Iván Vargas Muñiz

Irrespetuosa campaña de la AAA para transacciones por Internet

12 enero, 2016 3:58 pm by Redaccion y comunicados

Propaganda de la AAA que pretende promover el uso del Internet para pagar facturas (Foto LA CALLE Digital).

MAYAGÜEZ: Como “irrespetuosa” fue catalogada una campaña publicitaria de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que promueve la supuesta “facilidad” de pagar por Internet las facturas por concepto de consumo de agua y otras gestiones.

La campaña tiene un perro con espejuelos frente a una computadora “laptop”, insinuando que cualquier animal puede hacer la transacción.

“Según la Autoridad, hasta un perro pude hacer las transacciones por internet. Que falta de respeto es esa. Que renuncie Lázaro”, dijo en tono enérgico el líder sindical Iván Vargas Muñiz, miembro de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA).

Por ejemplo, en la red social Facebook, un ciudadano de nombre José Maya criticó el anuncio, que circuló el martes, diciendo que “en otras palabras «cualquier animal»… Como se mofan de nuestros ancianos, discapacitados y todo aquel que no es diestro con la tecnología… Es un anuncio subliminal y ofensivo”.

Este anuncio viene a raíz del cierre de 13 oficinas comerciales de la AAA, acción que ha levantado críticas de parte de todos los sectores del país.

Como se sabe un segmento significativo de la población de Puerto Rico está compuesto por personas de edad avanzada, que no necesariamente son diestros en el uso de computadoras.

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Cierre de oficinas comerciales de la AAA… Si no tiene Internet, pues viaje más lejos

12 enero, 2016 7:10 am by Redaccion y comunicados

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

Hace ya unos meses, la Unión que representa a los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) denunció que dicha corporación pública estaría cerrando 13 oficinas comerciales alrededor de toda la isla, tres de las cuales pertenecen al Oeste que son; San Sebastián, Isabela y Mayagüez.

En aquel momento, el liderato de ese sindicato argumentaba que estos cierres afectarían a la clase pobre y a la población envejeciente que la mayoría de ellos no cuentan con internet para realizar las transacciones de manera electrónica, o son de las personas que les gusta ir personalmente a resolver sus problemas para evitar que alguien diga que no se hizo la gestión.

El pasado 23 de diciembre de 2015, la inmensa mayoría de estas oficinas cerraron por el periodo navideño, ocasión que aprovechó la Autoridad para desmantelar algunas de ellas. Durante ese periodo, algunas de estas oficinas tenían unas filas interminables, como en el caso de la oficina de San Germán, que según me cuentan, la fila llegaba hasta la parte afuera del edificio ya que atendía los clientes que iban de Mayagüez y los de Yauco que también permaneció cerrada.

A pesar de las denuncias que hizo el líder de la Unión, bien pocas fueron las expresiones de legisladores y alcaldes oponiéndose a estos cierres, imagino que por alguna promesa falsa que le hicieron, como en el caso de Mayagüez, donde le aseguraron al alcalde José Guillermo Rodríguez que dicha oficina no cerraría, según la información que me llega.

Esta semana, fueron varios los que se expresaron en contra de estos cierres. Los senadores Fas Alzamora, Gilberto Rodríguez y Mari Tere González, fueron algunos de los que hicieron expresiones públicas sobre este tema.

Lamentablemente, las expresiones que leí de la senadora González son cónsonas con la propuesta que ha hecho Acueductos de colocar un terminal parecido a los de ATH, en los municipios para poder pagar su factura.

Dicho sea de paso, estos terminales a quién beneficia es a la compañía privada propiedad de Miguel Ferrer, aquel que se dice, que es responsable de la debacle en los Sistemas de Retiro.

La senadora dice en su escrito que dicha estructura cumple con OSHA, sin embargo la Autoridad mantendrá personal encargado de la lectura en el lugar, lo que claramente contradice su aseveración.

Ahora bien… Acueductos alega que estos cierres tienen como objetivo que la gente comience a utilizar más la tecnología, a la vez que alegan que es para generar algunas economías. Aunque cierran 13 oficinas a nivel de toda la isla, también mantienen cinco oficinas privadas cuyos costos puede ser mayor que el haber mantenido las 13 oficinas comerciales.

