Editorial

No hay excusas para incurrir en abuso de poder en la isla

Independientemente de si las personas intervenidas estaban incurriendo en alguna falta administrativa o infracción de ley, no hay excusa alguna para que un funcionario público no importa el rango que ostenta , se haga acompañar de varios policías para proceder al arresto de ciudadanos que solo se entretienen cantando la letra de una melodía cuya pista musical instrumental  procede de un equipo de sonido o «karaoke».  A no ser que cantar «malo»  constituya un acto criminal, lo ocurrido anoche en el pueblo de Juana Díaz, es un ataque vicioso a los derechos más elementales de las personas que pasaron el mal rato.

En un país de ley y orden como el nuestro, tolerar ese tipo de conducta por parte de funcionarios mal asesorados, es mucho más que atentar contra la dignidad de unos buenos puertorriqueños por el solo motivo de disfrutar de un rato de solaz con sus amigos. Incluso, una multa de $500 para tratar de  silenciar a la gente, es abusiva y pretende que el humilde comerciante que la recibe tenga que cerras sus puertas.

Sabemos que no faltarán excusas por parte de las personas que anoche tuvieron la brillante idea de infraccionar a los dueños de comercios que permiten a sus clientes entretenerse sanamente en lugar de «mojar» sus penas en alcohol.  Señores, es lógico que se hagan cumplir las leyes, pero ni tanto ni tampoco.  Si alguien violó alguna disposición administrativa, oriéntelo primero, ayúdele a gestionar el permiso requerido y al final, de  insistir en obrar ilegalmente, entonces proceda.

Dejemos que esos amigos del pueblo de Juana Díaz, continúen divirtiéndose al compás del «karaoke». Después de todo, » si se calla el cantor, se apaga la vida».

Revista La Calle está siendo plagiada de forma ilegal

Desde los inicios de este medio de comunicación en las redes sociales, sin incluir los años que llevamos al servicio de la comunidad del oeste sirviendo de forma impresa, Revista La Calle, ha mantenido total apego a la ética y a las leyes que rigen toda publicación. Incluso nos hemos ganado el respeto de nuestros colegas de otros medios porque sabemos reconocer el excelente trabajo  que hacen a favor de Puerto Rico.

Como profesionales, jamás tendríamos la osadía, de darle  «copy & paste» a un escrito que no es nuestro, sin tener el menor asomo de respeto, hacia el compañero que lo redacta. Eso en términos legales constituye » robo de propiedad intelectual».

Obviamente, tratándose de noticias o acontecimientos de conocimiento general , cada medio tiene su estilo propio de llevarlo a sus lectores. Pero eso diferente, a hurtar hasta los puntos y comas de una noticia.

Desde estas páginas estamos emplazando a la persona a cargo de una supuesta »  Revista La Calle PR»  a descontinuar la práctica de usurpar a la original Revista La Calle, que circula en la Internet  desde noviembre del año del 2011.   Si desea publicar lo que interese, ese  es su derecho. A lo que nadie tiene derecho es apoderarse del trabajo honesto de otro profesional.

Desde hace algún tiempo hemos recibido comunicaciones de lectores que nos piden expresarnos sobre este asunto. Una cosa es mantener silencio para no crear polémicas con la gente y otra, permitir que se nos siga faltando el respeto.

A partir de este editorial, nos proponemos recurrir por la vía legal, incluso ante el foro federal, de estas personas insistir en usurpar nuestro trabajo informativo.

De otra parte, Revista La Calle y el Proyecto Especial Informativo Comunitario Incorporado, notifican a la ciudadanía en general, que no tenemos vínculo alguno con la página que se hace llamar » Revista La Calle PR»  y que de igual manera desautorizamos que se trate de confundir a los ciberlectores.  En Revista La Calle, somos profesionales del periodismo y por eso honramos las palabras: honradez, ética y decencia.

Autoridad de Energía Eléctrica colmo de la burocracia

HORMIGUEROS: En muchas ocasiones nos preguntamos, el porqué la ciudadanía se muestra tan apática de colaborar con el gobierno en asuntos cotidianos como la pérdida de agua en diferentes sectores del país y la gran cantidad de luminarias que permanecen encendidas día y noche, en urbanizaciónes y comunidades. Aparte de la eficiente gestión de facturar por el servicio de luz, a la Autoridad de Energía Eléctrica no parece importarle que haya alumbrado público carente de mantenimiento o que el sistema se siga cayendo en cantos.

En la mañana de este miércoles, un representante de la Revista La Calle. notificó a empleados de esa autoridad sobre una luminaria prendida desde hace alrededor de 6 meses, en la calle 6 de la Urbanización La Monserrate de Hormigueros. Sin embargo, un trámite que regularmente quedaba resuelto en cuestión de minutos, ahora requiere de una inexplicable acción burocrática.

