Sorprende noticia de investigación del FBI en el Municipio de Mayagüez y el Alcalde reacciona

MAYAGÜEZ: El 4 de julio amaneció con la noticia de una presunta investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) sobre el manejo de recursos financieros en el Gobierno Municipal de la Sultana del Oeste, lo que ha provocado reacciones, particularmente en las redes sociales.

Bajo el titular “Federales le ponen el ojo a Mayagüez”, el periódico El Vocero, bajo la firma de la experimentada periodista Melissa Correa, publica que “la pesquisa se concentra en posibles violaciones a leyes estadounidenses vinculadas a transferencias electrónicas”.

“Anda pa’l car@%*”, fue la reacción generalizada de usuarios de las redes sociales cuando vieron la noticia.

El Vocero cita fuentes que “informaron que agentes federales le siguen el rastro a una transacción electrónica de $9 millones relacionada a inversiones realizadas por el ayuntamiento a través de firmas privadas de inversiones.

De acuerdo (sic) con las fuentes, la investigación se concentra en posibles violaciones a leyes federales vinculadas a transferencias electrónicas y las restricciones que aplican a las mismas”.

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Más adelante se reseña que “sobre este caso las autoridades han entrevistado a empleados municipales y han emitido “subpoenas” (citaciones), según supo este diario.

El pasado 22 de junio el ayuntamiento mayagüezano y la corporación Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) —creada por virtud de la Ley 81-1991 y mediante la ordenanza municipal 25—, de la cual el alcalde José Guillermo Rodríguez es presidente de la Junta de Directores, demandaron a la firma Eugenio García Jr. & Associates LLC y a Premier Financial and Investment Group y/o Premier Investment and Financial Group.

Estas firmas tenían contratos de asesoría municipal sobre capital de inversiones y asuntos financieros. El municipio busca la devolución de $9 millones destinados a inversiones.

Se alega que conforme a las recomendaciones, representaciones y garantías de Eugenio García Jr. & Associates, el 28 de marzo de 2016 el ayuntamiento autorizó al Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) que hiciera una transferencia electrónica por la cantidad de $9 millones de fondos municipales al banco JP Morgan.

El BPPR procedió con la transferencia de los $9 millones de fondos municipales y varios bancos estadounidenses se beneficiaron con el producto de esta transacción”.

Durante la mañana, el alcalde José Guillermo Rodríguez habló con El Vocero, confirmando que había sido entrevistado por los federales.

“Sí, un agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), junto a una agente del Servicio de Rentas Internas Federal (IRS, por sus siglas en inglés), me entrevistaron a mí, al vicealcalde y a la directora de Finanzas”, afirmó Rodríguez.

Negó que haya incurrido en actos ilegales.

Dijo que no le preguntó a los agentes federales si era blanco de la pesquisa”, reseña el periódico.

Revisando las redes sociales de la oposición, la actual presidenta del Comité Municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Mayagüez, Tania Lugo, solo compartió la noticia sin hacer comentarios.

Por su parte, la representante novoprogresista Maricarmen Mas también compartió las noticias relacionadas con el asunto, comentando: “Nadie está por encima de la ley. ¡Lo he estado señalando en los últimos días!” y “¡Habla…pueblo…habla!! El alcalde vuelve a estar ausente y el vice alcalde dice que se tiene que hacer cargo del municipio”.

PNP espera investigación de Justicia sobre manejo de finanzas en Mayagüez

MAYAGÜEZ: La representante novoprogresista Maricarmen Mas Rodríguez criticó la forma en que se han administrado las finanzas municipales en Mayagüez, ante lo que catalogó como “la escandalosa relevación que dicho ayuntamiento tiene un déficit estructural de $23 millones, cifra que representa sobre el 32 por ciento de su presupuesto consolidado para el próximo año fiscal”.

La reacción de la legisladora en un comunicado de prensa se basa en los hallazgos del Informe de la Oficina de Contraloría, publicado el jueves.

“Las acciones poco responsables de la actual administración del Municipio de Mayagüez han hecho que el déficit aumentara, exponencialmente, de unos $4.4 millones apenas cuatro años atrás a $23 millones en estos momentos. Esto significa que el Municipio carece de los recursos necesarios para realizar obra de embreadura permanente. Tampoco puede administrar muchas de sus facilidades, por eso vemos, entre otras cosas, el deterioro en las carreteras y caminos municipales. Sencillamente no tienen dinero para hacer nada. Esperamos que las autoridades realicen una pesquisa profunda sobre estas irregularidades”, comentó Mas Rodríguez.

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Para la representante Mas Rodríguez, los señalamientos contra la administración municipal dejan claro, en su opinión, “que no están capaces de manejar facilidades, como complejos deportivos y áreas comunes”.

“Mayagüez necesita de una inversión en rehabilitación de infraestructura. Las facilidades administradas por el Municipio están en serio abandono, pues no tienen dinero debido a cuestionables e irregulares prácticas administrativas señaladas por el Contralor”, dijo la legisladora por los pueblos de Mayagüez y San Germán.

“Existen serias alegaciones de mal uso de fondos públicos que entiendo el Departamento de Justicia va a investigar, como tiene que ser. Por ejemplo, asignaciones legislativas no reasignadas desde los años noventa. Eso levanta bandera y resalta la razón por la cual no se puede enviar el dinero al Municipio, se tiene que brindar a la gente directamente, como estamos haciendo. Existen fondos públicos desembolsados por proyectos que jamás se dieron y la inversión, poco necesaria, de sobre $620,000 para construir un edificio que no se ha utilizado nunca y que, por eso mismo, se encuentra en total deterioro. En conclusión, este informe revela la realidad que vivimos los mayagüezanos, que el Municipio no manejó bien sus finanzas y ahora no puede administrar nuestra gran ciudad”, terminó diciendo Mas en su comunicado.

