DACO alerta sobre esquema de fraude en mensajes de texto de AutoExpreso

SAN JUAN: El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) informó sobre un nuevo esquema de fraude involucrando el envío de mensajes de textos en cadena en los cuales alegan que el consumidor posee una deuda con el sistema de AutoExpreso.

El equipo de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor identificó una modalidad de fraude.

El fraude consiste en el envió de un mensaje de texto indicando que se registró un “peaje pendiente de pago asociado a su vehículo en el sistema AutoExpreso”, en un intento de llamar la atención del consumidor para que luego pulse un enlace que es usado por estos elementos criminales para hurtar la data del dispositivo.

Como parte del esquema, otra parte del mensaje de texto indica que “para evitar cargos adicionales o posibles restricciones, le exhortamos a realizar el pago de forma segura en línea a través de nuestro portal oficial”, para intentar brindar una falsa seguridad al consumidor.

La agencia hizo un llamado a los consumidores que hubiesen recibido este mensaje a no pulsar el enlace que envían. La trampa busca el hurto de información personal, incluyendo datos del Seguro Social y cuentas bancarias.

De recibir el mensaje que acompaña esta nota, los ciudadanos pueden comunicarse con el DACO a través las páginas oficiales en las redes sociales de Facebook, Instagram y/o ‘X’ (DACO a tu favor), al igual que el portal oficial en la Internet: www.daco.pr.gov.

Fundan “Alianza por la Erradicación de la Violencia y Promoción de la Equidad” en el Oeste

MAYAGÜEZ: Ante la urgente necesidad de articular esfuerzos coordinados que enfrenten de manera integral la crisis de violencia en la zona, diversas organizaciones sin fines de lucro, académicas, municipios, colectivos comunitarios y profesionales de la salud y el derecho anuncian hoy la creación de la Alianza por la Erradicación de la Violencia y Promoción de la Equidad en la Región Oeste.

Esta iniciativa es impulsada por la Junta Asesora del programa SIEMPREVIVAS de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez.

Esta coalición nace como una respuesta estratégica y multisectorial para fortalecer la red de apoyo a sobrevivientes de violencia de género, violencia doméstica y agresión sexual en los municipios que componen las regiones portuaria y montañosa del oeste de la isla grande.

Esta se compone de los pueblos de Aguada, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo, Camuy, Guánica, Hormigueros, Isabela, Lajas, Mayagüez, Maricao, Moca, Quebradillas, Rincón, Sabana Grande, San Germán, San Sebastián, Las Marías, Yauco y Lares. La Alianza busca no solo optimizar la respuesta ante emergencias, sino también incidir en la prevención y la educación a largo plazo.

“La creación de esta Alianza marca un hito en nuestra región. Reconocemos que para erradicar la violencia no basta con esfuerzos aislados; necesitamos una red sólida que comparta recursos, conocimientos y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de proteger a nuestras comunidades más vulneradas”, expresó la doctora Luisa Seijo Maldonado, creadora de la Alianza y directora e investigadora principal de SIEMPREVIVAS RUM.

Los objetivos principales de la Alianza incluyen:

  • Coordinación de servicios: Facilitar el acceso rápido a servicios psicológicos, legales y de albergue para víctimas, sobrevivientes y sus familias.
  • Educación y prevención: Implementar campañas educativas dirigidas a escuelas, centros de trabajo y comunidades para transformar las raíces culturales de la violencia.
  • Incidencia pública: Monitorear y proponer cambios en la política pública que afectan la seguridad y el bienestar de las y los habitantes de la zona oeste.
  • Capacitación continua: ofrecer talleres especializados a primeros/as respondedores/as y a profesionales de servicio para garantizar un trato digno y libre de revictimización.
  • Reconocimiento de la diversidad: Crear las condiciones y modificaciones culturales para reconocer la diversidad de género y vivir en una sociedad inclusiva.

