Accidente fatal con peatón esta madrugada en Mayagüez

MAYAGÜEZ: Un peatón pereció atropellado en un accidente reportado a las 3:14 de la madrugada de hoy, en la intersección de la carretera PR-2 con la calle Nenadich de la Sultana del Oeste.

Según el informe de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, los hechos ocurrieron específicamente frente al Agrocentro que está en la zona.

Se alega que el conductor de un carro Kía Forte de 2024, identificado como Juan Juarbe, de 52 años, vecino de Añasco, transitaba en dirección de Mayagüez hacia Añasco, cuando al llegar a la intersección con la calle Nenadich, impactó al peatón, cuyo nombre no ha sido provisto, quien cruzaba la vía de rodaje sin tomar las debidas precauciones.

El infortunado falleció en el lugar.

A Juarbe se le hizo la prueba de aliento, que arrojó 0.00% de alcohol en su cuerpo.

El agente Cesar Arocho Torres, de Patrullas de Carreteras de Mayagüez; el agente Carlos Lugo, de Servicios Técnicos; y la fiscal Yanitza E. Negrón Rosado, están a cargo de la investigación.

[EDITORIAL] PS 923: cuando el asesinato se usa como consigna política

Mientras Puerto Rico continúa registrando asesinatos vinculados al narcotráfico, la violencia de género y la marginalidad social, el Senado decidió enfocar su energía en un proyecto que no ataca la criminalidad real, sino que reconfigura el Código Penal para adelantar una agenda ideológica. El Proyecto del Senado 923 no es una política pública de seguridad: es un mensaje político disfrazado de protección.

No nace del problema, nace del discurso

El PS 923 se presenta como una medida para atender asesinatos, pero no surge de un análisis criminológico serio ni de un reclamo operativo del sistema de justicia. No responde a fallas en la investigación criminal, ni a la impunidad, ni a la lentitud procesal que permite que asesinos sigan en la calle.

No hay estudios, estadísticas ni informes oficiales que indiquen que el Código Penal carece de herramientas para procesar asesinatos en Puerto Rico. Lo que sí hay es un intento deliberado de redefinir quién es considerado “ser humano” a los fines penales, insertando al concebido dentro del delito de asesinato.

Ese no es un ajuste técnico. Es una redefinición con consecuencias profundas.

Populismo punitivo en lugar de política pública

Cuando el Estado enfrenta una crisis de violencia, tiene dos opciones: invertir en prevención, investigación y justicia, o recurrir al populismo penal. El PS 923 opta por lo segundo.

Se apela a la emoción, al simbolismo y a la moralización del derecho penal, sin resolver los problemas estructurales que permiten que los asesinatos sigan ocurriendo. El resultado no es más seguridad, sino más ambigüedad legal.

El derecho penal no puede usarse como pancarta ideológica sin consecuencias. Cada palabra añadida al Código Penal amplía el poder punitivo del Estado, y ese poder rara vez se ejerce de forma neutral.

El riesgo que nadie quiere discutir

El mayor problema del PS 923 no es lo que dice, sino lo que permite. Al incluir al concebido dentro de la definición de “ser humano” para efectos del asesinato, se abre un campo peligroso de interpretaciones futuras.

Ese cambio podría:

  • Exponer a mujeres a investigaciones criminales tras pérdidas gestacionales.
  • Colocar decisiones médicas bajo escrutinio penal.
  • Trasladar debates de salud pública al terreno criminal.
  • Convertir el embarazo en un espacio vigilado por el Estado.

Todo esto mientras los asesinatos que sí aterran a las comunidades —los de cada fin de semana, los de cada ajuste de cuentas, los de cada caso de violencia doméstica— siguen sin respuestas efectivas.

¿A quién protege realmente el PS 923?

Desde una óptica de política pública, la pregunta es inevitable:

¿Protege esta ley a las víctimas reales de la violencia en Puerto Rico?

La respuesta es incómoda, pero clara: NO.

No fortalece la Policía, no mejora la tasa de esclarecimiento de asesinatos, no apoya a fiscales ni a víctimas. Protege, principalmente, una narrativa política que convierte el Código Penal en un escenario de lucha ideológica.