Representante PNP de Mayagüez le pide más toldos a FEMA

MAYAGÜEZ: La representante Maricarmen Mas Rodríguez (PNP-Distrito 19), le solicitó al administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), Peter T. Gaynor, “que despache a Puerto Rico miles de toldos azules de fibra reforzada para remplazar los alrededor de 30 mil que todavía están colocados en techos de hogares a través de la Isla, a casi dos años del azote del huracán María”.

“Casi 20 meses después de los huracanes (Irma y María), más de 30 mil residencias en Puerto Rico continúan cubiertas por los toldos azules de Fema. Podemos discutir la razón detrás de esto, pero el hecho sigue siendo que se necesita urgentemente remplazar estos toldos porque la mayoría, por no decir todos, se están deteriorando rápidamente”, dijo la legisladora en una carta de dos páginas enviada esta semana a Gaynor.

En la misiva, la también presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Región Oeste, dijo que en la página oficial de FEMA en la Internet (www.fema.gov), se establece que los toldos azules tienen una vida útil de unos 30 días a partir de su instalación.

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Destacó que en la página de FEMA, la agencia federal deja claro el carácter temporero de los toldos. ‘Recomendamos a los propietarios de hogares hacer arreglos para reparaciones de techo permanentes dentro de un período de 30 días’.

“El material de los toldos está diseñado para aguantar cambios climáticos hasta unas cinco semanas, luego de ese período, la capa protectora de los toldos pierde su capacidad de bloquear los peligrosos rayos ultravioletas. También pierde su protección contra incendios y las barreras para evitar vapores internos, haciendo de los mismos, no solamente inusables, pero altamente peligrosos”, añadió.

Por estas razones, la representante por Mayagüez y San Germán le pidió al Administrador de FEMA, aparte de los nuevos toldos azules, una dispensa especial para instalar los mismos con fondos federales.

[TERCERA EDAD] Propone investigar procesamiento criminal de casos relacionados con explotación financiera de ancianos

MAYAGÜEZ: Asegurando que tiene el propósito de “frenar el abuso contra las personas de edad avanzada en Puerto Rico”, la representante Maricarmen Mas Rodríguez (PNP-Distrito 19) radicó una medida que viabiliza una investigación sobre las gestiones de los departamentos de Justicia y de la Familia, así como de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y el Negociado de la Policía; en el proceso de investigación y procesamiento criminal en los casos relacionados con la explotación financiera de las personas de la “tercera edad”.

La Resolución de la Cámara 1387 persigue auscultar la posibilidad de reasignar tareas y consolidar servicios para unir esfuerzos que propicien llevar los casos contra los envejecientes hasta las últimas consecuencias legales.

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“Esto es una prioridad para nosotros. En el proceso de investigación y procesamiento de los casos de maltrato contra las personas de edad avanzada intervienen varias agencias, por eso entendemos meritorio verificar qué labor está realizando cada una de estas dependencias, si cada una está cumpliendo a cabalidad con las responsabilidades, si amerita alguna consolidación de funciones o distribución más equitativa de sus labores y qué cambios son necesarios para que los casos radicados no sean desestimados por simplemente haber “faltas de interés”. Ese es el norte de esta medida, ayudar a frenar el elemento criminal en contra de nuestros envejecientes”, expresó la representante por Mayagüez y San Germán.

Según Mas Rodríguez, el procesamiento criminal de aquellas personas que cometen cualquier acto de maltrato contra las personas de edad avanzada es un aspecto vital para disuadir futuras infracciones de ley contra este sector, que sobrepasa los 800 mil habitantes.

Representante PNP de Mayagüez busca que se apruebe medida para investigar recaudos del IVU en ventas por Internet

MAYAGÜEZ: Una medida de la representante Maricarmen Mas Rodríguez (PNP – Distrito 19), que busca hacer un estudio sobre los recaudos del Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU) por concepto de las ventas en Internet tras los acuerdos colaborativos alcanzados por el Departamento de Hacienda con distintas empresas, será considerada en la sesión de la Cámara de Representantes de mañana lunes.

En un comunicado de prensa se informó que se trata de la Resolución de la Cámara 1092, que también tiene como objetivo conocer los resultados obtenidos y la necesidad de implementar mecanismos adicionales.

“Nuestro norte es conocer de primera mano que como se están trabajando los recaudos del IVU por las ventas a través del Internet, cuanto realmente son, como responden las compañías al mismo y los comentarios de consumidores sobre el tema. Se tiene que evaluar todo para determinar su eficiencia y que, si algo, se tiene que hacer para mejorar el sistema”, comentó la representante por Mayagüez y San Germán.

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Con la aprobación de la Ley 42-2013, comenzó la recaudación del IVU de las ventas de productos tributables que empresas sin presencia en Puerto Rico realizan a través del Internet. La Ley 25-2017 otorgó facultades específicas al Secretario de Hacienda para que pudiera gestionar acuerdos con las empresas sin presencia en Puerto Rico para el cobro del IVU.

Se alega que los resultados de dichas negociaciones fueron fructíferos, con el saldo de 49 acuerdos voluntarios. Entre estos, se puede resaltar el alcanzado con la empresa Amazon, Inc., en marzo de 2018.

“La crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico en una sin precedentes. Ante tal panorama, es indispensable aprobar para reducir la evasión contributiva. Por tal razón, proponemos analizar la captación del IVU relacionada a las ventas por Internet, particularmente tras los acuerdos voluntarios conseguidos por el Departamento de Hacienda”, agregó la también presidenta de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste.

La medida será referida a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA” de la Cámara, la cual tendrá unos 180 días para emitir un informe, con recomendaciones, sobre sus hallazgos.