» Mire, usted tiene que radicar una querella a la oficina más cercana de la AEE, entonces se le asignará un número de caso y luego se atenderá en el turno que le corresponda», indicó un empleado de la agencia, más preocupado por sus horas extras que por ofrecer el servicio que exige el pueblo.

No dudamos, que la respuesta a este Editorial sea otra de las represalias a las que nos tiene acostumbrados esa poderosa corporación pública. No obstante, nuestra responsabilidad como informadores va más allá de persecuciones.  Cada día que transcurre, constatamos que la palabra SERVICIO, es un término en peligro de extinción.

Nuestra posición clara sobre la función de Revista La Calle

ideasAunque no acostumbramos polemizar con grupos o publicación alguna, queremos dejar meridianamente claro que Revista La Calle no se fundó para competir con nadie y mucho menos para envolvernos en supuestas noticias que a la larga caen en meras especulaciones y adelanto de agendas de individuos con intereses creados. Cuando una noticia es noticia la daremos a conocer sin adornos ni el gastado estribillo de la llamada «fuente confiable».

Desde noviembre de 2011, La Calle ha sido y será un medio de información comunitario sin ataduras con grupos partidistas ni de ninguna otra naturaleza. Quienes piensen que vamos a utilizar tiempo valioso para polémicas estériles, se equivocan. De otra parte, no competimos con nadie, y si con alguien fuésemos a equipararnos sería con la seria responsabilidad de superarnos cada día más.

Finalmente, gracias a los lectores que nos respaldan. A ellos, y a las comunidades a las que servimos con honestidad, dedicación y respeto. Hay una realidad, no inventamos números de visita a estas páginas ni utilizamos un nombre que pueda crear confusión entre las personas que acceden a las redes sociales. Sencillamente, nuestra revista es La Calle, porque surgió del pueblo. Es importante consignar, que hasta ahora hemos mantenido las mejores relaciones de amistad y profesionales con otros medios de comunicación que circulan en Internet, a los que tratamos con solidaridad y respeto. Solo así se hace periodismo de avanzada.

Julio Victor Ramirez Torres

Editor LaCalleRevista.com

¿Dónde están los defensores de nuestros ancianos?

MAYAGÜEZ:  De la edad de oro, tercera edad, envejecientes, ancianos o como quieran llamarlos, nuestros adultos mayores merecen mayor atención de las agencias e instituciones responsables de velar por la calidad de vida y el mejor trato hacia las personas que durante sus años productivos le sirvieron con honor a Puerto Rico.

Mientras las estadísticas de la Policía se refieren a nuevos casos de suicidios en la isla, ya resulta trillada la frase de, «se desconocen los motivos para la decisión fatal». Para nadie es un secreto que algunos de los ciudadanos que optan por quitarse la vida utilizando diferentes métodos violentos, lo hacen agobiados por problemas de salud, depresión, abandono de familiares, la pérdida de seres queridos y su situación económica.

En el más reciente caso de suicidio reportado en la parte noroeste del país, las autoridades notifican sobre la muerte de un anciano de 90 años, hallado ahorcado el 6 de agosto de 2013, en el callejón Los Ramos del Poblado San Antonio de Aguadilla. El nonagenario puso final a su existencia, colgándose de una cuerda.

Hasta ahora, se trata de la persona de mayor edad que se quita la vida sin dejar explicación. No obstante, corresponde a las autoridades, incluyendo, Policía, Familia y Procurador de las Personas de Edad Avanzada, abundar en las circunstancias que rodean éste y otros casos.

También, hace solo un día, se privó de la vida un residente del sector Jaime L. Drew de Ponce, quien tenía 76 años. El septuagenario fue encontrado ahorcado en una casa del mencionado barrio ponceño.   Hasta ahora la cifra de suicidios incluye a ciudadanos entre las edades de 42  hasta 90 años. Como dato relevante, todos los alegados suicidas eran varones. ¿ Hasta donde va a llegar el abandono de nuestros adultos mayores en algunos lugares de la isla?

Las autoridades pertinentes, incluyendo a la Legislatura, tienen la obligación de conducir una investigación a todos los niveles, para establecer porqué nuestros ancianos deciden suicidarse, sin que a nadie le preocupe establecer porqué lo hacen.