Y cuando el derecho penal se escribe para enviar mensajes, no para resolver problemas, el sistema deja de servirle al pueblo.

Puerto Rico no necesita más leyes simbólicas. Necesita políticas públicas basadas en evidencia, justicia efectiva y un Estado que proteja sin invadir.

El PS 923 no combate la violencia que mata al país. La desplaza del debate.

Y cuando se legisla mirando la consigna y no la realidad, la justicia deja de ser balanza… y se convierte en arma.

Aborto Libre Puerto Rico exige se celebren vistas sobre revisión del delito de asesinato

SAN JUAN: La entidad Aborto Libre Puerto Rico (ALPR) denunció que la verdadera intención del Proyecto del Senado 923, es crear una base jurídica para eventualmente prohibir el derecho al aborto.

En un comunicado de prensa, denunciaron que, de adoptarse esta medida, tendrá implicaciones que van más allá del derecho al aborto, afectando el derecho a la intimidad de las mujeres en la toma de decisiones sobre su embarazo, incluso para personas que desean parir – porque incide en su derecho a la intimidad y a tomar decisiones médicas, con la debida atención médica para cuidar de su salud y proteger su vida.

La licenciada Yanira Reyes plantea que “lo más importante en este momento es que el aborto en Puerto Rico sigue siendo legal, seguro y accesible, y se practica conforme a derecho en clínicas médicas debidamente reguladas por el Departamento de Salud. El aborto está protegido por un derecho superior, el derecho constitucional a la intimidad y a tomar decisiones médicas. Denunciamos que el proyecto se presenta con la alegada intención de “dar coherencia” al ordenamiento jurídico “atemperando” el Código Penal con el Código Civil, tras la aprobación de la Ley Núm. 183-2025 que reconoce personalidad jurídica al nasciturus desde la concepción, el efecto de esta medida es el opuesto”.

La licenciada Rosa Seguí explicó que “este proyecto crea un estado de confusión tanto en la comunidad médica como en la comunidad jurídica del país, y es evidente la verdadera intención de criminalizar el aborto en la mente de nuestro pueblo. Esto afecta los servicios de salud de las personas gestantes, más allá de la práctica legal del aborto. El presidente del Colegio de Médicos ha dicho que este tipo de medida incrementa la incidencia de rechazos de pacientes con embarazos de alto riesgo, por miedo a una acción legal. El dilema que pueden enfrentar médicos emergencistas, oncólogos, cardiólogos y otros, ante cuadros médicos en que la atención adecuada a la paciente gestante podría afectar al feto puede inducirles a rechazar estas pacientes”.

Por su parte, la doctora Alejandra Vélez alertó sobre la confusión que crea este proyecto. “Esto crea confusión en las decisiones médicas porque introduce consideraciones que están fuera de las guías y protocolos médicos de atención. En cualquier otro ámbito de trabajo, en un negocio, por ejemplo, puede que la confusión tenga efectos negativos como pérdida de ganancias, pero en la medicina, la confusión cuesta vidas”.

“Exigimos que se celebren vistas públicas amplias, con participación tanto de las organizaciones y voces expertas en derecho, medicina, así como de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, activistas y promotoras de la salud sexual y reproductiva de todo nuestro pueblo, y no por descargue, como se hizo con el P. del S. 504 el año pasado”, apuntaron.

Esta tarde el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, escribió en sus redes sociales que la propuesta será aprobada en ese cuerpo, poco después que la gobernadora Jenniffer González se retractara de que la medida de administración que incluye en la definición de los asesinatos “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno” sería retirado.

Acusan anciano de Hormigueros por presunto fraude a empresa de su familia

MAYAGÜEZ: Como José A. Toro Colón, de 76 años, residente en Hormigueros, fue identificado el hombre que enfrenta ocho denuncias por fraude y apropiación ilegal agravada, por hechos presuntamente ocurridos entre 2010 y 2022 contra las empresas de su familia.

El agente Omar D. Santos González, de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, sometió los cargos contra el septuagenario.