Por otro lado, la situación económica que vive el pueblo, es mucho más difícil que la del propio gobierno. Mes tras mes hacen malabares para poder pagar sus deudas, echar gasolina, pagar el agua, pagar la luz, hacer la compra, etcétera.

Muchas veces el salario no les da para pagar sus cuentas de agua y luz, menos les va a dar para pagar por algún servicio de Internet. A duras penas obtienen un teléfono con capacidad para conexiones inalámbricas con el que pueda conectarse a internet en algunos de los lugares que cuentan con este servicio.

Siendo esta la realidad del país, ¿Qué pasará con los que no tienen Internet? Pues según la nueva filosofía de la Autoridad, tendrá que viajar más lejos, esperar grandes filas para ver si logra llegar antes que las oficinas cierren y poder resolver su situación. Si no puedes llegar hasta una de las oficinas por lo distantes que te quedan y no tienes acceso al internet, corres el riesgo que te suspendan el servicio y te va a salir mucho más caro.

Pero no crean que por Internet podrá realizar todas las transacciones, pues sepa que ya tenemos información que personas que han tratado de hacer contratos nuevos, el propio sistema no se los ha permitido. Por lo tanto, luego de pasar algún tiempo considerable detrás de la computadora tratando de hacer su contrato, tienen que acudir de todas maneras a una oficina para que le puedan enviar a un personal para que le abra la llave.

Entiendo que si la ciudadanía ni la Autoridad estaban preparadas, se debió dejar en suspenso estos cierres.

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Embargos de Hacienda… ¿Con qué moral?

5 enero, 2016 8:17 am by Redaccion y comunicados

Letrero que el Departamento de Hacienda coloca frente a los negocios embargados.

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

Ya hace unos meses que hemos estado viendo en la prensa del país, que el Departamento de Hacienda ha estado realizando operativos en distintos negocios que alegadamente no remiten los pagos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU).

No sólo embargan propiedades sino que además cierran estos negocios, dejando a decenas de trabajadores sin empleo. La inmensa mayoría de los negocios intervenidos, por no decir todos, son negocios locales cuya ganancia se queda y se invierte en el país, además de que sus empleados también generaban actividad económica local.

Estamos claros que si nosotros pagamos el IVU al comerciante, éste está obligado a remitir íntegramente el mismo a Hacienda, porque no es un dinero que le pertenece, lo que no concibo es que como parte de la gestión de cobro, se proceda con el cierre de éstos negocios, que a pesar de dicha falta, generan otros ingresos adicionales al Fisco.

Por muchos años, el gobierno ha sido deficiente, o mejor dicho incompetente, en el cobro del impuesto de ventas y uso. Tan es así, que como medida remediativa a esta incompetencia, la «genial» propuesta de este gobierno fue aumentar el impuesto, en vez de buscar los equipos necesarios para mejorar la captación. Tal vez instalar equipos que registren en Hacienda, todas las transacciones tal y como lo hacen los bancos con sus tarjetas electrónicas, era una de las medidas que se debió haber implantado, antes de aumentar el IVU o de cambiar a un IVA.

El cierre de negocios por no remitir dicho impuesto, es para la economía del país como intentar matar una mosca con una escopeta; tal vez matas la mosca, pero dañando otras cosas antes de lograrlo.

Pero… ¿Qué moral tiene el Departamento de Hacienda para embargar estos negocios?

Al día de hoy, le deben a los contribuyentes millones de dólares en reintegros producto de las planillas. El efecto de esta deuda, es el mismo que el de un negocio no remitir el IVU, porque es dinero que no le pertenece. Ese dinero fue recaudado a través de todo el año en contribuciones que pagamos directamente de nuestro salario y que el patrono remite al Departamento de Hacienda.

Sin embargo, a diferencia de esa agencia gubernamental, el contribuyente no tiene un mecanismo inmediato para poder cobrar el dinero de su reintegro, tal y como lo hacen en Hacienda. No puede embargar, no puede cerrar el Departamento sino que tiene que sentarse y esperar a que al gobierno le dé la gana de autorizar el envío de ese dinero y rogar que los cheques tengan fondos a la hora de cambiarlos.