La Alianza invita a toda la comunidad, así como a otras organizaciones interesadas, a sumarse a este esfuerzo colectivo. Con la unión de voluntades, la Región Oeste da un paso al frente para garantizar que cada hogar y cada espacio público sean lugares seguros para todos y todas.

Para obtener más información sobre la Alianza, los servicios disponibles o cómo colaborar, puede comunicarse al 787-832-4040, extensiones 6203 y 6205, o seguirla en las redes sociales en SIEMPREVIVAS RUM (https://www.facebook.com/p/SIEMPREVIVAS-RUM-61551936569813/).

[EDITORIAL] PS 923: cuando el asesinato se usa como consigna política

Mientras Puerto Rico continúa registrando asesinatos vinculados al narcotráfico, la violencia de género y la marginalidad social, el Senado decidió enfocar su energía en un proyecto que no ataca la criminalidad real, sino que reconfigura el Código Penal para adelantar una agenda ideológica. El Proyecto del Senado 923 no es una política pública de seguridad: es un mensaje político disfrazado de protección.

No nace del problema, nace del discurso

El PS 923 se presenta como una medida para atender asesinatos, pero no surge de un análisis criminológico serio ni de un reclamo operativo del sistema de justicia. No responde a fallas en la investigación criminal, ni a la impunidad, ni a la lentitud procesal que permite que asesinos sigan en la calle.

No hay estudios, estadísticas ni informes oficiales que indiquen que el Código Penal carece de herramientas para procesar asesinatos en Puerto Rico. Lo que sí hay es un intento deliberado de redefinir quién es considerado “ser humano” a los fines penales, insertando al concebido dentro del delito de asesinato.

Ese no es un ajuste técnico. Es una redefinición con consecuencias profundas.

Populismo punitivo en lugar de política pública

Cuando el Estado enfrenta una crisis de violencia, tiene dos opciones: invertir en prevención, investigación y justicia, o recurrir al populismo penal. El PS 923 opta por lo segundo.

Se apela a la emoción, al simbolismo y a la moralización del derecho penal, sin resolver los problemas estructurales que permiten que los asesinatos sigan ocurriendo. El resultado no es más seguridad, sino más ambigüedad legal.

El derecho penal no puede usarse como pancarta ideológica sin consecuencias. Cada palabra añadida al Código Penal amplía el poder punitivo del Estado, y ese poder rara vez se ejerce de forma neutral.

El riesgo que nadie quiere discutir

El mayor problema del PS 923 no es lo que dice, sino lo que permite. Al incluir al concebido dentro de la definición de “ser humano” para efectos del asesinato, se abre un campo peligroso de interpretaciones futuras.

Ese cambio podría:

  • Exponer a mujeres a investigaciones criminales tras pérdidas gestacionales.
  • Colocar decisiones médicas bajo escrutinio penal.
  • Trasladar debates de salud pública al terreno criminal.
  • Convertir el embarazo en un espacio vigilado por el Estado.

Todo esto mientras los asesinatos que sí aterran a las comunidades —los de cada fin de semana, los de cada ajuste de cuentas, los de cada caso de violencia doméstica— siguen sin respuestas efectivas.

¿A quién protege realmente el PS 923?

Desde una óptica de política pública, la pregunta es inevitable:

¿Protege esta ley a las víctimas reales de la violencia en Puerto Rico?

La respuesta es incómoda, pero clara: NO.

No fortalece la Policía, no mejora la tasa de esclarecimiento de asesinatos, no apoya a fiscales ni a víctimas. Protege, principalmente, una narrativa política que convierte el Código Penal en un escenario de lucha ideológica.

Y cuando el derecho penal se escribe para enviar mensajes, no para resolver problemas, el sistema deja de servirle al pueblo.

Puerto Rico no necesita más leyes simbólicas. Necesita políticas públicas basadas en evidencia, justicia efectiva y un Estado que proteja sin invadir.

El PS 923 no combate la violencia que mata al país. La desplaza del debate.