Se alega que Toro Colón fungía como administrador y presidente de las juntas de directores de las empresas Bubalis Administration y Yama Consulting; y que supuestamente usó su posición para ejecutar un esquema fraudulento a través de “transacciones no autorizadas, el pago de gastos personales y familiares, reembolsos duplicados, sobrepagos salariales, así como el cobro de dividendos y bonificaciones sin autorización”.

También le imputan “que incluyó a familiares en la nómina por servicios que no fueron prestados”.

El fraude de más de una década pudiera ascender a más de $1.7 millones. Pero, se dijo que, en la fase inicial del proceso, la prueba recopilada suma aproximadamente $342 mil durante el periodo en cuestión.

El juez Luis F. Padilla Galiano halló causa probable para arresto en dos cargos por apropiación ilegal agravada y seis por fraude, imponiendo una fianza de $8 mil, que pagó a través de un fiador privado.

La vista preliminar será el 3 de febrero.

CPI acude al Tribunal para que agencias entreguen información sobre cabilderos

A casi tres meses de la solicitud inicial, cuatro agencias no han entregado los datos al Centro de Periodismo Investigativo…

Por Centro de Periodismo Investigativo

SAN JUAN: Al no entregar documentos relacionados con el cumplimiento de un memorando sobre medidas de transparencia gubernamental y con el Código de Ética para Contratistas, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó el lunes, 12 de diciembre, un mandamus contra cinco agencias públicas en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Entre octubre y noviembre de 2025, el periodista del CPI Luis Valentín Ortiz envió una solicitud de información a la Oficina de la Secretaría de la Gobernación, el Departamento de Vivienda, el Departamento de Salud y el Departamento de Educación sobre documentos producidos como resultado de un memorando con medidas internas de transparencia gubernamental de la Rama Ejecutiva y el Código de Ética para Contratistas.

Este memorando fue impulsado por el secretario de la Gobernación, Francisco Dómenech, para establecer “una regulación clara del ejercicio legítimo del cabildero garantizando la transparencia, evitando conflictos de interés y proteger los derechos de nuestra gente”, según informó el mismo funcionario en abril de 2025.

El memorando incluye normas conforme al “Código de Ética para contratistas, suplidores y solicitantes de incentivos del Gobierno de Puerto Rico”. Cada agencia debe velar por el cumplimiento del código y realizar las investigaciones necesarias para saber si un contratista ha violado el Código de Ética.

Sin embargo, ninguna de las agencias ni los funcionarios contactados han entregado la información que el periodista Valentín Ortiz pidió, tales como comunicaciones entre la Secretaría de la Gobernación y las entidades gubernamentales del Poder Ejecutivo, los expedientes sobre investigaciones realizadas en virtud del memorando ni los nombres de los funcionarios designados para hacerlas.

“Aquí tenemos el caso de una medida que se presentó con fuegos artificiales para prevenir ilegalidades y conflictos de interés en los procesos de cabildeo y para alegadamente traer transparencia a los mismos, y por el contrario, carece de visibilidad y no se entregan los documentos que se supone que se hayan producido en el pasado año”, dijo la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

“La información solicitada permite verificar cómo el Gobierno ha ejecutado una iniciativa de transparencia en el ejercicio del cabildeo, según presentó el propio secretario de la Gobernación a principios del cuatrienio. Lamentablemente, a pesar de seguir el proceso que establece la ley de acceso a información pública, no hemos recibido la información y nuevamente debemos acudir a los tribunales para hacer valer este derecho y poder realizar nuestro trabajo periodístico”, expresó Valentín Ortiz.

El mandamus surge luego de que el CPI agotara todos los remedios administrativos disponibles para obtener la información solicitada. En la demanda, se establece que las “partes contra las cuales se dirige el presente recurso tienen el deber ministerial de entregar información solicitada”, además de que la negativa de las agencias “lacera los derechos constitucionales de acceso a la información y libertad de prensa”.

