CPI demanda a la gobernadora por prohibir acceso de sus periodistas a La Fortaleza

30 diciembre, 2025 12:44 pm by

SAN JUAN: El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó sendas acciones legales contra la gobernadora Jenniffer González Colón, y su secretaria de Prensa, Marieli Padró, debido a que han violentado la libertad de prensa al negarle a los periodistas de este medio cubrir conferencias de prensa en La Fortaleza por no mostrar una credencial del Departamento de Estado, un requisito que es inconstitucional.

La organización periodística presentó un injunction preliminar y permanente, así como una sentencia declaratoria para impugnar la constitucionalidad de esta actuación contraria a la libertad de prensa, y lograr que los periodistas del CPI puedan acceder a cubrir las conferencias de la gobernadora y sus funcionarios en La Fortaleza sin la credencial que emite el Departamento de Estado y solo con la credencial de prensa del CPI, como siempre ha ocurrido.

En noviembre, la directora editorial Wilma Maldonado Arrigoitía y el periodista Luis Valentín Ortiz, ambos del CPI, enfrentaron trabas en el puesto de seguridad de La Fortaleza cuando se les exigió el carnet de prensa para entrar a las actividades en La Fortaleza. Aunque ese día tuvieron acceso al evento luego de una larga espera, el personal de seguridad y oficiales de prensa de La Fortaleza aseguraron que la identificación del Estado es un requisito para acceder a las conferencias de prensa.

A pesar de que Maldonado Arrigoitía solicitó el protocolo, reglamento o ley en el cual basan su directriz, hoy día, ninguno de los funcionarios de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón ha presentado ningún documento o certificado la información.

En otras dos ocasiones en diciembre, a Valentín Ortiz y al editor Noel Algarín Martínez se les prohibió, por separado, entrar a conferencias de prensa en La Fortaleza, pese a que ambos tenían sus identificaciones personales y sus carnets del CPI, que es lo que siempre se ha exigido en La Fortaleza a los periodistas.

“La identificación del Departamento de Estado es un documento que el o la periodista solicita y lo lleva consigo si quiere, porque no es un requisito para ejercer el periodismo. Esa identificación, que en realidad la única utilidad práctica que tenía era acceder a los estacionamientos de prensa en ciertos lugares, puede ser útil para periodistas que trabajan de manera independiente porque puede ayudarle a acceder a lugares o fuentes y tal vez a periodistas que viajan fuera de Puerto Rico. Así que requerirlo, como una condición para la cobertura a la Gobernadora, es solo un capricho. Durante décadas los periodistas han acudido a las conferencias de prensa de los gobernadores mostrando las identificaciones de sus medios, sin problemas”, señaló Maldonado Arrigoitía.

La credencial del Estado se estableció para facilitar el acceso a estacionamientos designados en instituciones públicas y eventos de interés noticioso a periodistas que soliciten una tablilla que identifique su vehículo como “de prensa” al Departamento de Transportación y Obras Públicas.

La demanda argumenta que “el poder delegado al Departamento de Estado para emitir Certificaciones de Prensa está limitado a determinar quiénes pueden solicitar una tablilla especial o rótulo removible para periodistas interesados en acceder a estacionamientos habilitados para la prensa en lugares públicos; la Certificación de Prensa expedida por el Departamento de Estado no constituye un mecanismo válido para determinar qué periodistas pueden acceder a una conferencia de prensa convocada por la Gobernadora o cualquier otro funcionario; y limitar el acceso a conferencias de prensa convocadas por las codemandadas, sean estas celebradas en La Fortaleza o en cualquier otro lugar, a periodistas que posean una Certificación de Prensa vigente expedida por el Departamento de Estado viola el derecho a la libertad de prensa del CPI y los periodistas codemandantes”.

“La libertad de prensa no puede estar sujeta a permisos discrecionales ni a credenciales que no están requeridas por ley para ejercer el periodismo”, expresó la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet. “Impedir el acceso a conferencias de prensa por no tener un carnet administrativo, creado para otros fines, es una forma de censura que limita el derecho del pueblo a estar informado”, añadió.