Y cuando se legisla mirando la consigna y no la realidad, la justicia deja de ser balanza… y se convierte en arma.

Aborto Libre Puerto Rico exige se celebren vistas sobre revisión del delito de asesinato

SAN JUAN: La entidad Aborto Libre Puerto Rico (ALPR) denunció que la verdadera intención del Proyecto del Senado 923, es crear una base jurídica para eventualmente prohibir el derecho al aborto.

En un comunicado de prensa, denunciaron que, de adoptarse esta medida, tendrá implicaciones que van más allá del derecho al aborto, afectando el derecho a la intimidad de las mujeres en la toma de decisiones sobre su embarazo, incluso para personas que desean parir – porque incide en su derecho a la intimidad y a tomar decisiones médicas, con la debida atención médica para cuidar de su salud y proteger su vida.

La licenciada Yanira Reyes plantea que “lo más importante en este momento es que el aborto en Puerto Rico sigue siendo legal, seguro y accesible, y se practica conforme a derecho en clínicas médicas debidamente reguladas por el Departamento de Salud. El aborto está protegido por un derecho superior, el derecho constitucional a la intimidad y a tomar decisiones médicas. Denunciamos que el proyecto se presenta con la alegada intención de “dar coherencia” al ordenamiento jurídico “atemperando” el Código Penal con el Código Civil, tras la aprobación de la Ley Núm. 183-2025 que reconoce personalidad jurídica al nasciturus desde la concepción, el efecto de esta medida es el opuesto”.

La licenciada Rosa Seguí explicó que “este proyecto crea un estado de confusión tanto en la comunidad médica como en la comunidad jurídica del país, y es evidente la verdadera intención de criminalizar el aborto en la mente de nuestro pueblo. Esto afecta los servicios de salud de las personas gestantes, más allá de la práctica legal del aborto. El presidente del Colegio de Médicos ha dicho que este tipo de medida incrementa la incidencia de rechazos de pacientes con embarazos de alto riesgo, por miedo a una acción legal. El dilema que pueden enfrentar médicos emergencistas, oncólogos, cardiólogos y otros, ante cuadros médicos en que la atención adecuada a la paciente gestante podría afectar al feto puede inducirles a rechazar estas pacientes”.

Por su parte, la doctora Alejandra Vélez alertó sobre la confusión que crea este proyecto. “Esto crea confusión en las decisiones médicas porque introduce consideraciones que están fuera de las guías y protocolos médicos de atención. En cualquier otro ámbito de trabajo, en un negocio, por ejemplo, puede que la confusión tenga efectos negativos como pérdida de ganancias, pero en la medicina, la confusión cuesta vidas”.

“Exigimos que se celebren vistas públicas amplias, con participación tanto de las organizaciones y voces expertas en derecho, medicina, así como de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, activistas y promotoras de la salud sexual y reproductiva de todo nuestro pueblo, y no por descargue, como se hizo con el P. del S. 504 el año pasado”, apuntaron.

Esta tarde el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, escribió en sus redes sociales que la propuesta será aprobada en ese cuerpo, poco después que la gobernadora Jenniffer González se retractara de que la medida de administración que incluye en la definición de los asesinatos “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno” sería retirado.

CPI acude al Tribunal para que agencias entreguen información sobre cabilderos

A casi tres meses de la solicitud inicial, cuatro agencias no han entregado los datos al Centro de Periodismo Investigativo…

Por Centro de Periodismo Investigativo

SAN JUAN: Al no entregar documentos relacionados con el cumplimiento de un memorando sobre medidas de transparencia gubernamental y con el Código de Ética para Contratistas, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó el lunes, 12 de diciembre, un mandamus contra cinco agencias públicas en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Entre octubre y noviembre de 2025, el periodista del CPI Luis Valentín Ortiz envió una solicitud de información a la Oficina de la Secretaría de la Gobernación, el Departamento de Vivienda, el Departamento de Salud y el Departamento de Educación sobre documentos producidos como resultado de un memorando con medidas internas de transparencia gubernamental de la Rama Ejecutiva y el Código de Ética para Contratistas.

