Seguridad

Federales detienen en El Combate a 13 indocumentados de Uzbekistán, Kirguistán y Rusia

CABO ROJO: Agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza interceptaron un velero de 41 pies que transportaba a 13 inmigrantes indocumentados cerca de la playa El Combate.

Un agente identificó y rastreó una embarcación mientras se aproximaba a la costa oeste de Puerto Rico.

Con la asistencia de la Guardia Costera y la Unidad Marítima de la Policía, detuvieron la embarcación cerca de El Combate. La embarcación fue escoltada a la Unidad Marítima federal Michel O. Maceda, en Boquerón.

Entre los 13 indocumentados había 10 hombres de Uzbekistán, una mujer de Kirguistán y dos hombres de Rusia. Ninguno de los individuos poseía documentación que permitiera la entrada o estancia legal en Estados Unidos.

Todos fueron entregados a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Defensa de la “pega fuego” de El Combate pide 5 años de cárcel para su defendida

CABO ROJO: La defensa de la estadounidense Danielle Bertothy, de 37 años, acusada de haberle pegado fuego a varios negocios localizados en la playa de El Combate en Cabo Rojo, le pidió al Tribunal de Distrito Federal de San Juan que imponga una sentencia de apenas cinco años de prisión.

La fémina se declaró culpable el pasado julio de las acusaciones a nivel federal que pesaban en su contra.

Los hechos comenzaron el 2 de enero, en la madrugada, cuando Bertothy, quien estaba en aparente estado de embriaguez, llegó al Bar Marea, “causando disturbios e intimidando a los presentes. La situación escaló al punto de que el dueño, empleados y clientes solicitaron ayuda policial en dos ocasiones.

Según testimonios de los afectados, la Policía escoltó a la agresora a su hospedaje, a pesar de que la mujer agredió a comensales, personal del bar e incluso a uno de los agentes.

Bertothy regresó más tarde con un recipiente de gasolina, usado para suplir la planta eléctrica del alquiler a corto plazo en el que estaba, provocando un incendio que afectó gravemente la zona y obligó a evacuar a más de 50 personas.

El fuego de grandes proporciones afectó severamente el Bar Marea, Marinera Restaurant, Artesanías Juavia y Luichy’s Seaside Hotel.

La determinación de cuánto tiempo la mujer estará en prisión, está en manos del Tribunal Federal.

Grave vecina de Hormigueros involucrada en accidente ocurrido en Cabo Rojo

CABO ROJO: Un accidente grave con peatón se reportó a las 12:11 de la madrugada del lunes, en el camino Valenta, intersección con la carretera PR-102, en el barrio Joyuda de Cabo Rojo.

Se alega que una joven identificada como Yaisabel Santiago Méndez, de 18 años, vecina de Hormigueros, estaba sobre el bonete de un carro Hyundai Accent de 2007, que era conducido por Noeliz J. Martí Collazo.

Al iniciar la marcha del carro y frenar súbitamente, provocó que Santiago Méndez cayera al suelo, ocasionándole lesiones graves.

Santiago Méndez fue transportada al Hospital de la Concepción de San Germán, donde el doctor Alexis Pereira diagnosticó múltiples traumas.

La perjudicada fue transportada al Centro Médico de Río Piedras.

Se destacó que a la conductora del vehículo no se le hizo la prueba del aliento.

El caso está en manos del agente Juan Berrocales, de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, y de la fiscal Maylín Colón.

Buscan a esta mujer por fraude y apropiación ilegal en el Oeste

MAYAGÜEZ: Denuncias en ausencia por apropiación ilegal y fraude fueron sometidas esta mañana contra Elizabeth Pacheco Jiménez, de 34 años, residente en la urbanización Matienzo Cintrón, en San Juan.

El agente Francisco Cuevas Pérez y el sargento Miguel Martínez, de la División de Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del CIC de Mayagüez; están a cargo del caso.

Se alega que julio de 2023, la perjudicada, quien es vecina de Aguada, contactó a través de Facebook a Pacheco Jiménez, ya que esta ofrece cursos de micro-agujas y estética, para los que la perjudicada estaba interesada para la apertura de un negocio.

Ambas llegaron a un acuerdo y comenzaron el curso, pero siguieron con la idea de comenzar un proyecto en 2024, con una propuesta de parte de la acusada, la perjudicada y su esposo que es médico en Mayagüez.