El CPI es representado legalmente en este caso por los licenciados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt, del Proyecto de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

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Hormigueros es el primer municipio de Puerto Rico en poner en marcha su Banco de Tierras Comunitarias

29 diciembre, 2025 3:03 pm by

HORMIGUEROS: El Municipio de Hormigueros y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH) informaron que el llamado Pueblo del Milagro es el primer pueblo del país en activar su Banco de Tierras Comunitarias, liderado por la comunidad y que se financiará a través de un fondo rotativo.

El Banco de Tierras Comunitarias de Hormigueros se creó como una entidad sin fines de lucro en colaboración con el Municipio de Hormigueros y con el apoyo técnico del CRH. Su misión es adquirir, rehabilitar y devolver al uso comunitario propiedades abandonadas, deterioradas o declaradas estorbos públicos, priorizando la vivienda digna y permanentemente asequible para residentes del municipio.

“Este proyecto nace del compromiso que tenemos con nuestra gente. Queremos que las familias de Hormigueros tengan la oportunidad de vivir con dignidad, estabilidad y seguridad en su propio pueblo. El Banco de Tierras Comunitarias nos permitirá transformar propiedades abandonadas en hogares accesibles, pensados para quienes más lo necesitan. Al momento el banco de tierras tiene dos propiedades que el municipio les cedió, una ya se está rehabilitando. Se espera que el banco reciba diez propiedades más en los próximos meses”, explicó Pedro Juan García Figueroa, alcalde de Hormigueros.

Por su parte, el director ejecutivo del CRH, Luis Gallardo Rivera, indicó que “este esfuerzo representa un cambio estructural en la manera en que se maneja la vivienda en Puerto Rico. Hormigueros está demostrando que es posible transformar el abandono en oportunidades reales para la gente, desde un modelo justo, transparente y liderado por la comunidad”.

El Banco de Tierras Comunitarias opera bajo principios de participación comunitaria, rendición de cuentas y acceso a la vivienda, asegurando que las decisiones prioricen la vivienda principal sobre segundas residencias o propiedades de inversión. Este modelo busca, además de fomentar la adquisición de primeros hogares, estabilizar los vecindarios y fortalecer el tejido social y económico del municipio.

“Este logro posiciona a Hormigueros como un referente a nivel isla en el desarrollo de políticas públicas innovadoras para atender la crisis de vivienda asequible desde una perspectiva comunitaria y sostenible. En el CRH nos sentimos orgullosos de ser parte de este esfuerzo y estamos en la mejor disposición de continuar colaborando con los demás municipios de la isla. Más adelante la Junta del Banco de Tierras de Hormigueros informará a la comunidad sobre los criterios de elegibilidad o procesos de solicitud para las personas interesadas en estas propiedades”, puntualizó Gallardo.

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Gracias por caminar con nosotros: hacia un 2026 con más compromiso y verdad

25 diciembre, 2025 2:32 pm by

En las postrimerías del año 2025, en LA CALLE Digital hacemos una pausa necesaria para agradecer. Agradecer a quienes leen, comparten, comentan, discrepan y confían. A quienes, día tras día, nos permiten entrar en sus hogares, en sus teléfonos y en sus conversaciones. A ustedes, nuestros lectores y seguidores, va dirigido este mensaje.

Este ha sido un año intenso, retador y, en muchos sentidos, decisivo para Puerto Rico. Un año en el que reafirmamos nuestra responsabilidad de informar con rigor, analizar con independencia y no apartar la mirada de los asuntos que afectan directamente a nuestra gente y a nuestras comunidades, especialmente en el Oeste del país.

Nada de esto sería posible sin el respaldo de nuestros auspiciadores y colaboradores, quienes han confiado en un proyecto periodístico que apuesta por la credibilidad, la fiscalización y la cercanía con el pueblo. Su apoyo no es solo comercial: es una inversión en la información responsable y en el derecho ciudadano a estar informado.

A nuestros lectores fieles y a quienes se sumaron en el camino durante este 2025, gracias por exigirnos más, por cuestionarnos y por acompañarnos. Ese diálogo constante es el que mantiene vivo a un medio independiente y comprometido.