Aquí eso de igual protección de las leyes no existe para el contribuyente, sino que éste siempre tendrá la responsabilidad de pagar, pero no el derecho de cobrar.

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Se va el «Gobe»… ¿Y qué?

22 diciembre, 2015 8:14 am by Redaccion y comunicados

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla (Archivo).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

Tal y como este servidor lo predijo en una pasada columna en LA CALLE Digital, el pasado lunes, 14 de diciembre, el gobernador Alejandro García Padilla anunció que no aspiraría a un nuevo término en La Fortaleza. Previo a este anuncio, todo era expectativa sobre el futuro político de Alejandro y quién debería ser el sustituto para ese puesto.

Mencionaron a Eduardo Bhatia, Héctor Ferrer y a David Bernier como posibles sustitutos para ocupar el puesto. Incluso se hablaba de la posibilidad de una primaria, que por primera vez en muchos años, sería el mecanismo para escoger al sucesor.

Luego del anuncio, el doctor David Bernier, quien ha ocupado distintas posiciones dentro y fuera del Gobierno, anuncio su candidatura a la gobernación, tal y como también lo habíamos anticipado en nuestra columna.

No cabe duda que el anuncio de Alejandro de no aspirar a un nuevo término, creó cierto respiro a los que de una u otra manera, nos hemos visto afectados por las ejecutorias de éste durante los pasados años.

El mero hecho de saber que no hay posibilidad alguna de que sea el gobernante por cuatro años más, tampoco debe puede motivarnos a bajar la guardia sobre la posibilidad de que sean aprobadas leyes que vayan en contra de los trabajadores, como lo fueron la Ley 66 y la Ley 3 por mencionar algunas, sino que tenemos que estar mucho más pendientes y alertas, porque por lo que he visto de los candidatos que han anunciado su candidatura de los partidos mayoritarios, así como de los dos candidatos independientes a la gobernación, no hay ni una sola propuesta de al menos, revertir las leyes mencionadas, ni de crear legislación en favor del trabajador.

Se va el “gobe”… Si, ¿Y qué? Esto no significa que estaremos mejor, ni nos da garantía alguna de que se resuelvan los problemas del país, ni tan siquiera significa que nos tomaran en cuenta a la hora de promover legislación; pero por lo menos nos da espacio para evaluar la forma en que el pueblo y los trabajadores como parte de éste, podemos presionar a todos los candidatos a ese puesto, a tomar en cuenta propuestas que por muchos años, tanto los líderes sindicales, líderes comunitarios y otros sectores hemos hecho para tratar de mejorar la situación económica del país, poniendo a pagar a los que hoy no aportan ni un solo centavo a nuestra maltrecha economía y estimular la creación de empleos con salarios justos a la vez que se le da alivio a los siempre han sido los más afectados pagando altas contribuciones en el país.

No crean que Bernier, Rosselló, Pierluisi, Lúgaro, Cidre, Bernabe ni María de Lourdes traerán medidas que salven al país, claro que no… Pero ahora tendremos la oportunidad de revindicar los errores cometidos en el pasado y evaluar las propuestas de cada candidato y de cada partido, para tratar de buscar cómo podemos insertar nuestras propias propuestas en cada programa de gobierno de los distintos candidatos.

Si nos unimos como pueblo a exigir que nos tomen en cuenta a la hora de preparar sus respectivos programas de gobierno, les aseguro que vamos a lograr un mejor país.

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Bono de Navidad: Otro «impago» del gobierno de Alejandro García Padilla

15 diciembre, 2015 7:14 am by Redaccion y comunicados

Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico (Archivo).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

El pasado año 2014, el Gobierno de Puerto Rico implementó una ley que tenía el efecto de eliminarle gran parte de los beneficios a los empleados públicos del país. Licencias de vacaciones y enfermedad, días feriados, bonos de verano y bonos de Navidad, son algunos de los beneficios que se les redujo a los trabajadores con la implantación de dicha ley. La misma, sin embargo, le daba la oportunidad a los trabajadores organizados en sindicatos a negociar acuerdos que lograran identificar ahorros a cambio de mantener uno que otro beneficio.

