Archives for octubre 2018

Doble A no permite traslado de franquicia de Añasco a Hormigueros o Rincón

SAN JUAN: El comité ejecutivo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico envió una comunicación escrita al apoderado de los Fundadores de Añasco, Héctor “Tato” Vega, para reiterar que el reglamento de la institución no permite el traslado de franquicias.

La carta surgió en respuesta a las expresiones hechas por Vega en un medio de circulación nacional con relación a la posible mudanza de los Fundadores a los municipios de Hormigueros o Rincón.

“Por decisión unánime, los miembros del comité ejecutivo acordaron no aprobar el traslado de ninguna franquicia, ya que esto va en contra de lo establecido en el reglamento de la Liga de Béisbol Superior Doble A”, reza la carta enviada a Vega.

El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, doctor José Quiles, informó que próximamente citará a los apoderados de las franquicias que recesaron en la temporada 2018, con miras a discutir su futuro en la Liga.

Vega le dijo recientemente al periodista Lester Jiménez que contemplaba “seriamente” mover el equipo a otro pueblo, debido a la falta de apoyo económico en Añasco.

El estadio de béisbol añasqueño tuvo serios daños a raíz del huracán María y no se vislumbra una fecha en la que pueda estar listo para volver a ser sede de la pelota dominguera.

Alcalde de Cabo Rojo denuncia el cierre de tres cuarteles policíacos en su municipio

CABO ROJO: El alcalde Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz denunció el martes, el cierre de tres cuarteles y los traslados de policías que despojarán a Cabo Rojo de unos 50 agentes de la Policía Estatal, alegando que la alta oficialidad policíaca “rechazó sus propuestas para mantenerlos abiertos”.

“El cierre de los cuarteles de la Policía Montada en el sector El Combate y de la División Policíaca de Cabo Rojo ubicada en el centro urbano, así como el traslado de la División de Drogas al municipio de Mayagüez, me fue comunicado oficialmente hoy durante una reunión con el coronel Roberto Rivera, director de la región policíaca del oeste”, informó Ramírez Kurtz.

El alcalde agregó que el teniente coronel Rivera Miranda, comandante de área de la Policía de Mayagüez, le comunicó que las operaciones del cuartel de la Policía, que está en el centro urbano caborrojeño, se trasladarán al cuartel de Puerto Real, que actualmente alberga a la División de Drogas de Cabo Rojo, lo que, según él, dificultará el acceso de los ciudadanos a sus servicios.

“El traslado de los efectivos de la División de Drogas de Cabo Rojo a Mayagüez, reducirá aún más la presencia policial en la ciudad”, sentenció Ramírez Kurtz.

En un comunicado de prensa, el alcalde Ramírez recordó que la Policía Estatal “tiene la responsabilidad constitucional y primaria de proteger vidas y propiedades para mantener la sana convivencia en Puerto Rico; pero principalmente en municipios como Cabo Rojo, con una población permanente de 50 mil personas, además de los miles de visitantes en temporada veraniega, esparcidos en una extensión territorial de 72 millas cuadradas y 27 millas de costa, sexto pueblo con mayor extensión territorial de la Isla».

Ramírez Kurtz dijo que solicitó una reconsideración de la decisión para el cierre de los cuarteles y que reiteró al teniente coronel Rivera su propuesta mantener abierto el destacamento policíaco de la concurrida comunidad de El Combate, mediante el traslado de sus agentes al cuartel de la Policía Municipal, sin costo alguno.

“Al enterarme que dichos efectivos serían asignados a FURA, enfaticé que el cuartel municipal de El Combate sería el más conveniente para ellos por estar ubicado frente a la playa, con facilidades de estacionamiento y atracadero de embarcaciones, entre otras”, declaró.

Según la oficialidad policíaca, el cierre de cuarteles y el traslado de agentes destacados en Cabo Rojo, responde a la reforma de la Policía Estatal, impuesta por la Corte Federal del Distrito de Puerto Rico y los recortes presupuestarios de la Junta de Supervisión Fiscal.