Este memorando fue impulsado por el secretario de la Gobernación, Francisco Dómenech, para establecer “una regulación clara del ejercicio legítimo del cabildero garantizando la transparencia, evitando conflictos de interés y proteger los derechos de nuestra gente”, según informó el mismo funcionario en abril de 2025.

El memorando incluye normas conforme al “Código de Ética para contratistas, suplidores y solicitantes de incentivos del Gobierno de Puerto Rico”. Cada agencia debe velar por el cumplimiento del código y realizar las investigaciones necesarias para saber si un contratista ha violado el Código de Ética.

Sin embargo, ninguna de las agencias ni los funcionarios contactados han entregado la información que el periodista Valentín Ortiz pidió, tales como comunicaciones entre la Secretaría de la Gobernación y las entidades gubernamentales del Poder Ejecutivo, los expedientes sobre investigaciones realizadas en virtud del memorando ni los nombres de los funcionarios designados para hacerlas.

“Aquí tenemos el caso de una medida que se presentó con fuegos artificiales para prevenir ilegalidades y conflictos de interés en los procesos de cabildeo y para alegadamente traer transparencia a los mismos, y por el contrario, carece de visibilidad y no se entregan los documentos que se supone que se hayan producido en el pasado año”, dijo la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

“La información solicitada permite verificar cómo el Gobierno ha ejecutado una iniciativa de transparencia en el ejercicio del cabildeo, según presentó el propio secretario de la Gobernación a principios del cuatrienio. Lamentablemente, a pesar de seguir el proceso que establece la ley de acceso a información pública, no hemos recibido la información y nuevamente debemos acudir a los tribunales para hacer valer este derecho y poder realizar nuestro trabajo periodístico”, expresó Valentín Ortiz.

El mandamus surge luego de que el CPI agotara todos los remedios administrativos disponibles para obtener la información solicitada. En la demanda, se establece que las “partes contra las cuales se dirige el presente recurso tienen el deber ministerial de entregar información solicitada”, además de que la negativa de las agencias “lacera los derechos constitucionales de acceso a la información y libertad de prensa”.

Este mandamus fue presentado por los licenciados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt, del Proyecto de Acceso a la Información que es parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Listo Juana Díaz para celebrar hoy su 142da Fiesta de Reyes

JUANA DÍAZ: El Belén de Puerto Rico se prepara para recibir a Gaspar, Melchor y Baltasar con la celebración de la 142da Fiesta de Reyes, luego de concluida ayer la 42da Caravana Nacional, que recorrió ocho municipios del país promoviendo la tradición entre niños y adultos del archipiélago puertorriqueño.

Este año, los Reyes Magos de Juana Díaz regresaron a Culebra y Florida, municipios que no visitaban desde hace 30 y 28 años, respectivamente. Como parte del recorrido de la Caravana Nacional, también visitaron Carolina, San Juan, Manatí, Patillas, Ponce y Juana Díaz, municipio desde donde partieron el pasado 2 de enero.

“La Fiesta de Reyes de Juana Díaz es mucho más que una celebración; es un acto de fe, identidad y tradición que hemos protegido por generaciones. Cada año trabajamos para que el pueblo y quienes nos visitan vivan una experiencia arraigada a nuestras tradiciones, en un entorno seguro, familiar y cristiano”, compartió William John Santiago Vázquez, presidente del Consejo Juanadino Pro-Festejos de Reyes.

Como parte de la celebración del Día de Reyes, las actividades comenzarán desde temprano en la Casa Museo de los Santos Reyes. A las 8:00 de la mañana iniciará la animación musical con música jíbara a cargo del Grupo Legado Antillano. A las 10:00 a.m. partirá el tradicional Desfile de Reyes, Pastores y Pueblo rumbo a la plaza pública. A las 11:30 a.m. se realizará la Proclamación de las Profecías y el Diálogo de los Reyes y los Pastores, seguido a las 12:00 del mediodía por la Santa Misa, presidida por el obispo de Ponce, Rubén González Medina.

