Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico (Archivo).
Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA
El pasado año 2014, el Gobierno de Puerto Rico implementó una ley que tenía el efecto de eliminarle gran parte de los beneficios a los empleados públicos del país. Licencias de vacaciones y enfermedad, días feriados, bonos de verano y bonos de Navidad, son algunos de los beneficios que se les redujo a los trabajadores con la implantación de dicha ley. La misma, sin embargo, le daba la oportunidad a los trabajadores organizados en sindicatos a negociar acuerdos que lograran identificar ahorros a cambio de mantener uno que otro beneficio.
En algunas agencias, los ahorros se basaron en reducir en el gasto de energía eléctrica y en otros casos, se intercambiaron unos beneficios por otros. La mayoría de los acuerdos buscaban mantener el bono de Navidad y alguno que otro aumento salario.
A poco más de un año de que se firmaron todos los acuerdos, la mayoría de las agencias de gobierno incumplirán con el pago de dicho beneficio. Tal parecía ser el caso de los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
En una reunión con el presidente de la Unión el pasado 2 de diciembre, altos directivos de la Autoridad le informaron que no podían cumplir con lo acordado en relación al bono. A pesar que hubo comunicación inmediata con el Departamento del Trabajo, las gestiones que este Departamento estaba realizando no se notaban.
Fuimos testigos a través de los medios de comunicación de la inmensa lucha que se dio por parte de los dirigentes del sindicato. Incluso, los que estuvimos presentes fuimos testigos que hasta rumores de arrestos hubo en el lugar, sin embargo el liderato se mantuvo firme.
Al mismo tiempo, trabajadores sociales, maestros, los propios empleados del Departamento del Trabajo, empleados de la salud y muchos otros, han estado exigiendo que se les pague el bono de Navidad, que aún al día de hoy, no les han pagado.
Pero esto no era algo que debió tomarnos por sorpresa. Cada vez que se acercaba la fecha de pago de alguno de los bonistas se rumoraba e incluso el gobierno hablaba de la posibilidad de impago. Sin embargo, no se materializaba el supuesto impago.
Cuando único comenzamos a ver que no se cumplió con los pagos, fue con los reintegros de las planillas de Contribución Sobre Ingresos, que llegó un momento donde se paralizó totalmente el envío de los mismos. Ya esto era un indicio de cuál era la prioridad del gobierno a la hora de pagar. Obviamente el pueblo no estaba, ni está dentro de esas prioridades de pago del gobierno.
Semana tras semana se daban distintas fechas de envío de reintegros, sin que se cumpliera con el envío.
Llegada la época navideña comenzamos a escuchar al Secretario de Hacienda y al Director de OGP hablar de lo incierto del pago del bono de Navidad a los empleados públicos. El mismo modus operandi que con el reintegro, semana tras semana salen oficiales del gobierno a hablar del bono, siempre con el mismo cuento, no hay dinero.
A estos funcionarios se les hace bien fácil decirle al trabajador, que muchos de ellos lograron acuerdos bajo la Ley 66 para mantener el bono de Navidad, decirles que no tienen dinero para pagar, pero si vemos que para los bonistas hay dinero.
Aunque esta situación no se resuelve con el anuncio de ayer de Alejandro, al menos tenemos la certeza que uno de los gobernadores más antiobreros de este país NO figurará en una candidatura a la gobernación nuevamente.