Miramos al 2026 con esperanza, pero también con la firme convicción de que los desafíos continúan. Desde LA CALLE Digital, renovamos nuestro compromiso de seguir siendo un espacio para la verdad, el análisis serio y la voz de quienes muchas veces no la tienen en otros foros.

Que el nuevo año traiga salud, justicia, solidaridad y mejores oportunidades para Puerto Rico. Que sea un año de avances colectivos y de mayor conciencia ciudadana.

Gracias por estar ahí.

Gracias por creer.

Gracias por caminar con nosotros.

¡Feliz Navidad y un excelente 2026 para todos!

— Redacción de LA CALLE Digital

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95% de los traumas en Navidad y Año Nuevo se pueden prevenir

24 diciembre, 2025 12:37 pm by

SAN JUAN: En plena temporada de fiestas, cuando aumentan los viajes, las reuniones familiares y el tiempo en las carreteras, la Fundación Asistencia Centro de Trauma (FACT), organización sin fines de lucro creada para apoyar al Centro de Trauma de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y para ayudar a salvar vidas, hizo hoy un llamado a la ciudadanía a convertir la prevención en un hábito diario para evitar accidentes, lesiones y tragedias.

“La prevención salva vidas. Este mensaje es claro y debemos tenerlo como una especie de consigna en todo momento. El 95% de los traumas son prevenibles. Las lesiones están vinculadas a la falta de prevención y de supervisión, y eso se puede cambiar con decisiones responsables”, expresó el doctor Pablo Rodríguez, director médico del Centro de Trauma de ASEM y fundador de FACT.

Rodríguez subrayó que la mayoría de los traumas son prevenibles cuando se reducen conductas de riesgo comunes como conducir bajo los efectos del alcohol, exceder la velocidad, no usar el cinturón de seguridad, ignorar señales y luces de tránsito, o utilizar el celular mientras conducen. “La diferencia entre una celebración y una tragedia puede estar en algo tan sencillo como abrocharse el cinturón, planificar con tiempo, descansar, evitar distracciones y no guiar si ha bebido”, añadió.

La prevención no se debe limitar a la carretera. En el hogar, agregó, también aumentan los accidentes durante las visitas y los cambios en la rutina, especialmente por caídas en escaleras, superficies resbalosas, iluminación insuficiente y falta de supervisión.

Es importante prestar atención a los grupos de mayor vulnerabilidad. En el caso de los niños y adolescentes, por el riesgo asociado a los juegos y actividades recreativas; conductores jóvenes con mayor exposición en la carretera y decisiones impulsivas. Mientras, que en los adultos mayores debemos estar atentos por el riesgo a caídas y lesiones en el hogar.

Asimismo, FACT alertó sobre prácticas que se repiten en esta época y que elevan el riesgo de traumas graves. Entre ellas, el uso irresponsable de vehículos recreativos en vías públicas, como los “four tracks” diseñados para terrenos y no para carreteras; así como el manejo de motocicletas sin el equipo de protección adecuado.

“No es solo el casco. La protección completa y la prudencia importan: guantes, gafas, reflectores y calzado adecuado. Y, sobre todo, cero alcohol y cero maniobras temerarias”, puntualizó Rodríguez.

En su llamado a la prevención, la FACT también recomienda, a través de su directora ejecutiva, Marjorie Stewart, evitar conductas peligrosas que pueden provocar lesiones graves o la muerte como como los disparos al aire. “Celebrar no debe poner en riesgo a nadie. La responsabilidad colectiva también salva vidas”, sostuvo.

“Para nosotros es vital el respaldo colectivo. Una meta para este 2026 es ampliar la presencia de la Fundación, fortalecer las colaboraciones y crear más oportunidades para educar, porque la prevención se fortalece cuando el mensaje llega a las comunidades y se convierte en acción”, expresó Stewart.

En esa misma línea, Héctor Mújica, presidente de la Junta de Directores de FACT, resaltó que la organización busca ser un apoyo concreto en momentos difíciles, a la vez que impulsa educación y alianzas para reducir el trauma prevenible. “FACT promueve iniciativas comunitarias y une esfuerzos con aliados del sector de la salud, empresas y ciudadanos comprometidos, porque la prevención requiere voluntad, constancia y acompañamiento”.