En algunas agencias, los ahorros se basaron en reducir en el gasto de energía eléctrica y en otros casos, se intercambiaron unos beneficios por otros. La mayoría de los acuerdos buscaban mantener el bono de Navidad y alguno que otro aumento salario.

A poco más de un año de que se firmaron todos los acuerdos, la mayoría de las agencias de gobierno incumplirán con el pago de dicho beneficio. Tal parecía ser el caso de los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

En una reunión con el presidente de la Unión el pasado 2 de diciembre, altos directivos de la Autoridad le informaron que no podían cumplir con lo acordado en relación al bono. A pesar que hubo comunicación inmediata con el Departamento del Trabajo, las gestiones que este Departamento estaba realizando no se notaban.

Fuimos testigos a través de los medios de comunicación de la inmensa lucha que se dio por parte de los dirigentes del sindicato. Incluso, los que estuvimos presentes fuimos testigos que hasta rumores de arrestos hubo en el lugar, sin embargo el liderato se mantuvo firme.

Al mismo tiempo, trabajadores sociales, maestros, los propios empleados del Departamento del Trabajo, empleados de la salud y muchos otros, han estado exigiendo que se les pague el bono de Navidad, que aún al día de hoy, no les han pagado.

Pero esto no era algo que debió tomarnos por sorpresa. Cada vez que se acercaba la fecha de pago de alguno de los bonistas se rumoraba e incluso el gobierno hablaba de la posibilidad de impago. Sin embargo, no se materializaba el supuesto impago.

Cuando único comenzamos a ver que no se cumplió con los pagos, fue con los reintegros de las planillas de Contribución Sobre Ingresos, que llegó un momento donde se paralizó totalmente el envío de los mismos. Ya esto era un indicio de cuál era la prioridad del gobierno a la hora de pagar. Obviamente el pueblo no estaba, ni está dentro de esas prioridades de pago del gobierno.

Semana tras semana se daban distintas fechas de envío de reintegros, sin que se cumpliera con el envío.

Llegada la época navideña comenzamos a escuchar al Secretario de Hacienda y al Director de OGP hablar de lo incierto del pago del bono de Navidad a los empleados públicos. El mismo modus operandi que con el reintegro, semana tras semana salen oficiales del gobierno a hablar del bono, siempre con el mismo cuento, no hay dinero.

A estos funcionarios se les hace bien fácil decirle al trabajador, que muchos de ellos lograron acuerdos bajo la Ley 66 para mantener el bono de Navidad, decirles que no tienen dinero para pagar, pero si vemos que para los bonistas hay dinero.

Aunque esta situación no se resuelve con el anuncio de ayer de Alejandro, al menos tenemos la certeza que uno de los gobernadores más antiobreros de este país NO figurará en una candidatura a la gobernación nuevamente.

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La corrupción «tiene nombre y apellido»: Omisión en el cumplimiento del deber

8 diciembre, 2015 10:13 am by Redaccion y comunicados

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

La pasada semana el país se estremeció ante una nueva ola de arrestos por supuestos actos de corrupción pública, que en esta ocasión involucra a tres entidades gubernamentales: Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Cámara de Representantes y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Diez personas fueron arrestadas por el FBI luego que se emitiera una acusación por 24 cargos de corrupción pública.

Aunque los arrestos no deben tomarnos por sorpresa, ya que como sabemos, esta investigación federal lleva ya varios meses de iniciada y se ha realizado varios allanamientos, lo que si debe preocuparnos es la inacción de las personas responsables de tomar medidas en el momento en que se conoció los detalles de la misma, en lo referente a las personas implicadas.

Desde el pasado 25 de noviembre de 2015, comenzó a salir información acerca de este supuesto esquema y de varios funcionarios públicos con cargos de influencia en el gobierno. De hecho, los primeros allanamientos relacionados con este caso se realizaron ese día; uno en una empresa llamada 3ComGlobal, propiedad de Anaudi Hernández y otro en la Autoridad de Acueductos.

