Senador PNP por Mayagüez-Aguadilla radicará resolución para investigar gastos de la Junta de Control Fiscal

Senador Luis Daniel Muñiz Cortés (Archivo).

Senador Luis Daniel Muñiz Cortés (Archivo).

AGUADILLA: El senador Luis Daniel Muñiz (PNP/Mayagüez-Aguadilla) anunció el martes la radicación de una resolución para investigar lo que consideró como “gastos y contratos extravagantes” de la Junta de Supervisión Fiscal federal (JSF), creada bajo la Ley PROMESA.

La intención del senador Muñiz se produce tras conocerse la contratación de la exministra de Finanzas de Ucrania, Natalie Jaresko, como directora ejecutiva del ente federal con un salario de $625 mil anual, sin contar otros beneficios marginales, pagados con fondos del Gobierno de Puerto Rico.

El senador Muñiz afirmó que por tratarse se fondos públicos estatales, la Legislatura tiene jurisdicción para investigar cómo se están usando por la Junta.

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Muñiz dijo que con la investigación buscan establecer que “la ley entra por la casa” y si la Junta exige control en asuntos fiscales de la isla, también tiene que asumir su responsabilidad.   Añadió, que llegará hasta el Congreso de Estados Unidos, si es necesario, para que también investigue el asunto.

“Los gastos de esa junta salen del dinero que usted y yo le pagamos al erario”, dijo el senador Muñiz al indicarle a los colegas de Foro Noticioso que los gastos en los que ha incurrido la JSF están totalmente “fuera de lugar”.

“Si estamos buscando economías y establecer unos controles, pues mire, la ley entra por la casa, y yo entiendo que ellos son los primeros que tienen que establecer los controles si pretenden supervisar las finanzas de nuestro pueblo”, expresó.

La Junta de Control Fiscal… ¡Llegó el Cuco!

Los miembros de la Junta de Control Fiscal.

Los miembros de la Junta de Control Fiscal.

Por: Iván Vargas Muñiz, presidente del Capítulo de Mayagüez de la UIA-AAA

Desde que se comenzó a hablar de establecer una Junta para controlar los gastos del Gobierno, distintos conocedores de estos temas y líderes obreros, comenzamos a expresar nuestra oposición, porque estábamos conscientes de que la misma sería únicamente con la intención de cobrar la deuda con los bonistas y no aportaría en nada a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Conocíamos de lo ocurrido en ciudades como Detroit, donde el establecimiento de una Junta idéntica a la que se estaba mencionando para Puerto Rico, fue detrimental para los ciudadanos de dicha ciudad.

Allí, las decisiones tomadas por dicha Junta, provocaron una gran emigración de ciudadanos a otras ciudades y estados de la Nación Americana. De hecho, una de las decisiones que se tomaron en la ciudad provocó la contaminación con plomo del agua potable, al decidir cambiar la fuente de abasto que utilizaba la Planta de Filtración de Agua de la ciudad.

En aquellos momentos, sectores políticos y hasta algunos de esos que dicen ser economistas, promovían que en Puerto Rico se estableciera una Junta de Control Fiscal, como la que tenemos hoy. Las voces de los que nos oponíamos y de los que la respaldaban sonaban día a día en distintos medios de comunicación y a través de las redes sociales.

Recuerdo que los argumentos para justificar la imposición de dicha Junta de muchos era que meterían preso a los políticos que nos trajeron a esta crisis, y que se le pondría fin a los contratos de los amigos y allegados.

Los que nos oponíamos, siempre hablamos de que un ente fiscal como el que se pretendía establecer por el Congreso, nos traería una difícil situación económica, no solo para el Gobierno, sino que los trabajadores sufriríamos los peores embates de las medidas que se implementen producto de la imposición de dicha Junta.