Concluida la celebración religiosa, continuará la programación musical con la presentación del Grupo Senderos de Cultura a las 2:00 de la tarde, seguido por el Grupo Bomba con Trovadores. A partir de las 5:00 de la tarde se presentará el Grupo Casima, seguido por el Grupo Esencia a las 7:00 de la noche y la Tuna Romancera a las 9:00 de la noche. El cierre de la 142 Fiesta de Reyes estará a cargo de Plena Libre, a las 10:30 de la noche.

Este año, más de 150 artesanos formarán parte de la celebración, que se remonta al año 1884. Además, el Municipio de Juana Díaz ha habilitado áreas de estacionamiento y rutas de transporte público para los visitantes. La Policía de Puerto Rico contará con un amplio despliegue de personal para garantizar la seguridad durante todas las actividades.

CPI demanda a la gobernadora por prohibir acceso de sus periodistas a La Fortaleza

SAN JUAN: El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó sendas acciones legales contra la gobernadora Jenniffer González Colón, y su secretaria de Prensa, Marieli Padró, debido a que han violentado la libertad de prensa al negarle a los periodistas de este medio cubrir conferencias de prensa en La Fortaleza por no mostrar una credencial del Departamento de Estado, un requisito que es inconstitucional.

La organización periodística presentó un injunction preliminar y permanente, así como una sentencia declaratoria para impugnar la constitucionalidad de esta actuación contraria a la libertad de prensa, y lograr que los periodistas del CPI puedan acceder a cubrir las conferencias de la gobernadora y sus funcionarios en La Fortaleza sin la credencial que emite el Departamento de Estado y solo con la credencial de prensa del CPI, como siempre ha ocurrido.

En noviembre, la directora editorial Wilma Maldonado Arrigoitía y el periodista Luis Valentín Ortiz, ambos del CPI, enfrentaron trabas en el puesto de seguridad de La Fortaleza cuando se les exigió el carnet de prensa para entrar a las actividades en La Fortaleza. Aunque ese día tuvieron acceso al evento luego de una larga espera, el personal de seguridad y oficiales de prensa de La Fortaleza aseguraron que la identificación del Estado es un requisito para acceder a las conferencias de prensa.

A pesar de que Maldonado Arrigoitía solicitó el protocolo, reglamento o ley en el cual basan su directriz, hoy día, ninguno de los funcionarios de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón ha presentado ningún documento o certificado la información.

En otras dos ocasiones en diciembre, a Valentín Ortiz y al editor Noel Algarín Martínez se les prohibió, por separado, entrar a conferencias de prensa en La Fortaleza, pese a que ambos tenían sus identificaciones personales y sus carnets del CPI, que es lo que siempre se ha exigido en La Fortaleza a los periodistas.

“La identificación del Departamento de Estado es un documento que el o la periodista solicita y lo lleva consigo si quiere, porque no es un requisito para ejercer el periodismo. Esa identificación, que en realidad la única utilidad práctica que tenía era acceder a los estacionamientos de prensa en ciertos lugares, puede ser útil para periodistas que trabajan de manera independiente porque puede ayudarle a acceder a lugares o fuentes y tal vez a periodistas que viajan fuera de Puerto Rico. Así que requerirlo, como una condición para la cobertura a la Gobernadora, es solo un capricho. Durante décadas los periodistas han acudido a las conferencias de prensa de los gobernadores mostrando las identificaciones de sus medios, sin problemas”, señaló Maldonado Arrigoitía.

La credencial del Estado se estableció para facilitar el acceso a estacionamientos designados en instituciones públicas y eventos de interés noticioso a periodistas que soliciten una tablilla que identifique su vehículo como “de prensa” al Departamento de Transportación y Obras Públicas.

