Editorial

¿Dónde están los defensores de nuestros ancianos?

MAYAGÜEZ:  De la edad de oro, tercera edad, envejecientes, ancianos o como quieran llamarlos, nuestros adultos mayores merecen mayor atención de las agencias e instituciones responsables de velar por la calidad de vida y el mejor trato hacia las personas que durante sus años productivos le sirvieron con honor a Puerto Rico.

Mientras las estadísticas de la Policía se refieren a nuevos casos de suicidios en la isla, ya resulta trillada la frase de, «se desconocen los motivos para la decisión fatal». Para nadie es un secreto que algunos de los ciudadanos que optan por quitarse la vida utilizando diferentes métodos violentos, lo hacen agobiados por problemas de salud, depresión, abandono de familiares, la pérdida de seres queridos y su situación económica.

En el más reciente caso de suicidio reportado en la parte noroeste del país, las autoridades notifican sobre la muerte de un anciano de 90 años, hallado ahorcado el 6 de agosto de 2013, en el callejón Los Ramos del Poblado San Antonio de Aguadilla. El nonagenario puso final a su existencia, colgándose de una cuerda.

Hasta ahora, se trata de la persona de mayor edad que se quita la vida sin dejar explicación. No obstante, corresponde a las autoridades, incluyendo, Policía, Familia y Procurador de las Personas de Edad Avanzada, abundar en las circunstancias que rodean éste y otros casos.

También, hace solo un día, se privó de la vida un residente del sector Jaime L. Drew de Ponce, quien tenía 76 años. El septuagenario fue encontrado ahorcado en una casa del mencionado barrio ponceño.   Hasta ahora la cifra de suicidios incluye a ciudadanos entre las edades de 42  hasta 90 años. Como dato relevante, todos los alegados suicidas eran varones. ¿ Hasta donde va a llegar el abandono de nuestros adultos mayores en algunos lugares de la isla?

Las autoridades pertinentes, incluyendo a la Legislatura, tienen la obligación de conducir una investigación a todos los niveles, para establecer porqué nuestros ancianos deciden suicidarse, sin que a nadie le preocupe establecer porqué lo hacen.

Proteger tv de gobierno es una legislación innecesaria

MAYAGÜEZ: Aprobar una medida legislativa para hacer compulsorio que la señal de las televisoras del gobierno esté sintonizada de manera preferente en las oficinas de agencias y dependencias públicas, es un acto peligroso que pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a seleccionar lo que desea ver y escuchar. Incluso, puede considerarse como una acción antidemocrática que coloca en desventaja a los medios de comunicación privados que no pueden invocar el mismo privilegio.

Si lo que se interesa es promover la programación de los canales de radio y televisión del Pueblo de Puerto Rico, lo primero que debió evaluarse es la calidad de lo que dichos medios, alegadamente educativos, difunden para  mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.

No ponemos en duda las buenas intenciones del representante mayaguezano Charlie Hernández, de conceder trato preferencial  a Puerto Rico TV  sobre las demás televisoras comerciales que operan en la isla. Sin embargo, pretender atosigarle a la gente los programas de las emisoras del ELA, sin un estudio objetivo y alejado de los vaivenes políticos no tiene cabida en un país que se distingue por su respeto a las libertades de prensa y expresión.

Nuestra recomendación, que Puerto Rico TV, solicite de la Comisión Federal de Comunicaciones un cambio en su licencia para operar como entidad con fines de lucro y se enfrente de tú a tú con las demás teledifusoras de la isla.

Finalmente, de persistir como ley que en las oficinas del gobierno los  televisores estén sintonizados en las frecuencias de Puerto Rico TV, creando así una audiencia cautiva y por ende, ficticia, las empresas a cargo de medir  audiencia deben tomar en cuenta aspecto tan importante.   Después de todo, las emisoras del Pueblo pudieran resultar más atractivas si se les permite competir en igualdad de condiciones con las comerciales. Recuerde, distinguido amigo Charlie Hernández, que lo bueno no necesita ser legislado.

Eficiencia y cero padrinazgo político en la AAA y la AEE

No importa la buena fe del gobernante de turno y sus reiteradas promesas de aliviar la carga que representa  para el  pueblo consumidor las onerosas facturas que todos los meses se reciben por los servicios de agua y electricidad;  mientras en la AAA y la AEE, no haya voluntad de aspirar hacia el logro de  mejor servicio y eficiencia en la administración de las mismas, jamás el Erario dispondrá de los dineros suficientes para que ambas corporaciones públicas sean  un buen negocio para el gobierno.

