Pegadizos como este fueron colocados en los zafacones de las casas que no usaron las bolsas anaranjadas (Foto/LA CALLE Digital).
CABO ROJO: La juez Lynnette Ortiz, del Centro Judicial de la Sultana del Oeste, declaró “no ha lugar” la solicitud de injunction preliminar y una sentencia declaratoria, que buscando anular la Ordenanza Municipal 26, Serie 2016-2017, que impone a los vecinos de esa jurisdicción la compra de una bolsas plásticas anaranjadas para disposición de desperdicios sólidos.
No obstante, la demanda no fue desestimada y su procedimiento ordinario continúa, según supo LA CALLE Digital.
Una vista sobre el “status” del caso fue señalada para el próximo 12 de julio a las 9:00 de la mañana, por lo que la controvertible ordenanza sigue vigente.
Como demandantes en este pleito figuran el comerciante Juan Cancel Rivera y el artesano Edy Ruiz Vega, representados por el licenciado Wilmer Rivera Acosta.
Entre los demandados está el alcalde Ramírez Kurtz y la presidenta de la Legislatura Municipal de Cabo Rojo, Evelyn Alicea González; así como el Municipio Autónomo de Cabo Rojo y la Legislatura Municipal como entes con personalidad jurídica.
Amenazas de multas a los que no usen bolsas anaranjadas
Mientras tanto, residencias de Cabo Rojo amanecieron con pegadizos adheridos a sus zafacones, advirtiendo sobre “infracción” por no haber usado las bolsas anaranjadas, o haber “depositado basura en el reciclaje”, concediéndole 24 horas para cumplir, pero con la advertencia de que estará sujeto a penalidades.
El abogado caborrojeño Martín Aguilar le dijo a LA CALLE Digital que empleados de la empresa Conwaste fueron vistos pegando los avisos en los zafacones y tomando fotos de los recipientes y las casas, lo que catalogó como una manera de “carpetear” a los que no estén de acuerdo con el sistema de las bolsas anaranjadas.
Como parte de sus argumentos, los demandantes alegan entre otros asuntos, que la Ordenanza 26 “constituye un intento de restringir irrazonablemente los negocios o el comercio de recogido de basura y reciclajes, cuyo efecto es monopolizar dichos servicios en el Municipio de Cabo Rojo”; aparte de obligar a residentes y comerciantes a utilizar los servicios de la compañía que el Gobierno Municipal contrate.
Los demandantes sostienen que la Ordenanza 26 viola la Ley Antimonopolística de Puerto Rico de 1964.
La demanda insiste en que la controvertible ordenanza crea un daño, ya que “restringe (a los demandantes) su libertad de contratación y los obliga a insertarse en un esquema monopolístico bajo el pretexto de que se fomenta el reciclaje”.