Y llegó el Cuco… El pasado miércoles, 8 de marzo, luego de que el Gobierno presentara un plan fiscal, dentro del cual contenía medidas detrimentales para el pueblo, como la retasación de la propiedad, la reducción de entre un 6 por ciento y un 24 por ciento de las pensiones, el aumento en marbetes, ACAA y otros, la Junta saca una supuesta recomendación de reducir la jornada laboral a todos los empleados públicos. Al día siguiente sale a la luz pública otra serie de recomendaciones de recortes a Reforma de Salud, a la UPR, la consolidación de agencias y la reducción millonaria en el “gasto” de nómina del Gobierno.

Es importante señalar que Puerto Rico fue excluido de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su propuesta para Salud, lo que pone en riesgo cerca de $1,200 millones de los fondos federales destinados a la Reforma de Salud. Además, la Junta exige un recorte adicional en el gasto de salud, que pudiera provocar, ambos recortes, que entre 600 mil a 1 millón de beneficiarios de Reforma de Salud pierdan dicho beneficio y los que queden en el plan, puede que vean la imposición de deducibles o la eliminación de algunos de los beneficios que hoy están cubiertos por el plan de salud del Gobierno.

Esta situación nada más, por sí sola, puede generar una grave crisis humanitaria en el país. Pero si a eso le sumamos todas las propuestas hechas entre la Junta y el propio Gobierno, la situación se puede tornar caótica.

Ante todo esto, este pueblo no puede quedarse sentado a esperar que va a pasar, ni tampoco debe tomar un pasaje para salir del país como escape de la grave situación que vamos a enfrentar. El pueblo tiene que empezar a indignarse.

Pero no es a través de las redes sociales, ni llamando a los programas de radio, ni siquiera escribiendo a los periódicos, que debemos expresar nuestra indignación. Esos pueden ser unos mecanismos de desahogo o de expresar frustración y de hacer llamados al pueblo. Sin embargo, este pueblo tiene que comenzar a salir a la calle a levantar su voz.

Históricamente son los sindicatos y los trabajadores los que se expresan mediante la protesta en la calle, sin embargo el momento que nos ocupa, no solamente va a afectar a los trabajadores del sector público, o a los trabajadores del sector privado, o tal vez a los pensionados, o quién sabe si únicamente a los que tienen Reforma. Esto, señoras y señores, nos va a afectar a todos los sectores del país.

Si no actuamos hoy contra esta Junta, si dejamos que esta Junta de buscones nos quite lo que nos corresponde para pagar una deuda que ni tú ni yo cogimos, mañana, el país que le vamos a entregar a nuestros hijos, será un país destrozado como lo está la ciudad Detroit.

No podemos quedarnos cruzados de brazos; tenemos que salir a la calle a protestar, llevar el mensaje a los foros internacionales del caos que vamos a vivir con las medidas que está recomendando la Junta y que desde el lunes próximo, serán impuestas por ellos. No podemos permitir que nos quiten, que nos arrebaten de las manos este país que tanto queremos.

¡Salgamos a Luchar!

Desmoralizados y engañados los servidores públicos… ¿Será este el ROBO DEL SIGLO?

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Por: Francisco “Paco” Aquino

Las vistas de transición han sido cruciales en destapar toda aquella información relacionada a los servidores públicos. Las siguientes líneas relatan un extracto de lo sucedido en las vistas.

Según la información obtenida, nuestro sistema se encuentra descapitalizado, producto del abuso y el incumplimiento. Este un problema viejo seriamente agravado por esta administración saliente.

El Sistema de Retiro pierde activos por $600 a 700 millones actualmente. Según Pedro Ortiz Cortés, administrador del Sistema de Retiro, al sistema le quedan activos para pagar las pensiones hasta el 2018. Al momento de la transición, hay $600 millones depositados en banca privada (Oriental y Banco Popular) y hay unos $32 millones en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Sumando todos los activos líquidos son $1,288 millones.

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El pago total de las pensiones esta entre $115 y 117 millones para un promedio de 120,000 pensionados aproximadamente.

Pese a los graves problemas que confronta Retiro, existen 630 empleados que se han acogido al beneficio conocido como Programa de Preretiro Voluntario (Ley 211 de 2015), de estos empleados entrar al sistema se agravaría aún más la crisis ya que existe un déficit estructural de $73 millones mensuales. Actualmente se encuentran en espera de OGP.