El alcalde expresó que los cierres de cuarteles y traslado de policías estatales dejarán sin seguridad a miles de residentes, alegando que muchos se han mudado a Cabo Rojo por la seguridad y calidad de vida que encuentran en ese pueblo del suroeste.

Residentes de Aguadilla y pueblos cercanos deberán solicitar desempleo en Mayagüez o Arecibo

AGUADILLA: Los residentes de la región noroeste, que acostumbraban hacer gestiones relacionadas con el beneficio del Seguro por Desempleo en la ciudad de Aguadilla, a partir del 1 de noviembre deberán hacerlas en las oficinas más cercanas a sus domicilios en Mayagüez y Arecibo.

LA CALLE Digital recibió informes en el sentido de que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) determinó cerrar la Oficina de Seguridad de Empleo aguadillana, dejando a los residentes de Aguadilla en la necesidad de resolver sus asuntos en la Sultana del Oeste y en la Villa del Capitán Correa.

Como cuestión de hecho, un aviso a esos fines fue colocado en las instalaciones para advertirle a los «clientes» de la oficina de Aguadilla.

En Mayagüez, los ciudadanos deben asistir a las instalaciones localizadas en el Edificio Villa Capitán I, Suite 2, en la carretera PR-2, frente al antiguo Toys R Us.

Por su parte, los residentes de pueblos cercanos a Arecibo, deben ir a las oficinas ubicadas en la calle Emilio Casellas 57, esquina avenida De Diego, de Arecibo.

Para certificaciones se Seguro por Desempleo y para reclamación inicial, pueden acceder a www.trabajo.pr.gov y para reclamar los beneficios de desempleo en semanas subsiguientes, los ciudadanos se pueden comunicar a través del sistema automatizado al (787) 625-7900 o con el Call Center, al (787) 945-7900.

Contraloría refiere a compradora del Municipio de Ponce a Justicia y a Ética por alegado favoritismo en el pago de más de medio millón a suplidor que le vendía neveras y enseres

PONCE: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Ponce relacionadas con las compras y los desembolsos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela favoritismo por parte de la compradora del Municipio hacia un proveedor en particular. Del 2009 al 2012 se realizaron 524 órdenes de compra por $517,107 a favor de un proveedor de muebles y enseres electrodomésticos para el hogar.

Nuestros auditores detectaron en las cotizaciones de siete proveedores que no fueron favorecidos, se les había escrito con tinta de otro color en el documento original, las siglas COD (“Cash on Delivery”) en frases como: Se exige pago COD, Cash Pago COD o Requiere Pago COD.

Un perito examinador de documentos del Instituto de Ciencias Forenses concluyó que la compradora fue la autora de las cotizaciones examinadas.

Esta situación se refirió a la Secretaria de Justicia y a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental el 18 de mayo.

Al respecto se pudo haber configurado los delitos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales y perjurio tipificados en la Ley 149-2004 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendado y en la Ley 1-2012 de la Ley de Ética Gubernamental.

La auditoría de un hallazgo señala que las cotizaciones eran suministradas por los mismos ciudadanos que acudían a solicitar ayuda al Departamento de Servicios al Ciudadano. Los técnicos que recibían a los ciudadanos indicaron que las cotizaciones recibidas no tenían las siglas añadidas de COD y los proveedores entrevistados indicaron que no escribieron las siglas, ya que siempre estuvieron dispuestos a ofrecerle crédito al Municipio.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, las cotizaciones presentadas por los proveedores, no contenían el nombre, título ni la firma del funcionario o empleado que recibió, aceptó y adjudicó las mismas. Además, la compradora realizaba funciones conflictivas como firmar las requisiciones de compras, evaluar las cotizaciones, adjudicar las compras y, recibir y entregar los cheques de pago.

El informe cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 30 de junio de 2014, y es el sexto y último informe de las auditorías realizadas al Municipio de Ponce.

Mientras tanto, en un comunicado de prensa, la alcaldesa María Eloísa “Mayita” Meléndez Altieri reaccionó al informe, asegurando que su administración “es una de transparencia y aquel que incumpla será responsable y deberá afrontar las consecuencias de sus actos”.