FACT invitó a organizaciones, empresas y al público general a unirse mediante voluntariado, alianzas y apoyo a campañas educativas para ampliar el alcance del mensaje preventivo y respaldar iniciativas que ayudan a salvar vidas. Para información sobre cómo colaborar, pueden comunicarse a través de @fundaciontraumapr o escribir a info@factpr.org.

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Carjacking esta madrugada en el estacionamiento del Mayagüez Mall

23 diciembre, 2025 8:00 am by

MAYAGÜEZ: Un carjacking fue reportado a las 2:45 de la madrugada de hoy en el estacionamiento del centro comercial Mayagüez Mall.

 Mientras el perjudicado estaba estacionado comiendo, dos individuos enmascarados y armados, que viajaban a bordo de un vehículo marrón lo despojaron de su guagua Ford Explorer, blanca, de 2013, tablilla IBK-433.

Dentro de la guagua había pertenecías del querellante, un teléfono celular, dos laptops y dinero en efectivo.

Los asaltantes huyeron con rumbo desconocido. El perjudicado salió ileso.

El inspector Joel González, del CIC de Mayagüez, y el agente Milton Ramírez, de Vehículos Hurtados, fueron informados.

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Denuncian a esta mujer por fraude, apropiación ilegal y robo de identidad en Cabo Rojo

22 diciembre, 2025 10:36 am by

CABO ROJO: Nueve cargos por los delitos uso fraudulento de tarjetas de crédito, robo de identidad y apropiación ilegal fueron sometidos en el Tribunal de Mayagüez contra una mujer identificada como Gusmary H. Blanco Mersie, de 44 años, residente en el Club Deportivo del Oeste, en Cabo Rojo.  

El agente Luis Maldonado Collado y el sargento Miguel Martínez, del CIC de Mayagüez, consultaron con la fiscal Yanitza Negrón, que culminó con la radicaron de las denuncias contra la fémina.

A Blanco Mersie se le imputa que el pasado 30 de marzo, usó una tarjeta de crédito que no le pertenecía para realizar pagos en diferentes comercios sin la autorización de la persona a la que le pertenecía la tarjeta, cometiendo el delito de fraude.  

El juez Luis F. Padilla Galiano halló causa probable para arresto en los nueve cargos sometidos, imponiendo una fianza de $3 mil, que la imputada prestó a través de un fiador privado, quedando en libertad.

La vista preliminar será el próximo lunes. 29 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.

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[La opinión de LA CALLE Digital] El azul que no es solo azul: La bandera de Puerto Rico

20 diciembre, 2025 12:30 pm by

Por décadas se ha intentado reducir la discusión sobre la bandera de Puerto Rico a un asunto meramente estético: si el azul del triángulo debe ser claro o marino. Pero quien afirme eso, o desconoce la historia, o decide ignorarla. En Puerto Rico, los símbolos nunca han sido inocentes, y la bandera —nuestro principal emblema nacional— es prueba viva de ello.

La bandera puertorriqueña no nace del capricho ni de un comité gubernamental. Nace hace 130 años, en 1895, en el exilio, concebida por independentistas puertorriqueños en Nueva York, como un acto de afirmación nacional frente al colonialismo español. Fue diseñada deliberadamente como una hermana de la bandera cubana, invirtiendo los colores para subrayar una causa común: la libertad de las Antillas.

Ese diseño original incluía un azul claro, similar al cielo caribeño y al de la bandera cubana mambisa. No era casual. El triángulo azul representaba los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, y el color evocaba esperanza, futuro y emancipación. Así ondeó en la clandestinidad, así se conservó en la memoria histórica, y así fue reconocida por generaciones que veían en ella un símbolo de resistencia.

Todo cambia tras 1898. Con la invasión estadounidense, la bandera fue prohibida, criminalizada, perseguida. Portarla podía llevar a la cárcel. No fue hasta 1952, con el establecimiento del Estado Libre Asociado, que se legaliza su uso. Y es precisamente ahí donde comienza el silencio incómodo: nunca se legisló el tono exacto del azul.