El sistema de pre-retiro permite al empleado retirarse antes de culminar el máximo sus años de servicios, no obstante las agencias deben seguir aportando al sistema mensualmente. Según el periódico El Vocero, inicialmente había un promedio de 16,500 empleados que cualificaban para el programa. Aunque es ley todo dependerá de la salud fiscal de cada agencia y su plan de economía. Otro factor es que no se había considerado la entrada de la Junta de Control Fiscal (JCF), que tiene un poder básicamente absoluto.

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Según transcurrió el proceso de transición, el Administrador de Retiro ha sido reacio y poco colaborador al contestar preguntas.

Sí el Sistema de Retiro general de los empleados públicos tiene serios problemas, el Retiro de Maestros está peor. Según la Administradora de este segundo sistema, se encuentra en estado CRÍTICO, ya que se especula que ya para el próximo año no habrá cartera de líquidos, y para el 2019 colapsará.

Aquí hay que señalar que durante la administración del exgobernador Fortuño se forjo un plan de rescate para ambos sistemas que incluían una aportación adicional de las agencias públicas, el sistema funcionó hasta principios de esta administración. Posteriormente las agencias han continuado emitiendo sus pagos y Departamento de Hacienda no ha realizado la remesa al Sistema de Retiro.

El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, ha sido irresponsable en el descargo de sus funciones, tomando el dinero para resolver otros asuntos y no haciéndolo llegar donde hace falta. Al momento se entiende que no han llegado a las arcas de Retiro unos $400 millones. Fue confirmado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que el dinero sale de las agencias y no llega a su destino.

El Sistema de Retiro de los servidores públicos ha sufrido una infinidad de cambios. Cada vez guardan menos beneficios, cada cambio ha sido un retroceso en derechos y beneficios, y la situación es tan crítica que los empleados ya no pueden hacer préstamo de ningún tipo al sistema. OGP dice que el Sistema de Retiro está en negativo.

Para concluir, sólo les digo que una nación solo cae o se derrumba cuando es traicionada desde sus entrañas. Algunos líderes de este gobierno saliente, que ustedes conocerán, dejaron de pagar a los proveedores, acreedores y sacrificó el Retiro de los Empleados Públicos, mis compañeros están cada vez más sacrificados con peores condiciones de empleo y sin futuro garantizado.

Cuando Roma cayó no fue por su gobierno que era gigantesco sino por el impago a sus acreedores hasta su propio ejército. Aquí hay municipios con atrasos en sus nóminas.

Esta administración falló crasamente en proteger su pueblo del enemigo interno, del busconeo y la ventajearía, fueron lenientes y algunos quizás conspiradores con los que buscaban enriquecerse. Para algunos el gobierno sigue siendo el mejor negocio del mundo, sino me creen pregúntenle a Anaudi y su libreta de anotaciones que ya tiene algunos tras las rejas y se ha llevado enredado hasta senadores.

Para todos los efectos traicionaron la Patria, esa que tanto pregonaban.

Entiendo los Federales encausarán probablemente más personas próximamente. Desde el punto de vista legal, es lo justo o lo esperado; pero desde el punto de vista social es injusto. La cárcel no devuelve al pueblo lo robado o mal habido. Eso será pérdida irreparable para el pueblo.

El caso de Flint en Detroit y Puerto Rico… ¿Puede pasar algo similar?

Ejemplo del agua que se dijo era "apta para consumo humano" (Marla Wilson/Twitter).

Ejemplo del agua que se dijo era “apta para consumo humano” (Marla Wilson/Twitter).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y presidente electo del Capítulo de Mayagüez de la UIA-AAA

La ciudad de Flint, Michigan, utilizaba como fuente de abasto de agua para su planta purificadora el Lago Hurón de Detroit, a quienes se les compraba el agua que utilizaba la empresa procesadora de agua. A principios de 2014, como una medida para reducir gastos debido a una situación económica difícil que atravesaban,  decidieron cambiar su fuente de abasto al rio Flint. Además, decidieron dejar de utilizar un producto químico que evitaba que el agua fuera corrosiva, llamado ortofosfato.