Más allá de cumplir con los bonistas, la Autoridad de Energía Eléctrica y la AAA deben dirigir sus esfuerzos, personal y recursos a transformarse en verdaderas agencias de servicio, donde  aquellos interesados en formar parte de sus respectivas plantillas de trabajo sean contratados por sus méritos, preparación académica, conocimientos y nunca por el partido político al cual pertenecen.

Dichas corporaciones tienen que dejar de ser el refugio de ahijados políticos azules, rojos  o de cualquier otro color que surja en el futuro. De otra parte, no puede resultar costo-efectiva una empresa pública como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, donde se admite que está perdiendo el 60 por ciento del agua potable que procesa y produce.

Antes de pensar en otro aumento tarifario en dicha agencia, es prioridad cobrarle el agua a los que no pagan, corregir los miles de salideros del  preciado líquido a través de todo el país y ser más efectivos en la detección del hurto de agua. Una cosa es concederle una tarifa especial a las clases menos afortunadas y otra, permitir que el agua se pierda por la negligencia de individuos que abren las bocas de incendio por pura diversión.

De otra parte, le corresponde a la AEE  respaldar los proyectos de energía renovable, concederle un incentivo especial a los abonados que pagan sus facturas de luz puntualmente y regresar a la generación hidroeléctrica. Mientras la isla siga  siendo «rehén» de la dependencia del petróleo, no bastarán promesas  electorales para convencer al pueblo. Eficiencia, servicio y «no»  al padrinazgo político  constituyen la clave  para salvar a la AAA y a la AEE del desastre financiero.

Suben los costos pero se reduce calidad de servicio salud

A no ser  que el Departamento de Salud y las autoridades federales tomen acción para investigar de manera efectiva la calidad de los servicios de salud que recibe la ciudadanía en general, cada día se hará más difícil que el pueblo, particularmente los niños y personas de edad avanzada puedan accesar  a los tratamientos y medicamentos a los que tienen derecho ante la ley.

En esta edición de La Calle Digital, se da a conocer el caso de un paciente de mayor edad, a quien su plan de salud Advantage le cambió de manera unilateral un medicamento necesario para la circulación, aduciendo que el producto fue excluído de su lista de ofrecimientos. Aunque el paciente recibió otro medicamento, presuntamente, de la misma calidad, su condición de salud se ha visto afectada.

Si los diferentes planes médicos van a decidir cual medicamento se le prescribe a determinado paciente, entonces para qué acudir ante el médico primario en la búsqueda de tratamiento.  Que conste, este señalamiento no va dirigido a los productos genéricos que por lo regular, cuestan menos y constituyen buen sustituto del medicamento original.

Entendemos prudente, que todo afiliado a un plan de salud, ya sea público o del gobierno, tenga la opción de determinar si conviene a su calidad de vida, cambiar de la noche a la mañana un medicamento que le viene siendo recetado durante años.  En este momento, esa posibilidad no existe.  O lo tomas, o lo dejas.

Cuidado con el uso de carrozas para el transporte masivo

Aunque su inclusión en diferentes eventos le añade un toque festivo a los desfiles y  paradas que se celebran en todo el país, la utilización de carrozas para recorrer grandes distancias, especialmente transportando a determinado número de personas, representa un grave riesgo para la seguridad de ciudadanos que se están viendo involucrados en accidentes de tránsito, algunos de carácter fatal.

No es nuestra intención que las autoridades prohiban la participación en desfiles de las vistosas carrozas preparadas con ciertos  tipos  de vehículos de motor, por el contrario, que los dueños y operadores de las mismas, no puedan usarlos en transportación masiva.  Por ejemplo, si alguna carroza  procedente de la región oeste desea  participar en una parada cívica en San Juan, la Policía debe exigir que  el conductor de la misma cumpla con todas las exigencias de la Ley de Tránsito. Incluso, debe prohibírsele  a dicha persona  que la carroza transporte a  menores, limitando el número ocupantes a 4 personas, que vendrán obligadas a hacer uso del cinturón de seguridad.

De esa manera se pueden evitar accidentes como el reportado este pasado fin de semana en la jurisdicción de Santa Isabel, donde un vehículo tipo carroza,  en el que viajaban unos 16 vecinos del   Area de Arecibo, se volcó a orillas de la carretera estatal número 1, cuando su conductor perdió el dominio del volante.

El  lamentable accidente causó que el auto tipo carroza pillara a una dama de 40 años que viajaba como pasajera. La infortunada murió a consecuencia de  heridas múltiples y otras 16 personas, incluyendo a 2 menores, sufrieron lesiones leves en diferentes partes.