La demanda argumenta que “el poder delegado al Departamento de Estado para emitir Certificaciones de Prensa está limitado a determinar quiénes pueden solicitar una tablilla especial o rótulo removible para periodistas interesados en acceder a estacionamientos habilitados para la prensa en lugares públicos; la Certificación de Prensa expedida por el Departamento de Estado no constituye un mecanismo válido para determinar qué periodistas pueden acceder a una conferencia de prensa convocada por la Gobernadora o cualquier otro funcionario; y limitar el acceso a conferencias de prensa convocadas por las codemandadas, sean estas celebradas en La Fortaleza o en cualquier otro lugar, a periodistas que posean una Certificación de Prensa vigente expedida por el Departamento de Estado viola el derecho a la libertad de prensa del CPI y los periodistas codemandantes”.

“La libertad de prensa no puede estar sujeta a permisos discrecionales ni a credenciales que no están requeridas por ley para ejercer el periodismo”, expresó la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet. “Impedir el acceso a conferencias de prensa por no tener un carnet administrativo, creado para otros fines, es una forma de censura que limita el derecho del pueblo a estar informado”, añadió.

El CPI es representado legalmente en este caso por los licenciados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt, del Proyecto de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana de Puerto Rico

Gracias por caminar con nosotros: hacia un 2026 con más compromiso y verdad

En las postrimerías del año 2025, en LA CALLE Digital hacemos una pausa necesaria para agradecer. Agradecer a quienes leen, comparten, comentan, discrepan y confían. A quienes, día tras día, nos permiten entrar en sus hogares, en sus teléfonos y en sus conversaciones. A ustedes, nuestros lectores y seguidores, va dirigido este mensaje.

Este ha sido un año intenso, retador y, en muchos sentidos, decisivo para Puerto Rico. Un año en el que reafirmamos nuestra responsabilidad de informar con rigor, analizar con independencia y no apartar la mirada de los asuntos que afectan directamente a nuestra gente y a nuestras comunidades, especialmente en el Oeste del país.

Nada de esto sería posible sin el respaldo de nuestros auspiciadores y colaboradores, quienes han confiado en un proyecto periodístico que apuesta por la credibilidad, la fiscalización y la cercanía con el pueblo. Su apoyo no es solo comercial: es una inversión en la información responsable y en el derecho ciudadano a estar informado.

A nuestros lectores fieles y a quienes se sumaron en el camino durante este 2025, gracias por exigirnos más, por cuestionarnos y por acompañarnos. Ese diálogo constante es el que mantiene vivo a un medio independiente y comprometido.

Miramos al 2026 con esperanza, pero también con la firme convicción de que los desafíos continúan. Desde LA CALLE Digital, renovamos nuestro compromiso de seguir siendo un espacio para la verdad, el análisis serio y la voz de quienes muchas veces no la tienen en otros foros.

Que el nuevo año traiga salud, justicia, solidaridad y mejores oportunidades para Puerto Rico. Que sea un año de avances colectivos y de mayor conciencia ciudadana.

Gracias por estar ahí.

Gracias por creer.

Gracias por caminar con nosotros.

¡Feliz Navidad y un excelente 2026 para todos!

— Redacción de LA CALLE Digital

95% de los traumas en Navidad y Año Nuevo se pueden prevenir

SAN JUAN: En plena temporada de fiestas, cuando aumentan los viajes, las reuniones familiares y el tiempo en las carreteras, la Fundación Asistencia Centro de Trauma (FACT), organización sin fines de lucro creada para apoyar al Centro de Trauma de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y para ayudar a salvar vidas, hizo hoy un llamado a la ciudadanía a convertir la prevención en un hábito diario para evitar accidentes, lesiones y tragedias.

“La prevención salva vidas. Este mensaje es claro y debemos tenerlo como una especie de consigna en todo momento. El 95% de los traumas son prevenibles. Las lesiones están vinculadas a la falta de prevención y de supervisión, y eso se puede cambiar con decisiones responsables”, expresó el doctor Pablo Rodríguez, director médico del Centro de Trauma de ASEM y fundador de FACT.