Los datos apuntan a que el agua del rio Flint es mucho más corrosiva que el lago Hurón. El ortofosfato era utilizado en el agua que provenía del lago para eliminar la corrosividad del agua. Sin embargo, en el agua del rio Flint, aunque es mucho más corrosiva, se dejó de utilizar para generar economías adicionales. Esto causó una gran contaminación con plomo y cobre del agua potable. Al utilizar agua tan corrosiva, la tubería que discurre por la ciudad comenzar a corroerse internamente y a remover todo el plomo y el cobre que contenía. El agua contaminada comenzó a llegar a las residencias de la ciudad provocando que los niveles de plomo y cobre en la sangre de los habitantes aumentaran a niveles mucho más altos que los permitidos. Incluso, el agua comenzó a llegar color marrón claro y los residentes comenzaron a quejarse. En fin, se detectó una alta contaminación con plomo y cobre y decidieron regresar al abasto original, aunque ya el daño estaba hecho.

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En Puerto Rico, a pesar que no ha habido una contaminación como la ocurrida en Flint, la decisión de una empresa privatizadora de reducir gastos provocó la demanda federal que aun hoy enfrenta la Autoridad de Acueductos.

La compañía Ondeo de Puerto Rico, una de las tres privatizadoras que hubo en la Autoridad de Acueductos, decidió cambiar los productos químicos que se utilizaban para tratar el agua que llega de los ríos y lagos. En cambio, estos comenzaron a utilizar su propia marca Ondeo Nalco, para generar unos ahorros. Esto a pesar que los propios operadores tenían quejas del producto.

Los niveles de turbidez en el agua comenzaban a ser más altos, a pesar de que los operadores hacían todo su esfuerzo por evitarlo. Personal del Departamento de Salud de Puerto Rico intervino en muchas ocasiones con los directivos para paralizar plantas que no cumplían con los parámetros de operación. Sin embargo, a pesar que existe una demanda-acuerdo en el foro federal, no estamos exentos que algo parecido vuelva a pasar. De hecho me preocupa, tomando en cuenta el poder casi absoluto que tiene la Junta de Control Fiscal nombrada para Puerto Rico, muy bien pudieran ordenar una reducción significativa en los gastos de la Autoridad de Acueductos.

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Una decisión de recorte de gastos en Acueductos, obviamente puede provocar que se utilicen productos químicos de mucha menor calidad a los que hoy utilizamos. Incluso, a pesar de que la mayoría de los abastos del país no son corrosivos, un cambio en dichos productos pudiera provocar que el nuevo producto a utilizarse sí provoque la corrosión en el agua. Peor aún, la utilización de un producto químico como polímero, por ejemplo, de baja calidad puede generar otros problemas de salud tal vez de la misma magnitud que una contaminación con plomo.

Los polímeros utilizados actualmente se utilizan para remover sólidos suspendidos a la vez que remueve algunos contaminantes presentes en el agua. En algunas plantas se utilizan más de uno de estos polímeros para lograr una mejor calidad de agua. Hay polímeros primarios que se utilizan para generar lo que se conoce como flóculo, que es cuando el color que trae el agua se separa de la misma y se convierte en algo parecido a un grano, así como polímeros secundarios que su función es darle peso a esos flóculos, para precipitarlos rápidamente.

Aunque pudiéramos decir que es especulativo que algo como lo que está ocurriendo en Flint pase en Puerto Rico, lo cierto es que nos preocupa que una decisión de economías impulsada por la Junta, provoque algo como eso.

De hecho, expertos en el tema como el planificador José “Tato” Rivera Santana, han expresado en los foros a los que he asistido esta misma preocupación, por lo que el país debe estar alerta.

La Junta se apodera de los ingresos del Gobierno

Los miembros de la Junta de Control Fiscal.

Los miembros de la Junta de Control Fiscal.

