favor en el Negociado de Conciliación y Arbitraje, el mismo se encuentra en el Tribunal de Primera Instancia en espera de ser atendido. Si madura como pinta, este caso tendrá su final, cumpliendo más o menos diez años desde que el compañero fue despedido.

Basado en todas estas situaciones, hice un análisis para buscar alternativas con las cuales se puedan agilizar estos procesos. He tomado en cuenta las disposiciones legales que otorgan el derecho de apelación a la parte afectada, antes de cumplirse 30 días de haberse dictado sentencia. También, como parte de este análisis, tomé en cuenta la disposición constitucional que establece que último foro judicial será el Tribunal Supremo.

Por lo tanto, para que los trabajadores podamos tener, no solo un proceso, al menos más rápido y justo, sino también que dicho proceso sea más económico para todas las partes, es importante que se establezca un Tribunal Laboral, o en su defecto,  salas especializadas en asuntos laborales, y que se establezcan reglas dentro del mismo proceso donde se garantice un máximo de tiempo que pueda tener un juez para ver los casos, así como para dictar sentencia, que se establezcan términos para que las partes hagan sus argumentos escritos de hechos y de derechos y que se establezca por ley que una vez se vea en dicho Tribunal, el proceso de apelación vaya directamente al Tribunal Supremo, para que el proceso sea en verdad ágil y rápido.

Para poder lograr que un proyecto como este se establezca, es necesario que el mismo sea presentado a través de los legisladores del país, por lo tanto me reuní con un legislador del Oeste,  el representante Carlos Bianchi, para explicarle mi propuesta y tratar de que la misma fuera presentada en la legislatura. El representante entendió mi propuesta y las razones para la misma por lo cual estuvo dispuesto a radicar la medida.

Para mi sorpresa, en una conversación con el Secretario del Trabajo, el licenciado Vance Thomas, me indicó que ya había un proyecto similar radicado, pero hablaba se salas especializadas y no un tribunal laboral. Al día de hoy, no he visto tan siquiera que se haya citado vistas públicas para atender esta situación.

No cabe dudas, que es este no es un asunto de prioridad para el gobierno, tomando en cuenta que es el patrono más grande que existe en el país, pero dada la situación económica por la que atravesamos, me parece que el mismo es conveniente, tanto para el trabajador, porque obtendría justicia mas rápido, sino que el gobierno y la misma rama judicial se beneficiarían porque tendrían que invertir menos en abogados y jueces, respectivamente.

Aprovecho la oportunidad para pedirle al liderato obrero del país a que inicien el cabildeo en la legislatura con el fin de lograr este proyecto de justicia para los trabajadores del país, tanto del sector público como del sector privado.