Proteger tv de gobierno es una legislación innecesaria

MAYAGÜEZ: Aprobar una medida legislativa para hacer compulsorio que la señal de las televisoras del gobierno esté sintonizada de manera preferente en las oficinas de agencias y dependencias públicas, es un acto peligroso que pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a seleccionar lo que desea ver y escuchar. Incluso, puede considerarse como una acción antidemocrática que coloca en desventaja a los medios de comunicación privados que no pueden invocar el mismo privilegio.

Si lo que se interesa es promover la programación de los canales de radio y televisión del Pueblo de Puerto Rico, lo primero que debió evaluarse es la calidad de lo que dichos medios, alegadamente educativos, difunden para  mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.

No ponemos en duda las buenas intenciones del representante mayaguezano Charlie Hernández, de conceder trato preferencial  a Puerto Rico TV  sobre las demás televisoras comerciales que operan en la isla. Sin embargo, pretender atosigarle a la gente los programas de las emisoras del ELA, sin un estudio objetivo y alejado de los vaivenes políticos no tiene cabida en un país que se distingue por su respeto a las libertades de prensa y expresión.

Nuestra recomendación, que Puerto Rico TV, solicite de la Comisión Federal de Comunicaciones un cambio en su licencia para operar como entidad con fines de lucro y se enfrente de tú a tú con las demás teledifusoras de la isla.

Finalmente, de persistir como ley que en las oficinas del gobierno los  televisores estén sintonizados en las frecuencias de Puerto Rico TV, creando así una audiencia cautiva y por ende, ficticia, las empresas a cargo de medir  audiencia deben tomar en cuenta aspecto tan importante.   Después de todo, las emisoras del Pueblo pudieran resultar más atractivas si se les permite competir en igualdad de condiciones con las comerciales. Recuerde, distinguido amigo Charlie Hernández, que lo bueno no necesita ser legislado.

Eficiencia y cero padrinazgo político en la AAA y la AEE

No importa la buena fe del gobernante de turno y sus reiteradas promesas de aliviar la carga que representa  para el  pueblo consumidor las onerosas facturas que todos los meses se reciben por los servicios de agua y electricidad;  mientras en la AAA y la AEE, no haya voluntad de aspirar hacia el logro de  mejor servicio y eficiencia en la administración de las mismas, jamás el Erario dispondrá de los dineros suficientes para que ambas corporaciones públicas sean  un buen negocio para el gobierno.

Más allá de cumplir con los bonistas, la Autoridad de Energía Eléctrica y la AAA deben dirigir sus esfuerzos, personal y recursos a transformarse en verdaderas agencias de servicio, donde  aquellos interesados en formar parte de sus respectivas plantillas de trabajo sean contratados por sus méritos, preparación académica, conocimientos y nunca por el partido político al cual pertenecen.

Dichas corporaciones tienen que dejar de ser el refugio de ahijados políticos azules, rojos  o de cualquier otro color que surja en el futuro. De otra parte, no puede resultar costo-efectiva una empresa pública como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, donde se admite que está perdiendo el 60 por ciento del agua potable que procesa y produce.

Antes de pensar en otro aumento tarifario en dicha agencia, es prioridad cobrarle el agua a los que no pagan, corregir los miles de salideros del  preciado líquido a través de todo el país y ser más efectivos en la detección del hurto de agua. Una cosa es concederle una tarifa especial a las clases menos afortunadas y otra, permitir que el agua se pierda por la negligencia de individuos que abren las bocas de incendio por pura diversión.

De otra parte, le corresponde a la AEE  respaldar los proyectos de energía renovable, concederle un incentivo especial a los abonados que pagan sus facturas de luz puntualmente y regresar a la generación hidroeléctrica. Mientras la isla siga  siendo «rehén» de la dependencia del petróleo, no bastarán promesas  electorales para convencer al pueblo. Eficiencia, servicio y «no»  al padrinazgo político  constituyen la clave  para salvar a la AAA y a la AEE del desastre financiero.

Suben los costos pero se reduce calidad de servicio salud

A no ser  que el Departamento de Salud y las autoridades federales tomen acción para investigar de manera efectiva la calidad de los servicios de salud que recibe la ciudadanía en general, cada día se hará más difícil que el pueblo, particularmente los niños y personas de edad avanzada puedan accesar  a los tratamientos y medicamentos a los que tienen derecho ante la ley.

En esta edición de La Calle Digital, se da a conocer el caso de un paciente de mayor edad, a quien su plan de salud Advantage le cambió de manera unilateral un medicamento necesario para la circulación, aduciendo que el producto fue excluído de su lista de ofrecimientos. Aunque el paciente recibió otro medicamento, presuntamente, de la misma calidad, su condición de salud se ha visto afectada.