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

La primera reunión de la Junta de Control Fiscal, además de escoger a su presidente, tuvo el efecto de tomar el control de 21 corporaciones públicas. En dicha reunión no se tocó el tema de la paralización de las demandas al gobierno que están en el Tribunal Federal, ni de cómo se va a reestructurar la deuda, ni siquiera como se va a mejorar la situación económica del país.

Aunque de las 21 corporaciones públicas que están ahora bajo el control de la Junta, hay algunas que están en una difícil situación económica, no cabe duda que todas generan, de una u otra manera, ingresos sustanciales al gobierno de Puerto Rico.

Son miles de millones de dólares que entran al gobierno de Puerto Rico a través de estas corporaciones públicas, así como a través de otras agencias del gobierno, que obviamente la Junta estará mirando la forma de apoderarse de todos.

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Esto tiene implicaciones serias en los servicios básicos que se ofrecen al país, como en el caso del servicio eléctrico y de agua. El apoderamiento de los ingresos de estas corporaciones públicas, por parte de la Junta, solo tendrá el efecto de lograr que se le pague la deuda a los bonistas, pero dejará desprovista a éstas, del dinero que necesitan para darle mantenimiento a las instalaciones de agua y luz, así como lo que concierne a carreteras, servicios a los lesionados por accidentes laborales, entre otros.

De hecho, tanto el apagón en las pasadas semanas, como la información que sale hoy (martes) sobre la Autoridad de Acueductos donde el director ejecutivo está admitiendo que no tiene dinero para darle mantenimiento, y peor aún para resolver los problemas de las plantas, nos debe poner en perspectiva de lo sería que se va a tornar, para las corporaciones públicas, la falta de dinero a causa del apoderamiento que hizo la Junta, de las 21 corporaciones públicas anunciadas la pasada semana.

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Es lógico pensar que además de pagar la deuda, también vienen a convertir al país en un súper pulguero. Sí, así como lo lee. Esta junta tiene un poder absoluto para hacer casi lo que quieran.  La propia ley les faculta para disponer de propiedades del Estado. Obviamente, cuando se habla de propiedades no distingue si son propiedad mueble, agencias o corporaciones, lo que nos hace suponer que vienen tras la que generan ingresos sustanciales.

¿Que ya el pueblo piensa que la privatización será la salvación? Pues sí. Sin embargo, el pueblo debe saber que quienes vengan a administrar o a comprar alguna de estas propiedades, no viene con ánimos de brindar servicios al pueblo, sino que su único fin será generar riquezas.

Ya Acueductos pasó por varios procesos de privatización, los cuales provocaron que la Autoridad fuera multada por el Departamento de Salud y sometida a un pleito judicial que culminó con un “mea culpa” y acuerdos de mejoras capitales a sus instalaciones.

Vendrán tiempos difíciles y lamentablemente los que sufriremos los embates de esta Junta seremos el pueblo, mientras los políticos que nos llevaron a esta crisis, seguirán dándose la buena vida y cobrando jugosos salarios.

Piquete el lunes contra la Junta de Control Fiscal frente a Homeland Security en la Base Ramey

Junta de Control Fiscal

AGUADILLA: El comité del Oeste del Partido del Pueblo Trabajador adelantó que este próximo lunes, 5 de septiembre, a partir de las 10:00 de la mañana, el grupo Puerto Rico contra la Junta, convoca un piquete frente a las instalaciones del Homeland Security en la antigua Base Ramey de Aguadilla, para protestar contra la Junta de Control Fiscal y sus recién designados miembros.

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En un comunicado circulado el viernes, se dijo que la actividad, “que viene precedida por el boicot al 1st PROMESA Conference, en días pasados en el Condado, es una de las muchas manifestaciones convocadas en todo el país por sindicatos, partidos políticos y colectivos estudiantiles y sociales para ofrecer resistencia y desobediencia civil a la Junta de Control Fiscal”.

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Convocan el piquete el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y la Hermandad de Empleados No Docentes (HEEND), entre otras que conforman la llamada Concertación Puertorriqueña Contra la Junta de Control Fiscal Federal.