Se hicieron depósitos ascendentes a $46 mil a Pacheco Jiménez, quien presuntamente nunca cumplió con su parte del acuerdo; no se terminó el curso pagado; tampoco se entregaron las certificaciones, equipos y productos pagados por los perjudicados. El dinero tampoco fue devuelto.

La juez Sinia E. Pérez Correa encontró causa probable para arresto en la vista de Regla 6, imponiéndole a la mujer una fianza de $60 mil y emitiendo una orden para su arresto.

La imputada tiene otro caso de apropiación ilegal ocurrido en febrero de este año.

Investigan casi de herido de bala esta madrugada en el túnel de Guajataca

ISABELA: Agentes de la Policía Municipal de Isabela y el Cuerpo de investigaciones Criminales de Aguadilla el caso de un herido de bala, reportado a las 2:00 de la madrugada del jueves, en el túnel Guajataca, en el barrio Bajuras de Isabela.

El herido fue identificado como William Ramos González, de 56 años, vecino de San Sebastián.

Este dijo que mientras estaba en su auto Hyundai Elantra de 2025, se le acercó un auto compacto de cuatro puertas, del que se bajaron cuatro individuos, de los que tres ellos portaban armas largas.

Al percatarse de que estaba en peligro, Ramos González arrancó a toda prisa, pero los individuos le hicieron varios disparos, alcanzándolo en diferentes partes del cuerpo.

El herido logró llegar a un hospital de la región, donde le diagnosticaron laceraciones en el rostro y heridas de bala en el antebrazo izquierdo y en parte baja de la espalda. Finalmente fue trasladado en condición estable a otro hospital.

El policía municipal Abriel Pellot investigó la querella inicialmente, y se le encomendó el caso al agente Edíctor Martínez Pérez, de la División de Homicidios de Aguadilla.

Radican querella ética contra el representante Emilio Carlo Acosta

EL CAPITOLIO: El exrepresentante y expresidente de la Comisión de Ética en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, radicó hoy una querella formal ante la Comisión de Ética de la Cámara contra el representante Emilio Carlo Acosta, del Distrito 20, tras la divulgación de incidentes que podrían constituir serias violaciones éticas y hasta penales.

La querella surge luego de que trascendiera públicamente que Carlo Acosta fue intervenido el pasado 18 de marzo de 2025 por la Policía tras rebasar una luz roja en Mayagüez, y que durante la intervención utilizó su investidura como legislador para presuntamente intentar influir en los agentes y evitar la expedición de un boleto de tránsito.

Según documentos, grabaciones y expresiones divulgadas por múltiples medios, tras la publicación en primicia por LA CALLE Digital, del legislador invocó su relación con una oficial de alto rango de la Policía, lo que podría constituir intimidación e influencia indebida.

“El país no puede aceptar que un representante se valga de su posición para obtener tratos de privilegio ni para intimidar a los servidores públicos que cumplen con su deber. La confianza en la Asamblea Legislativa se construye sobre la transparencia y el respeto a la ley. Nadie está por encima de la ley, mucho menos quienes la crean”, expresó Matos García.

La querella solicita a la Comisión de Ética asumir jurisdicción, investigar los hechos y, de proceder, imponer las medidas disciplinarias correspondientes.

Además, pide que se hagan los referidos pertinentes a las agencias de ley y orden para que se evalúe la posible comisión de delitos.

Detienen en Aguadilla a “Julito Maraña”

AGUADILLA: Un sujeto identificado como Julio Rodríguez Cruz, alias “Julito Maraña”, de 27 años, vecino de Aguadilla, fue arrestado por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales.

Contra el individuo pesaban dos órdenes de arresto con una fianza ascendente a $240 mil. Una de las órdenes es por los delitos de maltrato y maltrato mediante amenaza dentro de la Ley 54 de Violencia de Domestica. La segunda orden es por apropiación ilegal de un vehículo de la Ley 8 de la Protección Vehicular y por violar la Ley de Armas de Puerto Rico.

Se alega que “Julito Maraña” agredió a su pareja, mientras la amenazaba de muerte.

El imputado fue llevado a la sala del juez Rolando Matos Acevedo, quien le hizo las advertencias y al no prestar la fianza, ordenó su ingreso en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce. La vista preliminar fue señalada para el 8 de octubre.

El diligenciamiento estuvo a cargo de los agentes Emanuel Cortes y Rubén Sánchez.