Semanas después, comienzan salir informes en la prensa que indicaban que dos funcionarias de la AAA, Ivonne Falcón, entonces vicepresidenta de la Autoridad, y Sonia Barreto, directora de Compras, también de la AAA, estaban relacionadas a este supuesto esquema.

Otro allanamiento fue realizado el 7 y 8 de octubre de este año, también la triple A, pero esta vez fueron directamente a las oficinas de ambas funcionarias. A la vez, continuaba saliendo más información acerca de la empresa 3ComGlobal y un supuesto contrato en la Cámara de Representantes, en el que se alegaba que había sido obtenido de forma sospechosa.

La información sobre el servicio que brindaba esa empresa a la Cámara estaba en tela de juicio ya que se alegaba que el mismo era uno deficiente. De hecho, aun con todos los problemas que enfrentaba, la Cámara continuaba pagando mensualmente el contrato que tenía, sin que se iniciara un proceso legal o administrativo por incumplimiento de contrato.

En el caso de ADL es a la propia exadministradora, Sally López, a quien se le investigó y arrestó por presuntos actos de corrupción. Esta agencia en los últimos años se encargó del reclutamiento de personal, tanto para el gobierno central como para algunas corporaciones públicas.

¿Qué implicaciones tiene este caso con los jefes de los funcionarios arrestados? Bueno, al momento no se ha vinculado directamente al presidente de Acueductos, ni al presidente de la Cámara, ni al propio gobernador con estos actos. Sin embargo de algo si podemos estar seguros, han sido negligentes en el cumplimiento del deber.

Como ya señalé, este no es un caso que comenzó a circular ayer sino que lleva al menos un año. Desde que comenzaron a salir nombres, se debió haber iniciado una investigación interna para determinar la responsabilidad de los funcionarios mencionados.

Aunque en el caso del presidente de Acueductos, éste hizo una investigación y refirió el caso a la Oficina de Ética Gubernamental, no inició un proceso administrativo interno para remover de sus puestos a la o las funcionarias que fallaron a su confianza. El ingeniero Alberto Lázaro, dijo que sometió los hallazgos de la investigación a dicha oficina sin decir cuales fueron, ni tampoco si iniciaría un proceso disciplinario contra éstas. Peor aún, al momento de los arrestos dijo que inició un proceso para sustituirlas, pero no hablo de separarlas de su empleo, por lo tanto no tenemos la certeza si estas funcionarias continuarán dentro de la Autoridad.

En el caso de la Cámara, el presidente Jaime Perelló informó que separó de su empleo a funcionario que fue arrestado. Sin embargo, ¿Por qué no inició una investigación interna mucho antes? Espero a que ocurrieran los arrestos para entonces tomar acción. Al igual que en el caso de la ADL, que es al propio gobernador a quien le correspondía tomar acción y no hizo nada.

En este esquema se habla de apropiación de aproximadamente dos millones de dólares, dinero que hasta la propia Contralora ha dicho que se podía pagar el bono de Navidad a muchos empleados públicos, quienes hoy no tenemos la certeza si nos lo pagaran o no.

Ahora nos toca esperar y solicitarle a las autoridades federales que lleven este caso hasta las últimas consecuencias.

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Iván comenta: ¿Será un éxito o un fracaso la Venta del Madrugador?

24 noviembre, 2015 7:51 am by Redaccion y comunicados

Ambiente en una de las Ventas del Madrugador en el pasado (Archivo).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

Por muchos años las ventas del madrugador han sido un barómetro para medir la actividad económica que se espera en la época navideña. Grandes, medianos y algunos pequeños comercios tiraban las puertas por las ventanas en lo que a especiales se refería. Ventas de dos horas desde las 12:00 de la madrugada, ventas de medio día, otras de dos días; en fin, un sinnúmero de ganchos publicitarios para atraer la clientela y lograr la mayor venta de la época.

Año tras año eran más los comercios que anunciaban ventas especiales en esta época. Tal era la promoción que se le puso por nombre el Viernes Negro al día después de Acción de Gracias, que es el día en que se realizan estas ventas.