Durante los pasados días se efectuaron protestas frente a las instalaciones del Grupo Ferré Rangel, sede de los periódicos El Nuevo Día, Primera Hora e Índice; y frente al Hotel Condado Plaza. En ambos eventos se produjeron disturbios en la calle.

La columna de Iván: ¿Quiénes ganan con la crisis que nos afecta?

Richard Carrión, presidente del Banco Popular de Puerto Rico (Archivo).

Richard Carrión, presidente del Banco Popular de Puerto Rico (Archivo).

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

Puerto Rico se encuentra sumergido en una estrecha situación económica, provocada principalmente por las malas decisiones gubernamentales de los partidos que nos han gobernado. Aumentos en quiebras, cierre de negocios y el éxodo de personas hacia los Estados Unidos, son muestras suficientes de que las cosas no andan bien.

Pero al parecer, esta crisis no se debe a una reducción en los ingresos del gobierno, sino en un exceso en los egresos. Hoy, por ejemplo, sale publicado que el Departamento de Hacienda recibió ingresos mayores a los del pasado año contributivo. Esto, en momentos de crisis, es casi imposible de creer.

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El pasado 26 de julio de este año salió publicada una entrevista en un periódico de circulación nacional, al principal oficial ejecutivo del Banco Popular, Richard Carrión, la que ha pasado totalmente desapercibido para la mayoría del pueblo, especialmente para la clase trabajadora. En la misma asegura, que la llegada de la Junta de Control Fiscal afectará negativamente la economía y provocará una reducción en el gasto público del gobierno. Sin embargo, justifica la misma al decir que será necesario para consolidar las finanzas públicas.

Para Carrión es muy fácil hacer declaraciones en aprobación de una junta de control fiscal porque el banco que dirige se ha estado beneficiando sustancialmente, por años, de las malas decisiones gubernamentales. Tanto es así, que incluso fue designado por la pasada administración para un comité el cual tuvo la encomienda de despedir empleados públicos, sin tomar en cuenta las consecuencias adversas a la economía.

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Pero en fecha más cercana, el Banco Popular se ha beneficiado de la actual crisis, según datos reseñados por el periodista que realizó dicha entrevista. Ingresos netos de $91 millones en el segundo trimestre de este año. En ese mismo periodo, el Gobierno de Puerto Rico retiro sus fondos corrientes del Banco Gubernamental de Fomento y los depositó en cuentas del Popular por $1,000 millones de las cuentas de Hacienda, así como de otras agencias lo que impulsó que en total, Popular obtuviera $1,300 millones en depósitos ese segundo trimestre.

La llamada Junta de Control Fiscal traerá un clima de incertidumbre, despidos de empleados públicos y de la empresa privada como efecto dominó, incluyendo el cierre de sucursales bancarias de este país. Sin embargo, tal parece que eso a él ni siquiera le preocupa. Los beneficios que ha recibido a través del Banco son lo suficiente para poder tomar decisiones como sería el cierre de sucursales,  algo que según se comenta, ya Carrión le adelantó a sus empleados.

Este señor ha sido siempre un ave de mal agüero para la clase trabajadora de este país, tanto del sector público como del sector privado. Sus propuestas van dirigidas únicamente a que los que más tienen sean los más beneficiados y eso obviamente lo incluye a él. Así lo demostró cuando fue el propulsor de la venta de la telefónica de la cual se benefició con cerca del 5 por ciento de las acciones, alegando que era para que se mantuviera una parte en manos puertorriqueñas, pero más tarde las vendió y a buen precio.

Así mismo se benefició con la pasada administración y ahora con la presente al recibir una cantidad sustancial en depósitos del gobierno.

Guillito pide Asamblea de Estatus y dice que el Congreso “ejerció su facultad” al aprobar la Junta de Control Fiscal

José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez (Suministrada).

José Guillermo Rodríguez, alcalde de Mayagüez (Suministrada).