Tratan de identificar al “admirador” de las “nalgas de 14 kilates” en la Comandancia de Mayagüez (Documento)

MAYAGÜEZ: Una agente asignada a una de las dependencias de la Comandancia de la Policía de la Sultana del Oeste presentó una querella por hostigamiento sexual contra su supervisor, quien, presuntamente cada vez que la agente se levantaba de su asiento, este comentaba nalgas de 14 kilates.

La información está consignada en la querella 2025:5-050:00921, a la que tuvo acceso LA CALLE Digital.

La agente perjudicada presentó la querella en la misma comandancia mayagüezana a las 10:22 de la mañana del pasado 5 de septiembre.

En la categoría del tipo de delito, el documento no menciona el calificativo de “hostigamiento o acoso sexual”, sin embargo, establece la categoría “90Z todos los demás delitos”, que es una clasificación utilizada por la Policía de Puerto Rico y en sus estadísticas para referirse a delitos que no son clasificados en las categorías principales de violencia (Tipo I) o aquellos que son específicamente documentados, a menudo cubriendo delitos menores, faltas administrativas o delitos no tipificados en las estadísticas principales.

“Alega la querellante que mientras laboraba en el lugar antes mencionado su supervisor realizaba sonidos con la boca (como destapando algo) cada vez que se levantaba y comentaba nalga de 14 kilates”, reza textualmente la querella.

LA CALLE Digital supo que el supervisor y presunto hostigador de la querellante no ha sido removido de su cargo en la división a la que está adscrito, y que la acción que se tomó mientras se dilucida la situación, el aludido está laborando en la oficina la comandante de área de Mayagüez, teniente coronel Janicce Rodríguez.

Tirotean la “casita de Bad Bunny” en Humacao

HUMACAO: La residencia que fue usada por el astro boricua Benito Antonio Martínez OcasioBad Bunny” para el cortometraje del álbum “Debí tirar más fotos”, fue tiroteada por desconocidos, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a las 8:00 de la noche del domingo en la estructura localizada en la carretera 925 del barrio Río Abajo, en Humacao.

Según el propietario de la residencia, Román Carrasco Delgado, de 84 años, mientras estaba en su hogar, escuchó que desde un vehículo en movimiento por la carretera 925, alguien gritó palabras ofensivas e hicieron tres disparos.

Un segundo incidente fue reportado mientras los agentes recopilaban los datos de Carrasco Delgado, cuando desde otro vehículo que transitaba por la carretera PR-3, un individuo gritó en varias ocasiones el nombre de Bad Bunny, seguido por expresiones ofensivas.

No se reportaron personas heridas ni daños a la estructura. Sin embargo, en el lugar se hallaron tres casquillos de pistola calibre 9mm.

El agente José G. Pedraza, del cuartel de Humacao, hizo la investigación preliminar y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao. La agente Noemí Marrero, de la División de Servicios Técnicos, ocupó los casquillos como parte de la recolección y documentación de evidencia, y tomó fotografías en la escena.

Actualmente, hay un pleito en los tribunales en el que Carrasco demanda a Bad Bunny y las empresas Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR Inc., y A1 Productions, LLC, de enriquecimiento ilícito; en el que exige $6 millones por daños y angustia emocional.

El octogenario afirma que “una gran cantidad de personas” visita su propiedad todos los días para tomar fotos y videos, afectando su derecho a la privacidad.

También alega que, mientras que el video en que aparece su casa ha acumulado unos 22 millones de vistas, recibido una compensación proporcional al uso comercial que hizo Bad Bunny de su hogar, más allá de $5,200 que le pagaron por el uso de su casa para el video musical.

La “casita” fue recreada también en el interior del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, sede de la “residencia” de 31 presentaciones de Bad Bunny durante este verano y que culminó este pasado sábado, 20 de septiembre.

Representante “aclara” sobre intervención por “comerse la luz” pero video lo desmiente (VIDEO)

CABO ROJO: El representante Emilio Carlo Acosta (PNP – Distrito 20) intentó negar en un comunicado de prensa emitido el sábado haberse comunicado con la teniente coronel Janicce Rodríguez, comandante del área policíaca de Mayagüez, en medio de una intervención que un agente de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez lo detuviera tras rebasar la luz roja de un semáforo.

Sin embargo, el video de la cámara corporal del agente interventor, al que LA CALLE Digital tuvo acceso y que se reproduce en este reportaje, muestra al legislador desde el asiento del conductor de su vehículo, teléfono celular en mano, mencionando el nombre de la alta oficial policíaca en el preciso momento en que el agente le iba a entregar el boleto con la multa.