El gobierno se aprovechó de estas ventas para comenzar a aprobar medidas que supuestamente ingresaban más dinero a las arcas gubernamentales. Fue por eso que aprobaron sustituir un arbitrio general de un 6.6 por ciento, por un impuesto de ventas y uso de un 7 por ciento. La excusa en aquel momento era para lograr una mayor captación.

Recordemos la campaña que inició el exsecretario de DACO, Alejandro García Padilla, donde iba a algunos comercios con algunos medios de prensa presentando la diferencia en precios entre el 6.6 y los que ya incluían el 7 por ciento.

Todo un show mediático, obviamente preparando el camino para sus futuras campañas políticas.

Poco a poco fueron gravando los productos de nuestra canasta familiar a tal punto que comienzan a cerrar comercios pequeños e incluso comienza el cierre de industrias. Miles de trabajadores han perdido sus empleos en la industria privada, algunos hablan de más de 100,000 en los últimos 10 años. De hecho, estos han sido factores influyentes en la merma en las ventas, no solo en todo el año, sino principalmente en las Ventas del Madrugador o Viernes Negro.

Sumémosle a todo eso, los despidos en el gobierno por la Ley 7 aprobada por Luis Fortuño, las enmiendas a las leyes de Retiro de empleados públicos y de los maestros, el aumento al IVU y la Ley 66, aprobada por el hoy gobernador Alejandro García Padilla, entre otras medidas aprobadas por los pasados 15 años que han tenido el efecto de reducirle el salario a los trabajadores.

Mirando cómo ha transcurrido el pasado año, las medidas aprobadas, la reducción en los beneficios a los empleados públicos lo que incide directamente en su salario, podemos casi pronosticar que este año será uno difícil para el comercio.

Aquí no se trata de la renegociación de la deuda, ni del pago a los bonistas, ni ninguna de esas historias gubernamentales que se utilizan para tratar de hacer ver que no hay dinero. De lo que se trata es que el dinero de la canasta básica, el dinero que se utiliza para llevar la familia al cine, o a comer, incluso el dinero del pago de bienes o servicios tenemos que dárselo al gobierno, ya sea en impuestos o en la reducción de salarios de los empleados públicos.

Recordemos que hoy, hay empleados municipales en Yauco, Ponce y Vega Baja (si mi mente no me falla) que están con una jornada reducida a la mitad, lo que a todas luces nos hace pensar lo difícil que se les va a hacer a estos trabajadores pasar las navidades junto a su familia, así como que no podrán «aprovechar» los especiales de ese día.

Tendremos que esperar al próximo 27 de noviembre para conocer cuál será el efecto real de todas estas medidas que he mencionado en las famosas Ventas del Madrugador, también conocido como el Viernes Negro.

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Preretiro de Empleados Públicos: Oferta tentadora o una riesgosa oportunidad de escape

17 noviembre, 2015 7:03 am by Redaccion y comunicados

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

Ya la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico aprobaron el Proyecto de la Cámara 2717 el cual tiene la intención de ofrecerle a los empleados públicos unos «incentivos» para que se acojan a un Programa de Preretiro Voluntario y cuyo fin principal es que los empleados que más salarios reciben en el gobierno por sus años de servicio, salgan del gobierno.

Ya muchos empleados públicos han estado observando con detenimiento este proyecto, por el la promoción que internamente se le ha dado. De hecho, no todos los empleados públicos cualifican para acogerse a este programa. Solo los que empezaron a cotizar para Retiro antes del 1 de abril de 1990 o aquellos que, aunque empezaron a cotizar más tarde, pagaron el retroactivo de las aportaciones hasta una fecha anterior a abril de 1990 y en ambos casos que sean menores de 61 años de edad.

Además tienen que llevar más de 20 años cotizando bajo la estructura de la Ley 447 de los Sistemas de Retiro.

Obviamente el legislador introdujo un leguaje atractivo al empleado, con el fin de lograr que la mayoría, sino todos, se acojan al programa y tener así una reducción sustancial en el pago de nómina.

En la versión de la Cámara, le ofrecen el 60 por ciento de su sueldo de carrera al momento de acogerse al dicha Ley hasta que cumpla 61 años de edad, que este ingreso estará libre de contribuciones. Mientras que el Senado contempla un 60 por ciento a los policías y un 50 por ciento a los empleados públicos.