Si los diferentes planes médicos van a decidir cual medicamento se le prescribe a determinado paciente, entonces para qué acudir ante el médico primario en la búsqueda de tratamiento.  Que conste, este señalamiento no va dirigido a los productos genéricos que por lo regular, cuestan menos y constituyen buen sustituto del medicamento original.

Entendemos prudente, que todo afiliado a un plan de salud, ya sea público o del gobierno, tenga la opción de determinar si conviene a su calidad de vida, cambiar de la noche a la mañana un medicamento que le viene siendo recetado durante años.  En este momento, esa posibilidad no existe.  O lo tomas, o lo dejas.

Cuidado con el uso de carrozas para el transporte masivo

Aunque su inclusión en diferentes eventos le añade un toque festivo a los desfiles y  paradas que se celebran en todo el país, la utilización de carrozas para recorrer grandes distancias, especialmente transportando a determinado número de personas, representa un grave riesgo para la seguridad de ciudadanos que se están viendo involucrados en accidentes de tránsito, algunos de carácter fatal.

No es nuestra intención que las autoridades prohiban la participación en desfiles de las vistosas carrozas preparadas con ciertos  tipos  de vehículos de motor, por el contrario, que los dueños y operadores de las mismas, no puedan usarlos en transportación masiva.  Por ejemplo, si alguna carroza  procedente de la región oeste desea  participar en una parada cívica en San Juan, la Policía debe exigir que  el conductor de la misma cumpla con todas las exigencias de la Ley de Tránsito. Incluso, debe prohibírsele  a dicha persona  que la carroza transporte a  menores, limitando el número ocupantes a 4 personas, que vendrán obligadas a hacer uso del cinturón de seguridad.

De esa manera se pueden evitar accidentes como el reportado este pasado fin de semana en la jurisdicción de Santa Isabel, donde un vehículo tipo carroza,  en el que viajaban unos 16 vecinos del   Area de Arecibo, se volcó a orillas de la carretera estatal número 1, cuando su conductor perdió el dominio del volante.

El  lamentable accidente causó que el auto tipo carroza pillara a una dama de 40 años que viajaba como pasajera. La infortunada murió a consecuencia de  heridas múltiples y otras 16 personas, incluyendo a 2 menores, sufrieron lesiones leves en diferentes partes.

Recientemente, también se reportó otro accidente grave en la carretera 2, cerca del municipio de Sabana Grande. De  un vehículo-carroza que se dirigía a un festival en Yauco, cayó al pavimento uno de los pasajeros que sufrió traumas y heridas de cuidado.  Aparte del informe preliminar de la Policía en el Area de Mayagüez, se desconoce si se tomó alguna acción contra el conductor de la carroza, aparentemente, procedente de Hatillo.  Llegó la hora de que las autoridades y los organizadores de estos eventos eviten más tragedias.

Sin resolverse problema estacionamiento frente a escuela

Poblado Rosario IIHan sido varias las oportunidades en que este medio de comunicación ha recibido llamadas de ciudadanos sumamente preocupados por el problema del estacionamiento en la acera aledaña a la Escuela Pública Luis Muñoz Rivera  del Poblado Rosario de San Germán, específicamente, en la estrecha carretera insular 330.  Mientras padres y estudiantes se ven forzados a utilizar la vía de rodaje para llegar hasta el plantel,  personas poco interesadas en la seguridad de nuestros niños, estacionan sus autos sobre la acera.

Esta vez, un periodista de La Calle Digital  pudo corroborar las quejas de padres preocupados, cuando acudió este jueves a eso de las 7:45 de la mañana a las inmediaciones de la escuela Muñoz Rivera. Como en ocasiones anteriores, el  testigo observó automóviles aparcados sobre la acera, mientras una abuela y su nieta no tenían otra alternativa que caminar por la carretera a riesgo de su seguridad.

Si la excusa es que no hay suficiente espacio para estacionamiento, entonces una solución sabia  sería ubicar policías, estatales o municipales, para dirigir el  movimiento de vehículos durante las horas de entrada y salida de la escuela. Eso no constituye ciencia ni representa erogación para el Departamento de Educación en el Area Oeste.

Por última vez vamos a apercibir a las autoridades escolares, Policía y a las agencias a las  que corresponda  velar por la integridad física de nuestra niñez sobre su obligación de corregir esta situación. De ocurrir, Dios quiera que no, un accidente grave en la carretera 330 en las cercanías de la Escuela Luis Muñoz Rivera del Poblado Rosario, donde resulte atropellado algún estudiante, padre o tutor, toda la responsabilidad legal deberá fijarse en aquellos funcionarios que se hacen de la vista larga ante el problema. Prometemos darle seguimiento a este caso, hasta que algún funcionario amante de la ley y el orden se digne corregir la situación.