Recientemente, también se reportó otro accidente grave en la carretera 2, cerca del municipio de Sabana Grande. De  un vehículo-carroza que se dirigía a un festival en Yauco, cayó al pavimento uno de los pasajeros que sufrió traumas y heridas de cuidado.  Aparte del informe preliminar de la Policía en el Area de Mayagüez, se desconoce si se tomó alguna acción contra el conductor de la carroza, aparentemente, procedente de Hatillo.  Llegó la hora de que las autoridades y los organizadores de estos eventos eviten más tragedias.

Sin resolverse problema estacionamiento frente a escuela

Poblado Rosario IIHan sido varias las oportunidades en que este medio de comunicación ha recibido llamadas de ciudadanos sumamente preocupados por el problema del estacionamiento en la acera aledaña a la Escuela Pública Luis Muñoz Rivera  del Poblado Rosario de San Germán, específicamente, en la estrecha carretera insular 330.  Mientras padres y estudiantes se ven forzados a utilizar la vía de rodaje para llegar hasta el plantel,  personas poco interesadas en la seguridad de nuestros niños, estacionan sus autos sobre la acera.

Esta vez, un periodista de La Calle Digital  pudo corroborar las quejas de padres preocupados, cuando acudió este jueves a eso de las 7:45 de la mañana a las inmediaciones de la escuela Muñoz Rivera. Como en ocasiones anteriores, el  testigo observó automóviles aparcados sobre la acera, mientras una abuela y su nieta no tenían otra alternativa que caminar por la carretera a riesgo de su seguridad.

Si la excusa es que no hay suficiente espacio para estacionamiento, entonces una solución sabia  sería ubicar policías, estatales o municipales, para dirigir el  movimiento de vehículos durante las horas de entrada y salida de la escuela. Eso no constituye ciencia ni representa erogación para el Departamento de Educación en el Area Oeste.

Por última vez vamos a apercibir a las autoridades escolares, Policía y a las agencias a las  que corresponda  velar por la integridad física de nuestra niñez sobre su obligación de corregir esta situación. De ocurrir, Dios quiera que no, un accidente grave en la carretera 330 en las cercanías de la Escuela Luis Muñoz Rivera del Poblado Rosario, donde resulte atropellado algún estudiante, padre o tutor, toda la responsabilidad legal deberá fijarse en aquellos funcionarios que se hacen de la vista larga ante el problema. Prometemos darle seguimiento a este caso, hasta que algún funcionario amante de la ley y el orden se digne corregir la situación.

¿ Señor juez Acevedo durmió usted tranquilo anoche?

Señor juez Manuel Acevedo Hernández, quien estas líneas escribe, ha sido siempre respetuoso de los miembros de nuestra Judicatura y del rol que les toca representar en una sociedad donde tiene que imperar el orden, justicia, equidad, respeto por las leyes y estricto apego a los derechos de todas las partes en una verdadera democracia. Usted sabe mejor que nadie que dentro de lo que es justo, no pueden utilizarse dos varas para medir a ricos y pobres.

Por años, en su Sala, tanto en Mayagüez como en  Aguadilla se han ventilado casos de diversa naturaleza, casos que usted ha resuelto desde el estrado o través de la institución del Jurado del Pueblo. Entiendo que es la primera vez en su larga carrera como magistrado, que un dictámen suyo está generando tanta controversia en el país.

No vamos a entrar en los méritos de porqué su señoría decidió hallar «no culpable»  a un residente de este litoral  de los graves delitos que le estaban siendo imputados. Afortunadamente, la persona pudo contar con dos de los más connotados letrados de la isla y esto es parte de su derecho a estar bien representado.

Sin embargo y sin poner en tela de juicio su honestidad, entendemos señor juez Acevedo Hernández que  pudo usted  haberse   inhibido de entender  en este proceso, dejando que la Administración de Tribunales, asignara a un magistrado  de otra región. Creo, que no era demasiado pedir.

Un jurista que como usted tiene las agallas de poner a un periodista bajo las reglas del Tribunal, so pena de desacato, entiendo, que no hubiese tenido reparo  alguno de inhibirse a » motu-propio» para decidir en un proceso que ha despertado tantas opiniones negativas dentro y fuera de las redes sociales.

Respetuosamente le pregunto, ¿ si en esta Semana Santa, particularmente en la noche del miércoles 27 de marzo de 2013, pudo usted conciliar el sueño de manera tranquila y reparadora.  Si lo hizo…que el Señor lo bendiga.

Cuidado a la hora de desvestir un santo para vestir otro

Aunque todos coincidimos con la imperiosa necesidad que tiene la actual administración gubernamental de asegurar el Sistema de Retiro de la isla para afianzar  la solidez económica que garantice  la continuidad de las pensiones que reciben nuestros retirados del gobierno, también es de justicia tomar en cuenta a los miles de retirados que solo dependen del  Seguro Social para costear renglones tan importantes como salud, alimentos y vivienda. Si alguna aportación económica se le asigna a los recipientes del Seguro Social, esta no debe estar supeditada a los caprichos de las instituciones bancarias, que al final del camino se aprovechan del pueblo para acrecentar sus arcas.