MAYAGÜEZ: El alcalde de la Sultana del Oeste, José Guillermo Rodríguez, le recomendó el viernes al liderato del Partido Popular Democrático (PPD), que apruebe la Asamblea Constitucional de Estatus, y “asuma la ofensiva correspondiente para que el país se una en un reclamó conjunto para la solución final del estatus político de Puerto Rico”.

La reacción del alcalde Rodríguez se produjo luego de la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Pueblo versus Sánchez Valle, en el que no se reconoce la soberanía del Estado Libre Asociado (ELA).

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El incumbente popular mayagüezano recordó que la Asamblea Constitucional de Estatus está en el programa del Gobierno del PPD, aparte de que, según indicó, “es una promesa de campaña de la administración nuestra”.

“La recomendación que le hago al partido, es que es el momento de aprobar la Asamblea Constitucional de Estatus y coger la ofensiva del proceso correspondiente para que el pueblo pueda unirse en un plan conjunto de reclamo a la solución final del estatus”, dijo Rodríguez al asegurar que es el momento preciso para que finalmente se apruebe eso como una reacción del pueblo de que quiere que la situación que plantea la rama judicial federal en el caso Sánchez Valle y en el proyecto PROMESA, por parte del Congreso, se aclare ante el mundo.

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Por otro lado, el alcalde Rodríguez reaccionó a la aprobación de la Junta de Control Fiscal contenida en el proyecto PROMESA aprobado el jueves en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, indicando que “es lamentable reconocer que ellos han ejercido su facultad y sus prerrogativas que entiendo están totalmente de espalda a lo que es la historia y a lo que fue el proceso legislativo; cuando se aprobó la Ley 600 (que dio origen al ELA), faltaron algunas enmiendas que pudieron haber evitado todos estos problemas que estamos confrontando en este momento”.

Rodríguez, quien busca un séptimo término frente a la Administración Municipal de Mayagüez, dijo que a pesar de los organismos fiscalizadores que hay en el país, como la Oficina del Contralor, “hay unas irresponsabilidades, hay malversación de fondos y hay impunidad de gente que no hizo las cosas como debía hacer y andan por ahí campeando por su respeto, riéndosele en la cara a la gente, porque lo que hicieron no tuvo consecuencias”.

“La intervención del Gobierno federal es lamentable, nos tiene que preocupar en la dignidad como pueblo, pero es una realidad con la que tenemos que bregar”, apuntó.

Bernie Sanders: La esperanza en contra de la Junta de Control Fiscal

El aspirante demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, senador Bernie Sanders, durante su reciente visita a Puerto Rico.

El aspirante demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, senador Bernie Sanders, durante su reciente visita a Puerto Rico.

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste del país y miembro de la UIA-AAA

Recientemente se aprobó con el voto del Comisionado Residente de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, el proyecto que crea una junta de control fiscal para Puerto Rico. Este proyecto de ser finalmente aprobado por ambos cuerpos legislativos, le impondría a Puerto Rico un estricto plan de austeridad que lo obligaría a despedir miles de empleados públicos, privatizar agencias y corporaciones públicas y a reducir las pensiones.

Como consecuencia de dicha aprobación, son muchos los sectores que se han ido expresando en contra de dicha Junta. Sectores que en un momento dado se habían expresado a favor, han cambiado su pensar luego de la aprobación de dicho proyecto. Políticos, sindicalistas, economistas serios, la diáspora y hasta uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos.

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El actual senador Demócrata Bernie Sanders ha sido muy claro en su oposición a este proyecto. Tanto es así, que el pasado 23 de mayo, el senador Sanders les envió una misiva a todos los senadores de su partido, explicando detalladamente la situación del país y pidiéndole que le voten en contra al mismo y que trabajen junto a él en una nueva legislación sobre el país.

Tanto Hillary Clinton como Donald Trump han sido enfáticos en aprobar esta Junta para el país. En el caso de Clinton, ese respaldo a la Junta, ya le ha costado el retiro de algunos de sus seguidores del país y una petición formal de una de las uniones obreras más influyentes en los Estados Unidos, la AFLCIO, exigiéndole que se retracte de respaldar dicha Junta.

