La Fortaleza (Archivo).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

La tan mencionada crisis fiscal que supuestamente atraviesa el Gobierno de Puerto Rico ha provocado, que tanto la Legislatura como el Ejecutivo promuevan proyectos para tratar de llegar más fondos, así como mejorar la eficiencia gubernamental. Estos proyectos van desde aumentar los impuestos existentes, implementar nuevos, reducir puestos de confianza y reducir y hasta eliminar derechos laborales.

Nada de las medidas aprobadas, han dado resultado. Peor aún, al aumentar e implementar nuevos impuestos, provocan que el ciudadano sea más comedido en el gasto personal. Reducen las compras personales a únicamente lo necesario, evitan salidas familiares para evitar gastos, etc. También la reducción de beneficios a los trabajadores, además de tener un impacto importante en las finanzas personales de cada trabajador,  también provoca que el comercio se afecte. De hecho, ya hay comerciantes preocupados por los anuncios hechos por el gobierno de no dar bono de Navidad a los empleados.

No conforme con esto, ahora proponen la creación de una junta, a la que le llaman Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica, para que toda decisión gubernamental sea tomada a través de dicha Junta. O sea, tendríamos un gobernador de papel, porque todo lo que haya que hacer tendría que ser aprobado por ésta. Esto, obviamente representa entregar los poderes constitucionales a un grupo, que a su vez es nombrado por el propio gobernante. Pero esto, por el momento no es el tema hoy.

Resulta que los miembros de dicha Junta, según propone el proyecto, no estarían regulados por nadie. Ni la Oficina de Ética Gubernamental, ni el Contralor, ni ningún otro organismo gubernamental. Esto quiere decir que tendrían inmunidad para hacer lo que quieran sin que sus actos tengan consecuencias.

Ya puedo imaginarme la contratación en el gobierno, de familiares de los que integran la misma, me puedo imaginar la persecución por razones políticas por parte de la junta hacia funcionarios del gobierno,  imagino el enriquecimiento de algunos miembros y así por el estilo. Podrán violar leyes del estado sin que nadie, pero nadie pueda hacer nada al respecto. Esto, obviamente si la Legislatura no toma acción sobre el asunto.

Pero la simple propuesta de un organismo como este, es un reconocimiento oficial de que no saben un divino que es lo que tienen que hacer en el gobierno. Esto es poner varias personas nombradas por el gobernador, con unos sueldos más altos que el del propio primer ejecutivo del país ya que el presupuesto dispuesto para operar mensualmente, es de un millón de dólares mensuales. Para completar, esta junta será creada para que trascienda el cuatrienio, lo que significa que, aún si pierden las elecciones, continuaran en el poder a través de la misma.

Pero aún con este detalle de ser una Junta extra cuatrienio, no he visto una oposición activa de los miembros de los partidos de minoría. Soy de los que está en contra de la entrega de derechos constitucionales, ya sea por parte de individuos como también los derechos del propio gobierno. Por eso, no puedo quedarme callado ante tan importante asunto.