En el parte, la incumbente municipal dijo que desde que tuvo conocimiento del asunto, “el Municipio Autónomo de Ponce tomó las medidas correctivas correspondientes, incluyendo, entre otras, la suspensión sumaria de la empleada señalada el pasado 14 de agosto. Asimismo, confirmó que previamente cursó comunicación escrita al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental expresando la disponibilidad del municipio para cooperar en el proceso de investigación que le fuera referido por el Contralor”.

Como cuestión de hecho, la reacción de la alcaldesa ponceña se produjo antes que la publicación del informe por la Contraloría.

 

Matriz de Ondeo intenta regresar… UIA-AAA denuncia empresa con polémico historial es una de las que compite en la AAA

SAN JUAN: El presidente ejecutivo de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA), Pedro Irene Maymí, alertó el martes que con la propuesta de una Alianza Público Privada (APP) para la instalación de contadores y para Servicio al Cliente de la AAA, se pretende reciclar compañías, además de traer empresas de polémico historial en otros países.

“Entre los años 1995 al 2004, la Autoridad de Acueductos enfrentó un proceso de privatización en el cual, una de las empresas participantes lo fue la empresa Suez, a través de su filial ONDEO. Hoy, esa misma empresa es una de las seleccionadas para estas APP”, dijo Irene Maymí en un comunicado de prensa.

Alegó que durante ese período de privatización, se hicieron varios señalamientos de violaciones a leyes federales y estatales, que incluso provocaron que la Autoridad fuera acusada en el foro Federal por violaciones a la Ley Federal de Agua Limpia (Clean Water Act).

“Una empresa como Suez, que es una de las responsables de que hoy la Autoridad esté bajo un acuerdo con el Tribunal Federal por violaciones a leyes federales, pretende regresar a Acueductos para este proyecto de APP. Este pueblo no lo puede permitir y por eso estamos haciendo esta denuncia”, sentenció el líder sindical.

Sin embargo, Irene Maymí aseguró que Suez no es la única empresa con, según él, dudoso historial que se pretende traer a la Autoridad mediante esta APP. El liderato de la Unión destapa el historial de otra de las empresas seleccionadas por la Autoridad para este proceso.

“Tenemos que denunciar, que otra de las empresas seleccionadas, ha sido señalada en otros países y que hoy pretenden traer a la triple A. La empresa IBT GROUP, que en países como República Dominicana, Panamá e Islas Vírgenes, ha sido señalada por su historial de incumplimiento de contratos, construcciones defectuosas de hospitales y por un gerente general que está siendo investigado por las autoridades de Italia además por la adjudicación de contratos de manera dudosa según mencionan medios internacionales digitales”, manifestó Pedro Irene.

Para el líder de la UIA, en la AAA no aprenden de las experiencias del pasado.

“Lamentablemente lo que vemos es que en la Autoridad, se siguen cometiendo los mismos errores que les ha costado millones de dólares al país, no solo por contratos onerosos, sino además por las violaciones que cometen las compañías cuando son contratadas. Esto lo hemos visto en la mayoría de los contratos, pasados y presentes en la Autoridad”, finalizó.

Se llevan $3,500 y un arma en escalamiento en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN: La Policía dio cuenta de un caso de escalamiento, reportado a las 3:52 de la tarde del lunes, en una residencia localizada en la carretera 119 del barrio Hoyamala de esta municipalidad del Oeste.

Como resultado de la fechoría, alguien “con libre acceso” se apropió de un arma de fuego y dinero en efectivo.

Según alegó el querellante Rolando Aponte Pérez, residente en el lugar, la persona sustrajo de una caja de metal, un revólver Smith & Wesson, calibre 357, y $3,500 en efectivo.

El agente Elvin Latorre, del cuartel pepiniano, investigó la querella inicialmente, y luego la refirió a personal de la División de Delitos contra la Propiedad de Aguadilla.

