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Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

La primera reunión de la Junta de Control Fiscal, además de escoger a su presidente, tuvo el efecto de tomar el control de 21 corporaciones públicas. En dicha reunión no se tocó el tema de la paralización de las demandas al gobierno que están en el Tribunal Federal, ni de cómo se va a reestructurar la deuda, ni siquiera como se va a mejorar la situación económica del país.

Aunque de las 21 corporaciones públicas que están ahora bajo el control de la Junta, hay algunas que están en una difícil situación económica, no cabe duda que todas generan, de una u otra manera, ingresos sustanciales al gobierno de Puerto Rico.

Son miles de millones de dólares que entran al gobierno de Puerto Rico a través de estas corporaciones públicas, así como a través de otras agencias del gobierno, que obviamente la Junta estará mirando la forma de apoderarse de todos.

Esto tiene implicaciones serias en los servicios básicos que se ofrecen al país, como en el caso del servicio eléctrico y de agua. El apoderamiento de los ingresos de estas corporaciones públicas, por parte de la Junta, solo tendrá el efecto de lograr que se le pague la deuda a los bonistas, pero dejará desprovista a éstas, del dinero que necesitan para darle mantenimiento a las instalaciones de agua y luz, así como lo que concierne a carreteras, servicios a los lesionados por accidentes laborales, entre otros.

De hecho, tanto el apagón en las pasadas semanas, como la información que sale hoy (martes) sobre la Autoridad de Acueductos donde el director ejecutivo está admitiendo que no tiene dinero para darle mantenimiento, y peor aún para resolver los problemas de las plantas, nos debe poner en perspectiva de lo sería que se va a tornar, para las corporaciones públicas, la falta de dinero a causa del apoderamiento que hizo la Junta, de las 21 corporaciones públicas anunciadas la pasada semana.

Es lógico pensar que además de pagar la deuda, también vienen a convertir al país en un súper pulguero. Sí, así como lo lee. Esta junta tiene un poder absoluto para hacer casi lo que quieran.  La propia ley les faculta para disponer de propiedades del Estado. Obviamente, cuando se habla de propiedades no distingue si son propiedad mueble, agencias o corporaciones, lo que nos hace suponer que vienen tras la que generan ingresos sustanciales.

¿Que ya el pueblo piensa que la privatización será la salvación? Pues sí. Sin embargo, el pueblo debe saber que quienes vengan a administrar o a comprar alguna de estas propiedades, no viene con ánimos de brindar servicios al pueblo, sino que su único fin será generar riquezas.

Ya Acueductos pasó por varios procesos de privatización, los cuales provocaron que la Autoridad fuera multada por el Departamento de Salud y sometida a un pleito judicial que culminó con un «mea culpa» y acuerdos de mejoras capitales a sus instalaciones.

Vendrán tiempos difíciles y lamentablemente los que sufriremos los embates de esta Junta seremos el pueblo, mientras los políticos que nos llevaron a esta crisis, seguirán dándose la buena vida y cobrando jugosos salarios.