Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA/AAA

Durante los pasados años, hemos visto como las casas acreditadoras han incrementado la presión sobre el gobierno para implementar sus políticas neoliberales y antiobreras. La pasada administración trabajó abiertamente implementando esas políticas desde su primer día de administración.

Así lo hicieron al legislar y firmar la nefasta Ley 7 que provocó el despido de casi 30,000 empleados públicos, congeló los convenios colectivos, aumento las contribuciones sobre la propiedad, entre otros efectos. También, legislaron y aprobaron enmiendas a la ley de la Asociación de Empleados que provocó que el gobierno insertara nueve personas no electas, a la Asamblea de Delegados de AEELA y casi incitaba a la institución a colocar sus ahorros en el banco del gobierno y permitía que se le prestara dinero a este.

También atentaron contra los empleados privados al quitarle la paga doble de los domingos a quienes trabajan en el comercio.

Recordemos que también se aprobó la Ley de las APP’s, cuyo fin principal era privatizar la AAA y la AEE. Poco a poco el efecto de esas medidas, junto con la implementación del IVU por la administración de Aníbal Acevedo Vilá, fueron provocando que el pueblo fuera perdiendo capacidad económica para invertir en el país.

A todo ese escenario se le sumó el aumento súbito del precio de la gasolina, que en algunos casos llegó a costar más de un dólar el litro de gasolina.

Al llegar esta administración el país sintió, solo por unos segundos, que se dejaría a un lado a las casas acreditadoras, y se trabajaría para el pueblo. Digo solo unos segundos, porque eso fue lo que le tomó al actual gobernador decir el famoso «me vale» en referencia a las políticas que pretendía implantar las casas acreditadoras en el país.

Sin embargo, lo único que no se ha implementado de esas políticas neoliberales es el despido de empleados públicos. Vimos cómo sus primeras medidas fueron contra los retirados a quienes se les redujo las pensiones, eliminando los bonos especiales, se aumentó la edad de retiro a los empleados públicos, así como las aportaciones que estos realizan al sistema, y se redujo la cantidad a la que un trabajador tendría derecho de recibir por este concepto. Lo mismo pasó con los maestros, a quienes el Tribunal les devolvió parte de sus derechos.

Por otro lado, vimos la aprobación de la famosa Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal, que su propósito principal es eliminar derechos adquiridos, reducir los bonos de navidad y congelar los convenios colectivos, tal y como lo hizo la Ley 7 de Fortuño, pero con efectos mayores sobre el empleado público. De hecho, el liderato sindical la ha catalogado como una Reforma Laboral disfrazada, ya que enmienda gran parte de los estatutos laborales existentes.

Pero la aprobación de todas estas medidas por parte de tres gobernadores, no han sido suficiente para los bonistas, quienes pretenden que se privatice todo, y así darle paso a sus inversionistas para que se queden con el capital económico que se genera aquí. Ya vemos los avisos de «huracán» que está provocando la discusión de la reforma contributiva, se acerca un nuevo ataque al empleado público en lo relacionado al pago de horas extras entre otras medidas, que me imagino deben estar preparando. Lo triste de todo esto es que, a pesar de todas estas medidas, el pueblo no se levanta a protestar, a menos que seamos los trabajadores o grupos que generalmente levantan su voz, no vemos que el país esté dispuesto a protestar en contra de las medidas que le afectan.

No cabe duda que la presión de estas casas acreditadoras va a continuar sobre el gobierno, hasta lograr sus objetivos. Qué pena que quienes una vez prometieron no trabajar para ellos, hoy es exactamente para los que ha estado trabajando legislando y aprobando medidas que van directamente en contra del pueblo.