Ese vacío no es menor. En la práctica, el azul comenzó a oscurecerse. El azul marino, más cercano al de la bandera de Estados Unidos, se impuso en edificios oficiales, escuelas y actos de gobierno. No por mandato legal, sino por inercia política y simbólica. El resultado fue una bandera que, sin cambiar su diseño, sí alteró su mensaje.

Aquí es donde el debate deja de ser cromático y se vuelve político.

El azul claro remite al proyecto inconcluso de nación, a la bandera concebida antes del dominio estadounidense, al ideal de soberanía. El azul marino, en cambio, coincide con el periodo de institucionalización del coloniaje moderno, con la subordinación política y con un Estado que administra, pero no decide plenamente su destino.

Decir que “ambos azules son válidos” puede ser legalmente correcto, pero históricamente incompleto. No todas las versiones cuentan la misma historia. No todas representan la misma aspiración. Y no todas incomodan al poder de igual forma.

Por eso no sorprende que el azul claro sea hoy reivindicado por sectores independentistas, académicos e historiadores, mientras el azul marino siga dominando la iconografía oficial. La disputa por el color es, en el fondo, una disputa por el relato: ¿somos una nación con una historia propia o un territorio con símbolos administrados?

Las banderas no solo se izan; se interpretan. Y cada vez que ondea una bandera de Puerto Rico con azul marino sin cuestionamiento alguno, se normaliza una versión descafeinada de nuestra historia. Cada vez que se rescata el azul claro, se revive una memoria que nunca fue derrotada, solo silenciada.

El azul de nuestra bandera no es un detalle. Es una declaración. Y mientras Puerto Rico siga sin resolver su condición política, el triángulo seguirá siendo escenario de una lucha que no ha terminado.

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Acusan por supuesto “maltrato” a septuagenario contra su madre de 93 años

19 diciembre, 2025 12:57 pm by

LAJAS: Cargos por maltrato a una persona de edad avanzada fueron sometidos contra Domingo Lugo Ortiz, de 71 años, residente en Lajas, al que se le imputa que este pasado 6 de diciembre, presuntamente con voz agresiva e insultándola con palabras soeces, quería obligar a su madre de 93 años a que fuera a un hospital por unas picadas de hormiga que la dama presentaba.

Se alega que los hechos ocurrieron en la residencia de la perjudicada de 93 años.

El agente José E. Pérez Rivera y el sargento Ariel Rodríguez Valentín, del cuartel de Lajas, consultaron con la fiscal Wandie Camacho Santiago, quien instruyó radicar las denuncias.

La juez Jessica Rodríguez Maldonado determinó causa probable para arresto, imponiendo una fianza de $30 mil, que Lugo Ortiz no presto, quedando sumariado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.

La vista preliminar será el 30 de diciembre.

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Cargos por fraude y apropiación ilegal en Sabana Grande

17 diciembre, 2025 11:00 am by

SABANA GRANDE: Denuncias por fraude y apropiación ilegal fueron sometidas contra Juan M. Carrillo Ríos, de 47 años, residente en el barrio Cerro Gordo de Vega Alta.   

Según la pesquisa del agente Mercado Arce, de la División de Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del CIC de Mayagüez, el pasado 8 de agosto el perjudicado le entregó al acusado la cantidad de $2,500 como pronto para la instalación de varias puertas y ventanas en su residencia localizada en Sabana Grande.

Sin embargo, tanto el perjudicado, como el agente Mercado Arce, hicieron varias gestiones para que el sujeto devolviera el dinero o completara el trabajo contratado; pero estas fueron infructuosas.

El fiscal Wilfredo Santiago Vega ordenó someter los cargos. El juez Luis F. Padilla Galiano encontró causa probable para arresto, imponiendo una fianza de $2 mil, que fue prestada a través de un fiador privado.