También se ofrece el pago de liquidaciones de licencias de vacaciones y enfermedad, también exenta del pago de contribuciones. Dos años de aportación patronal al plan médico o lo que indique el convenio colectivo, reglamentos u otros, según sea el caso, el pago del 100 por ciento de aportación a Retiro mientras este bajo esta Ley, así como el pago del 100 por ciento de la aportación al Seguro Social, entre otras misas sueltas.

Suena bien, ¿Verdad? Pues sí, suena muy bien, demasiado bien diría yo. Pero, ¿Está esto garantizado o escrito en piedra como diría Bathia? Pues, yo no soy abogado ni nada que se parezca, por lo tanto no voy a aventurarme a dar una opinión sin fundamento legal, aunque obviamente tengo mi opinión formada.

Sin embargo, tomando en cuenta la situación económica de gran parte de los empleados públicos, que prácticamente vivimos cheque a cheque, quincena a quincena, me preocupa que esta «oferta» que se ha legislado se convierta en una riesgosa oportunidad de escape que lleve al empleado público a una situación precaria situación económica que le traiga consecuencias peores a las que tengan al momento de acogerse a dicho programa.

De hecho, una vez el empleado informa que quiere acogerse a ese «beneficio» no tiene marcha atrás, por lo que es importante que éstos se orienten bien antes de dar el primer paso.

Es usual que en momentos en que se acerca el año electoral, se aprueben ventanas de Retiro para los empleados públicos, aunque en este caso serían las agencias y no Retiro, quienes tendrán la responsabilidad de hacer los pagos.

¿Qué pasaría si a un legislador o gobernador el futuro se le ocurre otra ley para reducir gastos e incluye en la misma eliminar este programa o reducir significativamente los incentivos que le ofrecieron a los empleados públicos? ¿Qué garantía tiene el empleado que los efectos de esta Ley quedarán intactos?

¿Que esconde este proyecto? Estas, y otras preguntas deben hacerla los empleados públicos antes de decir sí, no vaya a ser que los muñequitos cambien a la mitad del camino.

No pretendo ser «ave de mal agüero» ni nada que se parezca, sin embargo como líderes tenemos la responsabilidad de orientar e informar correctamente, tomando en cuenta los aciertos y desaciertos de las propuestas gubernamentales hacia los trabajadores.

Como ésta ley, a pesar que tendría vigencia inmediata, tiene una disposición que dice que una vez se le notifique al empleado de que cualifica, éste tendrá 30 días para decidirse, es importante que cada uno de los que cumplen los requisitos acuda a orientarse bien antes de tomar cualquier determinación. Recuerden que una vez dicen «sí» no hay marcha atrás.

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¿Por qué marcharon la semana pasada?

11 noviembre, 2015 6:50 am by Redaccion y comunicados

Algunos de los participantes de la marcha «Unidos por la Salud» (Facebook).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

El pasado 5 de noviembre miles de personas marcharon desde el Coliseo José Miguel Agrelot hasta el Estadio Hiram Bithorn como método de protesta por los recortes a los fondos de Medicaid, que pretende hacer el Congreso de los Estados Unidos a Puerto Rico.

Distintas organizaciones dijeron presente a este evento en solidaridad con los organizadores.

Universidades privadas, la UPR, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, uniones obreras, la Asociación de Empleados del ELA, distintas personalidades y personas en su carácter personal fueron parte de los que marcharon exigiendo paridad en los fondos de salud, que se le asignan al país.

Sin embargo, la pregunta obligada es ¿Por qué marcharon?

Tal vez si le preguntamos a cada uno, las respuestas serán distintas. Algunos de los que llamamos parte del pueblo, dirán que están allí por la salud del pueblo o por más fondos para la salud. Otros, como la Asociación de Hospitales, planes médicos y médicos, dirán que están allí para evitar que le recorten el dinero destinado a dar servicios de salud en Puerto Rico, aunque lógicamente ellos generarían menos ganancias, si se produce el recorte. Y en el caso de los beneficiarios de la Reforma de Salud, dirán que están allí para que no le corten beneficios de la Reforma; o, incluso, dirán algunos, para que no le quiten la tarjeta del plan.