A pesar del aparente intento de Carlo Acosta de “impresionar” al agente mencionando a la coronel Rodríguez, el policía siguió haciendo profesionalmente su trabajo y lo orientó sobre el proceso que debía seguir.

En su comunicado, Carlo “rechazó categóricamente las insinuaciones publicadas en una plataforma digital de difusión noticias que señalan la existencia de dos querellas, una administrativa y otra de ética gubernamental, relacionadas con un presunto intento de archivo de un boleto de tránsito en su favor”.

LA CALLE Digital publicó claramente que las querellas que figuran en la Policía de Puerto Rico, de carácter administrativo; y otra en la Oficina de Ética Gubernamental se sometieron contra la oficial policíaca, que entonces no se mencionó su nombre, pero que se trata de la coronel Rodríguez y no contra el legislador, que aparentemente se sintió aludido.

“Rechazo categóricamente estas insinuaciones. Mi compromiso con la verdad, con el debido proceso y con el respeto a las instituciones es absoluto. He enfrentado cada situación de forma responsable y siempre estaré disponible para aclarar cualquier duda o información que intente poner en entredicho mi carácter y el trabajo que realizo en beneficio de mi distrito”, dijo Carlo Acosta.

En sus expresiones, Carlo reconoció “que el pasado 18 de marzo rebasó una luz amarilla que cambió a roja, por lo cual fue intervenido legalmente por un oficial de la Policía. Como cualquier ciudadano, someto un recurso judicial para explicar ante el honorable juez las circunstancias de emergencia familiar que enfrentaba en ese momento”.

El juez Luis Padilla Galiano declaró “no ha lugar” la revisión de Carlo tras no darle credibilidad a su argumento y le ordenó que tenía que pagar el boleto, lo que hizo el legislador, enviando copia del recibo en su comunicado.

Lo escandaloso de esta situación es que mientras el representante Emilio Carlo se ve claramente, con su teléfono en la mano, mencionando a la coronel Janicce Rodríguez; posteriormente, el entonces director de la División de Patrullas de Carreteras, el teniente Gualberto Cruz Avilés, según ha llegado a conocimiento de LA CALLE Digital, recibió dos llamadas de la coronel Rodríguez sobre el asunto que culminaron con su traslado.

“El alto oficial (la coronel Rodríguez; en el momento en que recibió el mensaje no se conocía el nombre y el género de la persona) en la llamada al director, le exigió el archivo del boleto, cosa que es ilegal y, por supuesto, el director de unidad se negó lo que provocó más molestia, amenazando con trasladarlo. En varios minutos el oficial de estrellas volvió a llamar al director para ver si ya había archivado el boleto, recibiendo la misma respuesta en la negativa e incluso se le hizo saber que las exigencias eran ilegales por lo que el director de la unidad volvió a recibir amenazas de ser removido de la posición. Efectivamente, ese día fue trasladado sin razón justificada”, indica el mensaje recibido por LA CALLE Digital.

Ese mismo día, el teniente Gualberto Cruz fue relevado del cargo de director y sustituido por otra oficial.

La acción denunciada trajo como resultado la radicación de la querella administrativa 202501168 en la Policía, en contra de la coronel Rodríguez; y la querella 2025-IP-0326 en la Oficina de Ética Gubernamental, también contra esta.

En su comunicado, Carlo dijo que “nunca solicitó el archivo del boleto, nunca intentó evitar las consecuencias legales de la infracción”. No obstante de haber sido así, el representante no tenía por qué mencionar el nombre de la coronel Rodríguez en medio de la intervención de tránsito con el teléfono en su mano.

Añadió que “nunca hubo intento alguno de remover al director de la unidad policíaca y en ningún momento se puso en riesgo la vida de un oficial ni existió intención de impacto alguno”. Sin embargo, la pregunta que tiene LA CALLE Digital es, si la intención no era remover al “director de la unidad”, ¿por qué presuntamente se produjeron las alegadas llamadas de la coronel Rodríguez al teniente Gualberto Cruz sobre este caso en específico y su eventual remoción como director?

Con esta situación, allegados a los funcionarios y testigos que pudieran declarar en los procesos, expresaron su preocupación de que se tomen represalias en contra de otros miembros de la Policía a raíz de las querellas presentadas.