Este mandamus fue presentado por los licenciados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt, del Proyecto de Acceso a la Información que es parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Identifican motociclistas involucrados en choque ocurrido en San Germán

SAN GERMÁN: Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez atendió un choque grave que involucró dos motoras, en el kilómetro 171 de la carretera PR-2, frente a una gasolinera Shell localizada en San German.

Se alega que Samuel Almodóvar Morales manejaba una motora Suzuki SGX de 2025, en dirección de San Germán a Sabana Grande, cuando frenó súbitamente. La motora de Almodóvar fue impactada por una motora Kawasaki 2X de 2024, que era manejada por Heriberto Guay Quiñones, que transitaba en la misma dirección. 

Quiñones Guay fue transportado al Centro Médico de Mayagüez, desde donde fue referido al Centro Médico de Río Piedras, con un trauma en la pierna izquierda.

El agente Luis Rosas, de Patullas de Carreteras, está a cargo de la investigación.

[ENTREVISTA] Alcalde contesta preguntas sobre uso militar de Mayagüez y presencia de ICE, entre otros temas

MAYAGÜEZ: El alcalde de la Sultana del Oeste, Jorge Luis Ramos Ruiz, le concedió una entrevista a los periodistas Frank Gaud y Julio Víctor Ramírez (LA CALLE Digital), en la que respondió preguntas sobre diferentes temas, entre estas, la presencia militar en Mayagüez en el marco actual entre los Estados Unidos y Venezuela; y la presencia de agentes de ICE interviniendo con extranjeros en la jurisdicción municipal.

Haga «click» sobre la imagen para que vea la entrevista completa.

Conmemoran mañana domingo el natalicio de Eugenio María de Hostos en Mayagüez

MAYAGÜEZ: La conmemoración del 187mo aniversario del natalicio del “Ciudadano de América”, Eugenio María de Hostos y Bonilla tendrá lugar este domingo, 11 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana, en el monumento al prócer, localizado en el Parque de las Fuentes, frente a la entrada de “La Vita” del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

Allí llevará a cabo la colocación de una ofrenda floral en el pedestal de la imponente estatua de Hostos que está en el lugar. Esta ceremonia es auspiciada por la Administración Municipal de la Sultana del Oeste.

Mientras tanto, a la 1:00 p.m., el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) estará efectuando otra ceremonia conmemorativa en la Casa Museo Pilar Defilló, localizada en la calle Méndez Vigo.

Los oradores de la ocasión serán Ángel Rodríguez León y Carlos Vega, copresidentes del MINH; y Sonia Santiago, de Madres contra la Guerra.

Hostos, uno de los más importantes intelectuales, educadores y pensadores antillanos del siglo XIX, nació en el barrio Río Cañas de Mayagüez el 11 de enero de 1839, y es recordado por su profunda influencia en la educación, la filosofía, la sociología y la lucha por la libertad y la justicia social en el Caribe y América Latina.

Eugenio María de Hostos fue un humanista en todo el sentido de la palabra, destacándose como escritor, filósofo, pedagogo, jurista y activista político. Dedicó su vida a la emancipación intelectual y moral de los pueblos, especialmente de Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana.

Residió gran parte de su vida fuera de Puerto Rico, específicamente en España, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela y República Dominicana, desde donde promovió reformas educativas y sociales.

Hostos defendió una educación científica, racional y moral, basada en el desarrollo del pensamiento crítico; y promovió la educación laica, libre de dogmas religiosos. Fundó y reformó sistemas educativos, especialmente en la República Dominicana, donde creó la Escuela Normal para la formación de maestros.

Introdujo métodos modernos de enseñanza basados en la observación, la razón y la experiencia.

Para Hostos, educar no era solo transmitir conocimientos, sino formar ciudadanos conscientes y responsables.

Fue un firme defensor de la independencia de Puerto Rico y Cuba del dominio colonial español; y creía que la libertad política solo era posible si iba acompañada de libertad moral e intelectual. Criticó el colonialismo, la esclavitud y cualquier forma de opresión.

Como filósofo, Hostos desarrolló un pensamiento positivista y racionalista, influido por la ciencia y la ética. Escribió sobre sociología, derecho, moral y ética, analizando cómo debía organizarse una sociedad justa.