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[La OPINIÓN de LA CALLE Digital] Sin información no hay pueblo soberano

16 diciembre, 2025 5:01 pm by

Cuando se habla de acceso a la información pública, con frecuencia se presenta el tema como una preocupación exclusiva de periodistas, abogados o académicos. Ese enfoque es cómodo para el poder, pero profundamente engañoso. La verdad es más simple y grave: toda restricción al acceso a la información pública es una restricción directa al derecho del pueblo a fiscalizar su propio gobierno.

La reciente firma de las enmiendas a la llamada Ley de Transparencia por la gobernadora Jenniffer González Colón no debe analizarse únicamente como un revés para el periodismo investigativo, sino como un golpe a la capacidad del ciudadano común de saber cómo se toman las decisiones, cómo se gasta el dinero público y quién responde por los errores del Estado.

La información no es un privilegio, es un derecho

En una democracia funcional, la información pública pertenece al pueblo. El gobierno no la concede; la administra en nombre de la ciudadanía. Por eso, cualquier ley que alargue plazos, multiplique requisitos burocráticos o amplíe la discreción de las agencias para negar datos no es un mero ajuste administrativo: es una redefinición peligrosa del balance de poder entre gobernantes y gobernados.

Las nuevas disposiciones permiten que una agencia tarde meses en responder una solicitud. Autorizan extensiones amplias. Eliminan la obligación de entregar datos en formatos útiles. Y, quizá lo más preocupante, otorgan mayor margen para clasificar información como confidencial sin una revisión judicial inmediata.

Traducido al lenguaje cotidiano: el ciudadano que quiera saber cómo se otorgó un contrato, cómo se usaron fondos públicos, por qué se tomó una decisión administrativa o quién falló en su deber, tendrá que esperar más, insistir más y, muchas veces, resignarse.

El impacto real: silencio por agotamiento

Estas leyes no suelen cerrar puertas de golpe. Funcionan por desgaste. El ciudadano promedio no tiene los recursos, el tiempo ni el respaldo legal para insistir durante meses. La consecuencia práctica es el abandono del reclamo.

No se trata solo de investigaciones periodísticas complejas. Se trata del residente que quiere saber por qué su comunidad no recibe servicios. Del padre que pregunta por el uso de fondos en una escuela pública. Del paciente que intenta entender decisiones en el sistema de salud. De comunidades que buscan información ambiental, presupuestaria o contractual.

Cuando el acceso a la información se vuelve lento, confuso y frustrante, la participación ciudadana se debilita. Y cuando la ciudadanía deja de preguntar, el poder deja de rendir cuentas.

Transparencia que no ilumina

Resulta irónico que una ley que lleva el nombre de “transparencia” termine oscureciendo el proceso democrático. El argumento oficial de que estas enmiendas “organizan” o “hacen más manejable” el sistema ignora un principio básico: la eficiencia administrativa nunca debe prevalecer sobre el derecho del pueblo a saber.

Un gobierno verdaderamente comprometido con la transparencia invierte en sistemas, personal y procesos para responder rápido y bien. No responde al reto ampliando plazos ni creando obstáculos adicionales. Mucho menos concentrando poder discrecional en las mismas agencias que deben ser fiscalizadas.

El peligro democrático

La historia, en Puerto Rico y en toda América Latina, demuestra que el deterioro democrático rara vez comienza con censura abierta. Empieza con retrasos, con tecnicismos, con clasificaciones amplias, con cansancio ciudadano. Empieza cuando el acceso a la información deja de ser un derecho práctico y se convierte en una carrera de obstáculos.

Hoy no estamos ante un Estado que prohíbe preguntar. Estamos ante uno que hace que preguntar sea cada vez menos efectivo. Y esa diferencia, aunque sutil, es igual de peligrosa.

Una democracia sin información es una democracia vacía

El acceso a la información pública no es un favor al periodismo ni una concesión del gobierno. Es el mecanismo mediante el cual el pueblo ejerce soberanía. Sin información oportuna, útil y completa, el voto se vacía de contenido, la fiscalización se debilita y la corrupción encuentra terreno fértil.

Defender el acceso a la información no es defender a los periodistas. Es defender al ciudadano. Es defender el derecho a saber. Y, en última instancia, es defender la democracia misma.

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