Rodríguez subrayó que la mayoría de los traumas son prevenibles cuando se reducen conductas de riesgo comunes como conducir bajo los efectos del alcohol, exceder la velocidad, no usar el cinturón de seguridad, ignorar señales y luces de tránsito, o utilizar el celular mientras conducen. “La diferencia entre una celebración y una tragedia puede estar en algo tan sencillo como abrocharse el cinturón, planificar con tiempo, descansar, evitar distracciones y no guiar si ha bebido”, añadió.

La prevención no se debe limitar a la carretera. En el hogar, agregó, también aumentan los accidentes durante las visitas y los cambios en la rutina, especialmente por caídas en escaleras, superficies resbalosas, iluminación insuficiente y falta de supervisión.

Es importante prestar atención a los grupos de mayor vulnerabilidad. En el caso de los niños y adolescentes, por el riesgo asociado a los juegos y actividades recreativas; conductores jóvenes con mayor exposición en la carretera y decisiones impulsivas. Mientras, que en los adultos mayores debemos estar atentos por el riesgo a caídas y lesiones en el hogar.

Asimismo, FACT alertó sobre prácticas que se repiten en esta época y que elevan el riesgo de traumas graves. Entre ellas, el uso irresponsable de vehículos recreativos en vías públicas, como los “four tracks” diseñados para terrenos y no para carreteras; así como el manejo de motocicletas sin el equipo de protección adecuado.

“No es solo el casco. La protección completa y la prudencia importan: guantes, gafas, reflectores y calzado adecuado. Y, sobre todo, cero alcohol y cero maniobras temerarias”, puntualizó Rodríguez.

En su llamado a la prevención, la FACT también recomienda, a través de su directora ejecutiva, Marjorie Stewart, evitar conductas peligrosas que pueden provocar lesiones graves o la muerte como como los disparos al aire. “Celebrar no debe poner en riesgo a nadie. La responsabilidad colectiva también salva vidas”, sostuvo.

“Para nosotros es vital el respaldo colectivo. Una meta para este 2026 es ampliar la presencia de la Fundación, fortalecer las colaboraciones y crear más oportunidades para educar, porque la prevención se fortalece cuando el mensaje llega a las comunidades y se convierte en acción”, expresó Stewart.

En esa misma línea, Héctor Mújica, presidente de la Junta de Directores de FACT, resaltó que la organización busca ser un apoyo concreto en momentos difíciles, a la vez que impulsa educación y alianzas para reducir el trauma prevenible. “FACT promueve iniciativas comunitarias y une esfuerzos con aliados del sector de la salud, empresas y ciudadanos comprometidos, porque la prevención requiere voluntad, constancia y acompañamiento”.

FACT invitó a organizaciones, empresas y al público general a unirse mediante voluntariado, alianzas y apoyo a campañas educativas para ampliar el alcance del mensaje preventivo y respaldar iniciativas que ayudan a salvar vidas. Para información sobre cómo colaborar, pueden comunicarse a través de @fundaciontraumapr o escribir a info@factpr.org.

Exceso de velocidad es la causa de choque fatal en Yauco

YAUCO: Como Ricardo Collado Vega, de 45 años, vecino de Yauco, fue identificado el conductor que pereció el martes a las 11:59 de la noche en un choque ocurrido en el kilómetro 1 de la carretera 371, en el barrio Almácigo Bajo de Yauco.

Se alega que Collado Vega conducía a velocidad excesiva un BMW M3, de 2021, lo que le hizo perder el control del volante, impactando una verja de concreto y hierro de una residencia del sector.

Collado Vega sufrió lesiones de gravedad por lo que transportado por paramédicos de la empresa Medical Transport al Hospital Pavía de Yauco, donde se certificó su deceso.

El agente Julio Lugo Malavé, de la División Patrullas de Carreteras de Ponce, y la fiscal Yamillete Feliciano, están a cargo del caso.