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Este servidor no vota en las llamadas primarias Demócratas, sin embargo me parece que el momento histórico que vivimos, tenemos que ver las mismas como una gran herramienta, no solo en contra de la Junta, sino en favor de conseguir medidas de desarrollo económico para la isla, así como una verdadera solución definitiva al estatus de nuestro país.

Es muy probable que no volvamos a tener una gran oportunidad como la que hoy se nos presenta, para resolver el problema del estatus, ya que el senador Sanders, a pesar que no ha dicho que respalda una alternativa para la isla, si ha dicho, que lo que decidamos nosotros, él lo va a impulsar de salir electo.

No desaprovechemos esta gran oportunidad y salgamos a respaldar a Bernie Sanders para la presidencia de los Estados Unidos.

La columna de Iván: ¿Quién ganó el debate del domingo? La privatización, despido de empleados y la Junta de Control Fiscal

El doctor Ricardo Rosselló y el licenciado Pedro Pierluisi.

El doctor Ricardo Rosselló y el licenciado Pedro Pierluisi.

 

Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

El pasado domingo se llevó a cabo un debate entre los aspirantes a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, el licenciado Pedro Pierluisi  y el doctor Ricardo Rosselló. En el mismo, los seguidores de dicho partido y los que no son seguidores pero están mirando las propuestas de los candidatos para tomar una decisión, se quedaron esperando propuestas serias para paliar la crisis económica.

Ambos, Pierluisi y Rosselló, plantearon impulsar algún mecanismo para traer la estadidad para la isla, como su propuesta más importante para resolver la situación.  En este debate, no vimos que se desarrollaran medidas de desarrollo económico que tuvieran un efecto inmediato en la economía y la creación de empleos.

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La propuesta del doctor Rosselló se basa en eliminar o consolidar el 70 por ciento de las agencias y corporaciones públicas, como una medida para, supuestamente, reducir el gasto en el gobierno. Propone además Rosselló, traspasar a la empresa privada, a instituciones sin fines de lucro y a los municipios servicios que hoy se ofrece en el gobierno.  También habla de que el gobierno sea empleador único y que se readiestre el personal, para utilizarlo en donde sean necesarios, según él ha dicho.

En términos similares se ha expresado Pierluisi en lo referente a reducir el gobierno y crear alianzas público privadas como mecanismo de reducción de gastos. Ambos candidatos, sin embargo, han sido claros en respaldar la Junta de Control Fiscal y en el caso de Rosselló, ha sido enfático en que la deuda es pagable, lo que lo coloca en la defensa de los bonistas que le llaman buitres.

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En primer lugar, la propuesta de reducir el 70 por ciento de las agencias del gobierno traerá consigo una ola de despidos que pudiera alcanzar los 40 o 50 mil empleados públicos. Aunque él ha dicho que no va a despedir empleados públicos, lo cierto es que con esa propuesta, no se sostiene dicha promesa que es idéntica a la hecha por Luis Fortuño y todos sabemos lo que sucedió.

El traspaso de servicios o agencias al sector privado, o a instituciones sin fines de lucro o incluso hasta los municipios, no tiene una base fundamentada acerca del mejor funcionamiento de dichos servicios y puede traer consigo un incremento en los costos para el ciudadano, de dichos servicios.

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Por otro lado, ambos aspirantes se dedicaron a tratar de manchar la imagen de su contrincante, algo que uno lo puede esperar de candidatos de partidos opositores, pero no de aspirantes de un mismo partido político. El doctor Rosselló por ejemplo, intentó minar la credibilidad del licenciado Pierluisi al cuestionar sobre los resultados que ha obtenido en el Congreso durante sus años como Comisionado Residente y Pierluisi atacó la experiencia al decirle que en el caso de Rosselló, no puede ni siquiera cuestionar los resultados, queriendo decir que no tiene experiencia.

De este debate, lo que sí es seguro es que quien único ganó fue la privatización promovida por ambos, el despido de empleados que será consecuencia directa de la privatización y el traspaso de agencias al sector privado y la propuesta Junta Federal, porque ambos candidatos la respaldan.