Con esto no pretendo criticar las razones que hayan tenido unos u otros, sino simplemente establecer que la Salud se ha vuelto un negocio bastante lucrativo para unos sectores del país, y de difícil acceso para otros. De hecho, aún con los planes médicos es difícil poder costear ciertos servicios médicos.

Los recortes anunciados para el Medicaid en Puerto Rico suman aproximadamente 3,000 millones de dólares, lo que obviamente es un golpe duro para los servicios de salud en el país. Tal vez podamos imaginar cuánto dinero realmente le es asignado en cuanto a Salud se refiere.

Pero, ¿Qué se ha hecho en Puerto Rico con tanto dinero? ¿Cómo es posible que la Reforma de Salud tenga tantos problemas económicos, con la gran cantidad de dinero que se le asigna tanto federal como estatal?

Ya es hora de que los puertorriqueños comencemos a cuestionar a dónde va a parar el dinero que pagamos en contribuciones, así como los fondos federales.

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Iván comenta: «Por la libre» la propuesta Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica

27 octubre, 2015 5:44 am by Redaccion y comunicados

La Fortaleza (Archivo).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

La tan mencionada crisis fiscal que supuestamente atraviesa el Gobierno de Puerto Rico ha provocado, que tanto la Legislatura como el Ejecutivo promuevan proyectos para tratar de llegar más fondos, así como mejorar la eficiencia gubernamental. Estos proyectos van desde aumentar los impuestos existentes, implementar nuevos, reducir puestos de confianza y reducir y hasta eliminar derechos laborales.

Nada de las medidas aprobadas, han dado resultado. Peor aún, al aumentar e implementar nuevos impuestos, provocan que el ciudadano sea más comedido en el gasto personal. Reducen las compras personales a únicamente lo necesario, evitan salidas familiares para evitar gastos, etc. También la reducción de beneficios a los trabajadores, además de tener un impacto importante en las finanzas personales de cada trabajador, también provoca que el comercio se afecte. De hecho, ya hay comerciantes preocupados por los anuncios hechos por el gobierno de no dar bono de Navidad a los empleados.

No conforme con esto, ahora proponen la creación de una junta, a la que le llaman Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica, para que toda decisión gubernamental sea tomada a través de dicha Junta. O sea, tendríamos un gobernador de papel, porque todo lo que haya que hacer tendría que ser aprobado por ésta. Esto, obviamente representa entregar los poderes constitucionales a un grupo, que a su vez es nombrado por el propio gobernante. Pero esto, por el momento no es el tema hoy.

Resulta que los miembros de dicha Junta, según propone el proyecto, no estarían regulados por nadie. Ni la Oficina de Ética Gubernamental, ni el Contralor, ni ningún otro organismo gubernamental. Esto quiere decir que tendrían inmunidad para hacer lo que quieran sin que sus actos tengan consecuencias.

Ya puedo imaginarme la contratación en el gobierno, de familiares de los que integran la misma, me puedo imaginar la persecución por razones políticas por parte de la junta hacia funcionarios del gobierno, imagino el enriquecimiento de algunos miembros y así por el estilo. Podrán violar leyes del estado sin que nadie, pero nadie pueda hacer nada al respecto. Esto, obviamente si la Legislatura no toma acción sobre el asunto.

Pero la simple propuesta de un organismo como este, es un reconocimiento oficial de que no saben un divino que es lo que tienen que hacer en el gobierno. Esto es poner varias personas nombradas por el gobernador, con unos sueldos más altos que el del propio primer ejecutivo del país ya que el presupuesto dispuesto para operar mensualmente, es de un millón de dólares mensuales. Para completar, esta junta será creada para que trascienda el cuatrienio, lo que significa que, aún si pierden las elecciones, continuaran en el poder a través de la misma.

Pero aún con este detalle de ser una Junta extra cuatrienio, no he visto una oposición activa de los miembros de los partidos de minoría. Soy de los que está en contra de la entrega de derechos constitucionales, ya sea por parte de individuos como también los derechos del propio gobierno. Por eso, no puedo quedarme callado ante tan importante asunto.

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