Importante es destacar que defendió la igualdad entre hombres y mujeres, algo muy avanzado para su época.

Hostos está enterrado en República Dominicana y pidió que no repatriaran su cuerpo hasta que Puerto Rico fuera libre, lo que tiene un profundo significado histórico y simbólico.

Hostos murió el 11 de agosto de 1903, en la capital dominicana de Santo Domingo, país al que consideraba su segunda patria por su enorme aporte a la educación dominicana. Antes de morir, dejó claro que no deseaba regresar a Puerto Rico mientras permaneciera bajo dominación colonial.

Para él, el regreso de sus restos solo debía ocurrir cuando Puerto Rico alcanzara su plena libertad política, como un acto de dignidad y coherencia con sus ideales.

Sus biógrafos afirman que la tumba de Hostos en suelo dominicano es un acto de protesta moral y política; representa su convicción de que la libertad no era negociable; y refuerza su imagen como un pensador que vivió y murió fiel a sus principios, incluso después de la muerte.

Hoy en día, Hostos descansa en el Panteón Nacional de la República Dominicana, donde es honrado como uno de los grandes educadores del país, mientras su deseo sigue siendo recordado en Puerto Rico como un llamado a la reflexión sobre la libertad y la autodeterminación.

Lo acusan por tentativa de asesinato por hechos ocurridos ayer en El Liceo de Mayagüez

MAYAGÜEZ: Acusaciones por tentativa de asesinato y violaciones a las leyes de Armas y Tránsito, fueron sometidas contra Roberto Christian Altieri Ayala, de 25 años, residente en Añasco.

Según la pesquisa de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, ayer viernes, 9 de enero, se reportó un incidente de violencia en el imputado embistió con su carro Toyota Corolla al perjudicado. Luego, al bajarse del vehículo, sacó un bate y lo agredió en la cabeza y otras partes del cuerpo.

El perjudicado, que no fue identificado, fue llevado a un hospital de la ciudad, donde le diagnosticaron una fractura craneal y múltiples traumas. Se dijo que su estado es crítico.

El agente Israel Bisbal Torres consultó con el fiscal José Arocho, quien ordenó la radicación de cargos. La juez Annelie Carlos Rivera determinó causa probable para arresto, señalando una fianza de $300 mil, que no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.

La vista preliminar será el 23 de enero.

[AÑASCO] Bajo fianza sujeto sorprendido disparando en Año Viejo

AÑASCO: Libre bajo fianza hasta la vista preliminar quedó Misael José Vélez Candelario, de 34 años, contra quien pesan denuncias por violar la Ley de Armas, tras ser sorprendido disparando un arma de fuego durante la llegada del nuevo año.

Los hechos que se le imputan ocurrieron a las 12:06 de la madrugada del 1 de enero, en una actividad de despedida de año celebrada en el kilómetro 7.6 de la carretera 402, en el barrio Hatillo de Añasco.

El querellante alegó que mientras compartía con su esposa en la actividad, vieron a Vélez Candelario haciendo disparos al suelo. Al éstos reclamarle por estar disparando, en el informe policíaco se indica que el individuo se justificó diciendo que estaba disparando al piso. Las campañas gubernamentales y de organizaciones privadas destacaban “no disparar al aire”.

Inicialmente, Vélez Candelario fue entrevistado por agentes del cuartel de Añasco, a quienes les indicó que poseía licencia de armas para una pistola Glock, modelo 19, calibre 9mm, que fue ocupada para investigación; así como un cargador con 15 balas y la licencia de armas.

El agente Jonathan Matías Rodríguez investigó junto a la sargento Idania López Pérez, que consultaron con el fiscal Diego Velázquez, quien ordenó radicar cargos por disparar o apuntar un arma de fuego.

La juez Noricelis Rosado Santiago, halló causa probable para arresto, imponiendo una fianza de $2 mil, que fue prestada a través de un fiador privado, quedando en libertad con un grillete electrónico hasta la vista preliminar, que fue señalada para el 16 de enero, a las 9:00 de la mañana.