Decimos esto, porque ningún funcionario público o legislador se ha tomado la molestia de investigar a las instituciones financieras que al amparo de una ley federal,  han renegociado de forma unilateral las hipotecas de miles de familias puertorriqueñas, imponiendo un abusivo seguro sobre inundaciones. Dicho en palabras sencillas y para todos los efectos, todo Puerto Rico es área propensa a inundaciones aunque usted resida en la parte más alta de determinado sector.

Como ejemplo de esto, una familia de Hormigueros que estuvo pagando $579 mensuales por concepto de hipoteca sobre la propiedad, ahora tiene que honrar la friolera de $719 mensuales, sin incluir otros $29 por pago tardío. Como detalle relevante,  a ese pago de $719 mensual, se  adicionan unos $ 500 cada treinta días para facturas de agua y luz, excluyendo, alimentos, auto y salud.

Excelente, que se atienda la situación de los pensionados del gobierno y que se protejan sus derechos a recibir una pensión digna, sin estar sujeta a los vaivenes de la política partidista. No obstante, hay miles de compatriotas cuya pensión de Seguro Social apenas alcanza para cubrir gastos esenciales. Si el Gobierno necesita buscar recursos, santo y bueno, pero no a costa de los pensionados del Seguro Social  Federal.  ¿Porqué  tiene que ser la clase media y los pobres quienes  deban pagar siempre los desmanes que cometen burócratas irresponsables?  QUE RESPONDAN CON SUS BIENES PERSONALES.

El derecho a la libertad de expresión versus el libertinaje

 

Lo  que ocurrió el jueves con la ex gobernadora Sila María Calderón, a quien un individuo, escudado en la libertad de palabra, le faltó el respeto a su condición de dama  y ex mandataria de Puerto Rico, es una situación que debe ponernos a meditar en cuanto a los niveles de intolerancia que estamos viviendo en esta sociedad. A nadie se le niega el derecho a disentir de las actuaciones de un gobierno y a exigir la revisión de decisiones que pudieran perjudicar los mejores intereses de su gente.

Sin embargo, una cosa es protestar de manera pacífica y respetuosa y otra, amenazar, intimidar e impedir que un ciudadano, funcionario público o no, pueda  seguir ejerciendo sus funciones ministeriales sin intromisión de índole alguna.  En el caso de la ex gobernadora Sila María Calderón, la persona que le faltó el respeto, parece no haber aprendido nada sobre la Carta de Derechos de nuestra Constitución.

Impedir que la ex gobernadora pudiera transitar libremente por los terrenos de la Fundación que lleva su nombre, no solo constituye delito, sino, que habla pobremente de individuos que aspiran alguna vez a dirigir los destinos de esta isla.  A menos que este sujeto pretenda que lo  llamen, «el bravo de la película», su trato negativo  hacia  la ex gobernadora Calderón, no ejemplariza a la mayoría  de los jóvenes puertorriqueños, criados en hogares donde sobra la decencia y los valores.

Usted puede o no, simpatizar con doña Sila, el actual gobernador Alejandro García Padilla, o el ex gobernador Fortuño, pero eso no le concede » licencia de Corso»  para amenazar, agredir verbalmente, intimidar y atentar contra la seguridad de nuestras principales figuras políticas. No puede invocar justicia y derechos quien no respeta los derechos del prójimo.

Felicitaciones en la Semana de la Policía a nivel estatal

Al reconocer la excelente labor que realizan la mayoría de los miembros de la Policía de Puerto Rico,  en especial, aquellos que tienen la difícil encomienda de luchar contra la criminalidad que a diario enlutece  a tantos hogares, La Calle Digital, también se une a la comunidad puertorriqueña en el reconocimiento a todos los componentes de nuestra principal agencia de seguridad pública. Las felicitaciones son extensivas a todos los agentes de las diferentes divisiones del Cuerpo de Investigación Criminal, personal civil y uniformados que efectúan labores en los distritos policíacos, sin olvidar a las damas que prestigian con su trabajo el rol  de la mujer en este benemérito Cuerpo.

Saludos afectuosos y sinceros a los policías honestos, trabajadores y que han hecho de su permanencia en la Uniformada, una obra de compromiso con Puerto Rico.  Desde el oficial de más alto rango hasta el agente que está en las calles protegiendo vidas y propiedad, ustedes representan lo mejor del buen policía.  Semana de la Policía, ocasión especial para estrechar lazos de amistad y colaboración con la gente que cuida  de  nuestros compatriotas en los momentos de desgracia o de alegría.