Alcalde de Cabo Rojo le pide a la Policía Estatal no cerrar cuartel de Policía Montada en El Combate

Roberto Ramírez Kurtz, Alcalde de Cabo Rojo (Archivo).
CABO ROJO: El alcalde Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz le solicitó el lunes a la alta oficialidad de la Policía Estatal que no cierre el cuartel de la Policía Montada en el sector El Combate, de Cabo Rojo, para evitar que 5 mil residentes permanentes, 15 mil visitantes de temporada veraniega, los comercios y escuelas queden sin la seguridad necesaria para llevar a cabo sin temores sus labores y actividades.
“Para evitar el cierre y el traslado de los policías estatales, he puesto a la disposición de la Policía Estatal las instalaciones del cuartel de la Policía Municipal ubicadas en El Combate, sin costo alguno y con el compromiso de realizar las mejoras que necesiten; en comunicación escrita dirigida al comisionado Henry Escalera, y al teniente coronel Roberto Rivera, director de la región policíaca del Oeste”, explicó el alcalde Ramírez.
“Aunque no se nos ha informado oficialmente, personal que labora en el Cuartel de la Policía Montada nos ha comunicado su inminente cierre, lo que dejaría sin seguridad a miles de residentes, muchos de los cuales se han mudado a Cabo Rojo por su seguridad; así como a los visitantes que diariamente disfrutan de nuestros atractivos turísticos del sector como las playas El Combate, La Playuela, Las Salinas y el histórico Faro Los Morrillos”, informó Ramírez Kurtz, entre otros.
El alcalde Ramírez afirmó que los agentes de ese cuartel proporcionan seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, protegiéndolos y manteniendo el orden junto a los policías municipales, cuyo número se ha visto reducido por la baja en los ingresos de su administración, debido la crisis económica que atraviesa el país.
“Hice el ofrecimiento de las instalaciones municipales gratuitas a la alta oficialidad policíaca porque los residentes y turistas que nos visitan se sienten seguros en Cabo Rojo porque disponemos de efectivos de la Policía Estatal y Municipal, del personal adiestrado, vehículos especializados y planes de contingencia coordinados”, sostuvo Ramírez Kurtz.

Sujetos enmascarados irrumpen armados… Asaltan clientes ayer en negocio de Añasco

AÑASCO: Dos individuos armados y con los rostros cubiertos con máscaras asaltaron el domingo la barra “La Esquina de los Caídos”, localizada en el kilómetro 4.8 de la carretera 109, en el barrio Espino de esta municipalidad del Oeste.

El informe de la Policía indica que el incidente ocurrió a las 4:30 de la tarde.

Según el agente Jonathan Matías, el querellante responde al nombre de Luis Vélez, indicó que los pillos llegaron al negocio y anunciaron el asalto.

Los asaltantes agredieron en la cabeza a uno de los clientes, identificado como Luis Mojica, que sufrió una herida leve. Mojica rehusó recibir asistencia médica en un hospital.

Cometida la fechoría, los asaltantes se marcharon con $1,300 en efectivo y pertenencias de varios clientes.

El caso quedó a cargo del agente George Edwards, de la División de Robos de Mayagüez.

Anciano de 92 se suicida anoche en Sabana Grande

SABANA GRANDE: Un anciano de 92 años se privó de la vida de un disparo en la cabeza, en hechos ocurridos en una residencia localizada en el kilómetro 3.8 de la carretera 328, en el barrio Rayo Guaras de la Ciudad del Petate.

Según el narrativo del agente Jonathan Matías, de la Oficina de Prensa de la Comandancia de Mayagüez, el trágico incidente se suscitó el domingo, a las 8:20 de la noche.

El infortunado fue identificado como Miguel Antonio Nazario Negrón, de 92 años.

Se alega que éste usó un arma de fuego para suicidarse. No obstante, el informe no entró en los detalles de las circunstancias en que se produjo la situación.

Don Miguel Antonio fue encontrado por su pareja, identificada como María Sepúlveda, quien notificó a la Policía.

La pesquisa del caso está en manos del agente Juan C. Rosado, de la División de Homicidios de Mayagüez.

El fiscal Pablo Colón ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.